Ya les dije que el mundo taurino está convencido de que la Tauromaquia está protegida en España por dos leyes de rango nacional cuando no es así. La gente del toro es buena gente e inocente y se han ilusionado con una protección de la Fiesta que no existe. Los taurinos están muy lejos de esa crueldad que les adjudican la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, alguna que otra ministra, los socios de Sánchez, los subvencionados animalistas, varios alcaldes socialistas, todos los comunistas y la alcaldesa de Gijón, que es del PSOE y en esta semana ha conseguido, con sus puntales comunistas, que el Pleno de ese ayuntamiento asturiano vaya a presentar al Gobierno una petición formal para que las corridas de toros se declaren maltrato animal.
Esa petición es muy posible que sea aprobada dada la tendencia animalista del Gobierno y el peligro cierto de derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, Ley que no es lo que piensan los taurinos y que ocho años después de su aprobación no se ha desarrollado ni aplicado. No se ha redactado el Plan Nacional del que habla su Art. 5, ni se han ejecutado ninguna de las disposiciones de todos los puntos de este artículo.
Lo que sí se hizo fue aprobar la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial cumpliendo así la Disposición final primera de la citada Ley 18/2013, saltándose a la torera la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y sus artículos 46 y 47. Esos artículos de la Ley del 85 hacen que la Ley 18/2013 de 12 de noviembre y la Ley 10/2015, de 26 de mayo sean no solo absurdas sino innecesarias. Lean esta Ley del 85 que aún está en vigor y entenderán lo que digo.
Llegados a este punto nos encontramos con una especie de esquizofrenia jurídica en la que la Ley 10/2015 envía a la Tauromaquia por su Disposición final sexta, de vuelta a la Ley 18/2013. Seguimos en el cuento de ¨La Buena Pipa¨ de estas dos Leyes que aprobó el PP, la primera para disimular que protegían la Tauromaquia y la segunda para hacer como que son modernísimos con su inmaterialidad. Suya y de la UNESCO, claro está.
Esto del disimulo del PP queda clarísimo, sobre todo, desde que el siete de abril de 2017 el Gobierno del señor Rajoy declarara la Semana Santa, el Carnaval y la Trashumancia como Manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España en aplicación por primera vez de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial ( Ley 10/2015). El PP pudo desde mayo de 2015 declarar la Tauromaquia como Manifestación representativa del patrimonio Cultural Inmaterial de España y no lo hizo. Como dice el refrán: ¨Todo el año es Carnaval¨.
Así las cosas y como todo esto de la protección de la Tauromaquia es humo, pues va la Junta de Andalucía y levanta las medidas restrictivas de aforos por el virus chino para todos los espectáculos en la comunidad pero no para las plazas de toros dejando claro que la Fiesta no tiene ninguna protección en Andalucía, como tampoco la tiene en el resto de España, salvo en algunas Comunidades Autónomas, como Madrid y pocas más.
El asunto está complicado y más que lo va estar cuando se apruebe la Modificación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español para incluir ella la Inmaterialidad prescrita por la UNESCO, ya saben, la Ley 10/2015, que tantas ampollas está levantando en algunas Autonomías en las que se ve a las leyes del Estado como intrusivas en las propias, en un rizar el rizo de la ¨legislitis¨ esquizoide que sufre España y que facilita actuaciones como la de la alcaldesa de Gijón y el Pleno de su ayuntamiento, declaraciones como las de Cristina Narbona y la ministra Ribera y la credulidad de la gente del Planeta de los Toros que sigue perdiendo el tiempo sin solicitar para la Tauromaquia la declaración que se le ha otorgado a el Carnaval en abril de 2017.
Esta petición se debe presentar ya, y debe de ir acompañada de medio millón de firmas o algunas más. Estas firmas no creo que sea muy difícil recogerlas entre la gente del toro, por las peñas taurinas de toda España y entre los aficionados. Si esa petición se presenta ante el Ministerio de Cultura y su Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, que es la encargada de incoar el expediente de esa declaración, no les va a ser tan fácil echarla para atrás, aunque lo harán, remitiéndose a la Disposición sexta de la Ley 10/2025, les va a ser muy difícil argumentar una negativa y aunque se nieguen dejaran abierta la vía de recurso y la de sacar a la Fiesta del punto muerto en el que está desde que en 2013 se hizo el disimulo legislativo de protegerla.
