Sé que muchos taurinos se felicitaron y siguen felicitándose por la aprobación de las Leyes, 18/2013 de 12 de noviembre y 10/2015 de 26 de mayo que, según ellos, protegen la Tauromaquia. Esa protección no es cierta y mucho menos lo es desde que el Consejo de Ministros aprobara la Modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español incluyendo en esa modificación a la Ley 10/2015, de 26 de mayo para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, Ley que en su Disposición Final Sexta regula la Tauromaquia como patrimonio cultural y la remite a la ley 18/2013, de 12 de noviembre, una Ley que fue aprobada con la abstención del PSOE y que puede ser derogada en cualquier momento dada la animadversión que el PSOE siente hacia la Fiesta y las continuadas peticiones de derogación de sus socios de gobierno, tan implicados como ellos en las directrices del Nuevo Mundo Feliz que nos está organizando la ONU, en el que los derechos de los animales tendrán preponderancia sobre los de las personas, sobre su libertad y su cultura.
La presidenta del PSOE Cristina Narbona dijo años después de la aprobación de las dos Leyes supuestamente protectoras de la Tauromaquia que los toreros eran crueles, que apostaba por la abolición de las corridas de toros y que quería abrir un debate para convencer de esa abolición a los alcaldes socialistas que defienden que las corridas son una tradición porque, según ella, las tradiciones se superan y los socialistas deben llevar una bandera clara, la animalista, y que no se debe subvencionar ni a los ganaderos ni ningún espectáculo taurino.
Lo de Narbona – hija del famoso periodista sevillano Paco Narbona, escritor taurino y gran aficionado a los toros – no tiene nombre y no sé si tiene castigado a dormir en el sofá a su marido, el ex ministro socialista José Borrell, aficionado confeso, desde niño, al arte de Cúchares. Tras la arenga anti taurina de la señora Narbona se entienden los intentos de varios ayuntamientos socialistas de suprimir las corridas de toros de sus fiestas municipales y el que Parlamentos Autonómicos como la de Extremadura se hayan negado a declarar la Tauromaquia como B.I.C, siendo apoyada esa negativa por el PSOE y PODEMOS, y que en Andalucía tampoco exista esa protección, aunque el Ayuntamiento de Sevilla, en un brindis al sol, declarara la Fiesta como Bien de Interés Cultural de la ciudad sin tener potestad legal para ello.
Siguiendo con los grandes personajes del actual PSOE, que se declaran enemigos de la Tauromaquia, no me puedo olvidar de la señora Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que en el mes de mayo de 2019 atacó a las corridas de toros y a la caza, diciendo que ella prohibiría ambas cosas. La señora Ribera, que además de ministra de lo suyo es vicepresidenta tercera del Gobierno, ha protegido especialmente, en febrero de este año de 2021, al lobo ibérico destacando su importancia cultural. Ya saben, el lobo es muy importante culturalmente y el ganado bravo se tira pedos contaminantes.
No tomen a broma lo que les cuento del lobo, no es broma, lo dice el Ministerio de la señora Ribera y lo ha firmado ella. Esto de declarar al lobo por su importancia cultural, es el comienzo, negro sobre blanco, de mezclar churras con merinas y colar el animalismo como cultura en la Ley de Patrimonio Histórico, como lo colaron en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, que no histórico. El título de esa Ley 18/2013 viene a decir que la tauromaquia es cultura pero no dice que se la regule como parte del Patrimonio Histórico Español, por mucho que se diga eso en el Preámbulo de esta Ley aprobada para justificar la injustificable negativa a declarar Bien de Interés Cultural a la Tauromaquia tras sesudas comparecencias que han quedado recogidas en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 10 de julio de 2013, donde podemos ver la cantidad de estupideces y malas interpretaciones de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Entre ellas la del señor Enrique Alonso García, que intervino en su calidad de Consejero de Estado y que en su lectura del Art. 9. 1 de dicha Ley– imagino que lectura de urgencia al ser la primera vez que la ley 16/1985 de 25 de junio caía en sus manos – confundió la frase ¨ por ministerio de esta Ley ¨por la de hacer por ley ¨.
Está claro que el señor Alonso García no disfruta de una mente jurídicamente bien amueblada por mucho doctorado en Derecho que tenga y por muchas clases de Derecho Ambiental que haya dado en la Universidad Complutense de Madrid. Otra cosa muy curiosa es por qué el señor Alonso, que como Consejero del Estado no tiene competencias sobre las leyes que atañen a la Cultura, participó en esas comparecencias que eran competencia de la señora Teresa Fernández de la Vega, aunque la verdad, si nos fijamos en que lo mismo el uno que la otra fueron colocados en el Consejo de Estado por José Luis Rodríguez Zapatero, pues blanco y en botella, leche.
Dicho esto sobre el Consejo de Estado seguro que a alguien se le ocurre decir que lo que diga ese Consejo no es vinculante, pero tampoco lo son las recomendaciones de la UNESCO y ya ven lo en serio que las toman nuestros legisladores de pitiminí. De momento aquí lo dejo. Seguiré con el asunto en días venideros y hablaré de la alcaldesa de Gijón y del resto de alcaldes socialistas manifiestamente anti taurinos por mandato de su partido.
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