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Las reservas de agua para Sevilla y su área metropolitana siguen cayendo debido a una de las peores sequías en 30 años, que puede “dejar en pañales a la de los años 90”, afirmaba el pasado verano Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa, la empresa municipal de agua de Sevilla. En octubre nos quedaba agua para 10 meses. Por eso se estaba barajando la posibilidad de coger agua contaminada del estuario del Guadalquivir, para filtrarla y mezclarla después con agua de los pantanos, y que pudiera así beberse. El pasado 18 de enero compareció al fin el presidente Moreno Bonilla para decir que la situación del agua es de gravedad “extrema” en Andalucía. Así, sin solución de continuidad. Y Sevilla se encuentra dentro de esa gravísima situación. Pero, ¿es que no había nada previsto para una eventual sequía de estas características? Sí que lo había.

La reserva estratégica de emergencia de agua para consumo humano de Sevilla y su área metropolitana estaba prevista, y legalmente constituida sobre el acuífero Niebla-Posadas (Gerena, Guillena y Salteras) según dictaba expresamente el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Sin embargo, este acuífero ha sido entregado, de facto, y a coste cero, a la minera Cobre las Cruces, en 2023. Y Sevilla ha perdido su reserva estratégica de agua potable, de la que ya se abasteció durante la grave sequía que siguió a la Expo de 1992. Es el final de una historia siniestra que los ciudadanos deben conocer. 

El proyecto Cobre las Cruces, propiedad de la multinacional canadiense First Quantum, nunca debió aprobarse, pues el acuífero estratégico de Sevilla está sobre el mineral, y el propio estudio ambiental presentado por la empresa -cambiar el acuífero de sitio- era inviable, como ya se sabía, y como el tiempo ha venido a demostrar. Solo el apoyo político incondicional a la multinacional, al margen del interés general, ha permitido este latrocinio del agua, que hoy cuestiona la supervivencia a largo plazo de toda una comarca, amén de poner en jaque al área metropolitana de Sevilla. Cuando se autorizó este proyecto minero en 2004, el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía era Juan Espadas, actual líder del socialismo andaluz. La misma persona que, cuando ocurrió la rotura de la presa de Boliden, era responsable de Residuos en dicha Consejería. 

Antecedentes:

La importancia del acuífero estratégico para Sevilla limitó la autorización inicial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a 180 mil metros cúbicos (m3) al año para la mina. Algo que nunca se iba a cumplir. La actividad de Cobre Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de Europa, ha venido deteriorando esta reserva estratégica ya desde el inicio de su actividad, contaminándola con arsénico y excediendo estratosféricamente los volúmenes de uso minero autorizados. Los tres máximos altos cargos de Cobre Las Cruces fueron condenados en 2016 por la Audiencia de Sevilla por el delito continuado de contaminación del acuífero con arsénico y por extraer mucha más agua de la permitida (hasta 5,5 veces más), algo que venía ocurriendo desde 2008, ante la inacción tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como la Junta de Andalucía. Todo a cambio de unos exiguos 250 puestos de trabajo, que desaparecerán cuando cierre la mina. 

Estos atentados contra el acuífero obligaron a Emasesa a abastecer a municipios de la zona -como Gerena- con las reservas hídricas de Sevilla; y la Junta de Andalucía a llevar agua a Burguillos -también dependiente del acuífero- a un coste de 4,2 millones de euros, porque la mina había secado sus pozos de abastecimiento. Durante este proceso de destrucción del acuífero la empresa minera fue sancionada con hasta 4 millones de euros en multas, contra los más de 590 millones de euros de beneficios. Resultado: se siguió destruyendo el acuífero. Ecologistas en Acción estima que fueron detraídos durante este periodo más de 15 millones de m3 de agua del acuífero, amén de verter otros 10 millones de m3 de aguas contaminadas al Bajo Guadalquivir a la altura de La Algaba. 

Año 2023:

Pero este reiterado incumplimiento por parte de Cobre las Cruces no le ha pasado factura institucional. Al contrario. En marzo de 2023, la minera recibió la notificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, otorgándole una nueva concesión masiva de agua del acuífero, dándole vía libre para ampliar su actividad, como había hecho previamente la Junta de Andalucía, aún sin haberse realizado los preceptivos estudios de impacto sobre las masas de agua afectadas, es decir, incumpliendo la ley, según denuncia Ecologistas en Acción. Para ello, la Confederación Hidrográfica ha tenido que modificar expresamente el Plan Hidrológico del Guadalquivir, descatalogando el acuífero como “reserva estratégica” para Sevilla en pleno periodo de sequía extrema. Incluso le han cambiado el nombre, para despistar. Ecologistas en Acción estima que la mina, con la nueva autorización, inutilizará el equivalente a un año del consumo de agua potable de Sevilla y área metropolitana.

Por otra parte, la mencionada ampliación minera también contaminará el estuario del Guadalquivir, pues prevé vertidos contaminantes al río -hasta 32 millones de m3 con metales pesados- a la altura de La Algaba, cuyo impacto tampoco ha sido incluido en los preceptivos estudios de impacto ambiental, en nuevo incumplimiento de la ley por parte de las administraciones públicas. Un impacto que alcanzará, también, a Doñana.

Para colmo, en 2023 Cobre las Cruces recibió una subvención directa de 26,7 millones de euros de los fondos europeos correspondientes a España, para ejecutar su demoledora ampliación, una ayuda encuadrada nada menos que en el “Pacto Verde” de la Unión Europea. Lo que evidencia la hipocresía institucional -desde la junta a la Comisión Europea- en materias clave como el medio ambiente, la salud humana, y en última estancia el desarrollo económico sostenible de las regiones periféricas de Europa.

Conclusiones:

Estamos frente a una casta política que no sólo permite el expolio de los recursos minerales del país en bruto, y la destrucción del territorio y los recursos hídricos. También financian dicho expolio con cuantiosas subvenciones, procedentes de los fondos europeos. Vulnerándose de forma directa el principio de los fondos Next Generation EU de “No causar un perjuicio significativo al medio ambiente.” Estamos frente a poderes públicos que, además, parecen ignorar la salud pública, y el agotamiento de recursos clave como el agua, de los que depende toda la economía regional, mientras se les llena la boca de falso ecologismo y de Agenda 2030. Solo la acción constante de Ecologistas en Acción ha permitido conocer y denunciar los atentados más flagrantes contra el medio ambiente y contra los recursos naturales provocados por la multinacional canadiense, en el territorio de la emblemática comarca de la Ruta de la Plata.

En el fondo, subyace un gravísimo problema de corrupción generalizada, sea ésta moral, económica o política. Que afecta tanto a la casta política como a los mecanismos supuestamente de control, y que nos arrastra como sociedad al borde del abismo. Lo que convierte a Andalucía a una región ultraperiférica, estructural y culturalmente, situada a años luz de una convergencia real con la Unión Europea y los países llamados desarrollados.

Epílogo:

Ahora la multinacional canadiense propietaria de Cobre las Cruces se plantea, una vez obtenidas todas las bendiciones administrativas para su ampliación, vender el proyecto al Grupo México, artífice por su parte de la reapertura de la tristemente famosa mina de Aznalcóllar. También la minera Boliden, tras es desastre de Aznalcóllar, procedió a la venta de la mina, de modo que resultó casi imposible la persecución de las responsabilidades. Todo se resume en la destrucción del territorio andaluz, incluidos sus recursos hídricos, por actividades mineras de multinacionales que extraen el mineral en bruto para procesarlo lejos de nuestras fronteras. Obviamente, para los habitantes del territorio, el balance coste/beneficio a medio y largo plazo es nefasto. Para Sevilla, supondrá un daño incalculable a corto plazo si no llueve lo suficiente. Quizás solo los políticos, que tanto empeño ponen en favorecer los intereses de estas multinacionales, podrían explicarnos dónde están las bondades ocultas de estos proyectos, que solo dejan a su paso la destrucción irreparable de comarcas enteras de la tierra andaluza.

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