Pues si el Tribunal Superior del País Vasco ha permitido que los hosteleros de la zona de máximo confinamiento reabran las puertas de sus negocios porque no hay ninguna prueba suficiente de que sean la causa del aumento en los contagios (eso sí, manteniendo todo el resto de medidas preventivas), tiempo les está faltando a los bares de cualquier parte de España para subir persianas y empezar a servir tapas y cafés con leche.

Sin entrar en conflictos jurisdiccionales, la cuestión abordada por el TSPV me parece de tal relevancia que sólo cabe saltarse a la torera otras consideraciones jurídicas y exigir por la vía de los hechos que hoy mismo a cualquier bar del resto de España en las mismas circunstancias le esté autorizado seguir la pauta establecida con idénticos argumentos.

La sentencia habla de que, llegado el caso, la indemnización del daño causado a los hosteleros en caso de reclamación alcanzaría una cifra tan descomunal que resultaría irreparable, motivo por el cual aplica una suerte de medida cautelar que les permite reabrir con carácter inmediato. Igual sucede con otros muchos sectores, sometidos todos los ciudadanos por un simple decreto churretoso al secuestro y hurto de la mayoría de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Tengo para mí que en toda otra situación distinta a la que estamos viviendo, una crisis que generase mucho menos de 90.000 muertos, la ruina de sólo unos miles de empresas y autónomos y el lucro cesante en el comercio siquiera de unas cuantas decenas de millones de euros (no de miles de millones, como es el caso), habría desatado una ola de querellas, reclamaciones y demandas judiciales que los tribunales quedarían atascados hasta el año 2050 al menos.

Y sin embargo, aquí estamos, soportando esta calamidad y a estos gobernantes sin que apenas nadie haya despertado todavía de la pesadilla miserable que ha arruinado a un país entero.

Se cumple aquí la máxima que dijo Lesmes, todavía presidente del Supremo y del CGPJ (a Dios gracias) de que hay una justicia para pobres y otra para ricos; o lo que es lo mismo, que si debes tres cuotas, el Banco te quita el coche, pero si debes 3 millones, puede que se sienten a negociar contigo.

O sea, que arrancar una mata de manzanilla te lleva a prisión y si El Rubius se larga con su dinero a trabajar a otro país le lían tremenda bronca, pero si trincas maletas y baúles con miles de millones de dinero público, como el muy deshonorable Jordi Pujol, y te los llevas a Andorra, aquí no pasa absolutamente nada.

Todo lo que nos sucede resulta atronadoramente incomprensible y parece surrealista que en mitad de esta debacle nadie se haya alzado todavía en rebelión (como poco en los juzgados) contra un gobierno que sólo repite mantras blandiblups o se descuelga con proyectos de ley sobre igualdad de trato o sobre el uso de juguetes de color rosa.

Que mientras millones de trabajadores viven confinados en sus casas en la incertidumbre de esta hecatombe, el vicepresidente segundo hable de una presunta anormalidad democrática porque unos tipos condenados por sedición o por asesinato siguen en la cárcel, es, esto sí, una verdadera subnormalidad democrática.

Es que ni siquiera hemos despertado, me parece, del bofetón alucinante que hace un año nos llevamos todos cuando ese tipo exigió colocar a su mujer y madre de sus hijos de ministra, algo tan anómalo para una democracia que todavía nadie ha reaccionado.

Ocurre , claro está, que no habían pasado diez minutos de semejante tropelía cuando el presidente del gobierno puso al frente de la Fiscalía General del Estado a la que venía de ser diputada socialista y ministra de Justicia… Y así, un guantazo detrás de otro, casi cada día y sin descanso, aún no hemos reaccionado ni hemos dicho esta boca es mía.

Las colas del hambre dan la vuelta a las parroquias, casi nadie puede ir a trabajar ni ingresa un euro, pero el gobierno se descuelga regalándole 50 millones a Errejón para que estudie la semana laboral de 4 días y a la madre de los niños le endiñan otros 150 millones para que los distribuya entre los chiringuitos de su causa, a la vez que a la niñera la colocan por la cara con Nivel 30 de funcionario y se lleva a su bolsillo 52.000 euros por servirle a la señora Marquesa una taza de rooibos o mejor un zumo de naranja.

No es que España haya perdido el pulso, sino que empiezo a poner en duda que existiera alguna vez el 2 de Mayo de 1808 y cuestionaría seriamente los cojones demostrados en Numancia de no ser porque el admirable Javier García-Pelayo asegura que en otra vida estuvo allí y que incluso sugirió a los presentes la idea de rendirse…, aunque la Historia cuenta que no le hicieron ningún caso.

El insulto que no cesa adquiere tintes de tragicomedia cuando se proponen expropiar a quienes tengan cinco viviendas en propiedad: no cuatro, porque ese es el número de propiedades de su princesa y el Marqués se ha convertido en la unidad de medida de casi todo y las leyes y las normas se le ajustan como un guante a su capricho.

No es soportable la arbitrariedad de esta plebe, pero menos soportable es aún la pasividad, la indolencia o el acojone y el pasmo de los españoles ante tanta desvergüenza.

He dicho.