Todo lo que rodea a la famosa Ley de nietos es fraudulento y putrefacto. Primeramente, porque conceder la nacionalidad española a un “nieto” no puede ser considerado un premio por una supuesta “buena obra” -irse de España para no colaborar con el franquismo- ni tampoco una indemnización por un agravio pasado -ser despojado injustamente de la misma-. Y, en segundo lugar, porque la nacionalidad española es un dato fáctico que se basa en una permanente vinculación de una persona con la ciudadanía de un Estado, y no una ficción sentimental que se usa para ganar clientela. 

Insistimos: a ninguno de los españoles que se fueron de España de resultas de la Guerra Civil se les retiró la nacionalidad. Es más, todos ellos tuvieron múltiples oportunidades de consolidarla para sus descendientes en virtud de la legalidad vigente a lo largo de todo el siglo XX. Si alguno de ellos la pudo perder fue porque no tuvo interés en conservarla. Las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias. Y las omisiones también.

Pero, sobre todo, la misma izquierda ha insistido machaconamente en la idea de que “ser español” no consiste en ponerse pulseritas ni envolverse en banderas, sino sobre todo en “pagar impuestos” para sostener las instituciones y la cohesión de un Estado. Salvo en la obsesión recaudadora y penalizadora de los “ricos”, algo de razón tienen en este caso los zurdos, al recalcar la idea de que la nacionalidad supone un arraigo efectivo y no un mero sentimiento de pertenencia. Igual que los vecinos de una comunidad son los que pagan la cuota establecida por tener una propiedad en la misma, y no los que le tienen cariño a un bloque porque su abuelito vivió allí.

Para colmo, según informa la Agencia Efe -nada sospechosa de desafecta al Gobierno- resulta que de los 163.355 nacionalizados por la Ley de nietos solo 901 son efectivamente descendientes de “republicanos” represaliados. Vamos a obviar el hecho objetivo -que tanto disgusta a los progres- de que algunos de los que tuvieron que irse de nuestro país en 1939 fueron chequistas, torturadores y saqueadores de los ahorros de los españoles que estaban depositados en bancos y cajas de ahorro. En un ejercicio de candidez, demos por válida la idea de que esos emigrantes forzosos que salieron de España fueron todos víctimas inocentes del conflicto. Pero esas 901 personas suponen apenas el 0’55 por ciento de los casos reales para los que supuestamente se creó la ley. 

La famosa frase que se le atribuye al Conde de Romanones -y que definía las esencias de la sinvergonzonería de los politicastros sin escrúpulos- alcanza aquí un clímax casi hiperbólico: “Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos”. Ha sido Sofía Puente -¡Cielo Santo, qué familia!- la que por medio de una instrucción de rango administrativo ha dado pie a semejante estafa masiva: “Hagan ustedes las leyes, que yo ya les daré unas instrucciones”.

La voluntad de falsificar el censo electoral es más que evidente. Aquí no se pueden ir de rositas. Por mucho menos, le metieron a Tejero treinta años de reclusión.