De nuevo, asistimos al bochornoso e hipócrita espectáculo de la izquierda y la extrema-izquierda españolas en torno a Venezuela. Unos movidos por el sectarismo (Podemos y Sumar) y otros, por los intereses y la sombra de la corrupción (PSOE).

Ahora no les importa al PSOE sanchista ni a sus extremistas socios, los comunistas de Podemos y Sumar, los golpistas separatistas de ERC y los filoetarras de Bildu y las CUP, alinearse con la postura de Le Pen, que ha rechazado la intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Son ellos de extrema-derecha por compartir los planteamientos de alguien a la que han descalificado constantemente como una bestia negra de la ultraderecha?

Resulta curioso que los mismos partidos que se han negado a condenar la invasión rusa de un país democrático como Ucrania, donde Putin ha masacrado indiscriminadamente a la población civil, alcen la voz contra Estados Unidos por derrocar a quien no era ni siquiera el presidente legítimo, sino el líder del denominado “Cártel de los Soles”, apodado de ese modo por estar, precisamente, compuesto por militares de alta graduación, que portan una insignia dorada con forma de sol, identificativa del máximo rango militar de las Fuerzas Armadas venezolanas, propio de generales y almirantes. 

¿Al igual que Zelenski, era Maduro un presidente elegido democráticamente? La respuesta sólo puede ser negativa, ya que los resultados de las últimas elecciones no han sido verificados de manera transparente. Tampoco se han publicado ni auditado las actas electorales, motivo por el que la Unión Europea señaló que, mientras estas circunstancias no se dieran, Maduro carecía de toda legitimidad democrática. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó en 2024 una resolución que reconocía a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo.

Siete estados miembros de la UE, entre los que se encontraba la España de Sánchez, junto a Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal emitieron una declaración conjunta en la que se negaban a reconocer los resultados oficiales emitidos por el régimen chavista, por los que Maduro se proclamaba unilateralmente vencedor de los comicios, sin que se publicasen los documentos que así lo acreditasen.

Ni siquiera gobernantes de la misma órbita ideológica de Maduro, en la izquierda radical, como el colombiano Petro y el chileno Boric, reconocieron su supuesta victoria electoral. 

El gobierno, lejos de poner a disposición de terceros las actas que desglosaban los resultados por estados, provincias, municipios y mesas electorales, se limitó a publicar una cifra global a través del Consejo Nacional Electoral, que otorgaba a Maduro el 52 % de los votos y al opositor González Urrutia, el 43 % de los sufragios.

La oposición hizo públicas el 85 % de las actas que disponía, correspondientes a 25.000 de un total de 30.000 mesas electorales, que demostraban, en contraposición al gobierno, que González Urrutia se había alzado con dos tercios de los votos.

Ante la persistente negativa del gobierno a aportar dichas actas, Diosdado Cabello salió al paso alegando que en Venezuela nunca se habían hecho públicas las actas electorales, a pesar de que en 2013 se publicaron en la página de su propio partido para “evitar mentiras y engaños”, según las declaraciones oficiales de la formación del régimen. Luego, dijeron que la página web de la Autoridad Electoral había sido hackeada, pero meses después y a día de hoy (que ha trascurrido más de un año y medio) sigue sin estar operativa. 

Se podrá alegar que los resultados oficiales fueron validados por el Tribunal Supremo, ¿pero es un órgano independiente en una república bananera como Venezuela? Cabe descender a los hechos concretos, pues si en un país miembro de la UE como España, la separación de poderes es, cuanto menos, difusa, al ser nombrados los magistrados del Tribunal Constitucional y el CGPJ por el gobierno, el Congreso y el Senado, en Venezuela, es completamente inexistente. 

No es una afirmación gratuita, sino que obedece a la más estricta realidad, ya que no sólo el Tribunal Supremo sino el resto de jueces inferiores, no es que dependan de la Asamblea Nacional de Venezuela sino únicamente del gobierno, y a diferencia de España, los ascensos y sanciones de los jueces dependen del propio Ejecutivo, siendo una vía directa de control para que sigan sus directrices. 

Precisamente por este férreo control de la judicatura, el narcodictador Maduro ha conseguido encarcelar e inhabilitar a los rostros más fuertes de la oposición al régimen, tal es el caso de Henrique Capriles, Leopoldo López y Antonio Ledezma. 

El caso más conocido a nivel internacional es, precisamente el del exalcalde de Caracas Leopoldo López, condenado a trece años de inhabilitación y a arresto domiciliario, de modo que no podía participar en los actos electorales de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la candidatura unitaria bajo la que concurre la oposición al chavismo. 

Fue acusado por los mismos tribunales dependientes del gobierno de hacer declaraciones que el gobierno de Maduro consideró falsas y desestabilizadoras, así como de saqueos y daños a la propiedad producidos durante las protestas de 2014. Carece de toda lógica que se le haga responsable de hechos cometidos por terceros que él ni siquiera promovió.

Tanto la ONU como la OEA y organizaciones internacionales de Derechos Humanos como Human Rights Watch denunciaron que López no contó con las garantías mínimas de un proceso justo, habiendo estado durante meses sin acceso pleno a un abogado, careciendo de un juez imparcial cuando todo el poder judicial depende directamente del propio gobierno que le denunciaba. 

La falta de legitimidad democrática de Maduro como líder del país latinoamericano no es una novedad. Ya se dio en 2018, cuando la oposición se negó a presentarse a las elecciones de ese año, precisamente, porque de la mano de los jueces, tutelados por su gobierno, se inhabilitaron y encarcelaron a los principales líderes opositores. Por dicho motivo, la propia Constitución de Venezuela establecía que, en caso de falta absoluta del presidente, la gobernabilidad del país quedaría en manos del presidente de la Asamblea Nacional. Al tener en ese momento mayoría la oposición, Juan Guaidó ocupó dicho lugar, motivo por el que un Tribunal Supremo correa de transmisión de Maduro declaró nulas todas y cada una de las leyes aprobadas por el poder legislativo. 

Maduro no era el líder legítimo de Venezuela, sino un autócrata que ha falseado los resultados electorales para perpetuarse en el gobierno a través de un clima represivo cada vez más asfixiante. Por tanto, tal y como dicho recientemente Vidal-Quadras, su captura por Estados Unidos no ha sido el derrocamiento de un presidente sino la detención del líder de una banda de narcotraficantes a gran escala. 

Como analizó de manera rigurosa César Vidal hace unos años, el chavismo seguía oprimiendo a Venezuela porque a Estados Unidos le interesaba, y lo consentía por un interés mutuamente beneficioso, ya que el principal cliente del petróleo venezolano era, precisamente, el gigante norteamericano, pues le resultaba más barato al ser menores los costes de desplazamiento derivados de la corta distancia geográfica entre ambos países. Con Trump, lejos de reducirse, aumentaron las exportaciones a Estados Unidos a pesar de la escalada verbal cada vez más agresiva.

Es obvio que Estados Unidos prefería a un corrupto dictador al que despreciaba, que podía dejarle el petróleo más barato que un honrado gobernante que lo ofertase a un precio justo y, por tanto, le resultase más caro. Dicho lo cual, ¿qué ha cambiado para que Estados Unidos pusiese fin a ese estado de cosas? 

Fruto de las sanciones cada vez mayores impuestas al régimen desde 2014, se congelaron las cuentas corrientes de los gerifaltes chavistas en el extranjero y se restringieron las importaciones de petróleo de terceros países, por lo que la dictadura de Maduro necesitaba otras vías de ingresos. Encontraron cuantiosos beneficios en el narcotráfico, ya que Venezuela era el país de paso desde Colombia del mayor cártel de la droga del mundo, los terroristas de las FARC, hasta llegar a su destino en Estados Unidos. 

El régimen venezolano ha utilizado el narcotráfico no sólo como una fuente de ingresos para sus dirigentes y acólitos, sino como un arma contra Estados Unidos y su población, hasta el extremo que sólo el consumo de fentanilo ha dejado 200.000 muertes en el país desde 2023.

Por tanto, la operación de Trump sobre Venezuela, pese a ser el primer paso necesario para acabar con el chavismo, no ha sido evidentemente altruista, sino un operativo de seguridad nacional. Lo preocupante es lo que parece ser el desarrollo posterior de la misma, ya que el propio Trump como su Secretario de Estado, Marco Rubio, han evidenciado un nulo propósito de que la tiranía acabe para convertirse en una democracia en la que no tenga cabida persecución política alguna. 

El actual inquilino de la Casa Blanca ha demostrado, una vez más, no ser en términos morales muy diferente al expansionista Putin, ya que pretende tomar la soberanía de un país, no para devolvérsela al pueblo, sino para expoliar sus recursos petrolíferos. No en balde, en Venezuela se encuentra la faja del Orinoco, la mayor explotación petrolífera del mundo, en manos de los aliados internacionales del chavismo, es decir, Cuba, Rusia e Irán, entre otros. 

Es repugnante el propósito del magnate neoyorquino de nombrar como sustituta de Maduro a Delcy Rodríguez en lugar del legítimo ganador de las elecciones. Pretende servirse de los restos del chavismo para controlar el país a su antojo, resultando paradójico que la presidenta de la Asamblea Nacional venezolana no estuviese entre los dirigentes del régimen acusados de narcoterrorismo por la Justicia norteamericana. 

Este cambio drástico que se ha dado a nivel geopolítico tiene repercusiones directas sobre España, pues todas las miradas se posan sobre el expresidente Zapatero, y, además, poco después de que estallase el escándalo de la aerolínea Plus Ultra. 

Precisamente por la mediación y la ascendencia del propio Zapatero como figura en la sombra del gobierno de Sánchez, se ha rescatado una aerolínea venezolana por considerarse “estratégica”, cuando tenía un único avión y sólo representaba el 0.03 % de los vuelos españoles.

Este papel de intermediario de un expresidente con un gobierno de su mismo partido nunca se ha visto antes. Ni Felipe González cuando gobernaba el propio Zapatero ni Aznar cuando lo hacía Rajoy. La única comparación homologable está también marcada por la corrupción, y es la presencia de Pujol en las reuniones de Convergencia bajo el liderazgo de Artur Mas, en cuyas ruedas de prensa aparecía flanqueándolo como si fuese la mano que sigilosamente mecía la cuna. 

Zapatero es un presunto comisionista de dictadores que tendría que explicar sus vínculos con Venezuela y su cuantioso como sospechoso incremento patrimonial, que se ha multiplicado por 115 desde 2017, seis años después de dejar La Moncloa, coincidiendo precisamente cuando se hacía visible su intermediación entre Maduro y la Unión Europea, a cuyo régimen ha blanqueado de manera incesante. 

¿Hay alguna relación entre esa labor y el hecho de que, desde entonces, haya pasado de vivir en un chalé alquilado en Aravaca a tener tres chalés de lujos y dos pisos? Precisamente en el año en el que comenzaron esas gestiones, ya compró un chalé en Lanzarote valorado en 1.2 millones de euros, para lo que pidió una hipoteca de 295.000 euros. ¿Pagó casi un millón de euros al contado? Si tan sólo percibía un sueldo de 100.000 euros anuales, ¿no sería una cantidad prohibitiva? En cualquier caso, su patrimonio inmobiliario actual asciende a 3.7 millones de euros y no se conocen los contratos que ha suscrito con Maduro, ni su concepto ni su cuantía. 

A día de hoy no han sido pocas y relevantes las voces que señalan que la interlocución de Zapatero con la narcodictadura no era altruista ni desinteresada. Destaca en este aspecto, el expresidente de la empresa petrolífera PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) y ministro de Petróleo del país, Rafael Ramírez, que dijo que el exgobernante español había cobrado petrodólares de PDSVA, precisamente, para blanquear a nivel internacional al chavismo, siendo decisivo en el cambio de posición del gobierno de Sánchez. 

Merece ser subrayado un hecho de extrema gravedad, como que el PSOE haya votado en contra de una resolución del Parlamento Europeo para que, el Cártel de los Soles, sea declarado organización terrorista por la UE.

Venezuela es una nación arrasada por el socialismo, que sufre una tasa de pobreza del 86 % y una hiperinflación del 300 % y que, por medio de una política sistemática como arbitraria de expropiaciones, ha ahuyentado a las empresas e inversiones, convirtiéndose en uno de los países más desiguales de América, donde el 10 % más rico gana cincuenta veces más que el 10 % más pobre. Por ello, pese a la tiranía del chavismo y las ansias colonizadoras de Trump, los anhelos de libertad económica y personal del pueblo venezolano deben resonar más fuerte que nunca, porque no están solos, sino que cuentan con el apoyo de sus hermanos de España, que, desde nuestra Patria, alzamos nuestra voz para seguir gritando lo que es una exigencia irrenunciable: “¡Viva Venezuela Libre!”.