El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) instructor del caso “Tsunami Democratic” (TD), Manuel García-Castellón propuso al Tribunal Supremo (TS) que  asumiera la instrucción de dicho caso al estar imputados dos aforados; Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg. Entre los fiscales de lo Penal del alto Tribunal se produjo una notable discrepancia sobre la propuesta. De un lado, el ponente Álvaro Redondo -que en horas 24 cambió radicalmente de criterio tras haberse entrevistado con el fiscal general, Álvaro García Ortiz-, uno de los fiscales-jefe -Joaquín Sánchez Covisa- y un tercer fiscal, estimaron que los miembros de TD no habían cometido en 2019 actos de terrorismo, y -junto con un cuarto, que cambio de bando- consideraron que los investigados no eran autores de este delito. El otro fiscal-jefe -Fidel Ccadena- y otros 11 fiscales estimaron que la actuación de TD fue constitutiva de un delito de terrorismo y, 10 de ellos, que Puigdemont parecía ser el líder intelectual de la plataforma. Ante esta desigual disparidad de opiniones -y basándose en que uno de los miembros de la minoría era un fiscal-jefe-, García Ortiz decidió de forma poco ortodoxa someter la discrepancia al arbitraje de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, quien -en una faena de aliño previsible, dada su reputación de progresista- hizo un informe incompleto y pobretón en el que, sin pronunciarse sobre si se habían cometido o no actos de terrorismo, se centró en apartar a Puigdemont de cualquier participación en actos terroristas. Afortunadamente, la decisión final no estaba en manos de los fiscales, sino en las de los magistrados de la Sala de lo Penal del TS, que el pasado 29 de febrero dictó el correspondiente auto.

Auto del Supremo sobre el “Caso Tsunami Democratic”

La Sala segunda de lo Penal, bajo la presidencia de Manuel Marchena y con ponencia de Juan Ramón Berdugo, ha decidido por unanimidad respaldar la exposición motivada de García-Castellón, y considerar –sin albergar duda alguna-que los integrantes del movimiento TD cometieron delitos graves contra la libertad e integridad física de las personas, atentados, falsedades documentales y daños al patrimonio, que encajaban en los artículo 572 a 574 del Código Penal, que regulan el delito de terrorismo. Describía la comisión de delitos de “terrorismo callejero” o “kalebarroka”, y especialmente de los realizados durante el asalto al aeropuerto de El Prat, planeados y programados hasta  el último detalle como medio para luchar contra la sentencia del TS, que había condenado a varios políticos catalanes por los delitos de sedición, malversación y desobediencia. Cometieron delitos de detención ilegal, lesiones y coacciones en el bloqueo del citado aeropuerto, que perturbó los servicios de aviación civil internacional, tráfico aéreo y operación del aeropuerto. Se impidió el acceso al mismo de usuarios y tripulaciones, y se aisló la torre de control para impedir  a los controladores aéreos que pudieran actuar con normalidad, se paralizara el aeropuerto y se suspendieron los vuelos, creando una situación de caos en la que los miembro de TD emplearon instrumentos similares a los explosivos por su potencia destructiva. TD era un grupo criminal cuyo objetivo era la comisión de delitos con la finalidad de subvertir el orden constitucional y desestabilizar las instituciones democráticas, impidiendo que los poderes públicos cumplieran sus funciones. Realizaba sus actividades delictivas con perfecta ideación y estrategia, con la debida distribución de funciones entre sus miembros. No era necesario que los autores pertenecieran o formarán parte de una  organización o grupo terrorista, y actuaran de manera asociada u organizada, de modo que cualquier persona que actuara individual o colectivamente para realizar las actividades delictivas planificadas eran autores o partícipes en un delito de terrorismo.

El Tribunal propinó un considerable sopapo a Sánchez Conde, al afirmar que en su informe cuestionaba uno a uno los indicios con una interpretación subjetiva de los mismos. La Sala señalaba que, en supuestos de prueba indiciaria valorada para desvirtuar la presunción de inocencia, descartaba el error de pretender valorar aisladamente los indicios, ya que la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procedía precisamente de la interrelación y combinación de los mismos. Era erróneo “no analizar uno de aquellos elementos, darles otra interpretación, o bien aislarlos del conjunto probatorio extrayendo sus propias conclusiones, pues la fuerza convictiva de la prueba indirecta se obtiene mediante el conjunto de los indicios”. Fue una crítica sin paliativos a un informe que no redactaría ni un alumno de 2° de Derecho.

Para poner de manifiesto la incoherencia y sectarismo de la Fiscalía General, la Sala se remitió a la Memoria de la misma de 2020, momento en que fungía como jefa de la Fiscalia la exministra Dolores Delgado, hada madrina de García Ortiz y de Sánchez Conde. En ella se hacía referencia al ”movimiento violento independentista catalán” y  se mantenía que, “dentro de ciertos sectores del independentismo, se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes  dinámicas, especialmente a través Tsunami Democratic y los intentos de paralizar el aeropuerto de Barcelona, y los ataques a edificios públicos y policiales”. La Fiscalía sostiene ahora justamente lo contrario: que las acciones delictivas de TD no tienen nada que ver con el terrorismo ¿Qué ha ocurrido en los tres últimos años para que se haya producido tan radical cambio de opinión en la Fiscalía General del Gobierno, antes del Estado? Basta con contemplar el “pas-à-deux“ ejecutado por el dúo formado por Sánchez y Puigdemont en la “Danza de los siete votos”.

Como consecuencia del hecho de que fueran investigados dos aforados, el magistrado instructor de la AN carecía de competencia para continuar con la investigación, por lo que dicha función debería ser asumida por el TS. En consecuencia, la Sala ha declarado su competencia para la instrucción y eventual enjuiciamiento de  Puigdemont y Wanderberg, abierto el procedimiento judicial y  nombrado ponente a Susana Polo, quien deberá realizar gestiones tales como recabar las declaraciones de los aforados. Al no considerarse el TS competente para investigar a los no aforados, la investigación de los mismos seguirá en manos de García-Castellón.

En el auto se señala que se han hallado varios indicios que acreditarían la participación de Puigdemont en los hechos investigados, entre ellos, que desde el inicio  estuvo informado de la creación de TD, un grupo organizado para subvertir el orden constitucional y desestabilizar las instituciones democráticas. Aquél aparecía directamente implicado en la campaña para promocionar y dar a conocer públicamente la nueva plataforma. “Aquella pluralidad de indicios acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas del actuar típico, de tal manera que hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico y el recorrido del ’iter criminis’, retirando su apoyo carismático, pero lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento”.

El auto del TS supone un considerable respaldo a la actuación de García-Castellón, que ha sido duramente criticado, descalificado e incluso insultado, no solo por los partidos independentistas, sino también por miembros del propio Gobierno de la Nación, como la vicepresidenta Teresa Ribera. El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, se preguntaba -y con él todo el Gobierno y los ciudadanos- que quién estaría detrás de TD, un movimiento que había surgido súbitamente de la nada y que estaba perfectamente organizado y financiado. La Sala ha ofrecido una respuesta convincente a esta pregunta, pero el Gobierno no quiere ni oírla, porque el señalado es ahora uno de los suyos, al que hay que asegurar contra cualquier mal.

La decisión ha supuesto asimismo una descalificación absoluta de la cúpula de la Fiscalía General, totalmente entregada al Gobierno, pero también se ha visto señalado -y no para bien- el presidente Sánchez, quien -en su calidad de detentador único de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial- habló “ex-cátedra” y afirmó al presentarse la Ley de Amnistía que, “como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Por lo tanto, con este proyecto de ley, al final lo van a ver todos los tribunales y van a estar amnistiados todos los independentistas catalanes, porque no son terroristas”. El problema radica en que, entre ese “Mundus Sapiens”, no se encontraban los desnortados magistrados del TS, que han coincidido con la Sibila en que no todos los catalanes independentistas son terroristas, pero sí podrían serlo algunos de ellos, como el expresidente de la Generalitat, por ejemplo.

Reacciones al auto del TS y consecuencias del mismo

El Gobierno  -visiblemente contrariado por la decisión del TS- se ha refugiado en la socorrida respuesta de que había que respetar las decisiones judiciales aunque no se compartieran. El ministro Bolaños ha hecho un comentario poco verosímil al afirmar que no había nada nuevo en el auto del TS, ya que esté no había dicho que TD hubiera cometido algún acto de terrorismo. Efectivamente no entró en el fondo del asunto puesto que no era el momento procesal, pero aceptó que continuara la investigación por parte de la AN y asumió parte de la misma, lo que no se habría producido de no haber tenido razones para estimar que eran suficientes los indicios recogidos por García-Castellón sobre la realización de actos de terrorismo. El TS ha afirmado que no alberga la menor duda de que los miembros de TD cometieron actos que caían bajo el marco del delito de terrorismo, incluido el propio Puigdemont, que era el líder intelectual de la plataforma. Esto no parece preocupar a Bolaños, al que sí debería preocuparle, por ser uno de los pocos miembros del Gobierno que sabe algo de Derecho, pero de ilusión también se vive y, en la sanchosfera, la propaganda prevalece sobre el raciocinio.   

El auto ha caído como agua de mayo sobre las huestes de la oposición, que ven en él un serio obstáculo adicional para la aprobación de la Ley de Amnistía. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha declarado que Sánchez solo busca amnistiar a aquéllos de los que depende, sean malversadores, corruptos o imputados por terrorismo, pero la decisión del Supremo ha probado que el Estado de Derecho es más fuerte que el presidente del Gobierno, que éste no puede comprar al Poder Judicial y que, al final, prevalecerá la Justicia. 

El interesado se ha mostrado sarcástico y crítico, y ha comentado; “Creo que ya solo me falta que me salga una cuenta en Panamá”. Ha hablado de un “Matrix judicial”, dando a entender que la judicatura española vive en una realidad paralela. El portavoz de JxC, Josep Rius, ha acusado al TS de confundir el ejercicio del derecho a  manifestarse que supuso TD con el terrorismo. El más incisivo ha sido el presidente Pere Aragonés, que ha declarado que el TS ha vuelto a cruzar todos los límites imaginables al abrir causa penal por terrorismo contra Puigdemont, con el fin de boicotear la adopción de la Ley de Amnistía. No se trataba de una decisión jurídica sino política, y no se impartía justicia sino represión política contra el independentismo catalán. El Tribunal ha tomado esta decisión para impedir la aprobación de una Ley que permitirá pasar página en la represión, y de ahí que fuera más necesaria que nunca su adopción. ERC está presionando a JxC para que dé de una vez su visto bueno a la Ley.

“El Mundo” ha editorializado que el TS, al haber avalado la tesis de García- Castellón de que había que investigar a Puigdemont por la comisión de delitos de terrorismo por su implicación en TD, ha acreditado de la fortaleza del Estado de Derecho en un momento en que el Ejecutivo está ultimando una amnistía hecha a medida del prófugo, y a quien el Supremo ha señalado por sus vínculos con los asaltos y algaradas promovidos por dicha plataforma. El bochorno producido por el informe  de la teniente fiscal se enmarcaba en la voluntad de Sánchez de sacar adelante como fuera la amnistía con una negociación opaca y bajo el foco de Bruselas. “En este contexto, resulta esencial depurar todas las responsabilidades, incluidas las que alcancen al líder fugado de Junts. El Supremo ha hablado, la justicia siempre prevalecerá”.

En su empecinamiento suicida por indultar a Puigdemont para poder conservar el poder, Sánchez está recibiendo continuas desautorizaciones en una semana “horribilis”. Especial importancia tienen las que llegan de Bruselas, porque la Unión Europea es muy sensible a las cuestiones de corrupción, terrorismo e interferencias de  Rusia. Pese a las furibunda oposición del Grupo Parlamentario Socialista, el Parlamento Europeo ha aprobado la recomendación de que en la nueva Directiva Anticorrupción se prohíban las amnistías y los indultos a los autores de delitos de malversación.

Dolors Montserrat, en su calidad de vicepresidenta del Grupo Parlamentario Popular, ha enviado al comisario de Justicia, Didier Reynders, una carta en la que le ha trasladado el auto del TS, en la que le informa que los miembros del Tribunal no tenían la menor duda de que integrantes de TD cometieron actos de terrorismo. En cuanto a la preocupación por las interferencias rusas en los asuntos europeos, que han sido condenadas en diversas ocasiones por el Parlamento Europeo, ha aumentado en la UE tras el asesinato del líder opositor ruso Alexei Navalny. El Parlamento ha instado al juez Joaquín Aguirre a que siga investigando en el ”Caso Voloh” relativo a los contactos mantenidos por agentes rusos con políticos catalanes, y decidido que el Comité Consultivo sobre el Código de Conducta investigue la actuación de la eurodiputada letona Tatiana Zdanoka -acusada de ser una espía rusa-, y las de Puigdemont y Comin.

El auto del TS sobre el terrorismo de TD se ha dictado en un momento especialmente sensible para el Gobierno de Sánchez, cuando está pendiente de cerrar un acuerdo con JxC para la adopción final de la Ley de Amnistía, que fue rechazada por este partido al estimar que no suponía una una amnistía integral e inmediata que garantizara la impunidad de Puigdemont. En medio del gran escándalo del “Caso Koldo/Ábalos” por las comisiones por los suministros de las mascarillas durante la pandemia del Covid -que está afectando adversamente a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y a los ministros Víctor Ángel Torres y Fernando Grande-Marlaska- han continuado con la máxima urgencia y opacidad las negociaciones entre el PSOE y JxC, porque el próximo día 7 vencerá la prórroga concedida por la Mesa del Congreso a la Comisión de Justicia para que adopte la Ley de Amnistía.

Poniéndose el parche antes de que salga el grano, el Grupo Parlamentario de  Sumar ha tanteado la vía de la concesión de una nueva prórroga para la tramitación de dicha Ley, lo que la Mesa estaría dispuesta a conceder pese a ser ilegal, porque el  Reglamento del Congreso fija un plazo máximo de un mes expira el día 7. Claro que para los socialistas, los plazos establecidos en las leyes son meramente indicativos y pueden saltarse a su antojo. El problema se ha agudizado aún más porque a la presidenta Armengol le huele la cabeza a pólvora y le tiembla la tierra bajo los pies, como consecuencia de su “presuntamente” ilegal actuación en la adquisición de mascarillas. El Gobierno balear -a la sazón presidido por Armengol- firmó un contrato de suministro con la empresa estafadora Solución de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., lo formalizó sin expediente previo tras haber recibido la mercancía, pagó por adelantado €3.7millones -una cantidad exorbitantes por unas mascarillas de ínfima calidad, que se almacenaron y nunca se llegaron a utilizar-, certificó la conformidad de su Gobierno con el suministro pese al informe en contrario del organismo técnico competente, cargó la compra a una partida de los Fondos Europeos, no reclamó durante tres años y, solo tras perder las elecciones, presentó una reclamación para el reintegro de €2.7 millones. El PP ha pedido la destitución inmediata de la presidenta del Congreso y las espadas están en alto. Un posible -aunque poco probable- cese complicaría aún más la situación de caos que reina últimamente en el país. Bolaños, al igual que su jefe, repite como una cotorra que “el que la hace, paga”, salvo que seas un catalán independentista. Puede que Armengol quede cubierta la amnistía al ser una nacionalista de los Países Catalanes.

Muy pocos saben lo que está ocurriendo tras las bambalinas de las negociaciones ultrasecretas y si se ha producido un acercamiento de posiciones que permita llegar a un acuerdo para la aprobación de la Ley No es tarea fácil porque las exigencias de JxC son máximas -amnistía integral que cubra cualquier tipo de delito e impunidad total para Puigdemont y sus cuates- y el PSOE ya ha cedido demasiado y su margen de maniobra es mínimo, so pena de que adicionales concesiones a Puigdemont puedan provocar que la Ley no pasara el generoso filtro del Tribunal Constitucional y, menos aún, el no tan generoso cedazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el ínterin, tanto la Comisión como el Parlamento Europeo mantienen a España bajo la lupa y siguen con atención los avatares de la tramitación de la Ley. Prueba de ello es que, en el Informe anual de la UE sobre el Estado de Derecho en la Unión, se incluye un párrafo que reza lo siguiente; “El Parlamento Europeo toma nota de las acciones el Gobierno español relacionados con su reciente investidura, incluida la futura adopción de una Ley de Amnistía”, y ha subrayado que ello merecía una evaluación independiente. En este sentido, ha pedido al Gobierno español que ofrezca transparencia total a las instituciones europeas sobre esta Ley e indicado que el Senado español ha solicitado a la Comisión de Venecia un dictamen sobre su constitucionalidad y sobre cumplimiento de las reglas y normas europeas.

Ésta es la mejor garantía con la que contamos, porque la UE -por la cuenta que le trae- no puede dejar caer a España. Ahora bien, tampoco podemos hacernos excesivas ilusiones, porque la Unión tiene muchos problemas y los Estados miembros anteponen sus intereses a los de los demás. Las elecciones al Parlamento Europeo están a la vuelta de la esquina y también se celebrarán comicios en muchos de los Estados europeos, lo que condicionará en buena medida su actuación. En España estamos en un estado de tensión electoral permanente. Ya están convocadas las elecciones vascas, en las que los partidos nacionalistas ejercen el monopolio del poder, con un considerable y lamentable crecimiento de Bildu y un PSE que se ha convertido en la pieza decisiva para que gobierne éste o continúe haciéndolo un PNV en horas bajas-, y más pronto que tarde se celebrarán las catalanas, que serán trascendentales en medio de  un duelo a muerte entre ERC y JxC, y un PSC entregado al nacionalismo, al que hace de muleta pese a ser el partido mayoritario. El PP debería centrarse en las elecciones europeas, donde tendrá la oportunidad de propinar un buen golpe al sanchismo, si sabe aprovecharse del hartazgo del pueblo español ante la disparatada política de concesiones al nacionalismo y de humillaciones ante Puigdemont, Otegui o Mohamed VI.

Por ello, la oposición no puede esperar que la UE le saque las castañas del fuego y tendrá que dar la batalla interior con la máxima intensidad. Feijoó no puede sentarse en la puerta de Génova a la espera de ver pasar el cadáver de su adversario. Para el 9 de marzo, varias  asociaciones no partidistas representativas de distintos sectores de la sociedad civil han convocado una manifestación en Madrid contra la Ley de Amnistía, por la unidad de España y por la dimisión de Sánchez. Habrá que ver el seguimiento que tendrá, porque la gente está ya muy cansada, aunque el último escándalo de corrupción que acaba de salir a la luz, y que ha afectado a todo el PSOE en su conjunto, constituya una incitación adicional para participar  en la protesta.

En la actual situación de caos político y moral causada por la infinita ambición de poder de Sánchez, resultaron reconfortantes para la ciudadanía las sabias y valientes palabras pronunciadas por Felipe VI en Barcelona el 14 de febrero con motivo de la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, en la misma línea de su trascendental discurso de 3 de octubre 2017. El Rey aseguró que el Poder Judicial era una pieza clave en la arquitectura institucional diseñada por los constituyentes, sabedores de que la función de juzgar y ejecutar lo juzgado estaba“atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes”-. El respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley eran indispensables en una democracia, y la independencia del Poder Judicial institución imprescindible para su adecuado funcionamiento. El monarca recordó el artículo 1 de la Constitución por el que España se constituía en un Estado de Derecho que propugnaba la justicia como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. “Sin justicia  y, sobre todo, sin una justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática”. Recordó a los nuevos jueces que la Constitución debía ser el criterio rector y guía de todas sus decisiones, porque no solo era el origen del sistema de libertades, sino también el marco de convivencia entre los  españoles y clave de la estabilidad y la prosperidad de la Nación. No pronunció la palabra ”amnistía”, pero no hacía falta porque se le entendía todo. Y estas sensatas palabras las pronunció en Barcelona en presencia del ministro de Justicia, que es uno de los principales muñidores de la nefasta Ley de Amnistía, aunque las palabras reales le entrarían por un oído y le saldrían por el otro. Pero, lo dicho, dicho está y a buen entendedor con pocas palabras basta. ¡Muchas gracias, Majestad!