Según el último sondeo del CIS, la in inmigración es el problema que más preocupa a los españoles, pasando en tres meses del noveno al primer puesto. Salvo en las cuestiones políticas, en las que José Félix Tezanos beneficia descaradamente a su partido y al Gobierno, el Centro suele acertar en los demás temas, porque cuenta con buenos expertos junto a una sectaria dirección. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha osado contradecir al oráculo socialista y se ha negado a aceptar esta premisa, y culpado a la derecha y a la ultraderecha de crear un clima de desasosiego para demonizar a los inmigrantes. Sí las conclusiones de la encuesta son correctas, creo que los participantes en la misma han supervalorado el fenómeno migratorio, inducidos por las imágenes que muestran el goteo de cayucos que llegan cada día a Canarias y los asaltos violentos a las vallas de Ceuta o Melilla. Considero poco verosímil que los españoles crean que es más preocupante la inmigración, que el paro, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el descrédito de los políticos o los desastrosos efectos del cambio climático. En cualquier caso -ocupe el primer lugar o el noveno-, resulta indiscutible que a los españoles les preocupa la creciente inmigración.

En su artículo “!Bendita inmigración!”, Fernando Valdespin ha mantenido en  ”El País”, que decir que la inmigración es la más importante amenaza que nos acecha es fruto de la desinformación y de la demagogia. “Hay que abordar la cuestión desde premisas bien articuladas, libres de politiqueos partidistas y de soluciones simplistas”. Estoy de acuerdo, porque, cuando la inmigración es ilegal y forzada, es un serio peligro, pero cuando es legal y regulada puede ser una solución al tremendo déficit demográfico que padece España, algunas de cuyas regiones interiores tienen una densidad poblacional inferior a la de Siberia. Ya en un anterior artículo sobre “Inmigración ¿problema o solución?”, planteé este doble aspecto de la cuestión.

Es importante distinguir entre los inmigrantes políticos y los económicos. Como ha observado Ángel Expósito, no es lo mismo un joven de Malí que huye de la muerte o del hambre, que otro marroquí que llega a Canarias con su pasaporte recién expedido y recursos suficientes para circular por España y por Europa. Salvo en los casos de guerras y conflictos -como los de Afganistán, Siria, Sudán del Sur o el Sahel-, la inmensa mayoría de las personas que emigran lo hacen por motivos económicos, para mejorar sus condiciones de vida, lo cual es razonable y respetable. Ahora bien, ello no supone que tenga derecho a ser admitido en cualquier país, y menos si lo hace de manera ilegal o con recurso al uso de la fuerza. Los buenistas, incluida la propia ONU, sitúan a todos los inmigrantes en pie de igualdad, lo cual no es correcto. En un sentido estrictamente jurídico, cabe distinguir a los refugiados cubiertos por la Convención de Ginebra de 1951, a los protegidos internacionales y a los inmigrantes estrictamente económicos, que tienen estatutos jurídicos diferentes de conformidad con el Derecho Internacional. Pese a ello, en una resolución de 2016, la Asamblea General afirmó que los Estados miembros asumían el compromiso de proteger los derechos humanos de todos los inmigrantes cualquiera que fuera su situación. Aparte de que las resoluciones de la Asamblea no sean jurídicamente vinculantes -aunque tengan un valor político y moral- esta afirmación es correcta solo a medias. Es obvio que los Estados deben proteger los derechos humanos de cualquier persona, pero es asimismo evidente que no cabe dar el mismo trato a los inmigrantes que entran en un país legalmente, que a los que lo hacen de forma ilegal. Para Inocencio Arias, una cosa es un refugiado que huye de la persecución para salvar su vida y que es irrechazable  y tiene derecho a obtener asilo, y otra bien distinta el emigrante económico que es totalmente rechazable ya que no tiene derecho a entrar en un país y menos aún permanecer en él. En su sentencia 72/2005, el Tribunal Constitucional afirmó que la Constitución no reconoce como derecho fundamental de los extranjeros acceder al territorio español y el legislador podrá condicionar dicho acceso al cumplimiento de determinados requisitos. La entrada legal de los inmigrantes en España es un presupuesto necesario para que su situación sea conforme a las normas vigentes y puedan estar en condiciones de ejercer plenamente todos los derechos que la ley les reconoce. Arias ha expresado su respetuoso desacuerdo -que yo comparto- con la afirmación del Papá Francisco  de que rechazar a un inmigrante es un pecado mortal. Será a lo sumo una falta de generosidad, pero no un pecado, si el Estado receptor tiene fundados motivos legales para no aceptar en su territorio al inmigrante que pretenda permanecer en el país en el que ha entrado de forma ilegal. En estas cuestiones no conviene mezclar la Moral con el Derecho.

El trato de los emigrantes -especialmente de los refugiados y de los protegidos  internacionalmente- está parcialmente regulado en normas internacionales y sobre todo en las normas nacionales. Los emigrantes económicos no tienen una cobertura “ad hoc” en el Derecho Internacional y se rigen por las disposiciones nacionales de los Estados a los que lleguen. Todos ellos tienen derecho a solicitar asilo en el país de llegada y las autoridades de éste deberían concedérselo si reúnen los requisitos previstos en las leyes internacionales y nacionales, pero, salvo los criterios de carácter general, el asilo tampoco está debidamente regulado en el Derecho Internacional ni en el Europeo. La UE no ha conseguido adoptar unas normas comunes sobre asilo para todos los Estados miembros, pese a que en su directiva 2004/83 -que establecía las normas sobre el reconocimiento y el estatuto de los refugiados y de las personas internacionalmente protegidas- se afirmara que la adopción de una política común de asilo era un objetivo de la Unión para establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. Ha establecido normas internacionales -incluidos tratados como el Convenio de Dublín de 1990, que establece que las solicitudes de asilo deben ser presentadas en la frontera del primer Estado comunitario al que arribe el inmigrante, con independencia del país en el que aspire a residir-, que han tenido poco éxito, ya que los emigrantes con destino a la Unión se han concentrado en los Estados del sur del Mediterráneo, como Grecia Italia y España. Los procedimientos burocráticos para la concesión de asilo son lentos y dificultosos, y los Estados de primera línea lo concede con cuentagotas, por lo que han provocado lamentables situaciones para los peticionarios en algunas islas griegas o en Lampedusa, y existe un grave riesgo de que se produzca una situación semejante en las Canarias, especialmente en la isla de El Hierro.

La Comisión Europea ha hecho diversos intentos para redistribuir a los inmigrantes entre los distintos Estados miembros que han resultado fallidos. En 2015 adoptó un plan para repartir 160.000 refugiados -especialmente sirios-,en Grecia y en Italia, pero muchos Estados -especialmente los del Grupo de Visegrad- se negaron a aceptarlos. Ante el fiasco, la UE firmó un vergonzante acuerdo con Turquía, para que sus autoridades retuvieran en el país a la masa de emigrantes con destino a la Unión y aceptaran su devolución, a cambio de la entrega de €3.000 millones. A causa de la actuación de las fuerzas de seguridad turcas, la corriente migratoria alentada por las mafias traficantes de emigrantes se trasladó a Libia para dirigirse hacia Italia.

En 2023, la Comisión Europea adoptó otro Pacto migratorio mucho más modesto para distribuir tan solo a 29.500 refugiados, mediante un sistema de solidaridad “a la carta”, de modo que los Estados que se negaran a acogerlos tendrían que abonar una suma de dinero por cada uno de los rechazados. Este Pacto tampoco fue aceptado por países como Hungría y Polonia. El Gobierno de Giorgia Meloni inició una política para reducir de manera drástica la llegada de inmigrantes a Italia. Según afirmó,” nunca detendremos la inmigración ilegal en masa, ni derrotaremos a los traficantes de seres humanos sin afrontar las causas que empujan a una persona a abandonar su casa”. Adoptó el plan Mattei, que preveía la inversión de €5.500 millones en los países de procedencia de las migraciones -Libia, Túnez y Argelia-, y firmó con ellos Acuerdos de cooperación para su desarrollo, a cambio de que frenaran los flujos migratorios hacia Italia, y también  con Albania para construir Centros a donde trasladar a los emigrantes rescatados mientras se tramitaban las solicitudes de asilo, prohibió la concesión de permisos de trabajo para los solicitantes, incrementó las devoluciones de inmigrantes ilegales, y aumentó los obstáculos para la actuación de las ONG rescatadoras. Gracias a estas políticas, el Gobierno italiano ha disminuido en un 65% el flujo migratorio, y las mafias traficantes han trasladado su criminal tráfico al Atlántico, a la ruta canaria, mucho más mortífera pero más rentable para ellas.

Según la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, corresponde al Gobierno la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración. Las Administraciones basarán el ejercicio de sus competencias en la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas, y la promoción del diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito de emigrantes, mediante Acuerdos dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios (artículo 2-bis). El Gobierno español ha seguido una política migratoria incoherente y tomado medidas contradictorias y del todo insuficientes. Empezó con la entusiástica y demagógica acogida a los 629 rescatados por el buque “Aquarius” –que provocó un considerable efecto llamada-, sin adoptar las medidas adecuadas para ofrecer una salida laboral a los mismos, redujo considerablemente la concesión de asilos y de permisos de residencia o de trabajo, y realizó deportaciones masivas en las ciudades de Ceuta y Melilla. En su periplo por Mauritania, Gambia y Senegal, Sánchez ha hecho propuestas contradictorias, que muestran la inexistencia de una política migratoria. Ante la grave situación existente  en Canarias, el Gobierno central se ha puesto de perfil, ha renunciado a ejercer las competencias que le son propias, y ha traspasado sus responsabilidades a las Comunidades Autónomas, mediante lo que Sánchez ha denominado “co-gobernanza” -como hizo durante la pandemia del COVID-, en lo que hay bien poco de” co” porque el Gobierno no aporta ni un euro a las Comunidades a las que ha soltado el mochuelo.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el control de las fronteras y del flujo migratorio son competencias exclusivas del Gobierno central. Ha pedido a la UE que haya un reparto equitativo en la responsabilidad en materia de asilo, que las obligaciones no recaigan  exclusivamente en los países de entrada, que se alcance una verdadera política común en materias de migración, fronteras y asilo, y ha manifestado la necesidad de reforzar la cooperación con los países africanos, como Mauritania y Senegal, con los que España ha firmado Acuerdos. 

El problema más grave lo plantean los menores extranjeros no acompañados (MENA). Según la Ley de Extranjería, el Gobierno adoptará -en colaboración con las Comunidades Autónomas- un Plan estratégico plurianual, que incluya entre sus objetivos la integración de los menores. Los programas para lograr este fin  serán financiados con cargo a un Fondo Estatal para Integración de los Inmigrantes, que podrá incluir fórmulas de cofinanciación (artículo 2-tertio). Pese a ello, el Gobierno se ha negado a financiar total o parcialmente a las Comunidades -especialmente a Canarias- para que atiendan a las necesidades de los MENA que se encuentren en sus territorios. Cuando el Ministerio Fiscal tenga constancia de la existencia de un menor, lo pondrá en conocimiento de los servicios competentes para su protección. El Gobierno realizará Acuerdos de colaboración con los países de origen de los MENA, que contemplen la prevención de la inmigración irregular, y la protección y el retorno de los mismos. Esta disposición pone de manifiesto la falta de fundamento de quienes afirman que los menores no pueden ser repatriados. Ante de decidir la devolución del menor, el Estado receptor consultará al país de origen sobre sus circunstancias familiares o la existencia de servicios que puedan asumir su tutela y, en el caso de que no existieran unos u otros, se les concedería una autorización de residencia (p° 1 a 7 del artículo 35). Asimismo, la directiva 2008/15 de la UE contempla la expulsión de los MENA, siempre que se cumpla un determinado procedimiento. Algunas ONG alegan que las Comunidades tienen la obligación de atender a todos los menores que se encuentren en su territorio, pero esta obligación se refiere a los menores que existan en sus circunscripciones, y no a los miles de MENA de  que sean  transportados por vía marítima.a dichas Comunidades por las mafias traficantes.

El grave problema de Canarias

Como los tráficos ilegales de emigrantes son vasos comunicantes, la disminución en Italia ha llevado consigo un aumento de un 85%, en la ruta de África occidental hacia Canarias, que ha recibido en los siete primeros meses del año 26.758 inmigrantes, y la perspectiva es que va a recibir a muchos más. 702 que lo intentaron han muerto o desaparecido en las trágica ruta. La isla de El Hierro se ha convertido en las Lampedusa española, al recibir más inmigrantes que habitantes tiene, lo cual es insostenible. En Canarias hay en la actualidad más de 6.000 MENA, que exceden con creces la capacidad de acogida de las instituciones de la isla. El responsable de su atención es el Gobierno central, que tiene la competencia exclusiva sobre el control de los ciclos migratorios y cuyos servicios de salvamento rescatan a los menores del mar y los depositan en donde estiman oportuno, sin asumir el Gobierno responsabilidad alguna, sobre todo orden financiero, a lo que está obligado por la Ley de Extranjería. 

Ha pretendido resolver el problema transportando el excedente de menores a  otras Comunidades, sin el obtener el previo consentimiento de éstas, ni negociar con ellas, mediante una propuesta de modificar el artículo 35 de dicha Ley. Su p° 12 establece que las Comunidades podrán llegar a acuerdos con la Comunidad donde se encuentren los menores para asumir su tutela y custodia, con el fin de garantizarles  mejores condiciones de integración. El Gobierno presentó una enmienda a esa disposición, para hacer obligatoria la admisión de los  MENA que éste decidiera unilateralmente aquél y que además las Comunidades asumieran la financiación total o parcial de la operación, pero la propuesta fue rechazada en el Congreso. Sánchez y sus ministros se han ensañado  con el principal partido de la oposición, que -como es natural votó en contra, y no ha formulado crítica alguna contra su socio JxC que hizo lo mismo. Los aliados pueden votar sin problema contra el partido del Gobierno, pero si lo hace el PP, actúa como un partido carente de sentido del Estado.

El presidente de la Junta de Canaria, Fernando Clavijo, se ha quejado amargamente -con sobrados motivos- del abandono del Gobierno central y lo ha acusado con razón de dejación de funciones, pasividad y falta de colaboración, porque la atención a los menores rescatados del mar es competencia del Estado. “ El archipiélago es el sostén y el muro de contención de las personas que llegan de África y a la vez, una tierra solitaria que gestiona uno de sus momentos más complejos”. Clavijo y Feijóo hicieron una razonable propuesta al Gobierno para que adoptara una serie de medidas a fin de hacer frente a la situación, pero Sánchez las rechazó y se negó a negociar. Ante esto, el PP y Coalición Canaria firmaron el pasado día 10 un Plan para frenar el descontrol migratorio: Asunción por el Estado de la financiación de los MENA cuando se saturen los Centros autonómicos de acogida, creación de un Fondo de Contingencia para financiar los gastos de atención a los menores, traslado de MENA a otras Comunidades mediante un acuerdo consensuado de carácter multilateral, activación de mecanismos en la UE para que sus Estados miembros acojan a algunos de los emigrantes llegados a Canarias, declaración de emergencia migratoria a nivel nacional, aumento de la presencia policial para controlar las fronteras y actuación de policías españoles en los países de procedencia de los emigrantes mediante Acuerdos con dichos Estados, solicitud de despliegue de unidades de FRONTEX en el Atlántico, contratación de más personal para la atención a los inmigrantes y la tramitación de los expedientes, y convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos y de las Conferencias de Inmigración y de Juventud, para acordar el reparto de los MENA.         .  

Los signatarios presentaron el Plan al Gobierno, que reaccionó con su habitual negativismo con críticas descalificadoras a la oposición. La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, exigió a Feijóo que abandonara los acuerdos ”fake” de política migratoria y se pusiera de verdad del lado de Canarias para solucionar la distribución de los MENA mediante la reforma de la Ley de Extranjería. El ministro de Política Territorial, Víctor Torres -canario para más inri- afirmó que el Plan era un documento donde se cuestionaba toda la política migratoria histórica, en vez de poner sobre la mesa una solución al problema de los MENA, acusó a Feijoo de utilizar la demagogia y las tesis de la ultraderecha, y le pidió que se centrara en ayudar a los más vulnerables.

La Junta de Canarias adoptó un Protocolo sobre la atención a los MENA, en el que pedía a las ONG que no acogieran a  menores sin el consentimiento del Gobierno local y a las fuerzas de seguridad o a la Administración del Estado que realizaran ciertas tareas ante de entregar a los menores en los Centros de acogida. Fórum Social-77 -Organización encargada de acoger a los menores en El Hierro- se negó a aceptar a 14 de ellos por falta material de espacio físico en sus instalaciones para albergarlos, y la policía la denunció ante la Fiscalía, que le abrió un expediente sancionador y recurrió el citado Protocolo, cuya aplicación fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia, porque su cumplimiento podía comprometer la entrega inmediata de los menores a las autoridades autonómicas que tenían confiado su cuidado. El Gobierno no solo no ayuda a Canarias , sino que insta al Ministerio Fiscal a que dificulte la actuación de la Junta.

Posibles medidas para hacer frente a la inmigración ilegal 

La migración es un problema complejo y difícil de resolver por causas diversas como la presión ejercida por la pobreza y los conflictos armados en los países de origen, la insolidaridad en Comunidades -como Cataluña- y entre los países europeos, la presión de los nacionalismos y de la extrema derecha, y la falta de voluntad política. El punto de partida “sine qua non” para resolverlo es la adopción de un acuerdo de Estado entre los partidos políticos, especialmente entre el PSOE y el PP, pero resultará difícil de conseguir mientras se mantenga en el poder Sánchez, que es alérgico a cualquier acuerdo con la oposición. Me permito sugerir algunas medidas necesarias para intentar solucionar el problema, entre las que se figuran las incluidas en el Plan acordado entre el PP y CC y algunas de las adoptadas por el Gobierno de Meloni. 

1.-Distinción entre los inmigrantes por razones políticas o económicas y el entre legales e ilegales, y tratamiento distinto. El Gobierno debe ser rápido y generoso en la concesión de asilo a quienes lo merezcan, y expulsar a los inmigrantes ilegales a los países de procedencia, con las debidas garantías.

2.-Regulalización de los inmigrantes que lleven tiempo en España y tengan trabajo o una posición asentada. 90´% de partidos políticos así lo han propuesto en el Congreso.

3.-Firma de Acuerdos con países vecinos de origen –Marruecos, Argelia, Mauritania o Senegal- y exigencia de su cumplimiento, especialmente en las devoluciones. Presencia de fuerzas de seguridad españolas en estos países para ayudarles a que nos ayuden. 

4.-Acuerdo consensuado para  la distribución entre las Comunidades del excedente de MENAS en Canarias, Ceuta y Melilla, sin excepciones, como pretende Cataluña.

5.-Petición a la UE para financiar la atención a los inmigrantes y para distribuir algunos de los menores entre los países miembros.

6.-Petición a FRONTEX de que envíe a sus unidades a patrullar en el Atlántico en las proximidades de las Canarias, para tratar de impedir -junto con buques de la Armada española- la llegada de cayucos a las islas. Deben situarse fuera del límite de las 200 millas y devolverlos a su punto de partida en las mejores condiciones de seguridad.

7.-Inversión en programas de desarrollo en los países de origen y de tránsito, como está haciendo Italia. Esta labor deberá ser principalmente erizada  por la Comisión Europea, que es la que cuenta con recursos financieros y técnicos suficientes.

8.-Formación profesional de los MENA, especialmente en los sectores que más mano de obra necesite España. Cuando los menores accedan a la mayoría de edad, deberán ser provistos de permisos de residencia y de trabajo.

9.- Devolución de MENA a Marruecos, donde se puede encontrar fácilmente a sus familiares y el Reino cuenta con Centros para acogerlos y tutelarlos.

10-Fomento de la inmigración legal, especialmente de la procedente de Iberoamérica, la Europa no comunitaria y el África subsahariana no musulmana.

11.-Política de fomento de la natalidad y de inducción a no utilizar recursos legales contrarios a la misma como el aborto, salvo en casos excepcionales

12.-Facilitación a familias de inmigrantes para que se instalen en pueblos de la España vaciada, como en el caso de Burbáguena (Teruel), donde gracias a ellos se han reabierto la guardería y la escuela, y se ha duplicado su población