“¿La falta de presupuestos actualizados y adaptados a las necesidades tienen repercusión sobre la vida de las personas?”
Dicen que ayer, desde el centro de control de Atocha, tras la caída del sistema de seguridad LZB, un técnico de Adif dio autorización a un maquinista para continuar la marcha sin avisar que más adelante había un tren parado. Así que, de momento, es el ministro quien ya apunta al error humano como el causante de la última tragedia ferroviaria y casi da por sentado que ése es el final del asunto, cuando en realidad nos sitúa en el principio del problema.
El sistema LZB, ya antiguo, está en funcionamiento desde 1992 en la primera línea española de alta velocidad Madrid-Sevilla, mientras el resto funciona con el estándar europeo ERTMS.
Dicen, también, que se han invertido 700 millones en la renovación integral de esa línea, que han debido ir a vías, desdoblamientos, estaciones, etc., pero parece claro que no han llegado a lo más fundamental de la circulación, la señalización y la seguridad.
Paralelamente, viene a cuento recordar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el plan económico del Gobierno para cada año. En ellos se prevé cuánto dinero ingresará el Estado y cómo se distribuirá el gasto público, naturalmente previo análisis de las necesidades.
Los PGE, disculpen la obviedad, sirven para financiar los servicios públicos, como la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia y las infraestructuras estatales; distribuir los recursos públicos, decidiendo qué partidas reciben más o menos dinero; establecer prioridades políticas y económicas, como invertir en vivienda, mantenimiento de infraestructuras o reducción del déficit y, finalmente, controlar el gasto público, ya que permiten al Parlamento examinar y aprobar las cuentas del Estado.
La Constitución española no solo establece que el Gobierno elabora los presupuestos, sino que también le obliga a presentarlos ante las Cortes Generales, órgano que, posteriormente, los examinarán, enmendarán, rechazarán o aprobarán.
Los últimos presupuestos, los de 2023, fueron aprobados en 2022, ya en la anterior legislatura. Desde entonces, no es que no se hayan aprobado nuevos presupuestos, sino que en toda esta legislatura que finaliza, para los ejercicios de 2024, 2025 y 2026, el gobierno no ha llegado a presentar un nuevo proyecto de PGE en el Congreso, como le es obligado por la Constitución.
Ya lo advirtió el jefe de la banda que nos gobierna el 7 de septiembre de 2024: “Vamos a avanzar con determinación, con o sin el apoyo de la oposición. Con o sin el concurso del Poder Legislativo”. En definitiva, lo importante es el Ejecutivo con el consiguiente desprecio de los demás poderes.
Surge entonces la pregunta: ¿hay diferencias entre aprobar los presupuestos o prorrogarlos? Algunas hay y no son menores:
| Aprobar presupuestos cada año | Prorrogarlos años tras años |
| Se adaptan los gastos a la situación económica actual. | Los gastos están referidos a una situación económica del pasado. |
| Se pueden modificar las partidas y establecer nuevas prioridades. | Apenas hay margen para introducir cambios sobre las nuevas necesidades. |
| El Parlamento debate y vota un nuevo proyecto presupuestario. | En la reciente legislatura, el Parlamento ni siquiera ha recibido el proyecto. |
| Facilita planificar nuevas inversiones y medidas económicas. | Dificulta o hace imposible la planificación de nuevas actuaciones. |
| Acrecienta la capacidad de adaptación a las actuales necesidades | Merma cuando no imposibilita la capacidad de adaptación a las nuevas necesidades |
Desde ayer, el Adamuz de hace solo nueve meses parece pertenecer al Pleistoceno, a una época remota que creíamos superada, pero cuya tragedia vuelve a instalarse en nuestra memoria con una crudeza insoportable. Urda se convierte ahora en el nombre propio de otra desgracia que obliga a mirar de frente una pregunta incómoda: ¿cuántas tragedias hacen falta para que el mantenimiento de las infraestructuras deje de ser una cuestión secundaria en la agenda política? Porque detrás de cada accidente hay víctimas, familias destrozadas y una sociedad que tiene derecho a exigir explicaciones.
¿La falta de presupuestos actualizados y adaptados a las necesidades tienen repercusión sobre la vida de las personas? Pues naturalmente: su ausencia plantea un problema que ningún Gobierno debería minimizar.
No solo, pero en particular las inversiones en conservación, modernización y seguridad no pueden quedar subordinadas a los cálculos parlamentarios, a la comodidad política ni a la espera indefinida de acuerdos que nunca llegan. Cuando las administraciones no priorizan adecuadamente aquello de lo que dependen la seguridad y la vida de los ciudadanos, la responsabilidad política adquiere una dimensión que trasciende las cifras y los discursos.
Porque la grandeza de un país no puede medirse solo por sus grandes anuncios, sus promesas electorales o sus cifras macroeconómicas, sino también y sobre todo por la seguridad con la que sus ciudadanos pueden desplazarse y confiar en los servicios públicos. Adamuz fue una advertencia que todavía pesa sobre la conciencia colectiva; Urda es ya el más sublime de los recordatorios de que las tragedias no pueden despacharse con minutos de silencio, declaraciones solemnes y promesas de investigación. Las víctimas merecen verdad, las familias merecen justicia y la sociedad merece explicaciones concretas y ciertas.
Si hubo negligencia, debe esclarecerse; si fallaron los controles, deben corregirse; y si las decisiones políticas contribuyeron al deterioro de la seguridad, sus responsables deben rendir cuentas. La prevención no es un gasto prescindible ni una promesa aplazable: es una obligación pública cuyo incumplimiento debe tener un coste no sólo político, sino claramente enfrentado al Código Penal.
Lección de Economía resumida para Pedro, el doctor-economista, y para Óscar, el mantenedor de infraestructuras. A ver si se enteran:
Los PGE sirven para decidir cómo se recauda y se gasta el dinero público. Aprobarlos cada año permite renovar y debatir esas decisiones; prorrogarlos un año sí y otro también, solo da para mantener la actividad del Estado, pero prolonga un marco presupuestario antiguo, no actualizado a las nuevas realidades y, entre ellas, destaca especialmente la obligación fundamental del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos.
La prórroga, claro que es legal y evita que la Administración se paralice por completo, pero está concebida como una solución transitoria hasta que se aprueben nuevos presupuestos que contengan las necesidades actualizadas; y no, no es una simple renovación anual de las cuentas, como nos ha querido vender este gobierno.
Una prórroga presupuestaria aislada no es un crimen en sí misma, pues garantiza la continuidad de los servicios públicos más inmediatos, pero tampoco debería convertirse en una excusa para aplazar indefinidamente las decisiones que afectan, entre otros asuntos, a la seguridad, el mantenimiento de las infraestructuras y la inversión necesaria.
¿Es un castigo para los ciudadanos vivir entre presupuestos prorrogados y promesas incumplidas, o es directamente un crimen consecuencia de la incapacidad para alcanzar acuerdos de un gobierno solo preocupado por permanecer una semana más en el machito?
