Comienza un nuevo juicio oral de los muchos aún pendientes sobre la trama de los ERE y las subvenciones amañadas de la Junta Andalucía durante los 36 años de gobiernos socialistas.

Varios altos cargos de la Administración autonómica y de su maquinaria paralela, además de varios alcaldes de la Sierra Norte, aparecen como acusados de malversación, prevaricación, falsedad en documento público, etc.

Más allá de los imputados, la trama política que consintió todo esto permanece por ahora en calma, aunque todos esos empleados públicos actuaron en buena medida creyéndose y sintiéndose amparados por el paraguas de quienes procedían como auténticos virreyes en la comarca y se beneficiaban de prebendas y privilegios a la vez que otorgaban favores y fabricaban designios que los ahora encausados ejecutaban y por lo que ahora son sentados en el banquillo.

Monterías y comilonas, arbitrariedades y regalos sin fin, otorgamiento de privilegios y una perpetua consideración impropia de cargos elegidos para servir a los ciudadanos y no para servirse de su momentánea posición política, nada de lo cual ahora les afecta y queda en el trastero de la verdadera situación de corrupción que se había instalado en el poder tras muchos años de ejercicio en una suerte de régimen opaco que en muchos momentos se creyó omnipotente en Andalucía.

Tengo una hipótesis al respecto que necesitaría mayor dedicación y estudio para hallar los verdaderos parámetros de la corrupción, pero parto de una tesis que consiste en señalar que la corrupción no se reproduce más o menos intensamente en un partido político o en otro por su mera ideología o por razones de tipo estrictamente político.

Sostengo que, en principio, la corrupción es consustancial a la condición humana, o mejor aún, al grupo social al que pertenecemos, de modo que se extiende como mancha de aceite entre los políticos porque la corrupción de abajo no se ve, no se nota, o no se desea destacar convenientemente por no tratarse estrictamente de una corruptela que hace uso masivo de recursos necesariamente públicos.

En este sentido, los políticos cumplen una función doble: la de ser representación bastante aproximada de la sociedad que los elige y, por otro lado, la de convertirse en los perfectos chivos expiatorios (bien que a menudo justificadamente, pero en puridad no más corruptos que sus electores) de la sociedad a la que representan; o sea, que los políticos en alguna medida son algo así como los muñecos de Carnaval sobre los que la ira del pueblo se descarga cada año antes de desvanecerse, muy propio de la sociedades latinas en general.

Visto de este modo, no es menospreciable, por supuesto, el hecho de que cuando una comunidad es gobernada de manera casi permanente por un mismo y único partido, la corrupción tiende a generalizarse o expandirse. Pero, salvado esto, que no parece demasiado discutible, aún nos queda por debajo una sospecha en forma de interrogante.

A saber: la de que, descartada, o amortizada, esa variable, si una comunidad tiene más casos de corrupción que otras, quizá pudiera atribuirse a que dicho grupo o comunidad es, a priori, más susceptible de acumular corruptos y casos de corrupción porque la misma sociedad a la que pertenecen sus miembros arrastre una cierta carga de picaresca social o de relajo moral que hace aflorar aquella, primero como elementos electos (si esa sociedad en algún sentido es más corrupta o corruptible -hipótesis-, lo normal es que haya más electos corruptos o corruptibles; y segundo, una vez electos, tal vez sean más propensos o fáciles de corromper.

Así las cosas, cabría atribuir la corrupción, en alguna medida, a la sociedad o comunidad de la que hablemos antes incluso que a sus políticos, mera espuma de representación de la sociedad de la cual proceden.

Todo esto dependerá también, por supuesto, de la actividad mayor o menor, más eficaz o menos, de los mecanismos de control y del eficiente funcionamiento y dedicación de los estamentos encargados de detectar y luchar contra las corruptelas, incluidos el aparato policial, judicial y de control político, ya sea desde la propia Administración o desde las fuerzas de la oposición, de tal modo que, también en cierto grado, un mayor número de corruptelas detectadas podrá atribuirse a la eficacia, por ejemplo, en su ámbito concreto de actuación de los jueces y fiscales, o a la constancia de las fuerzas de la oposición o incluso a la existencia de una mejor normativa de control.

Salvadas todas esas variables, si aceptamos que la corrupción es consustancial a nuestra condición humana (o, si se prefiere, a nuestra condición de ciudadanos no siempre ejemplares, o no ejemplares sin interrupción, como diría Baudelaire), tal vez cabe la sospecha de que existan grupos o sociedades, o comunidades, más corruptas o corruptibles que otras porque también, o sobre todo, lo son sus ciudadanos.

En tal caso, resultaría indicativo como primera providencia comprobar cuántos casos de corrupción se registran por comunidades, bien que no serviría sólo citar números absolutos, sino en relación a su número de habitantes, teniendo en cuenta, no obstante, que muchos de esos casos corresponderán a órganos no estrictamente autonómicos, sino tal vez también provinciales o locales.

En definitiva, apunto a que aquellas comunidades con mayor índice de casos de corrupción quizá guarden alguna clase de diferencia respecto del resto. Y, como ya he dicho, eso sería anotable, tal vez, en el cómputo o el debe de la propia sociedad y sus ciudadanos en su conjunto, no sólo en la cómoda adscripción que solemos hacer (y que desde luego emplean siempre y exclusivamente los demagogos) achacándole nuestros males únicamente a la clase política, como si los políticos que nos representan no fuésemos, en algún sentido, nosotros mismos, o como si perteneciesen a una especia animal diferente, o como si hubieran desembarcado de Marte…

Por desgracia, si hubiera algo de cierto en todo esto que digo, me temo que en Andalucía, o sea, en los andaluces para ser algo más exactos (y entre los valencianos y los catalanes), parece que en el pasado reciente se reprodujo la corrupción con mayor facilidad que en otros varios lugares de España…, aunque no por casualidad se trata, ¡vaya por Dios! de lugares típicos donde un partido permaneció en el poder durante mucho tiempo de forma invariable.

He dicho.