A finales de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) presentó al Consejo de Ministros para su ulterior envío a las Cortes Generales el Plan de Estrategia Exterior para el cuatrienio 2021-2024, elaborado por un equipo coordinado por Manuel Muñiz, Secretario de Estado de la España Global. El programa es excesivamente abstracto e inconcreto y tiene una profunda carga ideológica que debería ser ajena a la acción diplomática. Inocencio Arias lo ha calificado de conjunto de palabras huecas y grandilocuentes: promoción de los derechos humanos, la democracia y la seguridad; impulso de un modelo socioeconómico global basado en los principios de integración, justicia y equidad; o mejora de la gobernanza global mediante una mayor integración regional y un multilateralismo renovado y reforzado.

El diario pro-gubernamental “El País” ha señalado que la Estrategia esboza un diagnóstico por lo general certero del escenario internacional y del papel que puede jugar España. La hoja de ruta recoge valores y objetivos claros y sensatos, y se marcan ejes concretos de actuación adaptados al nuevo escenario global, pero manteniendo las líneas principales de la tradicional acción exterior española. Ojalá que el documento sirva de base para tejer consensos internos y pueda representar a escala global sobre lo que es este país. Los resultado logrados en Europa son mayoritariamente favorables –fondos europeos y cuestión de Gibraltar-, aunque en buena medida el mérito de ellos corresponda a la dinámica general y no solo a la acción española.

Con independencia de la ideología de los gobernantes, los intereses de los Estados –como afirmaba Charles-Maurice de Talleyrand- son permanentes y deben siempre ser tenidos en cuentan. Los intereses permanentes de España fueron magistral y sucintamente resumidos en 1992 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez: la integración en Europa, la proyección iberoamericana, el vínculo atlántico y la solidaridad mediterránea. Ahora, el Ministerio de Arancha González Laya ha introducido unos nuevos principios básicos que sirvan de referencia para la acción de España en el mundo: la promoción del feminismo y de la diversidad.

Feminismo y diversidad

España será un referente de política exterior feminista y de promoción de la diversidad con vistas a incorporar el enfoque de género en todos los ámbitos de la política exterior, y predicará con el ejemplo impulsando una mayor presencia de la mujer en la acción exterior española. De momento, ya se ha dado un gran paso en las altas esferas del MAUC, donde cuatro de los seis puestos más elevados –ministra, dos secretarias de Estado y subsecretaria- están desempeñados por féminas, y eso que sólo entraron en la Carrera Diplomática en 1971.

España liderará iniciativas en defensa y promoción de la diversidad, en particular los derechos de los LGTBI y de todos los colectivos desfavorecidos o discriminados. Como ha comentado con sorna Melitón Cardona, reconforta ver como Exteriores se preocupa hoy por temas esenciales como el feminismo y la diversidad y no por minucias como las de Gibraltar tras el Brexit, la inmigración desbocada en Canarias, el futuro de las relaciones sino-americanas, los populismos hispanoamericanos y demás temas de menor entidad. Reconforta igualmente constatar que el Ministerio sigue dedicando su tiempo y su dinero a temas tan transcendentes como elaborar un Protocolo que fija las pautas de actuación con las que adaptar la actuación de los Consulados a las personas transexuales e intersexuales, en el que se pide a los diplomáticos españoles que eviten preguntas no esenciales que puedan causar incomodidad a esas personas.

El MAUC ha enviado a las Embajadas y Consulados una Orden Circular en la que se establece que en las fichas y registros se consigne el “nombre social” de las personas con el fin de disminuir la posibilidad de que sean llamadas por su nombre registral en contra de su voluntad. Así, los funcionarios consulares podrán dirigirse a Antonio Pérez como “la Reina de las Mares”. En caso de repatriación de una persona transexual, solo se apuntará su nombre registral en cualquier formulario o documento en los que sea estrictamente necesario. En las Oficinas Consulares se procederá a la revisión de todos los documentos oficiales para adaptarlos al lenguaje inclusivo y neutro. En los formularios matrimoniales se dirá “Don/Doña” en vez de “Don” y de “Doña”, y en los libros del Registro Civil se indicará, en vez del “nombre del padre y de la madre” o del “matrimonio de los padres”, se incluirá el “nombre del padre o de la madre” o el “matrimonio de los padres o de las madres”. El adagio de que “mater semper certa est”o el dicho de que “madre no hay más que una” han pasado a los arcanos de la Historia en un caso único de asexación administrativa. Y eso a pesar de que –según el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Registro Civil de 1958-, en los Registros “se utilizarán los libros e impresos oficiales y, en su defecto, se seguirán los modelos oficiales, haciéndose constar las causas por las que se prescinde del impreso oficial”. Las autoridades consulares del Ministerio no tienen empacho en derogar un Decreto mediante una Orden Circular.

El MAUC se ha adelantado así a aplicar el progresista proyecto de ley “trans” de la desigual ministra de Igualdad, Irene Montero. Como has observado la presidenta de la Asociación de Mujeres juristas “Themis”, María Ángeles Jaime de Pablo –poco sospechosa de tendencia derechistas-, frente a la reasignación de sexo en el Registro Civil mediante el reconocimiento automático de la identidad de género libremente expresada, es necesario que se articule un proceso de verificación de la situación estable de transexualidad que se expone para evitar un fraude de ley. Suscita dudas que haya que evitar que la persona transexual se vea sometida a situaciones humillantes, de modo que, cuando tenga que identificarse, sea esa persona la que decida sobre la transexualidad. Salvaguardando la integridad moral de esas personas en el máximo grado posible, habría que atender a los derechos legítimos de terceras personas y al interés general.

El Gobierno socio-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está determinado a invocar en cualquier parte, y venga o no a cuento, los principios fundamentales del feminismo y de la diversidad, como ha hecho el MAUC en su Plan de Estrategia. Me recuerda la famosa película de los hermanos Marx ”Una noche en la ópera”, en la que Harpo repetía sin cesar “¡y dos huevos duros!”. De forma similar, el Gobierno nos martillea con el mantra de “feminismo y diversidad”. Si fuera consecuente con sus principios, el Gobierno podría romper relaciones diplomáticas con los numerosos países en los que no hay igualdad entre el hombre y la mujer o se persigue a los miembros del colectivo LGTBI, como Irán o la mayoría de los Estados musulmanes.

Pese a llevar 57 años fungiendo como profesor de Derecho Diplomático y Consular, confieso humildemente que no he conseguido saber qué es una política exterior feminista. Comprendo que es una política interior feminista –con independencia de que pueda estar o no de acuerdo con ella-, pero no me explico cómo se puede llevar dicha política a la acción exterior de un Estado. ¿Resulta razonable poner en el mismo nivel la promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la seguridad con la promoción del feminismo y de la diversidad? La igualdad entre el hombre y la mujer o el control de una persona sobre su sexualidad entran entre los derechos humanos dignos de protección, pero el feminismo o la diversidad no son en sí derechos humanos, ni pueden ser comparados a ellos y, menos aún, ser puestos en pie de igualdad.

Al amparo de esta nueva aurora arco iris se ha desarrollado la plataforma LGTBI “Exterior es diverso”, que fue lanzada en mayo de 2019 en una ceremonia celebrada en la Escuela Diplomática bajo la presidencia de la Subsecretaria del Departamento. Los promotores se comprometieron a tratar de que los derechos del colectivo LGTBI formaran parte de la política de Derechos Humanos del Gobierno. Me parece bien que los componentes del variopinto grupo LGTBI+ se organicen y defiendan sus derechos –no así sus privilegios-, y que luchen –con la ayuda del Ministerio- para que los Estados en los que estén destinados acepten acreditar a sus parejas del mismo sexo, reconozcan la patria potestad sobre los hijos o faciliten permisos de trabajo a sus parejas. Lo que no me parece tan bien es que la Plataforma cuente con un espacio en la “web” oficial del Ministerio, porque el mismo derecho tendrían los diplomáticos socios del Getafe o miembros de una Asociación de Micólogos, y –sobre todo- que tenga derecho a que se reserven a sus miembros cuotas de poder por el simple hecho de ser diferentes. En cualquier caso, me permito dar un “aviso a navegantes” a los aspirantes a ingresar en la Carrera Diplomática. “Si no sois mujer, LGTBI o persona discriminada, tendréis poco recorrido en el actual MAUC”.

Aspectos diplomáticos

En el ámbito estrictamente diplomático, el Plan de Estrategia prevé la aprobación de un nuevo Reglamento de la Carrera, cuya redacción esta terminada y ya salió a información y audiencia pública. Habrá que ver cuál sea la redacción final del Reglamento y si la subsecretaría recoge las diversas enmiendas presentadas -entre otros por la Asociación de Diplomáticos Españoles y por mí mismo- para corregir algunos de sus errores y mejorar el texto. Un de los puntos más controvertidos, y que me afectaba personalmente, era el de la degradación del status de los Embajadores jubilados, al convertirlo en meramente honorífico, siempre que los ostentaran con la debida diligencia y sin incurrir en conflicto de intereses.

Lo grave no era tanto lo injustificado del texto –que lo era- cuanto el trasfondo existente tras él, que era la animadversión de los sindicatos de clase –especialmente de UGT- y el desprestigio de la Carrera Diplomática, con el objetivo de que -mediante la aplicación del artículo 18 de la Ley de la Función Pública- se creara un “cuarto turno” para que los funcionarios de otros cuerpos de la Administración pudieran ingresar en la Carrera san necesidad de superar el concurso-oposición de ingreso en la Escuela Diplomática. Para eso había que presentar a los diplomáticos como personas anticuadas, frívolas e incompetentes que no se habían adaptado a los retos del siglo XXI , campaña a la que se sumaron algunos intelectuales de la “progresía” política y mediática, que destacaban la necesidad de sustituirlos por funcionarios “à la page”, capaces de contrarrestar “fake news”,realizar una análisis de inteligencia y gestionar algoritmos y “big data”. El MAUC no ha defendido a los diplomáticos y ha aceptado, si no todas, al menos algunas de las reivindicaciones de los sindicatos, como la degradación de los Embajadores jubilados. Y lo peor es que altos cargos del Ministerio, como Muñiz y la propia ministra, simpatizan con estas ideas.

Otro problema que podría perjudicar a los diplomáticos profesionales es el de la potenciación de los Embajadores políticos que Sánchez está impulsando de conformidad con el modelo del “spoil system” en su versión castiza, nombrando a personas de su confianza aunque no den la talla mínima. La falta de planificación y la ausencia de una política racional de personal se ha puesto de manifiesto con la designación de un nuevo Embajador en Londres, “sede vacante” en momentos críticos en las relaciones con Gran Bretaña tras el Brexit, pese a saber el Ministerio que su último titular se jubilaba en noviembre.

Según la Estrategia, hay que potenciar la diplomacia pública, cultural, educativa, científica, tecnológica, digital, parlamentaria, autonómica, empresarial, del tercer sector, la de agentes sociales y la de centros de pensamiento. Por lo visto, hay que impulsar cualquier diplomacia habida o por haber, salvo la diplomacia de los diplomáticos, anticuada y superada por los nuevos retos de un mundo globalizado. Ya un artículo publicado por Jesús Rodríguez en “El País” en 2017 se titulaba “¿Son necesarias las embajadas en la era de las redes sociales?”. No parece que aquí tenga aplicación el dicho de “zapatero a tus zapatos”, porque cualquier hijo de vecino, aunque no sepa hacer la O con un canuto, tiene derecho a calzarse los zapatos diplomáticos.

Gibraltar, Sáhara Occidental y Marruecos

En temas de menor cuantía –como Gibraltar, el Sáhara Occidental o Marruecos-, el Plan de Estrategia pasa como sobre ascuas. Sobre el primero, se limita a señalar que hay que desarrollar una nueva relación de colaboración sobre el Reino Unido en el marco del Acuerdo post-Brexit y concluir el Acuerdo entre la UE y Gran Bretaña sobre Gibraltar –cuestión que obviamente no es de su competencia-. El entendimiento hispano-británico sobre el Peñón alcanzado a última hora en tiempos de descuento del malhadado año 2020, es un auténtico disparate, resulta sumamente favorable a Gran Bretaña y a Gibraltar sin apenas contrapartidas para España, y supone un congelamiento “sine die” de la histórica –y hasta ahora consensuada por todos los partidos políticos- reivindicación de la colonia británica para lograr la integridad territorial de la Nación. En vez de aprovechar la actual debilidad internacional del Reino Unido para impulsar el establecimiento de un régimen de co-soberanía sobre la última colonia en Europa, el Gobierno español ha renunciado a hacerlo y otorgado toda clase de facilidades a Gibraltar para salvarlo del aislamiento al que se vería abocado como consecuencia de la decisión unilateral británica de abandonar la UE. España le concede “gratis et amore” la posibilidad de escapar de dicho aislamiento derribando la verja construida por los ingleses, el disfrute de los beneficios de encontrarse en el “espacio Schengen” y el mantenimiento de sus privilegios como paraíso fiscal “off shore”.

Respecto al segundo, la Estrategia es aún más sucinta al decir tan solo que impulsará “los esfuerzos de la ONU para alcanzar soluciones políticas en el Sáhara Occidental, Libia y Palestina”. Todavía entre el Sáhara y Palestina existe un cierto paralelismo, como se ha puesto de manifiesto con la decisión de Marruecos de establecer relaciones diplomáticas con Israel a cambio de que los Estados Unidos de Donald Trump recocieran la ocupación ilegal marroquí de la mayor parte del territorio sahariano, pero ¿qué tiene que ver esto con el Estado fallido de Libia, con dos Gobiernos que se disputan el poder? ¿Cuáles son los “esfuerzos” de la ONU que España deberá impulsar?

El Plan no dice ni una palabra sobre el reconocimiento estadounidense de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, de la negativa de Marruecos a celebrar un referéndum de libre determinación del pueblo saharaui de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, de la inacción del Secretario General, Antonio Guterres, al llevar más de un año sin nombrar a su representante en el territorio o de la inoperancia de la MINURSO. ¿No tiene España responsabilidad alguna sobre el futuro de su antigua colonia, pendiente de su descolonización por no haberse podido expresar válidamente el pueblo saharaui?

En relación con el tercero, España únicamente se compromete a reforzar la interlocución con todos los países de la región mediterránea, en especial con Marruecos y Argelia, a través de estrategias específicas de colaboración con ambos. Aparte de que existan obvias diferencias de prioridad para España entre Argelia –vecino lejano- y Marruecos –vecino demasiado carcano-, el Plan no dice nada sobre la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, las reivindicaciones de Marruecos sobre de Ceuta y Melilla y la asfixia de los presidios, la presión migratoria sobre Canarias o la suspensión “sine die” de la Cumbre hispano-marroquí de alto nivel decidida unilateralmente por el Gobierno marroquí. El Gobierno español mantiene una actitud de debilidad y de cesiones frente a su vecino meridional y pone su otra mejilla para recibir con paciencia cristiana las continuas bofetadas que le propinan Mohamed VI y su Gobierno.

Europa y otras regiones

Respecto a Europa, el Plan estima que España podrá aprovechar el abandono de la UE por Gran Bretaña para fortalecer su posición en el seno de la Unión. Como ha declarado el coordinador del Plan, Manuel Muñiz, España aspira a asumir un mayor protagonismo en el plano internacional y apuesta por una Europa federal y más fuerte, y por un “bilateralismo estratégico” (¿?). Semejante aspiración carece de sentido a corto o medio plazo, porque la UE no es una institución federa ni lo va a ser en un futuro inmediato. Los Estados Unidos de Europa solo se encuentran en las mentes de los pocos federalistas europeos que van quedando.

El Gobierno actual, por otra parte, tendrá difícil fortalecer su posición política y económica en el seno de la UE, porque va a rebufo de lo que ocurre en Bruselas. Mientras el Consejo y el Parlamento Europeos funcionan y consiguen la necesaria estabilidad de estas instituciones gracias a la alianza entre los socialistas, los populares y los liberales, en España, el Gobierno socio-comunista de Sánchez logra su supervivencia y supuesta estabilidad gracias al apoyo condicionado, no de populares y liberales, sino de populistas y separatistas iliberales. Prueba de su escaso prestigio político ha sido su incapacidad en situar en importantes puestos internacionales a ministros-estrella como Nadia Calviño, Arancha González Laya o Pedro Duque. En cuanto a la adopción de los fondos europeos de reconstrucción y su eventual distribución, la irrelevancia de Sánchez ha sido notoria. Ahora quiere superarla en el foro interno arrogándose en solitario el monopolio para distribuir a su antojo, sin consenso con los principales partidos de la oposición y sin control parlamentario alguno, el maná comunitario. Y, por si faltara algo para demostrar el mal concepto que la UE tiene del presidente del Gobierno, ha tenido que llamarle la atención para tratar de frenar su intentona de que el ejecutivo controle el poder judicial.

Acierta la Estrategia cuando señala que los flujos migratorios son un desafío europeo y un camino –que si fuera bien gestionado- permitiría enfrentar mejor los diferentes retos demográficos y económicos de la UE, y al solicitar a la Comisión Europea fondos para contener la inmigración irregular. En este sentido, ha sido pertinente el envió de la carta de González Laya a la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, sobre “Contribución española a un enfoque migratorio integral en el Magreb, el Sahel y los países de África Occidental”, dado que España es la frontera exterior meridional de la Unión. No solo hay que facilitar fondos estructurales para reforzar las fronteras, sino también adoptar una estrategia a largo plazo que ataje las causas de los desplazamientos a Europa, mediante una generosa inversión que permita crear puestos de trabajo “in situ”. Es asimismo preciso acordar un pacto sobre las migraciones y el asilo en el seno de la Unión.

No veo mucho sentido en la propuesta de fortalecer lazos con la sociedad civil rusa, bielorrusa y ucraniana, cuando es obvio que con quien hay que hacerlo es con sus Gobiernos, aunque, en el caso de Bielorrusia, su presidente, Aleksandr Lukahenko, está en sus horas más bajas y en el de Ukrania, Velodmir, Zelenski, tampoco está para tirar cohetes y se encuentra al frente de un Estado cuasi fallido. En cuanto a Rusia, acabamos de oír los comentarios denigratorios de su ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, equiparando al envenenado y encarcelado opositor Alexei Navalny con los presos políticos catalanes, y la inusitada reacción de González Laya acusando a Rusia de no ser un Estado democrático. En cuanto a la apertura de “antenas diplomáticas en Armenia, Bielorrusia y Uzbekistán, mi experiencia como antiguo Embajador con acreditación múltiple desde Moscú en diez de las antiguas repúblicas de la URSS, me lleva a dudar de la eficacia de semejantes antenas y de que lo que hay que crear es embajadas residentes en esos países, así como en Azerbaiyán y Georgia.

En conclusión, el Plan de Estrategia de Acción Exterior es un documento voluntarista lleno de afirmaciones grandilocuentes y obvias, lugares comunes, generalizaciones y deseos piadosos de escasa utilidad para la puesta en práctica de una eficiente política exterior española. Se trata de una supuesta estrategia, que tiene muy poco de estratégica y solo sirve para aparentar que el Gobierno tiene un plan de acción exterior, cuando tal no es el caso.