El pasado día 4, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, publicó una Tribuna en “El Mundo” titulada “Una decisión que nos acerca a una solución”, relativa a las positivas consecuencias que para Marruecos había tenido la decisión del ex-presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer su ocupación ilegal por parte de Marruecos de la mayor parte del territorio del Sáhara Occidental, cuando ya estaba a punto de salir de la presidencia. El artículo es una hábil formulación de sus tesis sobre su “provincia sahariana”, pero está lleno de imprecisiones y falacias.

Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonizar

Cuando España ingresó en la ONU  en 1955, la secretaría general de la Organización le pidió que indicara cuáles eran los territorios no autónomos bajo su control y que facilitara sobre ellos la información prevista en el artículo 73 de la Carta. 

España respondió que no tenía este tipo de territorios dado que sus posesiones africanas eran provincias españolas y, en consecuencia, al margen de la acción descolonizadora de las Naciones Unidas. En paralelo, Marruecos se opuso a que la Asamblea General incluyera en la lista de territorios no autónomos a Ifni y al Sáhara español por estimar que formaban parte integrante del territorio marroquí. Tras recibir numerosas presiones, el Gobierno español accedió en 1960 a facilitar información a la ONU sobre el Sáhara Occidental.

Ese mismo año, la Asamblea adoptó dos importantes resoluciones. La resolución 1541(XV)  estableció que los territorios no autónomos podían dejar de serlo mediante su constitución como Estados independientes, su libre asociación a otro Estado o su integración en un Estado independiente. La resolución 1514(XV) de “Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales”, sin embargo, hacía hincapié sólo en la independencia al afirmar que los Estados deberían tomar medidas inmediatas en los territorios no autónomos  para transferir todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin ninguna condición o reserva, conforme a su voluntad y a sus deseos libremente expresados, “a fin de permitirles gozar de una independencia  y libertad completas”. 

En 1963, Mauritania formalizó ante la ONU sus reivindicación sobre una parte del Sáhara Occidental y consiguió que la Asamblea General no adoptara una resolución en la que recomendara a España que buscara con Marruecos una solución negociada sobre el Sáhara Occidental. En su  resolución 2072(XX) de 1965, la Asamblea instó al Gobierno de España a que a que adoptara inmediatamente las medidas necesarias para la liberación de los territorios de Ifni y el Sáhara español de la dominación colonial y que, con tal fin, emprendiera negociaciones sobre los problemas relativos a la soberanía presentados por estos dos territorios,

 Por la resolución 2229(XXI) del año siguiente, la Asamblea General reafirmó el derecho del territorio no autónomo del Sáhara Occidental a la libre determinación y pidió al Gobierno español que celebrara lo antes posible, en consulta con Marruecos y Mauritania, un referéndum bajo los auspicios de las Naciones Unidas para que las poblaciones del territorio ejercieran sin trabas dicho derecho. En 1974, España comunicó a la ONU que celebraría un referéndum de autodeterminación en 1975, pero, a petición de Marruecos , la Asamblea solicitó al Tribunal Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre si, en el momento de la colonización del Sáhara por España, existían vínculos jurídicos entre el territorio y Marruecos o Mauritania. El Tribunal dictaminó que no existía ningún vínculo de soberanía entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por lo que el pueblo saharaui debería ejercer su derecho de autodeterminación de conformidad con la resolución 1514(XV).

Pese a la desautorización del Tribunal, el rey Hassan II consideró que aquél había dado la razón a Marruecos e inició la “Marcha Verde”, con la invasión del Sáhara Occidental  por 350.000 marroquíes en octubre de 1975. Ante esta presión y la inacción de la ONU, -y en un momento en que estaba falleciendo el jefe del Estado, Francisco Franco-, España cedió a la presión mauritana-marroquí y firmó el 14 de noviembre los Acuerdos de Madrid, por los que cedió a Marruecos y a Mauritania la administración temporal del territorio. El 25 de febrero de 1976, el embajador español ante la ONU, Jaime de Piiniés, comunicó al secretario general, Kurt Waldheim, que España daba por terminada su presencia en el Sáhara Occidental y se desligaba de sus responsabilidad internacional sobre el territorio, si bien la descolonización no se culminaría hasta que la opinión de la población se hubiera expresado válidamente. Según el Informe de 2002 del subsecretario general de Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell, los Acuerdo de Madrid no transfirieron la soberanía sobre el territorio, ni confirieron a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía transferir unilateralmente. Por consiguiente, el Sáhara español seguía siendo un territorio no autónomo.

Vicisitudes del Sáhara Occidental tras la guerra del Frente Polisario con Mauritania y Marruecos

Tras la ocupación del territorio, el Frente Polisario inició una guerra contra Mauritania y Marruecos, que duró hasta 1979 con la primera, tras la firma de un tratado de paz,  y hasta 1991 con el segundo, cuando se firmó un armisticio bajo los auspicios de la ONU, que envió un contingente armado, la MINURSO, para supervisar la tregua y organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Por su resolución 995(1995), el Consejo de Seguridad reiteró su decisión de que se celebrara sin más demora “un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con el Plan de Arreglo que ha sido aceptado por las dos partes”. La consulta no se ha podido celebrar hasta ahora por oposición marroquí, que ha recurrido a todo tipo de triquiñuelas para impedirla.

Marruecos tiene una posición política fuerte, porque ocupa militarmente y controla la mayor parte del Sáhara Occidental, pero jurídicamente débil, ya que carece de base legal alguna para la ocupación del territorio y, hasta finales de año, ningún Estado había reconocido su soberanía sobre el mismo. El regalo navideño que le hizo Papá Noel Trump en violación del Derecho Internacional ha fortalecido de forma considerable la posición de Marruecos y le permite mantener su actitud intransigente contraria a una negociación razonable. Según Bourita, la proclamación presidencial ha sido la culminación del constante apoyo desde hace veinte años de las distintas administraciones estadounidenses al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara y de la integridad territorial de Marruecos. Esto no es cierto, pues, si bien Estados Unidos siempre había respaldado a Marruecos, nunca hasta Trump habría reconocido la soberanía marroquí sobre un territorio ilegalmente ocupado.

Tampoco es cierta la afirmación de Bourita de que Marruecos se había mantenido fiel al proceso político llevado a cabo bajo los auspicios de la ONU y hecho esfuerzos serios y creíbles para sacar el conflicto del estancamiento en que se encontraba, sino todo lo contrario. Ha ignorado las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, rechazado los censos de la población, expulsado a muchos saharauis de su tierra y llevado al Sáhara Occidental miles de ciudadanos procedentes de otra regiones marroquíes, y boicoteado cualquier posibilidad de que la población autóctona del territorio ejerciera su derecho inalienable e irrenunciable a la libre determinación.

Como se ha ufanado el ministro, 42 países han mostrado su apoyo a la autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí de forma que no haya ni vencedores ni vencidos, pero resulta obvio que hay un claro vencedor –Marruecos- y unos vencidos –los saharauis-, que seguirán bajo el yugo marroquí. Resulta sumamente difícil encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable –como ha reclamado Naciones Unidas-, pero no sería imposible, si las partes involucradas negociaran de buena fe y estuvieran dispuestas a hacerse concesiones. Las línea rojas para llegar a un acuerdo son, en el plano jurídico, la posibilidad de que el pueblo saharaui se autodetermine  libremente y, en el lado de la “real politik”,  la negativa de Marruecos, Estados Unidos y Francia a que  el Sáhara Occidental se constituya en un Estado independiente. Tampoco resulta aceptable la fórmula de reparto del territorio entre Marruecos y el Frente Polisario, porque –amén de ser contraria al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU-, Marruecos se llevaría la parte del león y dejaría al Frente Polisario un trozo de desierto inhabitable y sin comunicación con el mar, que haría de la República Árabe Saharaui Democrática un Estado totalmente inviable. Ni el pueblo saharaui respaldaría semejante fórmula cuando tuviera finalmente oportunidad de expresar válidamente su opinión, ni resultaría probablemente aceptable para Estados Unidos, Francia y el mundo occidental.

Posible solución del conflicto del Sáhara Occidental

Mohamed VI ha manifestado que la única solución viable al conflicto del Sáhara Occidental es la concesión de autonomía al pueblo saharaui dentro del Estado marroquí y esta opinión es compartida por la comunidad internacional, pero siempre que se trate de una genuina autonomía –amplia y garantizada- como la que goza España. Según Bourita, Marruecos ha ofrecido a los saharauis una “autonomía ampliada en la que la población del Sáhara marroquí pueda gestionar sus asuntos políticos, económicos y sociales a través de órganos legislativos, ejecutivos y judiciales regionales”. Esta oferta, sin embargo, no es ni seria ni creíble a fuer de insuficiente. El proyecto de autonomía presentado en 2006 por Mohamed VI –y que según Bourita sigue vigente- es más una declaración de intenciones que un proyecto articulado que especifique las competencias del Estado autonómico sahariano y los derechos de sus habitantes tras su integración en un Estado tan centralizado y autoritario como es Marruecos en la actualidad. No se me oculta la dificultad que el reino encontraría –aparte de su renuencia a conceder excesivas competencias a los saharauis- los problemas que encontraría en otras regiones, como el Rif, que también aspira a un régimen muy descentralizado, cuando no a la independencia.

Para que el pueblo saharaui aceptara una eventual integración en el reino alauita, sería indispensable que Marruecos le ofreciera una autonomía plena de competencias e internacionalmente garantizada. El reino tendría que modificar su Constitución para hacer posible el establecimiento de semejante régimen autonómico, y España podría aportar su experiencia para la plasmación jurídica del mismo. En el caso de que se les ofreciese un régimen de este tipo, los saharauis podrían aceptar renunciar a su derecho a la independencia y poner su territorio bajo soberanía marroquí en un referéndum celebrado bajo los auspicios de la ONU. Ambas partes tendrían mucho que ganar, pues Marruecos conseguiría el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental y los saharauis gozarían de un amplio autogobierno y podrían vivir dignamente tras abandonar los campamentos en los que llevan malviviendo desde hace cuarenta y cinco años.

 España  no es un simple “amigo” del Sáhara Occidental, sino que sigue siendo la responsable jurídica, política y –sobre todo-  moral del territorio, cuya descolonización no se ha realizados porque los saharauis no han podido expresar válidamente su opinión. Al concedérsele al Sáhara Occidental una amplia autonomía, vería redimida su culpa de haber abandonado unilateralmente la administración del territorio e incumplido los compromisos internacionalmente asumidos con el pueblo saharaui 

También redimiría parte de su culpa la ONU por su política zigzagueante y a menudo incoherente, porque, a pesar de las reiteradas afirmaciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Secretario General y del Tribunal Internacional de Justicia sobre el derecho del pueblo saharaui a ejercer su la libre determinación mediante un referéndum a celebrar bajo sus auspicios, la Organización ha hecho bien poco para conseguirlo. Pruebas de ello han sido la suavización de sus últimas resoluciones en las que ha desaparecido la referencia al referéndum, la creciente inclinación hacia la posición marroquí, la ineficacia de la MINURSO y la negativa del secretario general, Antonio Guterres, a nombrar a un representante personal para el Sáhara Occidental, pese a que la dimisión del anterior, Horst Köhler, se produjo en mayo de 2019.   

Obstáculos al proceso descolonizador del Sáhara Occidental por la decisión de Trump

Estados Unidos vería cumplidos y sancionados jurídicamente sus dos objetivos fundamentales en la región: la integración del Sáhara Occidental en el reino de Marruecos –su principal aliado en el norte de África-, cuyo monarca vería considerablemente reforzada su posición, y la desaparición del peligro de que surgiera al sur de Marruecos un Estado inviable, inestable y bajo la dependencia de Argelia y Rusia. Y todo ello respetando el Derecho Internacional y dentro de un consenso político de la comunidad internacional. Con la habitual irresponsabilidad que ha caracterizado todo su mandato, Trump ha roto innecesariamente el débil equilibrio existente en el Sáhara Occidental so pretexto de ayudar a Israel. No hacía falta que violara el Derecho Internacional reconociendo y prestando apoyo político a la ocupación ilegal del Sáhara para que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel, que era una cuestión de tiempo, pues el Reino mantenía unas fluidas y cordiales relaciones con el Estado israelita, como puso de manifiesto su colaboración en la construcción del impresionante muro que separa el Sáhara ocupado de las zonas desérticas que malamente ocupa el Frente Polisario No solo ha habido un reconocimiento por parte de Trump de la ocupación ilegal del parte del Sáhara Occidental a través de un twitter, sino que la Administración de Estados Unidos  lo ha corroborado al pedir al Gobierno de Marruecos de un exequatur para los cónsules norteamericanos en Dajla y en El-Aiún.

Una vez conseguida la sanción a su ilegalidad por parte del Estado más poderoso de la tierra, Marruecos se verá libre de presiones, podrá mantener su postura intransigente y seguirá adelante con su plan de integrar al Sáhara como una provincia más del Reino. Joe Biden se ha encontrado con la “patata caliente” que le ha dejado Trump como legado de última hora y, aparte de que no sea un tema de especial prioridad para Estados Unidos y de que tenga muchos problemas más importantes a los que hacer frente de inmediato, es poco probable que dé marcha atrás –aún en el supuesto de estuviera de acuerdo con ello-, porque provocaría la oposición del más que influyente lobby judío y del propio Israel. Así pues, -pese a lo afirmado por el ministro Bourita en el título de su artículo- la decisión de Trump de reconocer la legalidad de la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos no nos acerca a una solución, sino que, antes al contrario, la dificulta.