Esta semana la SEPI salta por los aires. Su presidenta, imputada, y otras 25 personas, por amaños en empresas públicas. La directora general de la Agencia Tributaria y otros dos altos directivos dimiten.

Ayer jueves fueron imputadas la directora general de la Guardia Civil y el general con mayor responsabilidad en la cúpula. Asimismo, el juez Pedraz ha citado a declarar a dos fiscales que se reunieron con Leire Díez en la Fiscalía.

La semana pasada, el miércoles en el Congreso, el jefe del Gobierno no asumió ninguna responsabilidad ante la corrupción asfixiante. Ese mismo lunes, su ministro y persona de máxima confianza fue condenado a 24 años de prisión. Al día siguiente, jueves, el Congreso aprobó por mayoría instar al presidente a presentar una cuestión de confianza o a convocar elecciones y dimitir.

Su respuesta fue una sonrisa hilarante y esquizofrénica, en desconexión emocional con la realidad: inmotivada, tensa y fuera de contexto. Aplaudió a su grupo, que reaccionó de la misma manera, como una secta bien aleccionada. Son actitudes propias del manual de un buen conocedor de los comportamientos de los lupanares familiares.

La imagen es demoledora, y se suma a la de esta semana: el gran conglomerado empresarial del Estado saltando por los aires, Hacienda señalada por su presunta ayuda al Gobierno, y la Guardia Civil con su cúpula más alta demolida y deshonrada por su directora y por el general de mayor responsabilidad, mientras el ministro del Interior miente descaradamente en sus explicaciones.

¿Podemos imaginar que en Francia, Alemania, Portugal o Italia los máximos responsables policiales, tanto a nivel político como operativo, fueran imputados por traicionar al Estado y confabularse con delincuentes? ¿Que tuviera que dimitir el máximo responsable de Hacienda de esos países, mientras el principal grupo empresarial público apareciera de un día para otro imputado al más alto nivel, al igual que sus predecesores?

Es absolutamente inimaginable. Y de ocurrir, quienes dimitirían de inmediato no serían solo esos altos cargos, sino también el ministro del Interior. Por gravedad, y ante la multiplicación de hechos inadmisibles, lo haría especialmente el propio jefe del Gobierno, tras una crisis institucional sin precedentes destapada simultáneamente en múltiples áreas clave del Ejecutivo.

Es la sublimación de la más lacerante desvergüenza. En el caso de la Guardia Civil, la deshonra se agrava aún más por el hecho de que un general y sus subordinados obstruyan a la Justicia, cuando su única obligación es servirla siempre. Y hacerlo de forma contraria, con el objetivo de hacer desaparecer causas en las que está inmerso todo el entorno del presidente del Gobierno.

La Guardia Civil se siente absolutamente avergonzada por sus máximos responsables, pero su honor es permanente y está por encima de todo. Jamás aceptará esta ignominia.

Este Gobierno, que existe gracias a la compra corrupta de siete votos a unos golpistas que obtienen una autoamnistía a medida, y a otros tantos del partido cuyo jefe es un terrorista, no puede permanecer ni un segundo más como ejemplo mundial de deshonra e inmoralidad, ni de la más absoluta falta de principios y convicciones democráticas.

Además, es un Gobierno saturado de corrupción y su situación es insostenible. Es una auténtica depravación en todos los órdenes. La denuncia de una nación corrupta que ataca frontalmente a la democracia, publicada por medios de comunicación internacionales, no puede prolongarse más. La indignidad crece hasta el infinito y resulta imposible de asumir en Europa.