El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntado también la participación de los miembros del Consejo de Gobierno en las fichas presupuestarias y las modificaciones presupuestarias

En concreto el atestado, de mayo 2012, tenía el título de ‘Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010’. Así, ha explicado que llegan a esa conclusión en base a unos elementos, refiriéndose a las declaraciones en fase de instrucción del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, a los informes de la Intervención, cuyo contenido y destinatarios están regulados –entre ellos los consejeros de Economía y Hacienda y la consejería de adscripción del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posterior de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)–.

. Igualmente, según ha recordado, Fernández en su declaración dijo que el sistema fue tratado en los ‘consejillos’ de viceconsejeros de la Junta y presididos por el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, quien estaba «presente» cuando fue «tratado y objeto de debate».

Además, el paso de IFA/IDEA de Empleo a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 2004 supone que «entraban en juego dos consejerías, no es sólo de Empleo». A este respecto, ha asegurado que, desde un punto de vista policial, el reiterado incumplimiento de implementación de medidas por parte de IFA/IDEA «hubiese requerido de un informe de cumplimiento de la Intervención General», pues, a su juicio, «hay menoscabo de fondos públicos» en el procedimiento de concesión de ayudas investigado.

La declaración de este agente, quien estuvo en el Grupo de Delitos Financieros de la UCO hasta 2013 y posteriormente pasó al Grupo de Delitos contra la Administración, ha abierto este lunes la sesión número 45 de la vista oral, que ha contado con la presencia en la sala de dos investigados, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, ex secretarios general técnico la Consejería de Empleo, siendo los primeros que acuden después de que al terminar la fase de declaración de los procesados el tribunal permitiera a éstos ausentarse.

Tras el análisis de ayudas individuales y de todo el procedimiento específico de concesión de ayudas, en base al convenio marco de 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo e IFA por el que éste pagaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el dinero allegado al instituto a través de las transferencias de financiación con cargo al programa 31L, el agente ha asegurado que «se daban con una falta total de procedimiento desde el punto de vista administrativo en la gestión de las ayudas».

Así, ha enumerado elementos «irregulares» que se encuentran en los informes de la Guardia Civil como «la falta de competencia» del director general de Trabajo para conceder las ayudas, «la falta de solicitud» por parte de los trabajadores o «la no justificación» de las mismas.

Durante su declaración y en base a la regulación existente y desde un punto de vista policial, ha indicado que la finalidad de las transferencias de financiación era la aportación de fondos para la gestión corriente del IFA/IDEA, «no para gastos previamente definidos», de ahí uso «inadecuado».

«No encontramos norma reguladora para la concesión de las ayudas sociolaborales o a empresas», ha asegurado el agente, así como que tampoco encontraron estudios de mercado para elegir a las aseguradoras con las que se firmaban las pólizas para el pago de las ayudas, resaltando que se pagaban comisiones «muy por encima del precio de mercado» y «la Junta debió velar por el buen uso de los fondos públicos».

Sobre la presencia de intrusos, el comandante ha afirmado que «nos llamó la atención» las relaciones «familiares» o la «afinidad al PSOE» de éstos, apuntando casos de familiares del ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, del exchófer de Francisco Javier Guerrero, del propio ex director general de Trabajo, de exconcejal del PSOE en Camas, del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o de las secretarias de Guerrero. En este sentido, ha afirmado que no considera que el proceso de depuración de la Junta sobre estos intrusos «reúna los requisitos mínimos para ser tenidos en cuenta».

Precisamente, sobre las ayudas recibidas por las empresas de Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y en base a las declaraciones de Trujillo, ha indicado que estos «usaron dinero para consumo personal».

Al respecto del convenio marco, el agente ha indicado que les «llamó la atención» que se apruebe en julio cuando ya se estaba trabajando en la elaboración del decreto del reglamento de subvenciones de la Junta, que regulaba las ayudas y subvenciones. Tras la investigación, deduce que había «legislación estatal y autonómica suficiente para regular este tipo de ayudas, sin necesidad del procedimiento específico».