Si hay un motivo que se repite con insistencia en casi todas las catedrales románicas y góticas de la Edad Media es el del Juicio Final. Existían varias razones para ello: las esculturas de las catedrales tenían una función catequética y enseñaban doctrina a través de los ojos a una población analfabeta, siendo El Juicio Final la lección más importante; al colocarlo en la entrada, la Iglesia se aseguraba de que todo el que cruzara el umbral viera las consecuencias de sus actos; la obsesión con el fin del mundo… En Sevilla lo podemos observar tanto en la puerta del Bautismo que da a la avenida de la Constitución, como en la parte superior del retablo mayor, así como en las vidrieras y en un cuadro de la capilla de la Visitación.
El pasaje, descrito por el evangelista San Mateo en el capítulo 25, hace hincapié en que la condena viene, sobre todo, de la mano del pecado de omisión (tuve hambre y no me disteis de comer, estuve desnudo y no me vestisteis,…) lo que le confiere a este tipo de culpa una importancia trascendente.
En estas reflexiones me movía al pensar en los desmanes que están saliendo a la luz por supuestos servidores del Estado que acaparan informativos todos los días, pero no escucho hablar ni leo en las noticias, salvo en contadas ocasiones, aquellas gestiones que no se han llevado a cabo y cuya omisión sufrimos.
Entre ellas voy a centrarme en una que seguramente haya pasado desapercibida para la mayoría, pero que considero importante recordar en estas líneas. Se trata del centenario de la entrada en 1526 del dominico Francisco de Vitoria a la Universidad de Salamanca, llegada que se toma como referencia a la hora de hablar de la famosa Escuela de Salamanca del siglo XVI. Allí se creó la que posteriormente sería conocida como Escuela Española de Derecho Internacional, que denunció las tropelías de algunos en América, negó los títulos del Emperador para la conquista de aquel continente, rechazó la autoridad y la donación papal sobre tierras, siendo pionero en desacralizar el poder temporal de los reyes, acercándose al poder estatal moderno secularizado. Vitoria, que ponía en jaque a todos los poderosos, creía en el progreso del pensamiento.
Nuestro insigne burgalés fue el primero en impugnar la doctrina de Aristóteles sobre la división de los hombres en libres y esclavos, con antelación a que lo hiciera la Ilustración francesa y cuatro siglos antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Negó que los indios fueran “amentes”, pues estaban bien organizados y tenían ciudades magníficas, lo que requería uso de razón, y afirmó que las relaciones entre españoles y nativos americanos estaban sujetas al incipiente Derecho Internacional como ley de todo el orbe.
Preconizó la noción moderna de Estado de Derecho, al afirmar que las leyes civiles obligan a los legisladores y principalmente a los reyes, razón por la que el presidente de los Estados Unidos Wilson lo tomó como referencia en 1918 para crear la Sociedad de Naciones. Comentó el derecho a ir a otras tierras (ius peregrinandi et degendi): derecho a emigrar, la libertad de comercio, el derecho a cooperar…
Vitoria negó que fuera causa de guerra “justa” la ampliación de territorios (estamos viviendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia), lo que se incluyó por fin en la Carta de la ONU de 1946; defendió la libertad religiosa (a pesar de la fuerza con que contaba entonces la Inquisición) y el derecho del pueblo a rebelarse contra los tiranos, reconocido por la Revolución Francesa y la Declaración Universal de 1948.
Fue precursor de la objeción de conciencia frente a la guerra, no reconocida en España hasta que se aprobó la actual Constitución. Fue el primero en defender el castigo a los que inician guerras, crimen de agresión expresado por los letrados que participaron en los juicios de Nuremberg y Tokio, cuyas tesis encontraron apoyo en los trabajos de nuestro gran dominico.
En el campo económico, fue el primero que determinó el precio justo por la estimación común del mercado (communis aestimatio hominum), es decir, el equilibrio natural entre la oferta y la demanda libres de monopolios; defendió firmemente la propiedad privada basándose en la eficiencia y la paz social; defendió el derecho al libre comercio internacional frente al proteccionismo imperante, y, finalmente, sentó las bases de la Teoría cuantitativa del dinero (el dinero como mercancía)
Cualquiera de estos hitos del pensamiento jurídico merecería un reconocimiento generalizado por todos los españoles como se hizo en 1926 o, al menos, ser recordados con la emisión de unos sellos, como hizo en el centenario de su nacimiento uno de los gobiernos de Felipe González. Al parecer, ya no estamos en aquella España plural, sino en la del odio a la cultura y a la Historia común.
En un tiempo en el que las grandes potencias violan y niegan el Derecho Internacional, tenemos aún la ocasión de conmemorar este año que hubo un español que se adelantó cinco siglos, con su pensamiento y con su obra, a dar respuesta a algunas de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo.
Alberto Amador Tobaja: aapic1956@gmail.com
