Habrá que decirlo en plata: en España el escrutinio general no se hace y, por tanto, quien cuenta los votos, una vez abiertas las urnas y selladas las actas por los presidentes y vocales de las distintas Mesas, es el mismo que convoca y organiza las elecciones; o sea, el recuento, como en una mala distopía a la que ni Stalin le alcanza, lo realiza el Gobierno. ¿Lo quieren más claro?

Según la LOREG, el escrutinio general, tratándose de «un acto único» que se trocea por circunscripciones, sólo tiene un encargado: la administración electoral, que es la llamada a realizar esa tarea…, aunque se divida el esfuerzo por circunscripciones formando parte de una sola labor de idéntico valor jurídico. O por decirlo con mayor precisión, el valor jurídico es uno solo.

En esa tarea encomendada a la administración electoral (la más importante de todas), el Gobierno (Poder Ejecutivo) no tiene ninguna potestad. Tampoco el Poder Legislativo y ni siquiera el Poder Judicial, estrictamente ajenos a la encomienda específica que la Ley y el sistema otorgan con absoluta exclusividad y para garantía de independencia y neutralidad a unos organismos ciertamente especiales dentro del ordenamiento que se agrupan bajo la última supervisión de la Junta Electoral Central, que es la única encargada de trasladar y conceder validez al recuento realizado…, el cual no se lleva a cabo. Pura farsa.

Está fuera de toda opinión y toda duda, además, que el escrutinio general no se hace, incurriendo así en la más grave y manifiesta ilegalidad y poniendo en riesgo la imparcialidad y pulcritud del sistema. Excuso decirles que a esta hora resulta ya improcedente y fuera de concurso tener que demostrar que el escrutinio general no se efectúa, igual que resultaría banal e inane que se nos exigiese demostrar que en la Confitería La Campana se venden pasteles o que en la casa Citroën se venden automóviles.

No nos detengamos ahora en las absurdas respuestas ocasionales de algunas Juntas Electorales Provinciales «jugando a jugar» con las palabras en las que han llegado a aseverar que ellos han ido cotejando las actas y que enseguida se procede a introducir las correcciones necesarias en el ordenador proporcionado por Indra, o sea, por el Gobierno. Una estafa monumental que incumple lo dispuesto por la JEC, aunque luego sus miembros no tengan el pudor intelectual exigible para ordenarles cumplir con la Ley y lo pasen por alto.

Los partidos no reclaman, tal vez porque la situación es tan incierta que sólo una vez, que yo recuerde, se ha ordenado repetir un escrutinio general (el de Sevilla en las autonómicas andaluzas de 2015), aunque strictu senso aquello no fue una «repetición», sino una orden de celebrar lo que no se había celebrado porque lo que se hizo en primera instancia no cumplía con los más mínimos requisitos exigidos ni por asomo. Algo así como si afirmas que un partido de la jornada de Liga terminó 3-0 y pretendes elevarlo a oficial cuando en realidad lo que se había jugado fue una pachanguita de la Play Station entre los utilleros y masajistas de los dos clubes previstos. De cárcel.

Lo sucedido en Sevilla en 2015 fue un bomba cuya onda expansiva aún arrasa cualquier intento puramente declarativo de negar la evidencia, pues entonces la JEP de Sevilla confesó en su respuesta al recurso que yo mismo redacté (y que presentó Vox en tiempos del candidato Francisco Serrano) que eso había dejado de hacerse al menos desde el año 2.000 en todas o casi todas las JEP de España, habiéndolo sustituido por un modo que ellos llamaban «procedimiento abreviado» que no está regulado ni previsto en ninguna parte. Un timo.

Desde entonces para acá, lo único que hemos logrado a este respecto (y no siempre) es que ahora al menos se tomen la molestia en todas las JEP de cumplir con la literalidad de la Ley cuando exige «la apertura sucesiva» de los sobres que contienen las actas… a veces para ni siquiera mirarlas y desde luego para no anotar ni tampoco sumar lo que figura en las mismas, cosa para la que prefieren seguir confiando, en un acto de dejación insoportable, en que el Gobierno ya lo ha hecho durante la noche electoral y allí les consta, pues está disponible en la base de datos que Indra ha elaborado.

Semejante renuncia a cumplir con el espíritu y la letra de la norma sólo merecería la catalogación de dicha actitud como prevaricación y como delito grave de los previstos en nuestro ordenamiento. Pero nadie actúa, tampoco la justicia ordinaria, para perseguir un presunto delito muy grave, a pesar de los indicios tremendamente casposos que ahora se añaden cuando en Barcelona y en Sevilla han solicitado a la JEC permiso para destruir las actas de procesos electorales pasados, que constituyen la prueba irrefutable de que el escrutinio general estuvo sin hacerse durante al menos 15 años (repito que sigue sin celebrarse) porque aquellas actas cuya destrucción se pretende ahora permanecen en sus sobres cerrados y sellados y jamás se abrieron.

Este intento de destruir las pruebas de un presunto delito de la máxima gravedad constituye, a mí me parece, un indicio de otro delito insufrible que la Fiscalía estaría obligada a investigar contando con la falaz alegación realizada de que dicha documentación les ocupa mucho espacio en los archivos y…, francamente, si buscan cosas inútiles que les ocupa un espacio indeseado yo propongo quemar en una pira todos los informes de impacto de género realizados en este país a cada presupuesto municipal, a cada puente construido o en proyecto, a cada acera reparada o a cada mamarrachada u ocurrencia de nuestros próceres de ocasión.

Lo que denuncio es que ese intento de eliminar pruebas es más que una sospecha, porque desde las polvorientas estanterías de los archivos que los conservan, esos sobres cerrados constituyen una acusación y una prueba de cargo del cadáver desde su tumba y amenazan no sólo a los componentes de aquellas JEP del pasado que actuaron con una frivolidad indigna e irresponsable (igual que ahora), sino también a la limpieza del sistema, lo que vendría a poner en cuestión el edificio de la democracia española y sobre todo de sus agentes.

Si un análisis escrupuloso de aquellas actas que siguen encerradas en sus sobres ¿para la eternidad? encontrara sustanciales variaciones sobre los resultados validados en su día por cada una de las JEC habidas hasta entonces estaríamos ante una hecatombe moral que nos haría entrar casi con seguridad en un período constituyente, si no algo peor.

La administración electoral no tiene ninguna misión encomendada en lo relativo a supervisar el sistema informático que emplea el Gobierno para su show mediático televisado de cada noche electoral y la Ley le remite a la tarea exclusiva de abrir los sobres que contienen las actas y proceder a anotar y a sumar con sus propios medios lo que allí pone. No tiene que corregir al ordenador de Indra, ni introducir nada en esa base de datos, cosa de la que, si lo desea, se tendrá que ocupar en su caso y a posteriori el Ministerio del Interior atendiendo a los resultados que hayan validado las JEP y finalmente la JEC por el procedimiento que ya se ha señalado.

Como nada de esto se cumple, la conclusión es tan obvia como sencilla: el que cuenta los votos y los suma es el Gobierno…, que no es lo mismo que decir que se ha cometido un fraude, pero allá cada cual con sus confianzas.

Todo lo demás es paja, humo y espejos…, mientras Stalin se descojona de la risa en su mazmorra del tiempo.

He dicho.