Un agente de la UCO que investigó los falsos ERE dice que no existió fiscalización en las ayudas
GRA160. OVIEDO, 17/01/2017.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registran hoy la sede del sindicato UGT, en Oviedo, en relación con presuntas irregularidades en las subvenciones para formación. El ex secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, figura entre los cinco detenidos por la Guardia Civil dentro de la operación que está llevando a cabo hoy con el registro de la sede regional del sindicato en el Principado. EFE/José Luis Cereijido
El agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha afirmado también que el que fuera consejero de Presidencia Gaspar Zarrías tenía conocimiento de su existencia y del procedimiento de concesión
Así lo ha manifestado este agente, responsable del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO, en la sesión con la que se ha dado comienzo a la fase testifical y pericial del juicio contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se daban las ayudas en los ERE entre los años 2000 y 2010.
Coordinó diferentes atestados de la Guardia Civil, que ha ratificado en su totalidad, en plena comunicación y coordinación con la juez instructora Mercedes Alaya. Preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre los requisitos de los trabajadores para acceder a las ayudas, ha asegurado que no había norma reguladora, añadiendo que la investigación y en la fase de instrucción de la causa no vio nada referente a los requisitos, ni a la verificación de éstos.
Precisamente, ha explicado que en alguno de los convenios que ha analizado, entre éstos el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L a través de transferencias de financiación de la Consejería al ente instrumental, ha tenido constancia de que se apunta la existencia de comisiones de seguimiento de las ayudas, pero «no hubo ninguna». «No sólo se omitía la fiscalización previa de las ayudas, sino también el control posterior», ha concluido.
El funcionario ha señalado que, según manifestaciones del expresidente del IFA Salvador Durbán –citado a declarar como testigo este martes–, la Consejería de Empleo y otras usan al instituto como «caja pagadora» para «agilizar» algunos procedimientos.
En este sentido, ha recordado que en 1999 el consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez firmó un convenio con IFA para el pago de 114 millones de pesetas en ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa). En verano de este año, según ha continuado, el instituto paga «75 millones de pesetas» pero «no hay convenios» y «aún así se paga». «Es irregular», ha asegurado el agente de la UCO, que ha añadido que el convenio se firmó «después». El resto de la ayuda se pagó en diciembre.
A raíz de ver esto durante la investigación, ha apuntado que solicitaron a la Junta un informe de fiscalización y le contestan «que nunca se ha fiscalizado», lo que, a su juicio demuestra que el Gobierno autonómico usó el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), como «caja pagadora».
En este sentido, ha declarado que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero «no ideó» el sistema de concesión de ayudas, sino «que le viene de arriba», sin concretar nombres.
