Continuación del artículo Garzón, un gran juez que pudo haber sido y no fue

Ya han dejado de sorprendernos el sectarismo y la manipulación de que ha hecho gala RTVE, especialmente durante el mandato “provisional” y digital -por dedo- de Rosa María Mateo, y no no parece que sus sucesores hayan mejorado la situación. el día 3, escuché con asombro e indignación algunas de las noticias, declaraciones y comentarios difundidos en el Telediario 2, no tanto por las noticias en sí, sino por el modo sesgado e insidioso con que fueron presentados. A veces una media verdad es peor que una mentira. Parece ser que la consigna política para la noche del viernes era denigrar al Rey emérito, Juan Carlos I –y sibilinamente a su heredero Felipe VI y a la monarquía-, y exonerar al antiguo juez, Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo a una inhabilitación de 11 años por haber ordenado la realización de escuchas ilegales de conversaciones entre unos presos y sus abogados defensores.

Denigración del Rey emérito y de la monarquía

El telediario dio especial relevancia a la noticia publicado por el diario “El Mundo” sobre la emisión por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de una comisión rogatoria a la Oficina Federal de Justicia de Suiza para solicitar información sobre Juan Carlos I, por existir en su opinión indicios de que pudiera haber cometido delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. El teniente fiscal del alto Tribunal encargado del caso, Juan Ignacio Campos, sospecha que el Rey emérito amasó su fortuna mediante el cobro de comisiones y otras prestaciones de similar carácter, en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales. De momento, sólo dispone de “elementos indiciarios” de que los fondos del monarca eran de procedencia ilícita y no hay por ahora bases suficientes para presentar una querella contra él ante el Tribunal Supremo.

El hecho no es del todo novedoso, pues era de dominio público que la Fiscalía  estaba realizando investigaciones preliminares sobre las dos regularizaciones del impago de los impuestos debidos por don Juan Carlos a la Hacienda Pública, el posible cobro de comisiones en las obras del AVE en Arabia Saudita, y la existencia de un “trust” opaco  en la isla de Jersey del que pudiera ser titular el monarca. La novedad radica en que – pese a la delicadeza del tema al tratarse de una persona que ha sido un buen rey de España y que sigue gozando de inmunidad de jurisdicción- hayan sido filtrados a un periódico todos los detalles de la actuación de la Fiscalía, incluido el texto completo de la comisión rogatoria. Las sospechas de la filtración apuntan a la Fiscalía General del Estado, dirigida por la controvertida antigua ministra de Justicia, Dolores Delgado. Como han señalado los abogados de don Juan Carlos, un tema tan confidencial ha salido a la luz pública con la connivencia del Gobierno y se le está negando al monarca la presunción de inocencia.

Pese a no estar acusado ni investigado, se inicia para al emérito la pena de telediario y su condena al margen de un proceso judicial regular, por parte de los políticos republicanos y de los medios de comunicación antimonárquicos. El socio “podemita” del Gobierno lleva tiempo calentando motores y lanzando una intensa ofensiva para derrocar a Felipe VI y abolir la monarquía, aprovechándose de las flaquezas del Rey padre, ante el silencio cómplice del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha salido en su defensa, como era su deber por un mínimo de lealtad. Los ministros “morados” han reiterado su demanda de crear una Comisión parlamentaria para investigar a Juan Carlos I y a llevar la investigación a sus últimas consecuencias, y el impresentable portavoz de Podemos, Jaume Asens, declaró que ya era hora de que se sentara en el banquillo de los acusados y fuera condenado.

El Gobierno ha dicho que hay que dejar actuar a los fiscales –que forman parte del Gobierno- y el ministro de Interior. Fernando Grande Marlasca – juez de profesión para más inri- ha manifestado hipócritamente  su sorpresa y preocupación por escuchar noticias que no hubiera querido recibir, pero que todo debería ser investigado. El locutor de TVE ha dado muestras del sectarismo de la casa, al afirmar –en contra de la verdad- que, cuando se empezaron a publicar noticias sobre sus supuestas infracciones, don Juan Carlos abandonó España y se marchó a los Emiratos Árabes Unidos.

TVE ha dado múltiples muestras de su mendacidad, como cuando ofreció su programa de “24 horas” para entrevistar al terrorista irredento Arnaldo Otegui con el fin de que pudiera blanquear su imagen, mientras le negó un espacio similar al embajador –y a la -sazón diputado- Javier Rupérez, que fue secuestrado por ese “hombre de paz”.

Exoneración del ex-juez Garzón 

Toda la inquina y dureza mostrada por TVE contra el Rey emérito se tornaba en comprensión y empatía hacia el juez prevaricador, Baltasar Garzón, al que ha hecho una larga entrevista para “Informe Semanal” y ofrecido amplio espacio en el telediario. Aunque algunos interesados pretendan encontrar semejanzas entre los dos casos, son harto diferentes, Mientras uno no ha sido ni siquiera acusado, el otro ha sido condenado por sentencia firme dictada unánimemente por los magistrados del Tribunal Supremo, tras un impecable juicio en el que se respetaron plenamente todas las garantías del acusado, tanto sustantivas como procesales. Hay sin embargo un punto de conexión entre los dos casos; la presencia y el protagonismo de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, discípula y pareja sentimental de Garzón. Según frase atribuida a Julio César por Plutarco, la mujer del César –Garzón ha sido comparado por Pedro G. Cuartango con Calígula- no sólo deber ser honrada sino parecerlo. No sé si Delgado es honrada –fue descalificada por las Cortes en tres ocasiones-, pero hay indicios racionales para creer que no lo es del todo, al menos judicialmente hablando.

La locutora de TVE afirmó que la ONU había decidido que la condena de Garzón por el Tribunal Supremo había sido arbitraría. Los no versados en derecho y política internacional –que son la inmensa mayoría de los españoles- se habrán dicho “¡Oh cielos! El Tribunal Internacional de Justicia o el Consejo de Seguridad han censurado al órgano máximo de la Justicia española por prevaricación de sus magistrados”. Sólo de pasada señaló que la institución reparadora de la injusticia hispana había sido el Comité de Derechos Humanos, que no es la ONU ni las Naciones Unidas-, sino un organismo menor de la ONU, auxiliar de los Estados Parte en el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está formado por nacionales de dichos Estados supuestamente expertos en derechos humano, a título individual y no en representación de sus países, tiene carácter técnico-político y no judicial, y sus recomendaciones no vinculan jurídicamente a los Estados, teniendo a lo sumo valor político y moral. El órgano –compuesto en ocasiones por nacionales de países poco respetuosos de los derechos humanos y de la independencia judicial, como Arabia Saudita, Qatar, Libia, Irán, China, Rusia, Uganda, Eritrea, Cuba o Venezuela- está además bastante desprestigiado por la falta de rigor jurídico de algunos de sus dictámenes.

TVE ofreció a Garzón unos minutos preciosos de su telediario –en los que  apenas mencionó los motivos de su condena de inhabilitación- para que el magistrado excluido de la carrera judicial pudiera criticar la injusticia cometida por sus colegas del Supremo y presentarse ante la opinión pública como el juez modelo de las nuevas generaciones judiciales. Él, que si es versado en derecho, tuvo la desfachatez de conceder superioridad al dictamen de un organismo político sin relevancia jurídica a la sentencia del Tribunal Supremo, que fue avalada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, las recomendaciones del Comité derogaban la sentencia del Supremo, como si del TDH se tratara.

Garzón dijo con impostada humildad que no pretendía que se tocara un ápice de la sentencia, que debería quedar registrada en los anales de la Historia como constancia de la injusticia cometida, sino que simplemente se pusiera a su lado el dictamen del Comité -sustitutivo del fallo del Tribunal Supremo-, cuyas recomendaciones tenían que ser cumplidas de oficio por el Gobierno, sin que él tuviera que mover el negro de una uña. “Roma locuta”, el Gobierno tenía que llevar a cabo la “reparación integral” dictada y restablecer al juez réprobo en su cargo con todos los honores y tras haberse borrado debidamente sus antecedentes penales. Era lo justo y necesario para la objetiva televisión española, servicio público costeado con los impuestos de todos los ciudadanos, y que es habitualmente manipulada por los Gobiernos de turno en pro de sus intereses partidistas. Éstos –al margen de su orientación ideológica- siempre han arrimado el ascua a su sardina política, pero en los últimos tiempos se están batiendo todos los records de manipulación. Resulta obsceno que TVE utilice sus telediarios en “prime time” para denigrar al que –pese a sus errores y debilidades- ha sido un gran Rey de España y, de paso, a la monarquía, y para exonerar a un juez condenado por violar algunas de las normas básicas de la administración de Justicia, y que, no sólo no está arrepentido, sino que se jacta de ello. Es increíble y lamentable cómo ha podido caer tan bajo una persona a la que tanto admiré en la época en que, desde la Audiencia Nacional, arriesgaba su vida para luchar contra el terrorismo de ETA.