El pasado miércoles 14 de octubre, en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, se produjo un altercado que vuelve a poner de manifiesto un problema grave y recurrente: la pretensión de ciertos grupos de izquierda de apropiarse y convertir los espacios universitarios en territorios ideológicos de su exclusiva propiedad.

Un grupo vinculado a las juventudes socialistas agredieron y expulsaron a unos jóvenes que se encontraban en las inmediaciones. Independientemente de las versiones enfrentadas que circulan, lo esencial es el fondo: se vuelve a normalizar la violencia física o la expulsión por la fuerza de quienes no piensan como ellos dentro de un espacio que pertenece a todos los españoles.

La universidad no es un local de partido ni un campamento ideológico. Es una institución pública, sostenida con el dinero de todos los ciudadanos, cuya función principal es la búsqueda del conocimiento, el debate libre y la formación de ciudadanos críticos. Cuando un grupo se cree con el derecho a decidir quién puede estar y quién no en el campus, cuando se recurre a la fuerza para expulsar a los que discrepan, se está traicionando ese principio de libertad.

No se puede aceptar la violencia como herramienta para coaccionar y reprimir las libertades. Los verdaderos fascistas e intolerantes son ellos, ya que se creen con derecho a imponer sus ideologías y normas por la fuerza y a monopolizar los espacios comunes, son ya varios los estudiantes y docentes que se quejan de este grupo denominado OES (Organización Estudiantil Socialista), que se dedican a incordiar y perturbar la tranquilidad y el orden dentro de las facultades, se arremolinan en los pasillos mientras gritan, protestan y patalean contra todo aquello que se cruza en su camino. Haciendo imposible el desarrollo habitual de las clases. Convertir la universidad en un espacio donde solo se puede pensar de una determinada manera es, precisamente, la negación de la libertad.

España no puede permitirse que sus universidades se conviertan en cortijos ideológicos. El Rectorado de la Universidad de Sevilla, como cualquier otro edificio público universitario, debe ser un espacio de todos y para todos. La imparcialidad institucional es una obligación y se deben tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha obligación.