Un reciente titular alertaba de que «Ninguna de las últimas cinco mujeres asesinadas en Sevilla había presentado denuncia», añadiéndose después que «se confirma… que las víctimas de la violencia machista que presentan un riesgo extremo y que acaban pagando con su vida no piden ayuda en gran medida. Al menos eso demuestran los casos más graves, con resultado de muerte, registrados en la provincia de Sevilla en los últimos tres años… No había antecedentes de malos tratos registrados… y por tanto no tenían ni tan siquiera una oportunidad de poder ser protegidas».
El conocimiento de esta trascendental aunque conocida circunstancia -que no se limita a Sevilla- tendría que obligar a los supuestos eruditos que se ocupan de estos temas, a considerar que en muchos de estos gravísimos casos, si ninguna mujer denunció ni pidió ayuda y ni siquiera hubo sospechas de malos tratos entre sus vecinos y familiares, fuese debido a que verdaderamente no hubiese situación de alarma previa. Lo que significaría que el crimen se realizó como consecuencia de un primer y único acto de extrema violencia.
Pero esto cuestionaría gran parte de la política que se desarrolla al respecto; que habría que replantearla sobre realidades mucho más complejas que basarlas casi exclusivamente en la denuncia preventiva de quien comienza mirando no muy bien a su pareja o ex pareja.
