Desde múltiples frentes se nos anima a la solidaridad con toda inmigración, incluyendo la masiva e ilegal. Y para ejercitarla gozamos del privilegio de vivir en una nación que es puerta de acceso de millones de africanos, receptores del mensaje de que en Occidente vivimos en un paraíso con sitio para todo el que venga. Mensaje favorecido por altos organismos e instituciones, subvencionadas ONGs pro Agenda 2030, filántropos multimillonarios y políticos de anchísimo corazón, que inducen a la creencia de que el futuro está aquí, que los (in)migrantes suplirán nuestros graves y diversos déficits y carencias, y hasta pagarán nuestras pensiones.

Tan idílico planteamiento exige sin embargo minimizar o silenciar los ineludibles problemas que genera una parte considerable de estas personas que vienen en aluvión y con ideas y formas de vida que resultan en demasiados casos incompatibles con las nuestras. Aun así, nos queda la dicha de saber que esa solidaridad a la que tanto se nos alienta, queda reservada (como tantas otras cosas) sólo para el disfrute de quienes padecen mayores necesidades económicas, que casualmente son los obligados a compartir ocupaciones, ámbitos y servicios públicos con aquellos.

Por alguna extraña razón, los problemas que suele originar una inmigración masiva e ilegal, suceden muy lejos de las blindadas residencias familiares y demás inexpugnables espacios donde viven y disfrutan los políticos y millonarios filántropos que tanto nos predican la solidaridad.