“Y, conocida la historia de nuestra izquierda, aparece un interrogante que no debería tener cabida en una democracia consolidada del siglo XXI: ¿aceptarán esta vez el resultado de las urnas?”

La democracia no consiste únicamente en contar votos. Sí, principalmente en respetar al que piensa diferente, aceptar la alternancia política y preservar la convivencia. Y hoy hay algo que preocupa tanto o más como la confrontación entre partidos: el deterioro de los afectos y la ruptura de relaciones entre los propios españoles.

En los 48 años transcurridos desde la aprobación de nuestra Constitución, nunca había percibido con tanta preocupación un cambio en las relaciones personales entre ciudadanos de distintas sensibilidades políticas. Durante décadas, la cordialidad entre amigos de diferentes pareceres era lo que primaba. Se podía discutir de política, discrepar apasionadamente e incluso mantener posiciones radicalmente opuestas, pero la amistad estaba por encima de las diferencias ideológicas.

Hoy, sin embargo, tengo la sensación de que algo fundamental está cambiando: pareciera que el desafío empieza a estar por delante del apego; que la discrepancia política se convierte en motivo de distanciamiento y que el adversario ideológico deja de ser alguien con quien debatir para convertirse en alguien a quien rechazar. Es una transformación preocupante. Y no deberíamos asumirlo.

La historia de España contiene episodios que convendría recordar para no repetirlos, especialmente cuando la tensión política vuelve a ocupar el centro de nuestra vida pública: Baste recordar que en las elecciones generales de noviembre de 1933, la CEDA, encabezada por José María Gil-Robles, obtuvo el mayor número de escaños. Sin embargo, inicialmente quedó fuera del Gobierno que presidió Alejandro Lerroux del Partido Republicano Radical.

En octubre de 1934, tres ministros del partido ganador un año antes, se incorporaron al Ejecutivo. Era una decisión adoptada dentro de la más absoluta legalidad y respondía a los mínimos de la aritmética parlamentaria, ésa que en España solo pudo, puede y podrá practicar el PSOE con sus aliados de toda calaña.

Y, aquel PSOE, que por entonces cumplía 55 añitos, bajo el liderazgo de Largo Caballero -el Lenin español-, celebró la llegada del nuevo gobierno convocando una huelga general (al menos no preventiva, en comparación con la anunciada para el miércoles que viene) con el loable propósito de culminar, mediante una insurrección revolucionaria, una rebelión armada en distintos puntos de España que tuvo su culmen en Asturias, donde adquirió dimensiones extraordinariamente violentas y que hubo de ser reprimida, entre otros, por el capitán Rodríguez Lozano, abuelo de Zapatero. El balance fue trágico: alrededor de 1.500 muertos, miles de heridos, detenciones y una profunda fractura social.

La cuestión histórica que merece reflexión no es que existieran discrepancias ideológicas entre izquierda y derecha. Es que una importante parte de la izquierda optó por la insurrección armada ante la incorporación de la fuerza más votada al Gobierno.

Queriendo salvar las distancias, aunque con dificultades, observamos que la izquierda de hoy, en homenaje a aquella, ya anuncia que “no va a haber paz en las calles” (Manuela Bergerot, Mas Madrid o Frente Amplio, cualquiera sabe), o que nos dirigimos a “cuatro años de protestas en la calle” si los votantes del 29-N se equivocan”  (Óscar Puente, PSOE o ex, cualquiera sabe), o, en fin, que “el poder está en las calles y es el camino para ganar a las (ultras) derechas” (Pablo Iglesias, Podemos o Irene, cualquiera sabe…).

No se trata de establecer equivalencias automáticas entre aquella España y la actual, aunque los paralelismos sean evidentes. ¡Claro que las circunstancias históricas son muy diferentes!, pero sí existe una lección que sigue teniendo vigencia a pesar de los que solo entienden, como el citado Lenin español, tras ser condenado y amnistiado (¿les suena?), que “la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”. Y esa lección no es otra que ninguna fuerza política debería considerar ilegítimo que sus adversarios alcancen el Gobierno cuando lo hacen respetando las reglas democráticas.

Y tras una guerra buscada y perdida, seguida de una dictadura de cuarenta años, la Transición española fue posible porque, después de tantas décadas de enfrentamiento, los españoles comprendieron que la convivencia exigía generosidad, renuncias y respeto al adversario. Para ello, la izquierda y la derecha mantuvieron profundas diferencias, pero asumieron una regla esencial: “el otro” tenía el mismo derecho a participar en la vida política y a gobernar si conseguía los apoyos necesarios.

Ese espíritu, con sus imperfecciones, hizo posible nuestra democracia constitucional, con un espíritu de convivencia por el que muchos apenabas daban un duro.

Todo marchaba según lo acordado. Sin embargo, aquel entendimiento comenzó a deteriorarse con el Pacto del Tinel, un acuerdo político firmado el 14 de diciembre de 2003 entre Pasqual Maragall, del PSC, candidato a presidir la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, de ERC y Joan Saura, de ICV-EUiA. El documento incluía un compromiso de los partidos firmantes para no establecer acuerdos estables de gobernabilidad con el PP, no solo en Cataluña, sino también en las instituciones estatales. ¿Y quién gobernaba en España alamismavé que tutelaba el partido de los socialistas catalanes? Un tal Rodríguez Zapatero, entonces tan famoso por sectario y divisionista, como hoy por la sucursal de Tiffany montada frente a la sede socialista de Ferraz, en unas oficinas propiedad del partido.

Ya con Pedro Sánchez, aquella fractura ha adquirido una dimensión impensable hace una década: Para mantenerse en el poder, el sádico monclovita ha necesitado construir mayorías parlamentarias con formaciones de extrema izquierda, independentistas y EH Bildu, formación en cuyo entorno se encuentran, además de antiguos integrantes de la izquierda abertzale, dirigentes procedentes de organizaciones vinculadas a ETA o, directamente, de la propia banda terrorista.

Y todo ello, con el empeño de blanquear lo que representa ese pasado. ETA asesinó a 853 personas, según las cifras del Ministerio del Interior, y dejó miles de heridos, familias destrozadas y una sociedad marcada por décadas de terrorismo.

Que EH Bildu participe en la política democrática es una realidad del sistema parlamentario. Pero igual de legítimo es exigir a sus representantes una condena inequívoca del terrorismo que no acaba de producirse y el respeto a la memoria de las víctimas que, en su caso, sigue tirado por el suelo.

Del mismo modo, los pactos con partidos independentistas son constitucionalmente posibles, pero deberían someterse al debate público y a la exigencia de que las instituciones y la unidad constitucional de España fueran respetadas por encima de ellos, lo que está lejos de ocurrir.

El problema de fondo no es que existan pactos. Pactar forma parte de la democracia parlamentaria. El problema aparece cuando se pretende convertir determinadas alianzas en legítimas por definición y, al mismo tiempo, deslegitimar cualquier mayoría alternativa simplemente porque quiénes la integran son los otros, naturalmente “los malos”.

Los españoles de la piel de toro (y los recolectados al otro lado del Atlántico por la mal llamada ley de nietos) afrontamos el próximo 29 de noviembre una nueva cita electoral que puede marcar un cambio de ciclo político. La posibilidad de que PP y VOX sumen los apoyos necesarios para formar un Gobierno ha provocado ya una intensa confrontación política. Y, conocida la historia de nuestra izquierda, aparece un interrogante que no debería tener cabida en una democracia consolidada del siglo XXI: ¿aceptarán esta vez el resultado de las urnas?

Quienes pierdan tendrán todo el derecho a criticar, fiscalizar y oponerse al Gobierno que resulte de las urnas. Lo que no tendrán es el derecho a desconocer la voluntad popular, amenazar con la violencia o pretender que su derrota invalide el resultado.

Porque es perfectamente legítimo manifestarse contra un Gobierno, criticar sus decisiones y expresar desacuerdo con sus políticas. Es incluso saludable que exista una oposición firme, pero una cosa es la protesta democrática y otra muy distinta cuestionar de antemano la legitimidad de un resultado electoral o insinuar que la violencia es una respuesta aceptable si vence la otra opción política.

No hay democracia a la carta y la historia de 1934 no debe utilizarse para establecer equivalencias automáticas con la España actual. Las circunstancias, las instituciones y el contexto histórico son distintos. Pero sí sirve para recordar, 92 años después, adónde puede conducir la intolerancia política cuando se sustituye el respeto al voto por la imposición antidemocrática de una determinada visión ideológica.

España ya ha pagado un precio demasiado alto por sus enfrentamientos y sus divisiones.

Que nadie olvide que las urnas son el único camino legítimo para alcanzar el poder y que su resultado debe ser respetado por todos, especialmente por quienes no han conseguido ganarlas.

Parece obvio. Pues para “ellos” no, en absoluto. Y esta reflexión en modo de “regreso al futuro” aquí queda para, por desgracia, empezar a confirmarse en menos de un mes.