Estoy casi seguro de que todo el mundo sabe que la democracia, al igual que la Justicia, es en buena medida un conjunto de formalismos y procedimientos sin el cumplimiento de los cuales, la democracia (y también la Justicia) se desvanece y se convierte en capricho, arbitrariedad y, en última instancia, en tiranía.

No puedes impartir verdadera justicia sin respeto a las reglas establecidas y sin presunción de inocencia, por ejemplo, como tampoco puede ser democracia si no tienes opción de recurso cuando detectas indicios ciertos de irregularidad en un proceso electivo.

Una verdadera democracia consiste en el respeto escrupuloso a las normas que la fundan y no cabe duda de que cada convocatoria electoral y el cumplimiento exhaustivo de sus protocolos es una especie de refundación de la propia democracia.

Reino Unido, donde el jefe del Estado lo es a su vez de la Iglesia anglicana, refuerza precisamente los ritos que le dan origen y sentido como un signo anacrónico pero necesario de sus referencias históricas, por más que lejos de adaptarse a las modas y a los tiempos mudables. Su fuerza última y emocional radica en el anclaje de la apariencia fundacional.

Los procedimientos son a veces lentos, ineficientes y complejos, pero cada trámite y cada protocolo tiene su razón de ser y cumple o cumplirá una función llegado el caso, según las circunstancias. Hay cosas que podrían resultar incluso banales, pero a menudo están previstas como disuasión de males mayores o como previsión de lo que podría llegar a suceder en situaciones cambiantes.

La ilegitimidad de este gobierno viene, precisamente, de haberse saltado de forma obscena y grosera buena parte de los protocolos exigidos. No sólo aquella moción de censura contra Rajoy y su gobierno no presentó un programa de gobierno alternativo, como exige la doctrina constitucional, sino que incumplió lo poco a lo que se había comprometido, como era el hecho de convocar de inmediato elecciones generales.

No lo hizo, y cuando por fin las convocó, casi año y medio más tarde, prometió a los electores que jamás pactaría con el populismo podemita ni con los partidos separatistas, porque el 95% de los españoles no podrían dormir tranquilos.

Pero fuera de las promesas, vayamos a los protocolos… Casi todo el mundo conoce que en el sistema español es S.M. el Rey quien propone a uno de los candidatos la formación de gobierno, el cual ni siquiera está obligado a ser diputado o senador, porque el candidato a presidir un gobierno puede ser cualquier otra persona propuesta por uno de los partidos. De hecho, el propio Sánchez no era diputado cuando presentó la mencionada moción de censura y gobernó sin serlo durante ese año y medio.

La segunda repetición de las elecciones se celebraron el domingo 10 de Noviembre de 2019. Como es sabido, los resultados de unas elecciones en España sólo son oficiales cuando los valida la Junta Electoral Central tras la realización de un escrutinio general (que no se viene realizando conforme a lo estipulado en la Ley, lo que supone otro flagrante incumplimiento, dejación y falta de respeto a la democracia misma), el cual comienza tres días después de cerradas las urnas y que puede durar, según la ley, hasta un máximo de tres días, o sea, hasta el viernes siguiente después de celebrados los comicios.

Pero una vez más, Sánchez se saltó los procedimientos y no sólo no esperó a entrevistarse con el Rey para que éste le propusiera la formación de un gobierno (se encontraba fuera de España en esos días, enviado a Cuba por el Gobierno en funciones para asistir a los actos de aniversario de fundación de La Habana), sino que dos días después, el martes 12 de noviembre, sin ni siquiera esperar a que los datos electorales hubiesen sido validados por el único órgano competente para hacerlo, anunció la formación de un gobierno con sus nuevos aliados de Podemos, traicionando así sus promesas al electorado en lo que constituyó una completa estafa.

La afrenta hubiera podido ser respondida por el monarca ofertándole a cualquier otro candidato la formación de un gobierno, porque todo lo sucedido tenía ya mucho de golpe de Estado por cuanto suponía saltarse los procedimientos que una democracia exige.

Pero ya en enero de este año, durante la toma de posesión de los miembros del Gobierno, varios ministros reincidieron en destrozar las fórmulas, protocolos y procedimientos establecidos y juraron o prometieron con cierto relamido cachondeo cursi e irrespetuoso que viene marcando el comienzo de esta legislatura del demonio.

Podrá decirse que hay y ha habido (y seguramente habrá) nuevas y mayores torceduras de los formulismos democráticos, incluido el nombramiento encubierto como Fiscal General del Estado de un juez expulsado de la carrera condenado por prevaricación, pero no se olvide que las unas proceden de las otras y que empiezas haciendo el chorra y yendo en camiseta al Congreso y acabas pegando un moco en las leyes o sometiendo al Rey, representación máxima de nuestro Estado, a la bochornosa ceremonia bolivariana rodeado de una tropa de catetos eructando comunismo primitivo hasta por las orejas.

La democracia y los derechos constitucionales de los ciudadanos no les merecen ningún respeto, pero la libertad de expresión y el idioma de todos… tampoco.

He dicho.