La declaración de Álvarez, titular de Economía y Hacienda entre agosto de 1994 y febrero de 2004, abrirá la undécima sesión del juicio. Una vez concluida la prueba, está previsto que sea interrogado José Salgueiro, quien entre 1990 y febrero de 2004 fue viceconsejero de Hacienda
El juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz continúa este lunes con la declaración de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.
De esta manera continúan los interrogatorios a los investigados, que comenzaron el pasado lunes con el del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que se prolongó hasta la sesión de mañana del miércoles, tras la lectura de las actas de sus declaraciones ante la Policía Nacional, ante la Guardia Civil por dos veces y ante la juez Mercedes Alaya, quien iniciará la investigación de los ERE. Guerrero no ratificó sus declaraciones ante la Policía Nacional, Guardia Civil y Alaya porque cuando las hizo tenía una «tremenda presión mediática y de la policía» para que declarara.
Guerrero resaltó que siempre trabajó «con la legalidad» y señaló que las ayudas sociolaborales a extrabajadores de empresas en procesos de reconversión o en crisis, o a trabajadores con pocas posibilidades de incorporarse al mercado laboral, o las ayudas directas a empresas con planes de reestructuración se otorgaban bajo el amparo de la Orden ministerial de 1995.
Sobre la presencia de intrusos en los expedientes, Guerrero precisó que si había era por «ahorro administrativo» de las compañías aseguradoras, que nombraban los expedientes «con el nombre de la empresa a la que pertenecían la mayoría de trabajadores beneficiarios» e incluían los pertenecientes a otras sociedades o a trabajadores con ayudas individuales.
De otro lado, Guerrero defendió la «honestidad» de los miembros de los gobiernos de la Junta durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo. «Los gobiernos de la Junta han sido honestos en su trabajo y conscientes de la realidad andaluza», ha reiterado.
Por su parte José Antonio Viera, exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004, defendió en su declaración ante el tribunal el convenio marco promovido en 2001 para que el entonces Instituto de Fomento de Andalucía asumiese la tramitación y pago de las ayudas sociolaborales y las subvenciones a empresas, que firmó por su «absoluta apariencia de legalidad«.
«Traía el visto bueno de todos los centros directivos» de la Consejería, enfatizó, asegurando que firmó dicho convenio por su «absoluta apariencia de legalidad» y esgrimiendo que «en ese momento» desconocía la regulación estatal específica que pesaba sobre ese tipo de subvenciones. De otro lado, expuso que con las ayudas sociolaborales «individuales» se pretendía resolver los «dramas personales» de los trabajadores afectados por las crisis de ciertas empresas y sectores en Andalucía.
