Las partes representadas en el juicio contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tendrán que responder este lunes, cuando se retoman las sesiones, a las cuestiones previas planteadas por las defensas, acusaciones y Fiscalía.

Entre las cuestiones planteadas, se encuentra la petición del Ministerio Público a la sala para que se pronuncie expresamente sobre «la delimitación objetiva» del procedimiento, planteando «devolver las actuaciones al Juzgado de Instrucción» para «acomodar» el procedimiento abreviado a los pronunciamientos de la Sección Séptima para que los encausados no puedan ser juzgados doblemente o, de otro lado, y con el fin de evitar la «indefensión» de los acusados, aclarar que el presente enjuiciamiento «sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento específico» sin que se someta a este juicio cada ayuda sociolaboral o a empresa de forma individualizada, pues, de ser así, se tendrían que incorporar el testimonio íntegro de todas y cada una de las piezas separadas ya incoadas –104– y las otras 170 ayudas que no cuentan con pieza incoada a día de hoy, así como la testifical de todas las personas que ya han prestado declaración en las mismas.

Por su parte, la representación del PP-A ha solicitado entre sus cuestiones previas que testifique la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, la exconsejera de Presidencia y actual senadora socialista María del Mar Moreno y el actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.

De otro lado, la mayoría de los letrados defensores de los altos cargos coincidieron en solicitar excluir del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita esgrimido por el PP andaluz en su escrito de acusación, criticando la intención del PP-A de querer «politizar» el proceso. Igualmente, la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y la de otros tantos acusados se han manifestado en contra de que Manos Limpias siga ejerciendo como acusación popular.

Otra de las cuestiones previas presentadas por algunas de las defensas de los acusados este miércoles, como el abogado defensor de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, es declarar «nulas de pleno derecho» las actuaciones del magistrado Álvaro Martín como juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, encargado de la investigación de los hechos elevados ahora a juicio.