La semana pasada se abrió con una inesperada y profunda purga del Gobierno de Pedro Sánchez en la que han sido depurados sus más fieles seguidores. Se ha producido asimismo otro acontecimiento del máximo interés, como ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales algunos artículos del Real Decreto por el que se proclamó el estado de alarma 

Autocrisis de Gobierno

Sánchez no cesa de sorprendernos con sus ocurrencias políticas y ha provocado una moción de censura interna a su propio Gobierno. La purga acometida por el presidente excede los rasgos de una crisis de Gobierno al uso. La intrahistoria de esta masacre –en opinión de “El Mundo”- está llena de detalles sórdidos que confirman la noción cesarista que Sánchez tiene del poder y prueban que ni el núcleo duro de sus partidarios está a salvo, si el líder  cree que sacrificarlos sin miramientos puede servirle para remontar el vuelo en las encuestas. Como ha señalado Rafa Latorre, el frenesí especulativo desatado por la gran escabechina es ferozmente revelador precisamente por lo que obvia. El Gobierno es el andamiaje de un cesarismo sin fin declarado. Sánchez es un espécimen metamorfo, que no va moldeando la nación en función de una doctrina o de una lógica de Estado de la que carece, sino que es él quien va transformando –a sí mismo y a su entorno- en función de la purísima necesidad. Según Emilia Landaluce, Sánchez ha vuelto a demostrar que sólo cree en él mismo y que la política no conoce la lealtad, sino la conveniencia. César Antonio Mo9lina nos ha recordado el caso de un ex-ministro que le preguntó a José Luis Rodríguez Zapatero por qué lo había destituido cuando siempre había cumplido sus órdenes y el presidente le contestó: ”Por eso mismo”. Todos los ministros cesantes lo han sido precisamente por cumplir fielmente las designios  presidenciales. De especial significación han sido los sacrificios de la tripleta central del sanchismo: Iván Redondo, Carmen Calvo y José Luis Ábalos.

Redondo es un mercenario experto en mercadotecnia electoral y política que, tras haber conseguido victorias inesperadas para candidatos del PP –como Monago y  García Albiol-, se puso a las órdenes de Sánchez y consiguió –en una maniobra digna de encomio- llevarlo a la Moncloa. Se ganó la confianza del presidente debido a su eficacia y astucia, y se convirtió en la eminencia gris del Gobierno en la sombra, y en el poderoso coordinador de toda la actividad gubernamental. . Según Jorge del Palacio, Redondo ha sido el gran gurú que llevó al poder a Sánchez  a lomos de un PSOE demediado. Es notable el éxito de un “outsider” de la familia socialista a la hora de controlar el partido, acaparar el poder y llevar las riendas del Gobierno. Todos los socialistas reían sus ocurrencias como golpes de ingenio, pero se ganó  muchos enemigos dentro del PSOE, que ahora celebran su ocaso. Él se consideraba un humanista, cuya ideología era la de su generación, aunque  “también de Pedro Sánchez”. Esta sanchomanía un poco sospechosa le llevó a afirmar que, por su jefe, se tiraría por un barranco. Sánchez le ha tomado la palabra y se ha encargado él de lanzarlo al abismo, celoso quizás de la excesiva influencia que había adquirido dentro del Gobierno, y que se puso de manifiesto en el anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional, en que se puso al mismo nivel que el presidente. Le ha pasado como en la película de “El mago de Oz” en la que el temible mago quedó al descubierto al descorrerse la cortina que reveló su falta de su autenticidad. Como ha reconocido el propio Redondo, “con el tiempo comprendes que todo es un fraude”.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha sufrido un desgaste tremendo al tener que hacerse cargo de papeletas desagradables como la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, las reformas de importantes leyes, la concesión de los indultos a los sediciosos catalanes o la recreación del pasado para ganar “a posteriori” la guerra civil con su cainita proyecto de ley de memoria diplomática. Pero lo peor para ella fue el “fuego amigo” recibido desde dentro del Gobierno por parte de Podemos en la simbólica cuestión del feminismo en la que finalmente Sánchez la dejó caer ante la indocumentada ministra de Igualdá,  Irene Montero.

El caso más dramático de desagradecimiento ha sido sin duda el del ministro de Transportes, el perro fiel al que el amo le encargaba las tareas sucias, de los trapicheos inconfesables con Delcy Rodríguez en Barajas, a la organización de las desleales mociones de censura en Murcia. Lo dejaron además en la ardiente soledad como si fuera un réprobo y a la ceremonia de entrega de carteras no asistió ningún miembro del Gobierno, anterior o actual, ni ningún representante cualificado del PSOE Ábalos ha acusado el golpe y dimitió del puesto de secretario de Organización del partido y no mencionó en vano el santo nombre del presidente que tan mal lo había tratado, a diferencia de la Dómina Cabra, que cantó los loores en honor del amado líder.

Sánchez ha aprovechado gustoso la ocasión para librarse de algunos ministros que estaban chamuscados, como Aranza González –por las trifulcas con Marruecos-, Isabel Celaá –por la infumable Ley de educación- y Juan Carlos Campo –por los ilegales indultos a los sediciosos catalanes-, o prescindibles por su inanidad, como Pedro Duque o José Manuel Rodríguez. Ha degradado a Miquel Iceta al canjearle la importante cartera de Política Territorial por la devaluada de Cultura y Deporte. El hasta ahora líder del PSC dejó constancia pública de que no le placía el cambio. A María Jesús Montero le privaron de su ardua tarea portavoz/a –con lo que conseguiremos enterarnos de lo que se haya acordado en los Consejos de Ministros- y la compensaron con la medio cartera de la Función Pública.

La macro-crisis ha puesto de manifiesto la existencia de un Gobierno y medio en una única entidad jurídica. En el Gobierno del PSOE, Sánchez  ha cambiado a ocho de sus componentes, pero del medio Gobierno del Podemos no se ha atrevido a prescindir de ninguno, pese a que –con la honrosa excepción de la ministra del Trabajo, que pasaba el corte por los puntos- los otros cuatro ministros deberían haber sido destituidos por incompetentes. Landaluce mantiene que, desde la fuga de Pablo Iglesias, a Sánchez le ha resultado más difícil aparentar su moderación, por lo que no le viene mal tener en el Gobierno a Garzón, Castells, Montero-bis y Belarra, para convencer al electorado de que lo mejor para la izquierda era votar al PSOE. Es como cuando, en el siglo XVII, las damas de la Corte incluía alguna persona de color en su séquito para que, por contraste, destacara su belleza. No comparto esta opinión, pues creo que Sánchez se ha encontrado con el veto de Yolanda Díaz., que le ha recordado el pacto de investidura y su dependencia de Podemos para continuar en el poder. La nueva vicepresidenta segunda –una comunista confesa- seguirá luchando en el seno del Gobierno con la primera, Nadia Calviño, para imponer la revolución pendiente frente al capitalismo desenfrenado y derogar la reforma laboral del anterior Gobierno. En este enfrentamiento, Sánchez tendrá que decantarse por Calviño, porque “poderoso caballero es don dinero” y los fondos comunitarios son imprescindibles para su supervivencia.

Sánchez afirmó que la prioridad del Gobierno era “la recuperación económica, social y territorial”. Ha resaltado que los cambios no se debían  a que el Gobierno estuviera en crisis, sino a la necesidad de rejuvenecerlo y refeminizarlo, en una nueva etapa de “recuperación y modernización”. Ha entrado en el Gobierno “gente vinculada con la política local, personas más jóvenes pero con experiencia acreditada y una aportación más feminista”. Por eso ha dado rango ministerial a tres jóvenes alcaldesas socialistas, a la presidenta del Senado y a una diputada que fue secretaria de Organización del PSOE aragonés. A ellas se han sumado el diplomático José Manuel Albares –antiguo asesor de política exterior de Sánchez- y, sobre todo, Félix Bolaños, que asumirá las funciones de Redondo de fontanero mayor del Reino, con la ventaja de que es militante socialista y conoce bien los entresijos de la Administración. 

Antes de expresar un juicio sobre el nuevo equipo habrá que darle un período de gracia, porque muchos de ellos son melones o melonas aún por calar. El Gobierno, no obstante, ha demostrado –según “El Mundo”- displicencia ante los problemas reales de una población que se encuentra al límite de su aguante. Hace tiempo que debió haber abandonado las consignas populistas para centrarse en gestionar con eficacia. “Ojalá el nuevo ejecutivo fuera capa de calibrar el riesgo económico que nos acecha y de aparcar las guerras doctrinarias que dividen a la coalición, pero los precedentes no invitan al optimismo”. Según Latorre, la enésima mutación de Sánchez no funcionará porque su crédito está exhausto. Es probable que ahora trate de desviar la atención hacia lo material, después de un ciclo donde la propaganda hs sido la más degradante emocionalidad. Centrará su actividad principal en hacerse acreedor del maná de Bruselas. para lo que cuenta con la baza de Calviño –bien considerada en la Comisión Europea- y de ahí su promoción a la vicepresidencia primera, aunque se verá marcada en forma de pinza por las otras dos vicepresidentas. 

Asistimos en el fondo a un espectáculo “lampedusiano” en el que todo se cambia para que todo siga igual. Pedro Sánchez ha presentado una moción de censura contra Sánchez Castejón, que se ha cobrado la vida política de los más fieles ejecutores de sus políticas. Ha hecho unas aparentes concesiones al PSOE al recuperar a militantes como Oscar López -que fue hombre de confianza de Alfredo Rubalcaba-  y dar entrada a políticas jóvenes que en su día apoyaron a Susana Díaz. Aunque estas incorporaciones han sido bien acogidas en lo que queda del partido socialista, ¿significa que Sánchez pretende regresar a las esencias de lo que fue el PSOE? ¿Logrará el nuevo Gobierno regresar a la senda perdida del socialismo? El ex-ministro César Antonio Molina ha expresado sus dudas, porque son los mismos perros con distintos collares. Sánchez ha asumido el axioma de Luis XIV de que el Estado es él y, .mientras el siga, “lasciate ogni esperanza”.

Sentencia del Tribunal Constitucional

El pasado día 14, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las restricciones a las libertades de circulación, reunión y manifestación impuestas por el Real Decreto de 14  marzo de 2020 que estableció el estado de alarma. Vox presento un recurso de anticonstitucionalidad contra dicho decreto y solicitó que se declararan ilegales las restricciones a las libertades de movimiento y de establecimiento, y al cierre obligatorio de comercios. El fallo fue adoptado por 6 votos a favor y 5 en contra, en una decisión transversal en la que votaron a favor de la ponencia de  Pedro González-Trevijano magistrados progresistas, como la vicepresidenta del Tribunal Encarnación Roca, y en contra otros considerados conservadores, como el presidente Juan José González Rivas y Andrés Ollero, lo que prueba que no ha sido una sentencia política.

El bofetón ha sido mal encajado por el Gobierno –que se ha visto sorprendido por esta desautorización- y su reacción ha sido lamentable. En su primera manifestación, la flamante ministra de Justicia, Pilar Llop –que para más inri es juez, aunque no lo parezca- ha leído una declaración institucional en la que, si bien acataba la sentencia –menos da una piedra, porque el presidente socialista de la Generalitat, José Montilla, desacató en 2010 la sentencia sobre el Estatut-, afirmó que no la compartía, por razones a cual más disparatada: a) La sentencia fue adoptada por un margen mínimo de votos; b) el recurso había sido presentado por Vox, que votó a favor de la declaración del estado de alarma; c) el decreto fue adoptado de conformidad con la Constitución  y la Ley  4/1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio; d)  sin el recurso a esta herramienta, el Gobierno no habría sido capaz de hacer frente al virus; e) otros países de nuestro entorno han recurrido a medidas similares; y f) el confinamiento ha permitido salvar cientos de miles de vidas.

A estos pobres argumentos cabe oponer los siguientes; a) Las sentencias son incontestables una vez que reciban la mayoría de votos requerida con independencia de su distribución, y los votos discrepantes quedan registrados en las actas del Tribunal- El Gobierno no alegó este hecho cuando el Tribunal condonó las restricciones a la libertad de manifestación gracias al voto de calidad del presidente  González Rivas. b) El recurso es importante por lo que  dice y no por quien lo presente, sea Agamenón o su porquero. Además –como ha señalada Macarena Olona-, Vox votó a favor de la primera que el Gobierno. Pero éste había ultrapasado sus competencias y tomado medidas que sólo estaban amparadas por el estado de emergencia. c) Nadie ha puesto en duda que el decreto hubiera sido adoptado de conformidad  con las leyes, y  lo que se ha criticado era que el Gobierno hubiera ido más allá de sus competencias. d) la urgencia de la situación podía haber justificado la declaración del estado de alarma, que podía establecer el Gobierno sin necesidad de requerir la autorización de las Cortes, pero –como ha observado Carlos Vidal-, un vez comprobado que dicho estado no amparaba todas las medidas que el Gobierno había adoptado, debería éste haber solicitado la anuencia parlamentaria para decretar el estado de excepción, en vez de solicitar sucesivas prórrogas del estado de alarma. e) Es cierto que los Estados de nuestro entorno democrático han proclamado estados de alarma, pero la mayoría de ellos lo ha hecho con la autorización de sus parlamentos; f) Es paradójico que un Gobierno que ha sido incapaz de dar fe de un hecho comprobable como es el número de muertos provocado por el covid-19, avale un dato no comprobable como el de las 450.000 vidas supuestamente salvadas gracias a los confinamientos. Más vidas habrían sido salvadas si el Gobierno, en vez de procrastinar la declaración del estado de alarma y permitido la celebración de la macro-manifestación feminista del 9 de marzo de 2020, por motivos ideológicos, hubiera declarado dicho estado a su debido tiempo. La juez Llop ha dado pruebas sobradas de que el cargo de ministra del ramo le viene demasiado grande y me temo que va a hacer un lamentable “pendant” gubernamental con su antecesora y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

El Gobierno se ha contagiado de sus aliados separatistas catalanes de su menosprecio por,  e incumplimiento de,  las sentencias de los tribunales, y ha dado un paso más en su desafortunada crítica al Tribunal Constitucional. La ministra de Justicia, Margarita Robles –la única juez del Gobierno que hasta ahora había mantenido la dignidad de su profesión- ha salido del armario gubernamental y calificado la sentencia de mera “elucubración doctrinal”, que no debería haberse reflejado en una sentencia, y acusado al Tribunal de carecer de sentido de Estado. Se trata para André Betancor de unas declaraciones poco afortunadas, porque no se puede hablar de elucubraciones doctrinales  cuando son las libertades las que están en juego. Existe evidentemente una cuestión académica como es la de distinguir entre “limitación” y “suspensión” de derechos. El Tribunal Constitucional ha dicho que hubo durante el estado de alarma una suspensión de derechos, por lo que debería haberse procedido para poder realizarla a la declaración del estado de excepción, ya que –según el artículo 55-1 de la Constitución- el derecho de los españoles a circular por el territorio nacional –reconocido en su artículo 19- sólo podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio.

Como ya señalé en un artículo escrito en mayo de 2020 y titulado “¿Estado de alarma o estado de excepción encubierto”, de la Ley 4/1981 procede la declaración del estado de alarma o de excepción cuando circunstancias extraordinarias hicieren imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Dicha declaración no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales –artículo 1-. A la declaración del estado de alarma se debe recurrir en los casos de “crisis sanitarias tales como pandemias” –artículo 4-c)-, y las autoridades competentes podían “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de estos requisitos”-artículo 11-a)-. El estado de alarma se podrá declarar cuando el funcionamiento “de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo” –artículo 13-1-. De ahí que se estime, en principio, que para hacer frente a una epidemia como la del covid-19 el recurso al estado de alarma era más adecuado que al del estado de excepción. 

Sin embargo, no cabe duda de que una pandemia de la gravedad de la padecida altera el funcionamiento de los servicios y el orden público, por lo que cabría declarar también el estado de excepción, sobre todo porque permite no sólo la restricción, sino también la suspensión de los derechos de los ciudadanos –artículo 13-2- y, en especial la prohibición de “la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine” o la fijación transitoria de “la residencia de personas determinadas en localidad o territorio adecuados” –párrafos 1 y 5 del artículo 20-. Esto permitió al Gobierno suspender el derecho de circulación –salvo en determinadas circunstancias- y confinar a las personas en sus domicilios, competencias que no le concedía la declaración del estado de alarma. Hoy mismo se ha conocido que la vicepresidente Calvo – basándose en los informes de la Abogacía del Estado- era partidaria de declarar el estado de excepción por considerar insuficiente el de alarma –a cada una lo suyo-, pero se impuso el criterio del entonces secretario general de la presidencia y ahora “eminencia gris” del nuevo Gobierno, Félix Bolaños. Ello explica por qué el Real Decreto sólo fuera aprobado por el Consejo de Ministros a últimas horas de la noche, porque el texto, redactado por el equipo de Bolaños, no era conocido por los ministros.

No se trata sólo de una simple discrepancia doctrinal sobre las competencias que tenga el Gobierno según declare el estado de alarma o el de excepción, sino que hay una importancia formal para la declaración de uno u otro. Para la declaración del primero basta la decisión por decreto del Gobierno, que deberá informar al Congreso de su decisión y sólo necesitará su autorización para prorrogar el estado declarado, mientras que para el segundo resulta indispensable la autorización previa del Congreso, que determinará el contenido y el alcance de las competencias del Gobierno. Como ha reconocido el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Sánchez tomó medidas que excedían las competencias concedidas por la declaración de estado de alarma, por lo que dichas actuaciones fueron inconstitucionales y los afectados tenían derecho a que se levanaran todas las sanciones penales o administrativas que recibieron por incumplir unas normal ilegales, salvo las que hubieran sido impuestas por sentencia firme. Ha considerado asimismo ilegal la habilitación ulteriormente concedida al ministro de Sanidad  para modificar o ampliar las medidas de contención de las actividades comerciales. No condenó, en cambio, las medidas restrictivas aplicadas a ciertos establecimientos, porque no tuvieron un carácter general, por lo que ha cerrado la puerta a reclamaciones por daños, que habrían supuesto un alto coste para el Estado.

En la otra parte del Gobierno, la ministra Belarra ha ido aún más lejos al declarar que tenían un problema muy serio con la justicia española, que estaba dominada por la derecha y la ultraderecha –el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se refirió despectivamente al Tribunal “Voxtitucional”-, pues los jueces no eran independientes y se dedicaban a hacer oposición al Gobierno. No deja ser der curioso que un partido que se ha pronunciado por la sumisión del poder judicial al ejecutivo, se rasgue ahora las vestiduras so pretexto de que los jueces españoles no son independientes.  Como Ha destacado “El Mundo” en su editorial de hoy “es alarmante que pese a la nutrida nómina de magistrados de aparente solvencia que forman parte del Gobierno de Pedro Sánchez, las instituciones y los tribunales de Justicia estén siendo víctimas constantes de una campaña de desprestigio y deslegitimación por parte del Ejecutivo impropia de una democracia liberal”.

Aunque no conozca la sentencia en su integridad y desconozca, por consiguiente, los argumentos jurídicos en que se ha basado la mayoría y los votos particulares de la minoría, por lo que he tenido conocimiento de su contenido,, me parece una sentencia equilibrada, razonable y bien fundada. No ha cuestionado las medidas adoptadas por el Gobierno, que ha considerado necesarias y proporcionadas, sino el instrumento en que se basó para su adopción -que resultaba jurídicamente insuficiente-, por lo que debería haber optado por la declaración del estado de excepción en vez de por el de alarma. La mayor crítica que se puede hacer al Tribunal Constitucional es la de su lentitud, ya que es lamentable que haya tardado más de un año en pronunciarse sobre un tema tan urgente. Aún le queda en el tintero otro recurso sobre la constitucionalidad de la segunda declaración del estado de alarma, en el que –en flagrante violación de lo establecido en la Ley 4/1981- prorrogó dicho estado durante seis meses, período en el que el Congreso durmió el sueño de los justos. El Tribunal seguirá sufriendo descaradas presiones políticas por parte del Gobierno y acabará fracturado como en el presente caso. Sánchez quiere enterrar de una vez por todas los restos insepultos del Barón de Montesquieu.