Decía entonces en mi delirio [hace ya trece meses] que, a medio plazo, algunas de sus canalladas acabarían siendo juzgadas en el Tribunal Supremo por el procedimiento del artículo 102 de la Constitución Española. Hoy, cambio el discurso radicalmente: este pájaro nunca será juzgado
Al margen de la comparecencia de Ábalos ante el Tribunal Supremo del pasado jueves, en el plano mediático lo más llamativo de la pasada semana ha sido, sin duda, la disparatada petición de Puigdemont a la Cámara Baja: “sabemos que una cuestión de confianza solo la puede pedir él, pero Juntos por Cataluña quiere hablarlo en el Congreso… y que sea éste el que diga si el del gobierno español se tiene que someter o no a una cuestión de confianza o, si por el contrario, hay una mayoría que le mantiene intacta la confianza”.
Mientras tanto, Noguera espetaba a Sánchez con un sonoro “moguin el cul” y confundiendo el culo con las témporas -sospechamos que por desconocimiento de la semántica y sabedor de que el inquilino de La Moncloa le dará bastante más de lo que le pida- el escassament honorable afirmaba equívocamente que la cuestión de confianza solo la puede “pedir” el presidente.
Para desmentirle, basta echar un vistazo al artículo 112 de la Constitución Española (“el Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general”) y a los artículos 173 y 174 del Reglamento del Congreso (“…/… se presentará en escrito motivado ante la Mesa del Congreso, acompañada de la correspondiente certificación del Consejo de Ministros …/… la confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”).
Aunque el exministro Campos anunciara, cuando aún estaba al frente de la cartera de Justicia, que “España está, de hecho, en un periodo constituyente”, aunque haya tensado hasta hacerlos irreconocibles los resortes de todos los poderes, aunque el desafío a la Corona haya traspasado todos los límites, aunque se muestre incapaz de sacar adelante unos presupuestos… el sátrapa monclovita, que se considera víctima de un poder omnímodo, se permite afirmar que el PP juega con cartas marcadas en materia judicial.
Al tiempo, la periodista Ketty Garat, muy bien informada en círculos de La Moncloa y de Ferraz, afirmaba ser conocedora de cuatro noticias que (en forma de bomba de racimo) afectan a Sánchez y que cada una de ellas sería suficiente para que presentara su dimisión y, a continuación, fuera juzgado. En respuesta a todo ello, el aprendiz de Bolívar vuelve a pasear su comodín preferido: ¡Franco, Franco, Franco…!
Con la Constitución en la mano, nombrar a un Presidente del Gobierno sin mayoría en el Congreso es complicado (ya se vieron y vivieron los problemas que supusieron sus investiduras) pero cesarlo se antoja imposible (ahí sigue y seguirá aún sin pacto de legislatura). ¿Imaginan al PNV o a JPC apoyando, junto a VOX, la moción de censura con la que oníricamente fantasea Feijoo?
Hace poco más de un año publiqué, con absoluto respeto a las leyes procesales, también con asombro y denodado optimismo, “Así será el proceso criminal contra Sánchez”, un recorrido por todas y cada una de las instancias que, muy probablemente, desembocarían en su merecida condena. Trece meses después y conociendo al dedillo al histrión de La Moncloa, la práctica vuelve a imponerse a la teoría.
Decía entonces en mi delirio que, a medio plazo, algunas de sus canalladas acabarían siendo juzgadas en el Tribunal Supremo por el procedimiento del artículo 102 de la Constitución Española. Hoy, cambio el discurso radicalmente: este pájaro nunca será juzgado, sencillamente porque no reconocerá la legitimidad de los tribunales, porque para él la ley solo es papel mojado y por otras causas más o menos revelables: el artículo 20 de nuestro Código Penal establece en siete puntos las exenciones de responsabilidad criminal y quién les asegura a ustedes que en breve no se culmine un añadido al texto, más o menos en estos términos: “Artículo 20. Están exentos de responsabilidad criminal: …/… 8. Pedro Sánchez y toda su parentela”.
A los que aún piensen, con todo fundamento, que lo dicho es un exceso o una extravagancia y sueñen aún con ese momento en que el Tribunal Supremo notifique el correspondiente suplicatorio a las Cortes para emprender el procedimiento contra él, prevenirles que el artículo 13 del Reglamento del Congreso señala que, recibido un suplicatorio, el Presidente, previo acuerdo adoptado por la Mesa, lo remitirá, en el plazo de cinco días, a la Comisión del Estatuto de los Diputados que deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta para, finalmente, someter la cuestión, debidamente documentada, al primer Pleno ordinario de la Cámara. Por su parte, el 14 establece que, en el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, el Presidente del Congreso dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los Autos y Sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado en cuestión. Para colmo, y para certificar más la impunidad, el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales.
Sería un escándalo, otro, pero la cámara baja actual, o las que puedan conformarse a medio plazo, no concederán el suplicatorio del mejor interlocutor que tienen para seguir avanzando en la destrucción del Estado. Ya hay antecedentes: contrariamente a lo que pueda pensarse, el Congreso de los Diputados no ha aprobado la totalidad de suplicatorios presentados, un total de 59. El último rechazado se remonta a 1988, cuando el Congreso de los Diputados denegó la petición interpuesta contra el entonces ministro del Interior, Barrionuevo.
Mientras nos disponemos a las fiestas navideñas, el comienzo de la dictadura anunciada por Ayuso sigue asentando sus indelebles pasos en el discurrir del día a día: Sánchez, el inimputable.
