Las falsedades de Sánchez son interminables y abarcan, sin excepción todas las áreas, fruto del nulo valor que tiene su palabra como su inexistente moral y ausencia de límites, pero me centraré únicamente a tres que, desde luego, merecen réplicas al ser una constante repetida por sus adláteres políticos y sociales.
La buena marcha de la economía
El crecimiento económico experimentado por España se debe a la gran demanda global tras la pandemia sobre sectores como el turismo y los servicios, incrementándose el gasto público y la deuda, con un empleo de bajo valor añadido y una productividad por trabajador estancada.
El salario mínimo, que a lo largo de ocho años de sanchismo se ha incrementado en un 66 %, pasando de 735 a 1220 euros mensuales, lejos de beneficiar a las PYMES y autónomos, ha perjudicado a los trabajadores más humildes, evitando que se contrate a las capas más vulnerables, de igual modo que ha sucedido con la prohibición del trabajo temporal, consustancial a sectores como la hostelería en verano o las campañas de recogida en el campo. Al ser sustituidos por la figura de los fijos discontinuos, los contratos indefinidos tienen ahora una duración menor al no poder usarse temporales, lo que se vende, en términos oficiales, como una disminución de la temporalidad.
Según los datos del Banco de España, la subida del salario mínimo ha destruido 100.000 empleos, además de abortar otros 180.000 potenciales, siendo los más afectados los jóvenes, los empleados menos cualificados y los mayores de 45 años. En efecto, el 20 % de las empresas ha frenado nuevas contrataciones que tenían previstas y un 10 % han despedido, viéndose más afectados sectores como los empleados del hogar, donde se han perdido 67.000 contratos, ya que se han reducido las horas de contrato o bien, se les remunera en B, pasando a formar parte de la economía sumergida. También es el caso del sector agrario, donde la reducción ha ascendido a 139.000 empleados, siendo una práctica habitual despedir durante el período de prueba.
Como nota adicional, y como llegó a decir alguien nada sospechoso de “neoliberal” como el exministro de Zapatero, Jordi Sevilla, el salario mínimo en España vino de la mano de Franco. ¿No es paradójico que haga bandera de ello el mismo gobierno que exhumó al Caudillo sacándolo del Valle de los Caídos? Nada tan franquista como el salario mínimo, de hecho, otro socialista como el expresidente extremeño Fernández Vara, señaló precisamente que, su subida, contribuiría a destruir empleo en el campo, luego, ¿uno de sus propios barones autonómicos era un capitalista salvaje?
Cabe añadir que, lejos de lo que tanto Sánchez como Podemos decían en la oposición, han mantenido los mecanismos de flexibilidad interna de la reforma laboral de Rajoy, motivo por el que la nueva reforma impulsada por la comunista Yolanda Díaz fue apoyada incluso por la CEOE, pues prevalecían los convenios de empresa sobre los colectivos y permitía cambiar las condiciones laborales si se daban circunstancias organizativas en las que se preveían pérdidas, además de mantener la indemnización por despido en 33 días por año.
El gobierno es acosado por los jueces mientras la derecha goza de impunidad
A pie de calle y desde las terminales mediáticas del Ejecutivo social-comunista, nos hablan de persecución judicial, llegando a decir los más acríticos acólitos de Sánchez que ningún político de derechas va a la cárcel porque los jueces son todos unos “fachas”. No eran precisamente de izquierdas ninguno de los gerifaltes que a continuación se desglosan, estando no pocos de ellos en prisión:
- Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y amigo personal de Aznar (que le nombró al frente de la cuarta entidad financiera del país), fue condenado a seis años de cárcel, suicidándose ante un inminente ingreso penitenciario.
- El exministro Eduardo Zaplana ha sido condenado a diez años y medio de cárcel por cobro de comisiones durante su etapa como presidente de la Comunidad Valenciana.
- El exministro de Economía y en su día uno de los buques insignia del PP, Rodrigo Rato, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión.
- El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa fue condenado a cuatro años de cárcel por la financiación ilegal del partido en la región a través de dinero negro y facturas falsas.
- El duque de Palma y yerno del Rey Emérito, Iñaki Urdangairín, ha estado 5 años y diez meses en prisión.
- El exministro de Aznar y antiguo presidente de Baleares, Jaume Matas, está cumpliendo ocho años de cárcel.
- El exconsejero de Esperanza Aguirre y exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, está cumpliendo condena de cuatro años y medio de prisión.
- El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas, cumple penas de 29 años y nueve meses. Si bien es cierto que no pocos dirán que ha pagado por muchos que, en el PP, han quedado libres, no lo es menos que González y Guerra también salieron penalmente ilesos de Filesa, siendo el del PSOE el primer tesorero condenado judicialmente, pues, pese a quedar acreditada la financiación ilegal de los socialistas, no era delito hasta que Rajoy lo tipificó como tal.
- El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha sido condenado a tres años de cárcel.
- El exconsejero de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, se le impusieron penas de 27 años y diez meses de cárcel por cobrar comisiones de la red Gürtel a cambio de adjudicaciones públicas.
- El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fue condenado a cinco años de cárcel.
- El expresidente madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre, Ignacio González, pese a que aún no ha sido condenado, ha estado siete meses en prisión preventiva por el caso Lezo en 2017, por el que está siendo juzgado como consecuencia de irregularidades en torno al Canal Isabel II, hechos por lo que la Fiscalía pide contra él seis años de cárcel.
Puestos a hablar de impunidad, ¿qué decir de que el Tribunal Constitucional haya anulado la sentencia de los EREs? En base a la misma habían sido condenados a prisión el expresidente andaluz Griñán y el exconsejero Viera e inhabilitados el expresidente de la Junta, Manuel Chaves y la exministra Magdalena Álvarez. En definitiva, la mayor trama corrupta tras los cursos de formación (protagonizada por el PSOE y la UGT andaluces) y el caso Pujol. En este caso, estaban involucrados dos expresidentes autonómicos que, además, han sido ministros en los gobiernos de González y Zapatero y presidentes del PSOE a nivel nacional, junto a cuatro exconsejeros autonómicos, con un saldo de 680 millones de euros robados a los desempleados andaluces, y no ha tenido finalmente ninguna consecuencia penal.
Algunos, siguiendo el manual de adoctrinamiento del buen socialista, agregan que acabaron con Garzón, “el único juez justo”. Poco importa que el juez que lo procesó fuese también de izquierdas, tal es el caso de Luciano Varela, uno de los fundadores de Jueces para la Democracia, y que, además, formó parte de la sala que, por unanimidad, acordó su inhabilitación. No obstante, esos mismos electores socialistas que repiten cualquier consigna que venga de su partido, no tenían tan buen concepto de él cuando juzgaba los GAL, por el que fueron condenados un ministro y un secretario de Estado socialistas, siendo acompañados Barrionuevo y Vera a las puertas de la cárcel por el propio Felipe González tras ser condenados, manifestando abiertamente su apoyo a dos convictos por malversación y secuestro.
Puestos a hacer complot, ¿qué decir de que fuera inhabilitado en su día Gómez de Liaño por tratar de procesar a Polanco por el caso Sogecable? No en balde, el magnate mediático era conocido como “Jesús del Gran Poder” y su emporio, PRISA, era el brazo mediático del PSOE felipista.
Nunca hemos llegado al extremo en el que un presidente tiene a su hermano condenado por corrupción, igual que el Fiscal General del Estado, el secretario de organización de su partido y exministro de Fomento (Ábalos) junto a su principal asesor (Koldo García), condenados, así como la esposa del jefe del gobierno y el secretario de organización que sucedió al anterior por corrupción (Santos Cerdán), procesados por los tribunales, sumándose el escalofriante extremo de que una cloaca de narcotraficantes colombianos han sido contratados para “eliminar” a la jueza que instruye el caso del hermano de Sánchez.
El gobierno ha sufrido la oposición más fuerte de la democracia
Lo dice el autor del “no es no”, que sometió al país a meses de bloqueo institucional, dispuesto a unas terceras elecciones cuando Rajoy se encontraba en minoría, siendo forzado a dimitir como líder del PSOE al mantener su criterio contra la Ejecutiva Federal de su formación en pleno. En efecto, nadie ha sido tan destructivo en la oposición como el propio Sánchez, donde ha actuado a cuchillo y sin cuartel, y prueba de ello es que con sólo 85 escaños impulsó con éxito una moción de censura que echó a Rajoy del gobierno y le llamó “indecente” en un debate electoral, negándose a rectificar al alegar que había dicho lo que “millones de españoles piensan”. Escasos días después, el líder del PP recibió un puñetazo en un mitin en Pontevedra, su ciudad natal, donde, además, con los votos del PSOE, Podemos y BNG fue declarado “persona non grata”. El propio Sánchez también llamó “mentiroso compulsivo” a Rajoy.
Ningún líder de la oposición ha sido tan agresivo en el tono y la estrategia como Sánchez. Ni siquiera González y Aznar llegaron jamás al insulto personal en una legislatura tan crispada como fue la de 1993-1996.
El “faro moral” de un gobierno totalmente corrompido como el de Sánchez, tal es el caso de Zapatero, que en una eficaz campaña de marketing hacía bandera del “diálogo” y el “talante”, como líder de la oposición le llegó a decir a Aznar que carecía de “un mínimo de dignidad”, que su forma de actuar “empequeñece la Presidencia”, de “despreciar a los españoles” y que dejaba un “epitafio de rencor y crispación”.
Rajoy, a diferencia de Sánchez, tanto en el gobierno como en la oposición, se caracterizó por ser alguien educado que empleaba un tono institucional y no personal, de hecho, no hay nada que haya dicho a Sánchez que sea equiparable a “indecente”. Por el contrario, el déspota de la Moncloa ha dicho a Feijóo “líder averiado”, “insolvente”, “su conocimiento de impuestos es justito”, “le viene grande el liderazgo de la oposición”, “irritado, agresivo y frustrado”. A partir de 2025, el político gallego ha elevado el tono, llamándole “cobarde” y acusándole de “no ser demócrata”, mientras que la descalificación personal contra el líder del PP ha sido una constante desde que sustituyó a Casado en 2022.
Lejos de los tópicos, incluso con este gobierno, la oposición le ha apoyado en alguna cuestión, de hecho, Sánchez ha pactado con Feijóo la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del CGPJ tras cinco años de bloqueo, igual que Casado acordó la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Si nos retrotraemos en el tiempo, González y Fraga tenían como líneas rojas la política exterior y de defensa, dejando fuera del debate cuestiones como la adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea y Gibraltar, pactando la reforma del Estatuto de RTVE y las televisiones privadas. También con Aznar como líder de la oposición se mantuvieron como líneas rojas la política exterior y de seguridad, ya que era un objetivo nacional común avanzar en la integración europea.
Con Zapatero en el gobierno, Rajoy pactó con el PSOE el rescate y fusión de las cajas de ahorro, la Ley Sinde, la reforma de las pensiones, del artículo 135 de la Constitución y la política antiterrorista en la segunda legislatura, siendo fruto de un pacto entre Trillo y Rubalcaba.
El propio Sánchez llegó a pactar con Rajoy al frente del Ejecutivo el Pacto Antiyihadista en 2015 y la aplicación del 155 en Cataluña.
En la antesala de esta convocatoria electoral, hemos visto al Sánchez más autoritario y populista, que cada vez esconde menos su verdadera faz, diciendo que los intereses de los españoles “son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos”, contraponiendo a una cámara que representa la voluntad de todos los ciudadanos expresada en las urnas a una “mayoría social” que él dice representar. No es casual que lo haga toda vez que ha perdido en el apoyo del Congreso, donde ni siquiera fue el suyo el partido más votado, posición que alcanzó el PP.
El aprendiz de autócrata ha dicho que España va a avanzar “con o sin el apoyo de la oposición”, es decir, con o sin el concurso del poder legislativo. Ha dicho, por tanto, de manera completamente desvergonzada que, si el Congreso no le apoya, no contará con él. No se debe subestimar viniendo de alguien que, de manera reiterada negó siquiera la posibilidad de plantear una amnistía por ser abiertamente inconstitucional, la misma que aprobó cuando necesitó comprar el apoyo de los separatistas de Puigdemont.
Sánchez ha pretendido adulterar el censo electoral a través de una Ley de Nietos para que voten 600.000 descendientes de españoles que emigraron en el siglo XIX, y que, por lo tanto, no tienen a día de hoy vínculo alguno con nuestro país. Este masivo fraude de ley, más allá de la propaganda izquierdista, daba una vuelta de tuerca más al no exigir como requisito ser exiliado por razones ideológicas. Afortunadamente, este moderno pucherazo ha sido abortado gracias a los recursos interpuestos por VOX frente a la pasividad del PP.
En el colmo de la indignidad, ha llegado a utilizar muy convenientemente el sufrimiento de una anciana para encubrir la terrorífica situación que los españoles viven en Ceuta y la incesante corrupción socialista, con un PSOE al borde de la imputación como persona jurídica por financiación ilegal. En efecto, la fallecida Mari Carmen le escribió una carta a Sánchez un año atrás pidiéndole ayuda, sin recibir respuesta, del mismo modo que escasas semanas atrás, Olga, la “Mari Carmen catalana”, una mujer de 54 años desempleada de larga duración, tras cinco meses sin recursos y con dos hijos (uno de ellos menor de edad) fue desahuciada, suicidándose el pasado 7 de septiembre tras ser ingresada con una fuerte crisis de ansiedad.
¿Nadie recuerda a Sánchez gritando en los mítines en 2015 “No va a haber más desahucios en España cuando haya un gobierno socialista”? Es menester recordarlo, ya que lleva ocho años gobernando en coalición con los comunistas.
Como ha dicho muy acertadamente Abascal, y siguiendo la línea del propio Sánchez, ¿qué va a ser lo próximo: “que va a continuar en el gobierno gane o pierda las elecciones?” Esta vez está en juego la libertad y la democracia, en peligro en manos del gobierno más radical y corrupto de la democracia.
