En el famoso episodio bíblico conocido como juicio de Salomón (sobradamente conocido por quienes disfrutamos en nuestra infancia con el estudio de la Historia Sagrada), se relata que ante aquel sabio rey se presentaron dos mujeres que se disputaban la maternidad de un bebé recién nacido. Para quienes lo desconozcan, por haber padecido la liberadora educación progresista, recordaré el regio modo de resolverlo recogido en el Primer Libro de los Reyes.

Al no encontrar modo de conocer cuál de las dos decía la verdad, ordenó que le trajeran una espada y que partieran en dos al niño dando una mitad a cada mujer. Tras oír la brutal sentencia, una de ellas, conmovida en sus entrañas renunció a su pretensión, suplicando al rey que no mataran al bebé, accediendo a que se lo entregaran a la otra. Sin embargo, esta otra decía: «Que no sea ni para ti ni para mí; que lo partan». Observando ambas reacciones, Salomón comprendió que la mujer que renunciaba a que lo partiesen era la auténtica madre del bebé, y ordenó: «Dad a la primera el niño vivo; no lo matéis. Ella es su madre».

Este episodio salomónico recuerda demasiado a las continuas reclamaciones –al precio que sea- de nuestros políticos nacionalistas; pero con la diferencia de que aquí serían los supuestos hijos quienes se disputasen, no tanto a la madre, sino su patrimonio. Salomón se encontraría que si ofreciera el descuartizamiento de la madre para satisfacer las exigencias de estos hijos, éstos consentirían alegremente en que la matasen si con ello satisfacían sus pretensiones. 

El buen rey tendría que concluir que ninguno de ellos se portaba como un auténtico hijo. Y sería entonces cuando tendría que echar mano de la espada…