No es Pablo Iglesias santo de mi especial devoción, antes al contrario. Creo que es un elemento perturbador en el seno del Gobierno, que –aprovechando la debilidad parlamentaria del PSOE y el ascendiente que tiene sobre Pedro Sánchez- está, desde el seno del Gobierno, tratando de derrocar la monarquía y establecer la III República, derogar la Constitución de 1978 y favorecer los movimientos separatistas, impulsando una alianza “non-santa” con ERC y Bildu. Últimamente ha recibido una alud de críticas por las declaraciones que el pasado día 16 hizo sobre el antiguo Sáhara Español, que no me parecen justas ni justificadas. A cada uno lo suyo.

Según un editorial de “ABC”, se inicia un conflicto político e institucional de gran magnitud después de que Podemos haya urgido la celebración de un referéndum sobre el Sáhara Occidental, en un momento en el que el Frente Polisario ha reactivado su guerra con Marruecos e Iglesias ha alentado la causa saharaui con tintes cuasi revolucionarios. “Es cínico que Podemos se arrogue ahora la titularidad de la causa de pueblo saharaui exigiendo un referéndum de autodeterminación, porque su único interés es socavar el principio de soberanía en España y justificar hipotéticas consultas en Cataluña y el País Vasco”.(¿?)

En otro editorial, “El Mundo” ha afirmado que el hecho de que Iglesias aliente la causa saharaui mostrándose a favor de un referéndum en el Sáhara mina las acciones de la diplomacia española y enfurece a Rabat. Incluso mi admirado Carlos Herrera ha criticado en la COPE el apoyo de Iglesias a un referéndum de libre determinación en el antiguo Sáhara español, porque contribuye a empeorar las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. En relación con las supuestas intromisiones de Iglesias en las relaciones de España con Marruecos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha recordado que la política exterior la marcan el presidente del Gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores, y que cualquier otro miembro del Gobierno que tenga una posición distinta a la gubernamental será a título particular.

¿Qué barrabasada ha cometido Iglesias para que  haya recibido este aluvión de críticas? Podemos siempre ha apoyado el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación mediante un referéndum a celebrar bajo los auspicios de la ONU. Iglesias participó en la 39ª Reunión Internacional de Apoyo al Pueblo Saharaui celebrada en Madrid en 2014, en la que mantuvo que Marruecos había invadido territorio colonial español y explotaba ilegalmente los recursos del Sáhara Occidental. “Nuestros hermanos saharauis no serán abandonados. ¡Viva la lucha del pueblo saharaui!”, dijo al término de su intervención. Se mostró partidario de que España reconociera a la República Árabe Saharaui Democrática y estableciera relaciones diplomáticas con ella.

Tras su entrada en el Gobierno, Iglesias ha atemperado un tanto su actitud contraria a Marruecos por su ocupación del Sáhara. Tras la entrevista en febrero de este año de su número 2, Nacho Álvarez con la ministra saharauis de Asuntos Sociales, Shelma Benruk, la ministra González Alaya lo desautorizó y se apresuró a calmar el enfado de Rabat asegurándole que España seguía una política de Estado en el tema del Sáhara y que su opinión no había cambiado. Iglesias quitó importancia al asunto y se dijo que no tenía mayor importancia ya que se trataba de una reunión que había sido organizada por la ONCE. La entonces diputada de Podemos en el Parlamento andaluz, Teresa Rodriguez no facilitó las cosas al acusar a González Laya de “servilismo” y comentar que era inconcebible que hubiera  que pedir permiso a Marruecos para reunirse con los saharauis. 

Es pública y notoria la intromisión de Iglesias en todos los temas del Gobierno, incluida la política exterior, como se ha puesto de manifiesto en la visita del Rey a Bolivia para asistir a la toma de posesión del presidente Aniceto Arce, en la que se coló en la delegación oficial, dando la impresión de que en vez de acompañar a Felipe VI, era el monarca el que le acompañaba a él. En el caso del Sáhara, sin embargo, ha estado prudente y moderado. Se ha limitado a citar un párrafo de la resolución 995 (1995) del Consejo de Seguridad, en la que éste “reitera su empeño en que se celebre, sin más demora, un referéndum libre limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con el Plan de Arreglo que ha sido aceptado por las dos partes”. 

Tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General de las Naciones Unidas han adoptado numerosas resoluciones en las que ha afirmado el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, expresado por medio de un referéndum bajo los auspicios de la ONU. Todos los países miembros de la ONU, incluido Marruecos, aceptaron el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, aunque luego surgieran diferencias sobre el alcance y el modo de materializarse ese derecho. Marruecos se ha negado con excusas variopintas a la realización de un referéndum de autodeterminación y ocupa la ilegalmente por la fuerza de las armas la mayor parte del Sáhara Occidental desde 1979. Cuando España comunico oficialmente al Secretario General de la ONU su renuncia a las funciones de potencia administradora del Sáhara Occidental y su retirada del territorio, afirmó que la descolonización del Sáhara no culminaría hasta que la opinión de la población saharaui se hubiera expresado válidamente. Por ahora no ha podido hacerlo por no permitirlo Marruecos.

Tanto los Gobiernos del PSOE como los del PP han mantenido en numerosas comunicaciones oficiales, tanto internas como ante la ONU, su posición de apoyo al ejercicio de libre determinación del pueblo saharaui. Así, en la Estrategia Exterior de España para 2014 se afirmaba que el Gobierno español mantenía su firme compromiso de lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que permitiera la libre determinación de la población del Sáhara Occidental en el marco de la ONU. En su última comparecencia ante la Asamblea General de 2018, Pedro Sánchez afirmó que España apoyaba la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de la ONU, de conformidad con sus principios y propósitos. Es significativo que en las últimas declaraciones oficiales formuladas por  los dirigentes españoles, aunque se haya reiterado el apoyo al principio de la libre determinación, se ha omitido cualquier referencia a la celebración de un referéndum ¿Quiere esto decir que el Gobierno español está dispuesto a aceptar el ejercicio de autodeterminación por medios distintos a los de un referéndum? En su resolución 690(1991), el Consejo de Seguridad expresó su apoyo total al Secretario General de la ONU para que organizara un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. 

Citar el párrafo primero de la resolución 995(1995) del Consejo de Seguridad, que fue aceptada por Marruecos y por el Frente Polisario, ¿supone un aliento a la causa saharaui con tintes cuasi-revolucionarios y mina la acción de la diplomacia española que votó en su día a favor de dicha resolución? ¿Acaso Iglesias, al propugnar la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental expresa una opinión distinta a la del resto del Gobierno? Como yo respaldo la citada resolución y lamento que Marruecos no la haya querido aplicar, por una vez –y sin que sirva de precedente- estoy de acuerdo con Pablo Iglesias.

Reanudación de actividades bélicas en el Sáhara Occidental

El pasado día 13 las fuerzas armadas marroquíes estacionadas en el sur del Sáhara Occidental atacaron a ciudadanos saharauis que llevaban veinticuatro días manifestándose pacíficamente en la franja desmilitarizada de Guerguerat para protestar por la inoperancia de la ONU en garantizar la celebración de un referéndum de libre determinación, y obstaculizaban el tráfico de vehículos entre el Sáhara y Mauritania. Unidades del Frente Polisario acudieron en su ayuda y se produjo un intercambio de fuego entre las fuerzas armadas de los dos bandos.

Tras 16 años de conflicto armado entre el FP y Marruecos, como consecuencia de la ocupación militar por parte de éste de la mayor parte del Sáhara Occidental, se llegó en 1991 a un alto el fuego entre los contendientes. El armisticio se ha mantenido mal que bien desde entonces, aunque no hayan dejado de producirse incidentes entre los dos bandos. Precisamente uno de los más graves se produjo en 2016 en Guerguerat cuando un grupo de trabajadores marroquíes, escoltados por gendarmes armados, cruzaron el muro defensivo para asfaltar una pista de 5 kilómetros que llevaba a Mauritania y se provocaron incidentes armados  entre las unidades marroquíes y las milicias del FP. Tuvo que intervenir el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien logró impedir que se reanudaran los combates. 

Tras los nuevos incidentes en Guerguerat, la RASD ha declarado el estado de emergencia y su presidente, Brahim Gali, ha hecho un llamamiento a los saharauis a que se armen con los más altos niveles de vigilancia y alzamiento para hacer frente al invasor. El Ministro de Seguridad de la RASD ha declarado que el Frente Polisario ha reanudado la lucha armada para liberar los territorios bajo ocupación marroquí. Marruecos, por el contrario, no ha reconocido que se haya producido la reapertura del conflicto armado y le ha quitado importancia, señalando que se trataba de actos de hostigamiento y provocación por parte del Frente Polisario. El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Burita, ha indicado al Alto Comisario de la UE, Josep Borrell, que Marruecos tenía intención de respetar el alto el fuego de 1991, y ha calificado las maniobras del Frente Polisario de “bengalas mediáticas para tranquilizar a sus campamentos”. Guterres ha expresado su preocupación por los acontecimientos e insistido en el compromiso de la ONU de hacer todo lo posible para evitar el colapso del alto el fuego. El Gobierno español, a su vez, ha hecho un llamamiento a las parte para que retomen el proceso negociador y avancen hacia una solución política que sea aceptable de conformidad con los parámetros establecidos de forma reiterada por las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Pese a las altisonantes proclamas de Gali, no creo que el Frente Polisario se lance a una nueva guerra que tendría grandes posibilidades de perder, pues ha disminuido la potencia militar que le permitió tenérselas tiesas durante años al poderoso ejército marroquí. Sus militante están desmotivados y las nuevas generaciones que han crecido en los campamentos de refugiados o en su propia tierra bajo el yugo marroquí tienen mejores cosas en qué pensar que en lanzarse en una guerra de liberación sin apoyo exterior alguno, ya que Argelia no es ya la misma de hace años, la Libia de Gadaffi dejó de existir y Rusia se ha desinteresado del tema. La ONU está cansada y aburrida y su secretario general lleva más de un año sin nombrar a un representante especial para el Sáhara Occidental. Marruecos tiene una posición jurídica débil al no disponer de base legal alguna que justifique su posición y ni un solo Estado ha reconocido su ocupación ilegal del territorio. Tiene, en cambio, una posición política fuerte porque goza del “uti possidetis” y del respaldo incondicional de Estados Unidos y de Francia. El paso del tiempo corre en su favor al ir consolidando su posición “contra lege”, en la esperanza de poder alegar un día el principio de la efectividad y se reconozca su ocupación.

Invasión de Canarias de inmigrantes marroquíes

La continua llegada a Canarias en las últimas semanas de más de 19.000 inmigrantes en pateras, el 90% de los cuales son marroquíes, no es un hecho casual. Es cierto que, ante el fortalecimiento del control de Frontex para impedir el acceso a los países europeos en el Mediterráneo, las mafias del tráfico de emigrantes han trasladado su ruta hacía el Atlántico con destino a Canaria, una travesía más larga y peligrosa para los emigrantes, pero más rentable para ellos. Frontex ya advirtió al Gobierno español de este previsible desvío del tráfico y sugirió que se reforzase el control en el Atlántico, pero el gobierno de Sánchez no prestó atención a la advertencia. Como en todas las crisis a las que se ha enfrentado, el Gobierno ha actuado tarde y mal. Se ha producido una notoria descoordinación, no sólo entre Podemos y el PSOE, sino también en el seno de la parte socialista del Gobierno. Los cinco ministerios involucrados –Migraciones, Interior, Defensa, Exteriores y Política Territorial- han actuado –o dejado de actuar- cada uno por su cuenta, y la vicepresidenta primera encargada de la coordinación política del Gobierno no ha podido coordinar porque está plenamente ocupada en su lucha personal contra el fantasma de Franco. La acumulación de más de 2.000 inmigrantes en el pequeño puerto pesquero de Arguineguín en condiciones de suma precariedad nos han hecho recordar las imágenes de Lesbos o de Lampedusa. 

Las posibilidades de acogimiento del Gobierno canario se han visto desbordadas y sus autoridades se han sentido abandonadas por el ”dontancredismo” del Gobierno de la Nación, que los ha dejado solos, lo que ha provocado su indignación. La alcaldesa de Mogán –de la que depende Arguineguín-, Onalia Bueno, ha declarado que es alucinante que un Gobierno que se dice progresista no sea capaz de articular una respuesta digna como las que tuvieron en la crisis de 2006. La diputada canaria, Ana Oramas, ha señalado que entonces hubo una acción diplomática importantísima con el rey, el presidente y la vicepresidente del Gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior implicados. Se tenían preparado recursos de emergencia en colaboración con el ministerio de Defensa, se organizó un puente aéreo hacia los países de origen y hacia la península, y se organizó el traslado de menores a las comunidades autónomas solidarias. “Ahora, sin embargo, el problema no es de nadie”. Concluía con amargura que tendrían que declararse independentistas pata que el Gobierno les hiciera caso.

En esta ocasión, el principal responsable de esta situación tiene nombres y apellidos. Marruecos controla férreamente el territorio del Sáhara ocupado, y nadie se mueve sin el consentimiento del Gobierno. La mayor parte de las pateras zarpan del puerto de Dajla –antigua Villcisneros- y no podrían hacerlo sin la aquiescencias de las autoridade militares de ocupación. Mohamed VI sufre el síndrome del escorpión, que le lleva a hincar su aguijón en la rana española que le ayuda a cruzar el charco en cuanto se le presenta la menor oportunidad. Realiza una continua prueba de “stress” del Gobierno de Sánchez para ver hasta donde es capaz de llegar, o de no llegar, ante sus provocaciones. En vez de dar muestras de firmeza y exigir una rectificación de la conducta de Marruecos, el Gobierno hace carantoñas al déspota alauita, le prodiga toda suerte de garantías y la ministra de Asuntos Exteriores ha viajado a Marruecos hasta en siete ocasiones. Ahora se encuentra en Rabat el impresentable ministro del Interior, que justifica su negativa al traslado de parte de los llegados a Canarias a la península en que –como en el caso de las mascarillas- la UE no lo permite.

A diferencia de los refugiados subsaharianos, que suelen llegar indocumentados y no es fácil sabe a qué país  deberían ser devueltos, en el presente caso es diferente dado que la inmensa mayoría de ellos son nacionales marroquíes debidamente documentados. Con el envío de miles de jóvenes a Canarias, Marruecos se libra de muchos parados reales o potenciales y crea a España un problema migratorio, social e incluso de orden público. El Gobierno español debería devolverlos sin contemplaciones a su país de origen y recurrir, en éstos y otros casos, a la “devolución en caliente”, que ha sido condonada el pasado mes de febrero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de los emigrantes que saltan las vallas fronterizas de Ceuta o Melilla, y por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que las avala también “en los accesos individuales de extranjeros en la frontera”, siempre que se respete el pleno control judicial y se cumplan las obligaciones internacionales del Estado.

El envío masivo de emigrantes a Canarias es asimismo un chantaje a España con vistas a la reunión hispano-marroquí en la cumbre que se celebrará el 17 de diciembre en Rabat. Mohamed VI no da puntada sin hilo y ya en su discurso del 7 de noviembre con motivo del 45º aniversario de la “Marcha verde”, apuntó los temas en los que espera obtener contrapartidas de España por cambiar de actitud en su táctica migratoria. Se declaró dispuesto a dialogar con España sobre “las aguas regionales de ambos países amigos en el ámbito del Derecho del Mar, respetando la asociación que les une”. Señaló que la aclaración del dominio y de las fronteras de los espacios marítimos que se hallaban bajo la soberanía de Marruecos contribuiría a afianzar el plan que busca la dimensión económica y social de la región. El Reino había concluido el trazado de sus espacios marítimos integrándolos en sus sistema jurídico, de conformidad con el Derecho Internacional. La fachada atlántica ubicada frente al Sáhara marroquí sería “una fachada económica marítima para la integración económica y el resplandor continental e internacional”. Marruecos presionará para que el Gobierno español –que ha mantenido un ominoso silencio ante la flagrante violación del Derecho Internacional por parte de Marruecos, al fijar los espacios marítimos de un territorio que no le pertenece- reconozca la legalidad de la fijación de los espacios marítimos del Sáhara.

El tema principal que se debatirá en esa cumbre será  el de la descolonización del Sáhara Occidental, sobre la que España mantiene una supuesta equidistancia entre las tesis de Marruecos y las del Frente Polisario, que son las avaladas por la ONU: celebración de un referéndum para que el pueblo saharaui puede expresar su voluntad sobre su futuro. El Gobierno español ha apoyado las propuestas sobre la autonomía del territorio presentadas por Marruecos, pero –a diferencia del reino alauita- no ha llegado a reconocer que sea la única fórmula para finiquitar el proceso de descolonización. El rey afirmó en su discurso que la iniciativa marroquí de autonomía –apoyada por el Consejo de Seguridad y por las grandes potencias-  era la “única opción natural para el arreglo del diferendo”. Ha rechazado cualquier tentativa que atente contra los derechos legítimos de Marruecos y de su integridad territorial. Se ha mostrado dispuesto a colaborar con el secretario General de la ONU en sus esfuerzos para solucionar el conflicto en base a la concesión de un régimen de autonomía al Sáhara, siempre que se respeten los principios de la posición marroquí sobre su integridad territorial.

Para que triunfe cualquier negociación de buena fe es indispensable que todas las partes implicadas ganen algo y cedan algo. Hasta ahora, Marruecos no ha negociado de buena fe con el Frente Polisario y ha tratado de imponer su posición, y ya va siendo hora de que lo haga. La única solución posible es que se respeten las dos líneas rojas de los negociadores: la integración del Sáhara Occidental en el reino de Marruecos y el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. No va ser tarea fácil –muchos la consideran imposible-, pero para que el pueblo del Sáhara Occidental acepte su eventual integración en el reino alauita, será indispensable que Marruecos le ofrezca una autonomía amplia y plena de competencias –como la existente en España- e internacionalmente garantizada. Ante esta concesión fundamental, los saharauis podrían expresar su voluntad de poner su territorio bajo la soberanía de Marruecos mediante un referéndum celebrado bajo la supervisión de la ONU. Tanto uno como el otro de los contendientes tendrían mucho que ganar gracias a sus concesiones mutuas: Marruecos conseguiría el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental y los saharauis gozarían de un amplio autogobierno en su territorio y podrían salir de los campamentos en los que han malvivido durante 45 años y vivir dignamente.

También saldrían beneficiadas todas las partes involucradas en el conflicto sahariano. España vería redimida su culpa de haber abandonado unilateralmente la administración de territorio e incumplido los compromisos asumidos con el pueblo saharaui. Podría ofrecer su experiencia autonómica para que Marruecos introdujera en su Constitución un Estatuto de Autonomía para el Sáhara Occidental que resultara creíble. La ONU redimiría asimismo su parte de culpa por la política zigzagueante y a veces incoherente que ha seguido en el territorio, donde no siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Estados Unidos conseguiría su doble objetivo de impedir la creación de un Estado saharaui y de lograr que el Sáhara Occidental se integrara en el reino de Marruecos. Francia mejoraría su imagen y sería instrumental para convencer a los  marroquíes a que concedieran a los saharauis un régimen autonómico suficientemente nutrido de competencias para que el Frente Polisario no pueda rechazarlo. Argelia mejoraría sus relaciones con Marruecos y podría centrar su atención en superar sus problemas políticos y económicos. La mejora de sus relaciones con Marruecos permitiría que se potenciara la cooperación interregional y se relanzara la actuación de la Unión Magrebí Árabe. La solución del problema también beneficiaría a la Unión Africana que se aprovecharía de la finalización del conflicto permanente entre dos de sus principales miembros para funcionar con normalidad

Se presenta una oportunidad de que se produzca el milagro de resolver el largo y enquistado conflicto sahariano. Podría conseguirse si hubiera un mínimo de voluntad política, pues -como dicen los ingleses, “where there is a will, there is a way” –donde existe voluntad, se encuentra un camino-. ¡Inshallah¡