El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha asumido la investigación del “Caso Plus Ultra”, iniciado su instrucción por la posible comisión de cuatro delitos y decretado el secreto del sumario hasta el próximo día 28.

Rescate de la aerolínea “Plus Ultra”

“Pus Ultra” es una pequeña aerolínea de capital venezolano, que tiene su sede en España. Fue creada en 2011 y en 2015 se le concedió el Certificado de operador aéreo e inició los vuelos en tres rutas aéreas -España, Colombia-Ecuador y Perú- con solo una aeronave en propiedad y cuatro arrendadas y con centro operativo en Caracas. Gracias a los contactos con las autoridades bolivarianas -uno de los propietarios era el magnate venezolano Camilo Ibrahim Issa-, la empresa consiguió con urgencia los permisos de vuelo entre Venezuela y España y condiciones muy favorables de suministro de combustible por parte de la empresa estatal Petróleos de Venezolana (PDVSA), con la que acumuló una deuda de €6.1 millones. Llevaba una vida precaria por la escasez de ingresos y por su creciente endeudamiento. Tras años de facturar en torno a €200.000, los ingresos cayeron a €125.835, por lo que entró en pérdidas en 2020 con un déficit de €25 millones, por lo que tuvo que solicitar préstamos de €1.3 millones a empresas del financiero procesado por los tribunales suizos Simon Lender Verhoeven, ubicadas en paraísos fiscales de Gibraltar y Suiza con intereses del 9%. También obtuvo un préstamo participativo de  €450.000 del Banco panameño Panacorp, con conexiones con el Gobierno venezolano. Estaba a punto de quebrar  por las deudas acumuladas y el rechazo de financiación por parte de los Bancos privados. 

En esta coyuntura desesperada, la aerolínea solicitó en agosto de 2020 a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) un crédito de €50 millones, en base al Real Decreto-Ley 5/2021, de 3 de julio, que creó el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Tenía éste como objetivo compensar el impacto de emergencias sanitarias en el balance de las empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico -nacional o regional-, por su relevancia para la seguridad, la salud, las infraestructuras, las comunicaciones o la contribución al buen funcionamiento de los mercados, cuando el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad. En su petición, la compañía afirmó que existía ”una clara perspectiva de deterioro patrimonial de la empresa debido a las pérdidas acumuladas, actuales o previstas […] En ausencia del apoyo público, la empresa podría llegar a estar en situación de cese de actividad o de graves dificultades para mantenerse en funcionamiento”. Adjuntaba un informe de la Consultora PwC, en el que acreditaba que “Plus Ultra” tenía una necesidad urgente de caja para pagar €25 millones a sus proveedores y un agujero previsto de casi el doble. Entre los deudores figuraba la empresa fantasma de prestación de servicios de consultoría y asesoría Análisis Relevante S.L. (ARSL), a la que Plus Ultra encomendó la labor de conseguir el rescate solicitado.

Concesión de un recate a la aerolínea “Plus Ultra”

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros -a propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el apoyo de las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera-  concedió a “Plus Ultra” un rescate de €53 millones -parte mediante un préstamo participativo de €19 millones al 2%, y parte mediante otro ordinario de €34 millones al 7% -con plazos largos y escasas garantías de devolución -, pese a la opinión en contrario del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de su secretario de Estado, Pedro Saura Montero declaró el 17 de marzo en el Congreso que “Plus Ultra” era una empresa española que estaba dentro del paquete de 20 compañías que tenían una licencia aérea de tipo A en un sector -como el del turismo y la movilidad- que aportaba el 12.4´% al PIB español y el 13.7% al empleo nacional. Se trataba de una compañía estratégica relevante para España por el nicho de mercado que ocupaba, ya que había obtenido en 2019 una facturación de 100 millones de euros y contaba con 350 empleados, y destacó que el Fondo ya había salvado a 30 empresas y 60.000 empleos. “Déjense de fantasmas, porque los fantasmas no existen”, pero haberlos, haylos. Montero mintió como una bellaca, porque, de estratégica, “Plus Ultra” tenía más bien poco, ya que ocupaba el puesto n° 176 en tráfico aéreo español, con un esquelético 0,03%, y solo había contribuido al 0.5% de los empleos salvados por la institución.

El 10 de agosto de 2021, Saura envió el siguiente mensaje a Ábalos: “En el tema Plus Ultra, quienes lanzaron balones fuera fueron Economía y Hacienda, que se quisieron quitar de en medio, pero son los imputados […] Le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra y que la SEPI está fuera de control”. Ábalos contestó que eso supondría indisponerse con Hacienda y Saura replicó que, “si la SEPI dice que fue fundamental un informe de seguridad aérea para un fondo de rescate empresarial que tiene como objetivo salvar empresas estratégicas y que hay que evaluar si pueden devolver la ayuda, apaga y vámonos, pero si éste es el argumento ante un juzgado, lo tienen mal”. Cuando Ábalos expresó a Pedro Sánchez sus dudas sobre el rescate, éste le contestó que había que concederlo “Sí o Sí”.

Todos los informes técnicos eran negativos, hasta que las presiones políticas hicieron que se cambiaran y encima los responsables de la componenda echaron la culpa a Transportes, basándose en dos informes procedentes del Departamento. Uno técnico de la Agencia  Estatal de Seguridad Aérea que indicaba que el impacto de “Plus Ultra” sobre el “hub” de Barajas era insignificante, y otro de la Dirección de Aviación Civil que señalaba que su situación financiera era delicada, dado que, al no haber sido calificada como empresa en crisis en 2019, había sufrido un fuerte deterioro financiero, por lo que su supervivencia hacía necesario que recibiera la ayuda estatal solicitada. 

El Gobierno estaba obligado a actuar de conformidad con la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea, que prohibía rescatar compañías que ya se encontraran en situación crítica antes del estallido de la pandemia del COVID. Los Decretos españoles requerían tres requisitos para conceder un rescate a las empresas: que fueran solventes y estratégicas, y que se hubieran visto adversamente afectadas por la pandemia. Pese a no cumplir ninguna de esas condiciones, “Plus Ultra” fue rescatada con un préstamo superior al solicitado.

1.-Solvencia: “Plus Ultra” estaba al borde de la quiebra. Terminaba los ejercicios con pérdidas y los Bancos se negaban a financiarla por no ofrecer las mínimas garantías, por lo que tuvo que recurrir a préstamos de compañías turbias establecidas en paraísos fiscales, que exigían intereses exorbitantes. En 2017, la empresa tenía un préstamo de  GMC sin devolver, y esto -que era conocido- debería haber sido tenida en cuenta por la SEPI a la hora de evaluar la viabilidad de la empresa y su incapacidad para honrar sus compromisos financieros. En estas condiciones, resultaba inconcebible que el Estado decidiera asumir semejante riesgo con dinero público, saltándose los filtros que aplicaba a las entidades privadas. No se trataba de una crisis coyuntural, sino de una debilidad financiera previa y consolidada. No ha declarado beneficios, ni devuelto aún el principal de los créditos recibidos. Gracias al generoso maná de dinero público que le concedió sin justificación alguna del Gobierno español, pudo la aerolínea empezar a pagar los intereses de los préstamos y las deudas.

2.-Carácter estratégico: Resulta harto evidente que una aerolínea de capital extranjero, que solo suponía el 0,03% del tráfico aéreo español, en modo alguno podía ser considerada como estratégica para España, por su ínfima contribución a la seguridad o a la economía del país. Contaba únicamente con un avión en propiedad y tenía una reducida cuota de mercado, ya que solo cubría tres rutas aéreas, suficientemente servidas por varias aerolíneas de mucha mayor entidad. Su desaparición no produciría impacto alguno en la economía, el turismo o el transporte aéreo en España.

3.-Afectación por la pandemia: La única pandemia por la que” Plus Ultra” se vio afectada fue la de la corrupción bolivariana, mezclada con la de producción nacional. Desde su constitución, la aerolínea se vio afectada con males internos que nunca llegó a superar y de ahí que tuviera que acudir a curanderos heterodoxos, hasta que encontró a un galeno que la curó de todas sus dolencias a base de una medicación en euros. La SEPI no tuvo en cuenta que trataba de una empresa que ya estaba en crisis antes de la pandemia y presentaba un desequilibrio patrimonial sostenido, que no guardaba relación con la crisis sanitaria, por lo que no podía ampararse en ella para conseguir la medicina sanadora, creando un riesgo adicional que no fue valorado al otorgarse el rescate.

Según Maite Rico, un Gobierno democrático entregó fondos de contribuyentes europeos a un grupo de facinerosos venezolanos, para que pudieran blanquear los millones que estaban robando a sus empobrecidos conciudadanos. La cuestión de si en esta operación se cometió o no algún delito está “sub iudice”, pendiente de la decisión que tome la Audiencia Nacional, que ha asumido la instrucción del caso, pero, desde el punto de vista político, no me cabe la menor duda de que el Gobierno de Sánchez cometió una tremenda injusticia ¿Cómo fue posible que se rescatara a una empresa que no cumplía ninguno de los requisitos exigidos por las normas españolas y europeas? ¿Por qué ese empeño en llevar a cabo una operación que suponía una flagrante violación de las normas vigentes? Cabe hallar una respuesta a estas preguntas en la actuación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (ZP).

La sombra de Rebeca de ZP y el fantasma de “Análisis Relevante”

En todos los tortuosos senderos del laberinto del caso “Plus Ultra”, siempre se topa uno con la siniestra sombra de ZP. Viene a mi recuerdo la música de la película de Alfred Hitchcok “Rebecca” de 1940. “Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio, ¡Oh Rebeca-ZP!”. Sin entrar en excesivos detalles, ni juicios de valor, allá van algunos hechos y datos sobre el caso  y que cada uno saque sus propias conclusiones.  

1.-ZP es nuestro hombre en Venezuela: mediador, “lobista”, comisionista, blanqueador de dictaduras bolivarianas, íntimo amigo de los “hermanos malasombra“ Rodriguez –“entre Rodríguez anda el juego”- y otros jerarcas más o menos maduros, y el “principito” de Delcy, presidenta de Venezuela por la gracia de Trump.

2.-“Plus Ultra” es una aerolínea de capital venezolano, controlada por venezolanos y con fuertes conexiones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

3.-”Análisis Relevante” -o ¿es Revelante?- es una empresa de consultoría española fundada en 2020, sin ningún empleado, administrada por Julio Martínez Martínez a) “Julito”, amigo del alma de ZP y generoso financiador de la familia.

4.-En diciembre de 2019, se reunieron en Madrid ZP, Julito, Javier de Paz y Sergio Rodríguez para crear una empresa consultora, de la que al final solo formaron parte los dos últimos. Julito se encargaría de la gestión, Sergio de la redacción de informes y ZP- quien condicionó su participación como consultora que se contratara a la empresa Whathefav de sus hijas- de la “influencia”.

5.-El 10 de febrero de 2020, Julito registró la sociedad ARSL, dedicada a la prestación de apoyos, asesoría, consultoría y elaboración de informes y estudios sobre estrategias y análisis de mercado.

6.-Ese mismo año, Plus Ultra firmó un contrato con ARSL para que elaborara informes geopolíticos. Carlos Segovia se ha preguntado para qué necesitaba tales informes una empresa que no tenía liquidez ni para afrontar pagos acuciantes para su supervivencia.

7.-Julito -que fue contratado por “Plus Ultra” para solventar los problemas operativos de la compañía en Venezuela- no había estado antes en el país, pero -entre 2020 y 2025- viajó al menos una vez al año en aviones oficiales venezolanos junto con ZP, quien lo presentó a los jerarcas bolivarianos al más alto nivel.

8.-En 2018, Julito había creado las empresas Voli Analítica y ASP Rentas, cuya sede se fijó en un chalet  de ZP en la urbanización “Mirador de Vera” en Almería. Cada una de esas empresas recibió encargos de “Plus Ultra” por valor de €99.000 y €110.000. 

9.-En un registro en el domicilio de Julito, la policía encontró un borrador de su contrato con “Plus Ultra”, que le aseguraba una comisión del 1% del rescate que lograra la aerolínea del Gobierno español, que -al ascender a €53 millones- supuso  €552.622, cifra que coincide con el monto que recibió ZP de ARSL por sus informes.

10.-ZP presentó a esta última empresa informes orales y escritos, elaborados en realidad por Sergio Rodríguez, quien solo percibió €18.000 por su labor, asumida por ZP como autor de los mismos. “Los hacíamos Sergio y yo, que era quien le daba el visto bueno definitivo”. Además de “lobista” e “influencer”, ZP era un campeón de la “negritud”.

11.-Por su asesoría durante 6 años, ZP recibió €460.000, lo que equivalía a  €75.000 anuales, y sus hijas otros €198.000 por sus servicios de marketing -cabe preguntarse cómo se maquetan los informes orales-, lo que suponía el 55% de los ingresos de la empresa.

12.-ZP ha declarado que hizo también informes para otros clientes de ARSL, pero no ha querido citar sus nombres y se ha negado a entregar a la Cámara copias de sus sesudos informes de copia y pega, por los que recibió unos €7.500 por página.

13.-Según Sergio Rodríguez, ARS tenía como uno de sus objetivos hacer informes para clientes internacionales, pero no consiguió ninguno. Era una empresa sin empleados, con un único pagador -“Plus Ultra”- y un único beneficiario -ZP-, una sociedad creada “ad hoc” para canalizar pagos de dudosa justificación.

14.-El 11 de diciembre de 2025, la policía detuvo a Julio Martínez Sola, a Roberto Rossellini y a Julito -presidente, director ejecutivo y administrador de “Plus Ultra” respectivamente-, por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales. En la casa de éste, se halló entre €300.000 y 400.000, cuyo origen no pudo justificar.

15.-Ábalos y Aldama han acusado a ZP de haber presionado al Gobierno para la concesión del rescate, por lo que obtuvo una comisión de €10 millones, que -según reveló Koldo a Aldama- se pagaron en Panamá. El acusado lo ha negado de forma rotunda y ha señalado que, ni directa ni indirectamente, participó en dicha operación. 

16.-Según “The Objective”, ZP se entrevistó con Ábalos para pedirle que se calificara a “Plus Ultra” de empresa estratégica y se le concediera el rescate.

17.-ZP presionó asimismo a Saura, quien -según declaró Ábalos a “El Mundo”- le había dicho que el rescate se había concedido por exigencia de ZP.

18.-Es notorio el incremento del patrimonio de ZP en los últimos años, como muestra la adquisición de una propiedad lanzaroteña por €1.2 millones, pagados al contado. Puede que ello se debiera al elevado valor de mercado de sus informes a €7.500 por folio.

Situación judicial actual del caso “Plus Ultra” 

Montero sigue manteniendo en la actualidad  su disparatada tesis, de la que se ha hecho eco la actual presidenta de la SEPI, Belen Gualda, que ha negado cualquier influencia en la concesión del rescate por parte de “personas ajenas” y exonerado a ZP. Ha recordado que ”Plus Ultra” poseía una licencia tipo A, con capacidad para vuelos de gran tamaño, de la que solo disponían una veintena de aerolíneas en Europa. La empresa cumplía todos los requisitos de elegibilidad. No estaba en crisis ni quebrada, sino en proceso de crecimiento (¿?).  Ha mantenido que incluso ahora sigue siendo solvente y ya ha devuelto €12 millones, correspondientes al pago de los intereses por el préstamo recibido. Plus Ultra ha pedido árnica alegando que tiene dificultades para cumplir la hoja de ruta prevista para devolver el préstamo y, la SEPI, toda solícita, se ha mostrado dispuesta a replanificar la devolución del principal del crédito concedido.

En cuanto a la cuestión de la posible comisión de delitos con motivo del rescate de “Plus Ultra”,  la titular del juzgado n°15 de Madrid, Esperanza Collazo, inició en 2021 la instrucción de un procedimiento contra dos secretarios de Estado, la subsecretaria y el secretario general del Ministerio de Transportes, y dos altos cargos de la SEPI, por la posibilidad de que hubieran cometido delitos de prevaricación y de malversación, pero, en enero de 2023, tuvo que sobreseer provisionalmente el sumario al haber expirado el plazo para realizar actuaciones, por lo que no se pudieron investigar las ayudas. La instructora reabrió el caso, pero decidió inhibirse y traspasarlo a la Audiencia Nacional, ante la nueva dimensión que había adquirido el procedimiento, en el que están asimismo implicados los directivos de “Plus Ultra” por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales.

El magistrado José Luis Calama ha asumido el procedimiento, al tratarse de una investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida. “La estructura directiva investigada presenta ramificaciones internacionales con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas y operaciones financieras que requieren un análisis detallado y progresivo de la documentación intervenida”. Ha decretado el secreto del sumario, porque un levantamiento del mismo podría dar pie a la posible destrucción de pruebas, a la desaparición de documentos o a la sustracción a la acción de la justicia de personas implicadas, máxime cuando se investigaba una estructura con capacidad operativa transnacional. Si se levantara ya el secreto y los investigados tuvieran acceso a las diligencias, se podría comprometer gravemente la identificación de todos los miembros de la organización, así como la localización de activos ocultos o disimulados, y se dificultaría la colaboración con las autoridades extranjeras.

En el foco de la investigación se encuentra desde hace meses el rol que pudo haber desarrollado ZP en el rescate. Las acusaciones de que el expresidente del Gobierno no solo influyó en la concesión del rescate de la aerolínea, sino que también se ha beneficiada económicamente de él, es sumamente grave, porque -como ha editorializado “El Mundo”-la opacidad que rodea a las consultorías globales de Zapatero no resulta aceptable. “El deber de ejemplaridad y la responsabilidad moral ante los ciudadanos no se extingue cuando se abandona la Moncloa. La gravedad es mayor al tratarse de una figura pública que actúa con un ministro tácito del actual Gobierno y que tiene una influencia determinante en la política exterior española, especialmente la relativa a Venezuela”…  “No es normal que un ex jefe del Gobierno asesore a través de una sociedad sin empleados, opaca y ahora en cierre registral, cuyo principal destino de gasto era pagarle a él y a la empresa de sus hijas, incorporadas al proyecto por iniciativa suya”.

La actuación de ZP es condenable desde un punto de vista político, con independencia de que también lo pueda ser desde un punto de vista jurídico. Una condena por una posible actuación delictiva del ex presidente tendría que ser determinada por los tribunales de Justicia y ni siquiera está investigado. Además, en cualquier caso, gozaría de la presunción “iuris tantum” de inocencia, que solo podría decaer por pruebas en contrario. No obstante, los múltiples indicios sobre lo inapropiado de su actuación son, en mi opinión, mortales de necesidad. La Justicia pondrá a cada uno en su sitio.