El pasado día 15, el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, compareció ante el Parlamento valenciano para explicar lo ocurrido el 29 de octubre en el que una poderosa DANA cayó sobre la zona sur de Valencia, se desbordó el barranco del Poyo, inundó varias poblados y causó la muerte de 121 personas. Fue una comparecencia tardía y una exposición incompleta, pero al menos Mazón ofreció explicaciones a los diputados -por insatisfactorias que puedan parecer-, admitió que se  cometieron errores y pidió disculpas por ellos. Otros responsables -Pedro Sánchez, Teresa Ribera, Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles-no han dado aún la cara, ni justificado su actuación. La principal responsable, Ribera, ha estado desaparecida en combate y no comparecerá ante las Cortes hasta el día 20. Los partidos de la oposición y varios miembros del Gobierno han pedido la dimisión inmediata de Mazón, pero el presidente se ha negado a ello y afirmado que centraría sus esfuerzos en realizar la urgente e imprescindible tarea de restablecer la situación de los pueblos devastados.

Según Daniel Jiménez Torres, si se cree que el manejo de la crisis por Mazón fue nefasto ¿por qué no tomó Sánchez las riendas? y, si se cree que debía haberlas  tomado , ¿por qué no se lo pidió Mazón? Para Joaquín Manso, si clara es la responsabilidad de la Generalitat, igualmente debería estar la del Gobierno central por su dejación de funciones. El portavoz de Vox, José María Llanos, ha señalado a los dos grandes responsables del desastre, con una distinción significativa entre la incompetencia del Gobierno autonómico y la negligencia criminal del Ejecutivo sanchista. A juicio de Rosa Díez, ante una catástrofe natural, unos no supieron actuar y se llama incompetencia; ante una catástrofe humanitaria, otros decidieron no intervenir y se llama denegación de auxilio. Lo primero exige responsabilidades políticas y lo segundo que se aplique el Código Penal. Antonio Caño ha observado que, a la incompetencia y la incapacidad del Gobierno local, se ha sumado la indiferencia y el cálculo político del Gobierno nacional, que es el máximo responsable ante una catástrofe de tal entidad. Mas -como ha señalado Sociedad Civil Valenciana- no ha llegado la hora de exigir dimisiones, sino de asumir responsabilidades, dar respuestas y  estar al lado de los ciudadanos, mostrando voluntad para colaborar en la reconstrucción de sus pueblos y de sus vidas. Las responsabilidades son múltiples y se han generado tanto con anterioridad a la DANA, como durante la misma y con posterioridad a ella.

Responsabilidades antes de la DANA

Las inundaciones padecidas en la Comunidad Valenciana no son nada nuevo, puesto que se han producido otras similares e incluso superiores a lo largo de su Historia. Según el geólogo Enrique Ortega, en “Riadas, gotas frías y danas: breve recorrido por la desmesura y los despropósitos climáticos”-, entre 1321 y 2024 se han producido 27 grandes riadas en la región -una media de inundaciones cada 25 años-, sin que hubiera una relación con el aumento de las temperaturas, ya que se  produjeron tanto en épocas de calentamiento como de enfriamiento de la tierra. En su libro “Climatología de España y Portugal”, Inocencio Font ha afirmado que, desde tiempos inmemoriales, el litoral Mediterráneo se ha visto sometido a los efectos desastrosos de grandes y repentinas riadas e inundaciones causadas por lluvias torrenciales. Esto pone de manifiesto que las autoridades no han sido capaces de tomar las medidas preventivas oportunas para hacer frente debidamente a estas hecatombes. En pocas ocasiones se han tomado medidas eficaces, como las que se adoptaron tras las graves inundaciones de Valencia causadas por el desbordamiento del río Turia en 1957, tras la cual el Gobierno de Franco desplazó el cauce del río del centro de la ciudad y lo trasladó a su periferia, donde fue debidamente encauzado. En 2004, el Gobierno de José María Aznar elaboró un Plan Hidrológico Nacional dotado con €235.000 millones, que preveía la interconexión de todas las cuencas hídricas. En la Comunidad Valenciana se preveía la construcción de una presa en Cheste y la limpieza y encauzamiento del arroyo del Poyo, para impedir que se inundaran 16 pueblos aguas abajo, tales como Catarroja, Torrent, Paiporta o Picaña. Los nacionalistas catalanes pusieron el grito en el cielo porque el Ebro era suyo y los izquierdistas criticaron el proyecto porque las presas eran artilugios franquistas, pasando por alto estos ignorantes sectarios que el Plan hidráulico que llevó a cabo el Gobierno de Franco había sido elaborado durante la II República por el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo.

Desde 1939, el Gobierno contó con un Ministerio de Obras Públicas y una Dirección General de Obras Hidráulicas, que construyeron muchos  embalses y azudes e hicieron de España un referente mundial en la materia. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero accedió al Gobierno, cambió el nombre por el de Ministerio para la Transición Ecológica (MTE), lo que implicaba una carga ideológica; ya que se enfrentaba el bien de la ecología y el medio ambiente con el mal del hormigón de las obras hidráulicas. ZP derogó el Plan, que estaba financiado por la UE, y suspendió las obras. Se impuso el dogma de que era nocivo construir presas y limpiar los cauces de los ríos para que éstos pudieran fluir libremente, de acuerdo con el principio de “mínima intervención”, y respetar “los valores medioambientales y plurales del dominio público”. Durante el mandato de Ribera se han destruido más de 250 embalses y azudes. La conservación de la naturaleza está para los pseudo ecologistas por encima de la del ser humano.

En 1985 se adoptó el Plan General de Defensa contra las Avenidas del Júcar y en 1987 se declaró la urgencia de su ejecución, pero 30 años más tarde solo se ha realizado la construcción de la presa de Terrateig, el encauzamiento de la rambla Gallinera y la reparación del estribo izquierdo de la presa de Forata, lo que ha sido providencial para que no reventara el embalse. En 2016, la Generalitat adoptó el Plan Conjunto para la Conservación de Cauces y Barrancos, con el fin de “prevenir e impedir incendios e inundaciones”, pero las labores previstas tampoco se han llevado a cabo. En 2018, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, propició la Ley de Protección de la Huerta, que impuso dificultades adicionales para el mantenimiento y limpieza de las ramblas. En 2021, el MTE  rechazó la limpieza de los cursos de agua y optó por dejarlos como estaban para no forzar la sabia naturaleza, en base a una nueva visión del coste-beneficio. La ausencia de mantenimiento en el barranco del Poyo ha sido la principal causa de los inmensos daños causados en los pueblos que atravesaba, porque un cauce sucio reduce la velocidad del flujo y aumenta la altura de la columna de agua. La responsabilidad por no haber adoptado las medidas de prevención recae en el Gobierno de la Nación y, en menor grado, en el Gobierno de la Comunidad. Las carencias de las administraciones han permitido que se cumpliera la “crónica de un desastre anunciado”.

Responsabilidades durante la DANA

Ni el Gobierno autonómico ni el nacional han estado a la altura de sus responsabilidades, aunque uno más que otro, y ahora ambos cruzan sus invectivas para señalar quién ha sido el culpable. La cronología de los acontecimientos fue la siguiente: La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dio una alerta roja por fuertes lluvias a las 7.36 h. del 29 de octubre, y señaló que la alarma se levantaría a las 18 h., y a las 11.06 h. mandó un correo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para informarle que el caudal en la rambla del Poyo era de  284 metros cúbicos. A las 12.20 h, el Centro envío una alerta hidrológica a los municipios ribereños del barranco para que activaran medidas preventivas y a las 12.45 h. a los ribereños del río Magro, para recomendar a los vecinos que no se acercaran a las rieras. A las 13 h, Mazón declaró a los medios de comunicación que el temporal se desplazaba hacia la serranía de Cuenca. A las 13.42 h, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informó que el caudal había descendido a los 120 m. y, a las 15.04 h,  a 53 m., aunque no desactivó la alarma. La Agencia Meteorológica Francesa  apreció un caudal de 400 m. y un riesgo extremo para las personas. A las 14 h. la consejera de Interior, Salomé Pradas, pidió a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el envío de la UME a Utiel, y a las 14.23 h. recomendó por twitter mucha precaución a los vecinos de los municipios por los que discurrían el río Magro o el barranco del Poyo. A las 14 h. Bernabé hizo un llamamiento  a la tranquilidad a través de un comunicado de la agencia Europa Press,  y aseguró que todos los efectivos estaban coordinados.

A las 15 h. la Generalitat subió la alerta al nivel 2 y Mazón se fue a almorzar con la periodista Maribel Vilaplana. A las 17 h, se reunió el Centro de Coordinación- Operativa  Integrado(CECOPI) bajo la presidencia de Pradas. A las 18:33 h. Paiporta ya había sido anegada y a las 18:45 h. –dos horas y media después de su última comunicación- la CHJ informó mediante un correo que el barranco llevaba un caudal de 1.686 m. -cuatro veces el caudal del río Ebro-, pero no avisó del riesgo de desbordamiento, pese a que su presidente asistía a la reunión del CECOPI. Resulta llamativo que la CHJ informará con prontitud de la reducción del caudal del arroyo y tardará dos horas y media en hacerlo sobre su extraordinaria crecida A las 18.55 h. la CHJ informó sobre el incremento del caudal del río Magro y la posibilidad de que reventara la presa de Forata y de que se desbordara el barranco del Poyo. A las 19 h. Mazón se incorporó al CECOPI y 34 minutos más tarde la Generalitat elevó la alerta al nivel 2, pero no al 3. A las 19.43 h, Sánchez dio las primeras señales de vida al asegurar en twitter que seguía “de cerca” -¿desde la India?- y con preocupación las informaciones sobre las personas desaparecidas y los daños causados por la DANA. “Todos los servicios de emergencia y los efectivos de policía y guardia civil están desplegados ante el temporal”. A las 20 h, el Secretario de Estado, Hugo Morán, informó desde Cali que no se podía garantizar que no cediera la presa de Forata y, a las 20.12 h. el CECOPI envió un mensaje a los teléfonos móviles por el sistema ES-Alert -cuya existencia ignoraba Pradas-, cuando ya era demasiado tarde. Esta descripción de los hechos pone de manifiesto la incompetencia de la Generalitat y la inacción culposa  -si no dolosa- del Gobierno central que no declaró la emergencia nacional.

1.-Incompetencia de la Generalitat:

Mazón ha declarado que la información facilitada por la AEMET y la CHJ – organismos dependientes del MTE- fue “fragmentada, insuficiente y tardía”, y hubo un  “apagón informativo” de 3 horas. También se produjo  un ” apagón personal” del presidente de la Generalitat de 4 horas no suficientemente explicado. Si durante este tiempo Mazón no estuvo al corriente de los acontecimientos, malo; si lo estuvo y no hizo nada, peor. Mazón cometió dos graves errores: enviar demasiado tarde la alerta a la población -cuando en una catástrofe natural las primeras horas son cruciales-, y no pedir la declaración de emergencia nacional -pese a que se lo había sugerido Alberto Núñez Feijóo-, para no perder sus competencias de cabeza de ratón. Está políticamente achicharrado y es un lastre para el PP, pero, dado el panorama, no parece conveniente que dimita y debe centrase en las labores de reconstrucción de los pueblos devastados y de reparación de daños a los ciudadanos damnificados. 

2.-Inacción del Gobierno central

¿Dónde estaban los principales responsables del Gobierno central en el momento fatídico? Sánchez en Bombay, Ribera en Bruselas, Morán en Cali y Montero, Marlaska y Robles  en la «luna de Valencia”. Sánchez estaba con la maharaní Begoña en Bollywood visitando los estudios cinematográficos Yash Ray Films. No estimó necesario interrumpir la visita turística, ni anular la posterior rueda de prensa en la que habló de cine, mientras en Valencia se estaba rodando una película de terror. Aún estuvo 8 horas más en la India antes de regresar a España en sus aeronaves particulares. Caño se ha preguntado sobre lo que hizo al llegar ¿Habló con Mazón para coordinar las acciones más urgentes? ¿Llamó a Feijóo para informarle de la situación y pedir la colaboración de su partido? ¿Preguntó a los líderes de otras Comunidades si estaban en condiciones de proveer auxilio instantáneo? ¿Convocó una conferencia telemática de presidentes autonómicos para coordinar las ayudas de cada cual? ¿Recabó la ayuda de otros países, de la UE o de la OTAN? ¿Declaró el estado de emergencia nacional?… No parece que hiciera nada de eso y se limitó a decir que “si necesitan más recursos, que los pidan”, frase reveladora de su irresponsabilidad, que le perseguirá toda su vida.

Según Fernando del Pino, el relato oficial del Gobierno fue que no podía actuar si no se lo pedía la Generalitat, pero esto no es cierto, ya que podría haber intervenido desde el momento cero, de conformidad con la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé la intervención del Gobierno cuando las emergencias afecten a varias Comunidades Autónomas,  o cuando, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional, aunque afectaran a una sola Comunidad (art.28). La declaración de emergencia de interés nacional corresponde al ministro del Interior, “bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas” (art.29). El Gobierno incumplió la Ley, incurrió en una omisión de socorro y vulneró el derecho a la protección de los ciudadanos en caso de catástrofe (art.5). Si Sánchez, Marlaska o Bernabé hubieran cumplido con su obligación, se podría haber activado de inmediato el Plan Estatal General de Protección Civil y se habría creado un mando unificado en el Comité Nacional de Coordinación. Como ha señalado García Margallo, ante la inoperancia de Mazón, Sánchez debería haber actuado, pero no lo hizo a propósito.

¿Por qué no lo hizo? En opiniones de Del Pino, Sánchez estimó que era mejor que las responsabilidades de gestionar semejante catástrofe recayeran en un Gobierno regional en manos del PP. El presidente siempre podría acudir más tarde al rescate y presentarse como el salvador. Decidió abandonar durante varios días a la población valenciana por priorizar el criterio político de dejar que Mazón se cociera en su propia salsa de incompetencia. Si querían ayuda que la pidieran. Para José Manuel Cansino, se han sucedido hitos lacerantes de gobernantes regionales atrapados en el error de minusvalorar la dimensión de la tragedia, mientras Sánchez se acomodaba en el compás de espera que se toma el fuego para calentar el agua en la que se está cociendo.

La ministra para TE -principal responsable en hacer frente a la catástrofe- no estuvo , aunque sí se la esperaba. Estaba en Bruselas preparando su examen para entrar por la puerta grande la Comisión Europea y no tenía tiempo para prestar atención a las minucias de unas inundaciones. Mostrando su egoísmo e irresponsabilidad, no recogió el acta de europarlamentaria desde la que debía hacer méritos para una vicepresidencia en la Comisión Europea. Optó por seguir siendo vicepresidenta del Gobierno, pero eludiendo el cumplimiento de sus funciones. Se limitó a intentar llamar por teléfono a Mazón y ha estado ausente como si la catástrofe se hubiera producido en Bangladesh. No se ha dignado pisar suelo valenciano para comprobar “in situ” las causas de la el hecatombe -provocada en buena medida por la inoperancia de su Departamento y de los organismos de él dependientes- y, solo ante el peligro de perder la poltrona europea, decidió comparecer en las Cortes el día 20 “après une aussi longue absence”.

Responsabilidades después de la DANA

La situación es catastrófica no solo por las pérdidas humanas, sino también por la inmensidad de los daños materiales y el elevado número de pueblos y personas afectados, por lo que urge tomar las medidas oportunas para reconstruir las zonas destruidas e indemnizar a los afectados, lo que solo puede hacer el Estado. Tras negarse a asumir responsabilidad alguna, Sánchez se presenta ahora como el rey Midas que -usando pólvora del Rey- tirará de chequera por conceder generosamente dádivas a los damnificados. Pero no se trata de un gesto filantrópico, sino de una obligación del Estado. En 2017, la Audiencia Nacional condenó a la Administración a indemnizar a un agricultor afectado por una riada porque la falta de mantenimiento en los cauces del río y la dejación de la Confederación Hidrográfica del Ebro fueron determinantes. El Tribunal afirmó que el Estado era responsable patrimonial de los daños causados por inundaciones, si se probaba que la falta de mantenimiento de los cauces del un río había sido el factor clave La Generalitat deberá colaborar con el Gobierno de la Nación para velar porque los fondos lleguen a sus destinatarios y tomar todas las medidas necesarias dentro de sus competencias para reparar los inmensos daños sufridos por la Comunidad. 

Felipe VI quería visitar las zonas asoladas por la DANA, pero el Gobierno central le desaconsejaba hacerlo. El Rey insistió y el 3 de noviembre visitó Paiporta, junto con la Reina, Sánchez y Mazón. La recepción no pudo ser menos acogedora pues unos ciudadanos que habían visto su pueblo arrasado y se sentían abandonados por las Administraciones Públicas, lanzaron bolas de barro y un palo de escoba contra la comitiva y profirieron insultos. Los Reyes, acompañados por Mazón, aguantaron gallardamente el chaparrón de los agraviados, escucharon sus justificadas quejas y dialogaron con ellos, mientras que Sánchez ponía pies en polvorosa. Para justificar su cobarde huida, Sánchez afirmó que había sido agredido por grupos organizados de ultraderecha, lo que era totalmente falso, como demostró la investigación policial.  El reportaje de TVE fue lamentable y los medios afines culparon al de provocación a los Reyes quien no se han amilanado y han visitado Chiva, Utiel y Letur, donde han sido cordialmente acogidos por la población. 

Sánchez ha decidido jugar el papel de ”salvator populi” y protagoniza las comunicaciones para informar de las ayudas que ha acordado el Gobierno, presumiendo de que éste estaba a lo que debía estar -reconstruir y avanzar-, y ha anunciado una ayuda de €10.609 millones a personas y empresas de 78 municipios y, posteriormente, la adopción de 110 medidas por valor €3.765 millones, entre ayudas directas y créditos. Aunque son cifras importantes, están muy por debajo de los €34.000 millones reclamados por la Generalitat. Impulsado por su narcisismo, Sánchez ha pedido al pueblo español que -al igual que hizo durante la pandemia de aplaudir al personal sanitario- salga a cada día a los balcones para aplaudir el buen hacer de su Gobierno.

Eludiendo la sesión de control del Congreso y menospreciando la XXIX Cumbre Iberoamericana de Cuenca (Ecuador), a la que debería haber asistido, Sánchez se trasladó a Bakú (Azerbaiyan), donde no se le había perdido gran cosa, para a participar como una estrella en la Conferencia de la ONU sobre Acción Climática, a la que no ha asistido ningún político importante. El Dr, pontificó al afirmar, en contra de la evidencia científica, que el cambio climático mataba, como se había puesto de manifiesto con la DANA de Valencia. Utilizó a las víctimas para defender su discurso político, pues fue la excusa del cambio climático precisamente la que impidió la aplicación de políticas que habrían evitado o disminuido la tragedia en la Comunidad Valenciana.

Ribera, principal responsable de hacer  frente a los estragos de la DANA -provocados en buena medida por la incuria de la AEMET y de la CHJ- se ha visto afectada muy a su pesar por los acontecimientos. Feijoó puso al PP Europeo al tanto de  su inacción durante la catástrofe y el presidente del Grupo, Manfred Weber, ha sido sensible a su inquietud y los eurodiputados populares la pusieron en apuros durante el examen en el Parlamento Europeo de su candidatura a la vicepresidencia de la Comisión El Parlamento ha aplazado la concesión del plácet hasta que Ribera dé explicaciones sobre su actuación en las Cortes y asuma el compromiso de dimitir en caso de que fuera imputada, -ya se han presentado cuatro querella contra ella ante el Tribunal Supremo- por presuntos delitos de homicidio imprudente y prevaricación por la gestión de la DANA. Los socialistas y sus aliados han condicionado su aprobación a la Comisión propuesta por Ursula von der Leyen a la concesión de la venia a Ribera para su vicepresidencia. El Gobierno se ha rasgado las vestiduras y acusado al PP de antipatriota por actuar contra los intereses de España, olvidando que el PSOE votó en 2014 contra de la candidatura de Arias Cañete, simplemente porque era del PP. Éste no se niega a apoyar a un candidato del PSOE, sino a esta candidata y tiene motivos fundados para ello, pues Ribera es una ecologista fundamentalista y una enemiga jurada de la energía nuclear, a la que ha condenado a su desaparición en España. Además, en el caso de la DANA valenciana, ha dado sobradas muestras de irresponsabilidad, de “dontancredismo” y de dejación de funciones.

En su artículo “El fondo de la DANA” publicado en el “Diario de Sevilla”, Ramón Medina ha afirmado que en esta DANA ha fracasado la idea de identificar a España con un Estado plurinacional. Las supuestas naciones -que realmente son regiones como la Comunidad Valenciana- carecen de los recursos necesarios y de la capacidad de gobernanza para afrontar las crisis graves. Ni con la mejor previsión podría el Gobierno valenciano haber solventado la inundación. Eso no corrige su negligencia e imprevisión, pero tampoco otro Gobierno regional más competente habría podido actuar eficazmente, porque la región no tenía, ni tendrá, los recursos necesarios. En paralelo, el Gobierno central no ha declarado la emergencia nacional por mantener un concepto plurinacional de España, defendido por sus socios separatistas y de extrema izquierda, y que ha calado también en los socialistas. “Sin embargo, solo aceptando que España es una nación resulta factible asumir que las catástrofes graves que ocurran en alguna de sus regiones, o en varias a la vez, competen de entrada al Gobierno nacional. Así se habría actuado desde el primer momento con todos los recursos nacionales, en vez de esperar a que los pidieran”.