Han pasado tan solo unos días desde que el Tribunal Supremo (TS) dictó su sentencia en el ”caso Ábalos/Koldo/Aldama” y todavía resuena el eco de los comentarios de los más afectados por el unánime fallo, que parecen centrarse más en la reducción de la condena de Víctor de Aldama, que en el severo castigo a los otros dos componentes de la trama criminal, el-ex ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos (JLA), y su fiel escudero y “chico para todo”, Koldo García. Cabe destacar que tan elevadas condenas se han producido en el caso de corrupción de menor entidad y aún quedan por juzgar otros casos de mayor enjundia económica, como los de las mordidas por la contratación de obra pública, el fraude de hidrocarburos o la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.

Reacciones ante la sentencia

1.-Condenados: JLA ha tachado de político un juicio en el que se han violado sus derechos fundamentales durante la instrucción y ha acabado en una condena que estaba predeterminada. Por ello sabía que iba a ser condenado, pero no esperaba que la pena fuera tan elevada. Los magistrados no tuvieron en cuenta la presunción de inocencia y premiaron a un coimputado delator sin haber corroborado sus declaraciones, y afirmó que recurriría en amparo al Tribunal Constitucional (TC) y al TEDH. Para Koldo, se trató de una salvajada en la que, por primera vez en España, el TS aceptó íntegramente la petición de la Fiscalía, por lo que no hacía falta que se celebrará un juicio, dado que el objetivo yo estaba conseguido de antemano. Aldama, en cambio, se mostró muy satisfecho con la sentencia, prometió seguir colaborando con la justicia, y alentó a “todos los que vienen detrás” a que siguieran su ejemplo y colaboraran con ella.

2.-Gobierno: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es tan listo que se hace muy bien el tonto. Se da la paradoja de que, siendo un presidente autoritario que controla de forma absoluta el poder ejecutivo y el legislativo, y el partido que sustenta su Gobierno, no se entera de lo que pasa en su hogar, en su familia, en su despacho monclovita, en su oficina de Ferraz o en su entorno político más cercano. Es un caso clínico de psiquiatra ya que, después de haber recorrido en automóvil cientos de kilómetros por la piel de toro con tres de sus  hombres de máxima confianza, de repente le resultaron completamente desconocidos. De ahí que sea natural que no esté en condiciones de dar explicaciones sobre su proceder, ni asumir responsabilidad alguna -jurídica, política o moral- por esas “manzanas podridas” que traicionaron su confianza. Al cabo de un periodo de reflexión, no ha tenido más remedio que reconocer que se habían producido  casos flagrantes y graves de corrupción protagonizados por personas que se aprovecharon de su peso dentro del PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Él era una víctima más, porque había sido engañado por personas en las que confió y nunca supo nada de la operación montada por las cloacas de su partido para salvarlo. En España no debía haber espacio para la impunidad de personas corruptas, fueren quienes fueren, llámense como se llamen -Begoña, David, José Luis, Santos, Leire o ZP, por ejemplo-. Quienes han manchado el buen nombre del PSOE y del Gobierno, lo pagarán. Y como la mejor defensa es un ataque, en vez de dar explicaciones molestas, se lanzó a atacar al enemigo. Le causaba sonrojo escuchar los discursos de PP y de Vox. La vuelta de la derecha al poder nunca supondría el fin de la corrupción, sino el regreso de la que su Gobierno había extirpado hace 8 años atrás, a raíz del discurso que precedió a la moción de confianza presentada por el apóstol de la honestidad política, JLA. A diferencia del PSOE, la corrupción es sistémica en el PP, y su esposa, su hermano y su consejero áulico ZP eran sus víctimas, a través de campañas de desinformación basadas en bulos. No cabía preguntarse si iba a seguir al frente del Gobierno, sino ¿cómo no iba a seguir? Él se sacrificaba para salvar al pueblo español de la hecatombe de un Gobierno de derechas, y continuaría pese a todas las dificultades y las piedras en el camino, que, -más que piedras- parecen el Peñón de Gibraltar. 

Los miembros del Gobierno han reaccionado todos a una como en Fuenteovejuna -prietas las filas-, y han ignorado la realidad, negado la evidencia, denunciado la confabulación judicial contra el PSOE, aclamado al “number One” y acusado con efectos retroactivos al PP de la corrupción socialista. Óscar López ha enviado un mensaje para que se entere el TS: Hay jueces que prevarican -¿incluidos los del Supremo?- y, si no son ellos, es alguien de su entorno. “Quienes creemos en la democracia, tenemos muy claro que el que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso”. El ministro de la Función Pública debería saber que todo ciudadano -sobre todo si es demócrata- está obligado a acudir a los Tribunales a denunciar los delitos de los que tenga conocimiento, y la fiscal general, Teresa Peramato, sabe que si, un ministro calumnia, la Fiscalía a sus órdenes debe denunciarlo e investigarlo de oficio. Con su fino sentido del humor, Oscar Puente hizo pedagogía, al dirigirse a los menores, futuros electores: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y colaboráis, el perdón se abre paso y, con que presentéis un informito de nada, no entraréis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora”, y añadió que “a Feijoo le gusta que los chorizos anden sueltos, siempre que sean de los suyos”. Poco tiempo ha, el ministro Félix Bolaños envió un claro mensaje a la sociedad, en el que afirmaba que quien colaborara con la justicia para perseguir el delito contaría con el reconocimiento y el apoyo del Gobierno de España. Ahora parece haber cambiado de opinión, porque el colaborador no es de su tribu política. ”Aldama no tendrá pena y se pasea por los platós de la TV”. Yolanda Díaz expresó su  sorpresa porque el corruptor no entrara en prisión, la MeMa Mónica García, afirmó que Aldama era el corrupto de cabecera del PP, y la portavoz Ema Saiz señaló que la corrupción no se toleraba ni se amparaba, y que su Gobierno no permitiría que se aplaudiera…

3.-Aliados del Gobierno: En las filas aliadas empieza a percibirse un cierto distanciamiento ante la falta de explicaciones y la cercanía del horizonte electoral, pero, aunque ladran, no muerden, porque nunca contarán con un presidentes tan rendido a sus exigencias. Gabriel Rufián dijo en el Congreso que Sánchez estaba al tanto de la corrupción y con su chulería hortera le espetó: “Negocie con Ábalos la investidura y la palabra de Ábalos era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas y no me cuente milongas”. El portavoz adjunto de Junts, Josep María Crusel, señaló que el todopoderoso ministro de Sánchez y secretario de Organización del PSOE había sido condenado a 24 años de prisión y el Gobierno se escandalizaba de ello, sino del  trato recibido por Aldama por haber colaborado con la justicia. “La sentencia señalaba la luna y ellos miraban al dedo”. El portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, comentó que la afirmación de Sánchez de que el Gobierno había realizado grandes avances en la lucha contra la contaminación era una broma pesada. De forma procaz pero muy gráfica dijo que “mea a la gente y dice que llueve”.

4.-Críticos del PSOE: Cada vez hay menos críticos, porque Sánchez ha convertido el socialismo en sanchismo y no hay espacio para la crítica. Según Felipe González, tras la sentencia las opciones de Sánchez eran dimitir o convocar elecciones para que lo ratificaran o lo rectificaran. La sentencia era correcta y estaba bien hecha. El PSOE aplaudió en su día a quienes se arrepintieron y delataron al PP e incluso los indultó, y Aldama era tan creíble como aquéllos. Para Emiliano García Page, el partido atraviesa el momento más grave de su historia reciente, acechado por los casos de corrupción, con pésimos resultados en las urnas, plegado a intereses personales, alejado de la sociedad y sin la menor intención de hacer autocrítica. “Tenemos que anteponer los intereses del país a los propios, y el PSOE de mañana a cualquier dirigente”. Pidió que se establecieran cortafuegos para que a los militantes no se les responsabilice de la corrupción, a lo que Sánchez -como Dante- replicó: ”Abandonad toda esperanza”.

5.-Oposición: Alberto Núñez Feijóo respaldó la integridad de la sentencia, incluida la atenuación de la condena de Aldama, que el PP había propuesto como acusación particular. Tras la sentencia, Sánchez no podía esconderse, pues era responsable de la corrupción de su ministro, y exigió al presidente que asumiera su responsabilidad política, dimitiera y convocara elecciones para que se pronunciara el pueblo. El portavoz nacional de Vox, José María Fuster, se preguntó qué más tenía que pasar para que Sánchez dimitiera y el PP presentará una moción de censura, y -según la portavoz parlamentaria, Pepa Millán-, Vox no iba a colaborar en el espectáculo dantesco que estaba haciendo el Gobierno de señalar a los jueces en vez de asumir responsabilidades.           

Críticas a la sentencia de la profesora Garay

Una crítica velada a la sentencia, bien fundada histórica y jurídicamente, ha sido formulada por quien fue profesora en la Universidad de Berlín y colaboradora mía en la Embajada en Bagdad, Catalina Garay, en su artículo “Del castigo a la restauración”, algunas de cuyas afirmaciones no comparto. A su juicio, donde nace el beneficio económico suele encontrarse el verdadero centro de gravedad de una organización criminal y dicho flujo no nació en JLA ni en Koldo, sino en Aldama, que era el que generaba los beneficios económicos de las contrataciones ilegales y los distribuía entre los beneficiarios. Sin beneficio económico no existían dádivas, ni incentivos para corromper a autoridades y a funcionarios públicos, con lo que no habría cohecho. El verdadero problema no reside en la declaración de culpabilidad, sino en la respuesta que ofrezca el Derecho al beneficio obtenido mediante el delito. No toda sentencia condenatoria restaura la justicia. La pena sanciona al culpable, pero es la restitución la que restablece la justicia. La primera obligación del corrupto no debería ser colaborar con la justicia, sino devolver el beneficio; solo a partir de ese momento, se podría valorar la utilidad de la colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Si el dinero de la corrupción nacía de las comisiones conseguidas gracias a las concesiones de obras públicas, la primera obligación de la justicia debería ser asegurar su completa restitución al patrimonio público. Cabe aprender del antiguo principio egipcio del Maat, conforme al cual  el objetivo de una sentencia no es únicamente castigar al infractor, sino restaurar plenamente el equilibrio quebrantado por la apropiación ilícita. El castigo podía intimidar, pero solo la restitución restablecería el equilibrio destruido. Se trata sobre todo de determinar quién generó el beneficio económico y qué hizo posible la estructura corruptora, y justo  en ese punto se encontraba Aldama.

Cuanto mayor sea la trascendencia institucional de una sentencia, mayor debe ser su motivación. Una resolución que fija doctrina sobre la corrupción establece los criterios que deberán aplicarse en procedimientos futuros y orienta la actuación del Ministerio Fiscal y de los Tribunales. Como afirmó Lord Hewart, “no solo se debe hacer justicia, sino que ésta debe hacerse de forma que se vea que es manifiesta e indudable”. La legitimidad de una sentencia no depende solo de su corrección técnica, sino también de la calidad de su motivación y, cuanto mayor sea su trascendencia institucional, mayor deberá ser aquélla. Sin la colaboración de participantes en una organización criminal difícilmente podría ser ésta descubierta o plenamente acreditada, pero -por tratarse de una excepción al principio general- se exige una motivación excepcional y especialmente rigurosa. Se tiene que explicar por qué esa colaboración merecía un tratamiento penal extraordinario y que la cooperación prestada había sido “eficaz, seria y relevante para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de otros responsables o la obtención de pruebas especialmente significativas”. Se debe exponer por qué la cooperación resultó realmente determinante para el éxito de la investigación, cuál fue su valor añadido. Aldama inició su colaboración cuando la investigación judicial ya estaba en desarrollo, por lo que existía el riesgo de transmitir una percepción difícilmente conciliable con la confianza de los ciudadanos en la justicia y con la igualdad de todos ante la ley. De lo contrario, existe el riesgo de transmitir la impresión de que la colaboración tardía del principal beneficiario económico de la organización podía adquirir mayor relevancia práctica que la completa restitución del beneficio obtenido mediante la corrupción. El TS no ha justificado suficientemente el extraordinario beneficio concedido a Aldama. La colaboración con la justicia debe ser premiada, pero con una proporcionalidad cuidadosamente motivada. La independencia judicial legitima al TS a que se aparte de la petición realizada por el Ministerio Fiscal, pero debe explicar el razonamiento de semejante decisión. Resulta preocupante que la verdadera consecuencia del delito pueda depender más de la capacidad de negociar una colaboración procesal, que de la obligación de restituir íntegramente el patrimonio ilícitamente obtenido.

1.-Gradación de la responsabilidad: Garay parece considerar que “quien paga manda”, al estimar que -como Aldama era el generador de beneficios gracias a las comisiones- era el principal responsable de la trama. Éste es un caradura, bien relacionado, eficaz y sin escrúpulos, que ha sido el “principal nexo corruptor”, pero no podría haber ido muy lejos sin el respaldo de la autoridad e influencia del superministro de Transporte, secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez. Como ha señalado Ainhoa Martínez en “ABC”, si JLA no se hubiera dejado corromper, no habría habido tan rentables negocios, ya que era el ministro más poderoso del Gobierno. Era, por tanto, el principal responsable y bien condenado está. Igual cabe decir de Koldo que -aunque era un “mindundi”- se convirtió por delegación en el “alter ego” de Ábalos y ejerció tiránicamente su dominio sobre ministros y presidentes de Comunidades Autónomas y de empresas de la SEPI. Puede parecer excesiva la cuantía de las penas, pero se debió a la acumulación de delitos. El TS fue especialmente severo con JLA y le aplicó la condena máxima solicitada por la Fiscalía Anticorrupción por ocupar éste la más alta jerarquía en la Administración Pública. La cuadrilla actuó desde la cúpula del Ministerio de Transportes y de la jerarquía del PSOE.

2.-Premio a los colaboradores: Debido al “modus operandi” de las organizaciones criminales, resulta muy difícil desenmascararlas y acabar judicialmente con ellas, salvo que se cuente con la colaboración desde dentro de alguno de sus integrantes. Esto se puso de manifiesto con el golpe infligido en 1976 a la mafia de la “Cosa Nostra” en Sicilia por los jueces Falcone y Borsellino, en el que desempeñó un papel fundamental el “pentiti” Tommaso Buscetta. Lo importante es que los arrepentidos empiecen a facilitar información que los tribunales no podrían conseguir mediante una investigación normal y que su cooperación sea eficaz, seria y relevante para identificar a los componentes de la banda y suministrar las pruebas necesarias, que es lo que hizo Aldama. Las normas nacionales, comunitarias e internacionales contienen disposiciones que favorecen a los colaboradores. Según el Código Penal, son circunstancias atenuantes haber procedido el culpable -antes de conocer que el proceso judicial se dirigía contra él- a confesar la infracción a las autoridades (arts.21-4 y 66), y los jueces y tribunales podían -razonandolo en la sentencia- imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley, siempre que el sujeto hubiera abandonado voluntariamente las actividades delictivas y colaborado activamente con las autoridades con el fin de obtener pruebas decisivas para identificar o capturar a otros culpables, o impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones criminales a las que  pertenecían o con las que hubieran colaborado (art.376). 

3.-Rebaja de la condena a Aldama: No hubo discrepancia entre el TS y la Fiscalía sobre la condena a Aldama, dado que el Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, pretendía aplicar al comisionista una atenuante muy cualificado, pero no pudo hacerlo porque se lo prohibió la Fiscal General, Teresa Peramato -que abusó de su superioridad jerárquica, y tuvo que mantener la petición de 7 años de prisión. El Tribunal desautorizó a Peramato y dio la razón a Luzón, al aplicarle a Aldama la atenuante que bajaba en dos grados la condena,  reduciéndola a 4 años y medio. Concuerdo con Garay en que una rebaja de este calibre debe ser debidamente motivada por el Tribunal, pero es lo que éste ha hecho. Afirmó que Estado de Derecho debía premiar con los instrumentos previstos en el Código Penal los comportamientos relevantes que incidieran en el descubrimiento y acreditación de delitos tan graves como los que eran objeto del juicio. Aldama facilitó información esencial que permitió al Tribunal llegar a conclusiones a las que no habría podido llegar por sus propios medios, y que fueron corroboradas por otros indicios y pruebas. “Las actitudes procesales de colaboración deben ser premiadas para consagrar la depuración de estas conductas de corrupción. La intensidad dependerá del grado de colaboración que, en el caso, ha sido máxima, por lo que máxima será la compensación en el señalamiento de la consecuencia jurídica”. De esta forma, el TS incitaba a Aldama a seguir colaborando en los casos pendientes de decisión, que son de mayor envergadura jurídica y económica que el de las mascarillas -del que JLA dijo que era el “chocolate del loro”-, y a otros posibles “arrepentidos” a que hicieran lo propio, cosa que acongoja sobremanera a los dirigentes del PSOE. No es relevante que Aldama no colaborara antes del inicio del proceso. Lo hizo cuando, estando en prisión preventiva por el caso del fraude de hidrocarburos, fue amenazado de muerte y optó por colaborar plenamente con la justicia en una fase muy temprana de la instrucción, para lograr la libertad condicional. El empresario solo fue condenado por 2 delitos -integración en organización criminal y cohecho-, frente a los 4 de los otros encausados.

4.-Devolución del dinero defraudado: No estoy del todo de acuerdo con que la condena del culpable de corrupción no sea suficiente para restablecer la justicia, si no se  devuelve todo el dinero dilapidado. La justicia se restablece con la condena del culpable y, si además el Tribunal consigue que se reintegren las sumas defraudadas, miel sobre hojuelas. Son dos planos diferentes. Los Tribunales no tienen poderes para ejecutar las  sentencias, labor que corresponde al Gobierno mediante las fuerzas de seguridad y la AEAT, incluida la recuperación del dinero. No será fácil dicha restitución, porque gran parte de él ya ha sido gastada. JLA estuvo años sin utilizar su cuenta corriente y cubriendo sus desmesurados gastos con el dinero procedente del PSOE que le proporcionaba y administraba Koldo. El TS exoneró de la multa de €3.7 millones no solo a Ábalos, sino también a los otros encausados, al estimar que no quedó probado que usaran información privilegiada. Se ha obligado a Aldama a devolver €430.228. Es además muy probable que los condenados tengan cuentas camufladas en el extranjero.

5.-Ambiente de corrupción generalizada: La corrupción se ha generalizado e institucionalizado en el seno del Gobierno, en un ambiente de falta de responsabilidad política y ausencia de valores morales, que se ha puesto de manifiesto -entre otros modos -con las incongruencias del Gobierno Frankenstein, la discriminación a favor de Cataluña y del País Vasco, el chantaje de sus aliados independentistas y filio-terroristas, la concesión de indultos y de amnistía a los secesionistas para mantener a Sánchez en el poder, las modificaciones en el Código Penal para abolir la sedición y rebajar las sanciones por corrupción, el abuso de los decretos leyes, la ausencia de presupuestos generales en toda la legislatura, el uso impune de la mentira como base de la actuación del Gobierno, el menosprecio de las Cortes, el intento del Gobierno de controlar el Poder Judicial y los ataques a jueces y fiscales, la actuación del TC que ha legitimado la amnistía, el fraude de los ERE y las malversaciones de los independentistas, o el dominio absoluto por parte del Gobierno de los organismos controladores y las empresas públicas. Todo ello tiene una incidencia en el plano jurídico al crearse una atmósfera de arbitrariedad. Tenemos un sistema muy garantista, que favorece más a los delincuentes que a las víctimas, como se manifiesta en el trato privilegiado a los presos etarras, en las “okupaciones” y en la impunidad de los autores de delitos menores.

Conclusión

Un Gobierno corrompido hasta las cachas, que está siendo investigado en 15 procesos judiciales, difícilmente podrá luchar contra la corrupción en la que está inmerso. Recuerdo la rima XXI de Gustavo Adolfo Bécquer, que -parafraseándola- cabría de dirigir a Sánchez: “¿Qué es corrupción? dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Y tú me lo preguntas? Corrupción eres tú”. Ante la inusitada petición del Congreso y del Senado de que dimitiera y convocara elecciones, Sánchez contestó con una siniestra carcajada de “Joker”, en medio de la  entusiástica ovación de sus diputados. Según Gorka Maneiro, “las risas y los aplausos son la representación gráfica de en lo que han quedado el Gobierno y los lacayos que lo defienden dócilmente en el Congreso”. Estas carcajadas son para Joaquín Manso el resumen de la legislatura: el símbolo de la arbitrariedad del poder. “El mismo Congreso que lo hizo presidente le insta ahora a dimitir, pero él no se da por aludido”. Cuando repite que cómo no va a seguir, “está confundiendo deliberadamente la resistencia con la legitimidad democrática”. Sánchez ha pasado de gobernar sin las Cortes a hacerlo contra las mismas, lo que supone un salto cualitativo significativo. A juicio de Marisa Cruz, se ha quebrado uno de los principios fundamentales de la democracia parlamentaria, conforme al cual, si un presidente no cuenta con la confianza mayoritaria de los representantes de los ciudadanos, se tiene que marchar. Lejos de aprovechar la reunión del Consejo Federal del PSOE para ofrecer una explicación convincente sobre los escándalos que cercan a su Gobierno, Sánchez volvió a refugiarse en un relato que niega cualquier responsabilidad política y reduce la corrupción a comportamientos individuales. La sentencia ha sido -según Manso- un contundente mensaje al conjunto del Estado para que reaccione frente a la colonización de las instituciones y la corrupción que socava la arquitectura institucional de la democracia.