El Consejo de Ministros del 27 de enero de 2026 tomó la insólita decisión de llevar a cabo por la vía de urgencia un proceso de regularización extraordinario de personas extranjeras que se encuentren ilegalmente en España desde al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales. La política migratoria es una de las políticas de Estado básicas en una democracia, pero el Gobierno de Pedro Sánchez carece de una política lógica y coherente, y anda dando bandazos de un lado para otro y adoptando medidas contradictorias. 

El Gobierno se estrenó en 2018 con una campaña populista y demagógica de acogida triunfal en Valencia a 639 refugiados del buque ”Aquarius” y la exhibición de carteles en los edificios oficiales con el lema “Refugees welcome”, si bien ese mismo año expulsó en caliente a 700 emigrantes que habían entrado ilegalmente en Melilla. En julio de 2025, España y Mauritania firmaron varios tratados de cooperación, incluido uno de lucha contra la emigración ilegal, y Sánchez declaró que era imprescindible “el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque esto traslada un mensaje desincentivador y nítido a las mafias y a quienes se ponen en sus manos”. Meses después, el Gobierno anunció la urgente regularización de cientos de  miles de inmigrantes residentes en España.

Según Raúl Piña, el Gobierno es un jarrón chino fragmentado en pedazos, que Sánchez trata de pegar con el cemento de las concesiones a sus aliados: A HB el olvido del terrorismo etarra, a ERC la financiación singular y al PNV las transferencias. A Podemos le ha concedido la regularización de inmigrantes ilegales, a cambio de que  levante su veto a la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña, con la esperanza de que -al cumplir su compromiso con Junts- Puigdemont acceda a regresar al redil del Gobierno Frankenstein y Sánchezpueda gobernar, aunque sea en precario. 

El 2 de febrero se celebra en EEUU el “Día de la Marmota”, que -por mor de la globalización- ha surtido efectos aquende el Océano Atlántico. Según Héctor Cebolla y María Miyar -en su excelente artículo “Borrón y cuenta nueva en gestión de inmigración”, publicado en “El Mundo”-, nuestra política migratoria se ha convertido en una variante administrativa del “Día de la Marmota”. El anuncio de una regularización extraordinaria pactada con Podemos pretende dar papeles a cerca de medio millón de personas -con certeza muchos más-, mediante un Real Decreto exprés. La medida no es la solución al problema de la irregularidad que sus promotores dicen perseguir, sino sencillamente la confesión de un fracaso recurrente y la constatación de que el modelo migratorio español tocó fondo. La inexistencia de una memoria económica revela que la estimación de su cobertura no se sustenta en un análisis solvente y riguroso, y cabe preguntarse con qué criterio se ha calculado esa cifra y sobre qué provisiones se ha diseñado la propuesta. Según FUNCAS, a principios de 2025 había en España 840.000 personas en situación irregular y su número ha crecido a lo largo del año -en 2024 llegaron a España 1.288.000 emigrantes-. “Nuestro sistema normaliza sistemáticamente la irregularidad en lugar de gestionarla y, sobre todo, prevenirla”. El modelo migratorio español está construido a partir de reacciones ante hechos consumados. Se va a legalizar a una proporción muy significativa de los inmigrantes que han entrado en el país de forma regular, como turistas o estudiantes, y permanecido en él irregularmente. Así se somete al migrante a un purgatorio de varios años, forzado a participar en la economía sumergida -sin permiso de trabajo, pero con acceso a la sanidad pública y otras prestaciones tras empadronarse-, para finalmente acceder a la regularización. Desde 2005, la respuesta institucional a este problema ha sido la regularización por arraigo, verdadera válvula de descompresión de este sistema disfuncional, que ha permitido en los últimos años la regularización de unos 650.000 inmigrantes, pero ahora se recurre a la herramienta extraordinaria de una regularización masiva y prácticamente incondicional. Se producirá el “efecto llamada” y, mientras no cambie el modelo migratorio, volverá a crecer la bolsa de la población irregular.

Antecedentes

611.821 personas -entre las que me incluí- solicitaron la regularización de medio millón de inmigrantes residentes en España y, el 24 de abril de 2024, el Congreso aprobó por aplastante mayoría -con la única oposición de Vox- una Iniciativa Legislativa Popular para acabar con la vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes y las barreras que les impedían acceder a un trabajo digno, y les permitiera contribuir económicamente a la sociedad. El PP declaró que se había sumado a la iniciativa a petición de Caritas. Ante esta cuasi unanimidad, cabía esperar que se produjera una negociación seria y responsable que llevara a la adopción de una política migratoria de Estado, pero desgraciadamente no fue así. El PSOE acusó al PP y éste a aquél y, entre unos y otros, la casa sin barrer y la propuesta quedó guardada en un cajón.

La mayoría de los inmigrantes extranjeros que arribaron a España, lo hizo de manera regular -aunque la forma más aparatosa sea la de la minoría que llegó en patera, jugándose la vida en el intento-, aunque luego se quedara en el país de manera irregular. Según Pilar Mera -en su artículo “Contra la xenofobia” publicado en “El País”- el Gobierno debería colaborar con la mayoría de los partidos para elaborar una política migratoria realista e integradora, porque la inmigración es un problema demasiado complejo para caer en simplismos, oportunismos o demagogia. España es de los pocos países democráticos que no se ha tomado en serio el problema de las migraciones, no lo ha debatido ni en las Cortes ni ante la opinión pública, y el Gobierno ha seguido una política caótica, cambiante y contradictoria. 

A finales de 2024 , España contaba con 49.128.297 habitantes, de los que casi 7 millones -el 14.07%- había nacido en el extranjero. En 2025, la población creció en unas 240.000 personas, gracias a los inmigrantes, porque su tasa de natalidad del 1.2 no permitía el relevo generacional. La migración es a la vez un problema y la solución, pues -como ha señalado el profesor Sánchez Barricarte- es un factor clave para frenar el envejecimiento demográfico, sostener el sistema de pensiones y cubrir vacantes laborales esenciales y, en definitiva, para el crecimiento económico. Las Comunidades que más crecieron fueron precisamente las que recibieron proporcionalmente mayor número de inmigrantes. Ha creado algunos problemas como el tensionamiento de los servicios públicos o la incidencia sobre el precio de la vivienda, pero -en opinión del profesor  Francisco Rodríguez- atribuir estos problemas a la inmigración es confundir un acelerador con el motor averiado. No ha sido la llegada de inmigrantes lo que ha generado fricción en los servicios públicos, sino la incapacidad de adaptar a tiempo las políticas de sanidad, educación, vivienda o servicios sociales a una realidad que ya estaba aquí. La tensión por la falta de adaptación  se concentra en barrios concretos, se cronifica y acaba por traducirse en malestar. Hay que distinguir entre regularización e integración, conceptos que se usan como sinónimos pero que no lo son. “Regularizar no es integrar, pero la irregularidad prolongada produce malos resultados económicos, empuja hacia la economía informal, desincentiva la inversión en capital humano y deteriora la convivencia”. La integración no es automática, la convivencia no surge por sí sola y los errores de gestión tienen consecuencias visibles. 

Los inmigrantes no aportan más de lo que reciben del Estado. Según la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, cada migrante tiene una balanza fiscal positiva de €4.000, pero esto no es cierto porque -si se tiene en cuenta los gastos de sanidad y de educación- se produce un saldo de negativo de €3.036. No obstante, su contribución en general es superior, siempre que sea ordenada. Como han observador Cebolla y Miyar, la migración es un asunto central en la contienda política y, en un contexto de creciente polarización emocional e ideológica, la ausencia de una política migratoria de carácter técnico, anticipatorio y coherente deja un vacío que es ocupado por discursos simplificadores. “Cuando la política rehúye ordenar y explicar, se deja el espacio libre para que lo ocupen propuestas simplistas, que reducen cualquier fenómeno complejo a consignas identitarias”. Debe darse una salida digna a nuestros nuevos vecinos, pero convertir la excepción en norma a través de Decretos mal planteados no soluciona el problema, sino que lo aumenta. Ahora que la migración tiene más peso electoral, la opinión pública debería ser tratada de forma adulta y abrirse un debate serio y riguroso sobre la misma: Cuántos inmigrantes necesitamos, de dónde procedan, con qué cualificación y qué capacidad de acogida tenemos. “Seguir gobernando la inmigración de forma reactiva y ocasionalmente efectista es ineficiente y, por ello, proporciona gasolina a quienes quieren dinamitar la convivencia”.

Propuesta de Real Decreto

El Gobierno ha decidido realizar la regularización masiva de inmigrantes mediante una modificación del Real Decreto 1155/2024 por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Como ha señalado Manuel Arias, el futuro Decreto hace decir al Reglamento lo que no dice la Ley, por lo que será nulo de pleno derecho y así podrán declararlo los tribunales, pero esto a Sánchez le da igual porque, cuando llegue a esa decisión, la regularización ya se habrá consumado y conseguido los efectos perseguidos. En lugar de discutir con serenidad en el seno del Congreso qué modelo migratorio se requiere, el Gobierno se limita a esperar que crezca el número de quienes residen ilegalmente entre nosotros y, un buen día, los saca del limbo jurídico en el que los había dejado entrar. No se malquistará con los independentistas y, tarde o temprano, transferirá a las competencias migratorias no solo a Cataluña, sino también al País Vasco, cesión inconstitucional hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario.

Según la ministra Sáiz, el objetivo de la norma es ofrecer a los inmigrantes la oportunidad de vivir con igualdad de derechos y responder a una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía. “Es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cuestión social”-¡bueno, bonito y barato!-. Se trata de una medida que ha sido ampliamente trabajada y dialogada, que retoma el espíritu de la ILP que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por amplia mayoría del Congreso. Nada que ver con la realidad, ya que dicha ILP fue guardado en un cajón e ignorada, ya que nunca llegó a ser seriamente debatida, pese a haber sido aceptada en principio por todos los partidos salvo Vox. El Gobierno ha recurrido al método excepcional del Decreto-ley, cuando no había necesidad, motivo, ni urgencia, previo un innecesario pacto con Podemos, al que ha regalado un fugaz e interesado protagonismo.

Además de los residentes ilegales, podrán acogerse a la regularización los solicitantes de asilo y de protección internacional. Los beneficiarios deberán presentar sus solicitudes desde principios de abril a finales de junio y, una vez admitidas éstas a trámite, podrán acceder a una autorización de residencia legal con una vigencia inicial de un año -ampliable otros 4-, que les permitirá trabajar de forma provisional en cualquier sector de la economía y en cualquier lugar de España, quedando suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión. Según ha recordado Saiz, Gobiernos de todos los colores han realizado regularizaciones extraordinarias desde 1986. Felipe González hizo cuatro en beneficio de 174.000 personas, Aznar dos -a favor de 503.000- y Zapatero una –576.506 beneficiados-, pero hubo una diferencia fundamental con la actual regularización: todas ellas fueron autorizadas por el Congreso. Según Sáiz, “cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla y no mira para otro lado”. No ha explicado la ministra por qué su Gobierno ha estado mirando para otro lado durante 8 años. Con su desvergonzado descaro ha preguntado al PP si va a estar con la CEOE y la Iglesia o con Vox. La patronal la ha desautorizado, mientras que el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, la ha calificado de buena noticia. El PP ha contestado que las regularizaciones colectivas y masivas son ilegales. 

El único requisito exigido -además de una residencia mínima de 5 meses, que podrá ser probada con cualquier documento, como un tique de compra en un supermercado- es que los solicitantes no tengan antecedentes penales. Semejante exigencia es totalmente insuficiente, porque lo que se debería requerir es la ausencia de antecedentes “policiales”. Para tener antecedentes penales es preciso que haya habido una condena previa y habrá candidatos que hayan cometido delitos, pero que -como la justicia es lenta y está desbordada- podrán ser regularizados a pesar de sus fechorías, y que les quiten lo regularizado. Obtener un certificado de penales en España es una operación rápida y sencilla, pero no lo es en muchos otros países en los que conseguirlo es misión imposible, pero no tienen que preocuparse porque todo son facilidades. Si no consiguen el certificado en 30 días, bastará con que hagan una “declaración responsable” de que están limpios como una patena. Se abre así la vía para el fraude y el trapicheo. Aunque se hayan contratado 250 empleados para las oficinas migratorias  y otros 500 más lo serán en breve, las perspectivas del colapso de estos servicios es casi segura ante la multitud de solicitudes que se presentarán.

Como ha observado Julián Quirós en “ABC”, Sánchez no pretende con la regularización resolver el caos migratorio, sino aplazarlo, incorporándolo al conjunto del sistema para retener el apoyo de Podemos, con el fin de reforzar su muro y dotarse de otra bolsa clientelar, que no vota hoy, pero sí lo hará mañana. Estamos ante una disfunción real que traslada al futuro los costes del colapso de la sanidad, la educación, la asistencia social y el modelo de pensiones. “El caos oxigena al sanchismo”. Irene Montero ha rebuznado que luchará por cambiar las leyes para conceder la nacionalidad a los inmigrantes y puedan votar. “Ojalá logremos borrar del mapa a los fachas y a los racistas, y los sustituyamos con gente migrante”. Es -según el diario- la “teoría del reemplazo”. “La regularización, que debería ser un reconocimiento de derechos sin condiciones políticas, se ha convertido en un plan de fidelización ideológica, que tiene la premisa de que los migrantes van a ser regularizados para votar contra la derecha”. El “New York Times” ha informado que España abría una ruta de regularización migratoria  en contraste con el resto del mundo, y ofrecido sus páginas a Sánchez para defender la medida, lo que no ha hecho en España. Elon Musk ha acusado a Montero de preconizar un genocidio cultural y demográfico, que es absolutamente despreciable. 

 Podemos presume de dar la máxima importancia a la lucha contra el racismo y por  eso se opuso a la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña. Ahora, tras su pacto con Sánchez, no se muestra tan decidido a eliminar el racismo contenido en el acuerdo entre el Gobierno y Junts, y está dispuesto a apoyar la transferencia a la Generalitat de las competencias migratorias, siempre que se hagan algunos cambios cosméticos en la exposición de motivos del acuerdo. Lo que resulta surrealista es que el Gobierno negocie unas transferencias prohibidas por la Constitución con un partido que no gobierna en Cataluña y tiene a su líder en Waterloo incapaz de regresar a España, y con otro partido marginal que solo dispone de cuatro diputados en el Congreso.

Transcendencia del problema migratorio allende nuestras fronteras

La frívola e improvisada decisión del Gobierno de regularizar sin apenas exigencias a un considerable número de inmigrantes irregulares afecta adversamente, no solo a los españoles, sino también a sus socios europeos, ya que se sitúa en abierta confrontación con la vía seguida por la UE. La demanda de un mayor control sobre la inmigración es general en Europa y ha llevado a la Comisión Europea a rechazar las regulaciones masivas. A juicio de Iñaki Ellakuría, Sánchez está siendo desleal con sus socios europeos, al sacar a España del consenso y convertirla en la puerta de entrada en la Unión de inmigrantes irregulares, con el inevitable efecto llamada, porque la realidad nunca desaparece por Real Decreto o por virtud de la propaganda.

La UE se ha enfrentado a la instrumentalización de la migración irregular como forma de presión política en sus fronteras exteriores. En octubre de 2004, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que presentara con urgencia una propuesta sobre retorno de migrantes y ésta presentó un Reglamento de Retorno, en cuyo prólogo se dice que, “cuando las personas sin derecho a permanecer en la UE se quedan en ella, corre peligro todo el sistema de migración y asilo. Es injusto para quienes han respetado las normas, va en detrimento de la voluntad de Europa de atraer y retener el talento y, en última instancia, erosiona el respaldo publico a una sociedad abierta y tolerante. Incentiva la llegada de ilegales y expone a las personas en situación irregular a condiciones precarias y a su explotación por parte de redes delictivas”. Según la Comisión, “la propuesta también tiene por objeto evitar la elusión de las normas y detener los movimientos posteriores no autorizados dentro del espacio Schengen”. 

En opinión de la antigua eurodiputada Eva Potcheva,“la regularización se concibe únicamente como una excepción prevista de forma individual y no colectiva o masiva. Así lo establece el artículo 6 apartado 4 de la Directiva, que contempla la regularización únicamente como una decisión dirigida a un nacional de un tercer país. La concesión de permisos de residencia es una competencia nacional, pero debe ejercerse dentro de los parámetros del Derecho Europeo, dado que la política migratoria es una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros”. La política migratoria de cada Estado repercute así en sus socios, lo que convierte la coherencia y la coordinación en elementos esenciales. Resulta fundamental no socavar la confianza entre los Estados miembros, mediante decisiones unilaterales que puedan comprometer la eficacia de una normativa aún pendiente de adopción. La UE no funciona a la carta. El Pacto de Migración y Asilo descansa sobre un equilibrio delicado entre solidaridad y responsabilidad, y conviene no poner en riesgo tan frágil equilibrio.

Alberto Núñez Feijóo ha denunciado ante la Comisión la regularización que pretende realizar el Gobierno de Sánchez y se ha encontrado con la desagradable sorpresa de que el comisario de Migración, Magnus Brunner, ha declarado que, al tratarse de personas que ya están residiendo en un Estado miembro, corresponde a éste decidir cómo actuar. Parece ser que el comisario austriaco, miembro del PPE, no consultó con la presidenta Ursula von der Leyen, y ha sido desautorizado por ésta y por la Cumbre del Partido, que ha afirmado que “la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular debilita gravemente nuestra política migratoria y, por esta razón, defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada. La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable”.

Es fundamental que el Gobierno español establezca de una vez una política migratoria seria y coherente, de conformidad con la normativa de la UE y con los tratados internacionales en materia de inmigración y refugiados en los que España es Parte, y mediante el respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes y la defensa de los intereses españoles. Resulta evidente que, por razones demográficas y económicas, a España le interesa recurrir a la inmigración -especialmente a cierto tipo de inmigración-,  siempre que ésta sea reglada, ordenada y controlada, y es obvio que, salvo en circunstancias excepcionales, no proceden las regularizaciones colectivas y masivas a personas que estén en situación ilegal en España y no tengan ningún vínculo con el país, ni actúen en su beneficio y, aún más, que se realicen mediante una decisión unilateral del Gobierno, al margen de las Cortes, de los principales partidos de la Nación y de la opinión pública. Debe autorizarse su residencia y concedérseles permisos de trabajo caso por caso y en función de la conductas de los solicitantes.

Yo mismo he formulado sugerencias relativas al establecimiento de una política migratoria española -como en mi artículo “Los graves peligros de la inmigración ilegal y de la islamización en España”, publicado el año pasado en “Sevillainfo”-, entre las que figuraba la de “fomentar la inmigración procedente de Iberoamérica, Europa Oriental y África subsahariana no musulmana”. Lo de América resulta evidente por razones históricas, lingüísticas, culturales, religiosas y sociales. Algunos han criticado, sin embargo, mi propuesta de reducir la regularización de musulmanes. No soy enemigo del Islam en cuanto religión y defiendo la libertad de culto, pero soy contrario al islamismo cuando se convierte en praxis política intransigente, que no respeta las creencias, normas y costumbres del país de acogida, y trata de imponer las suyas, incluidas las que son contrarias a la Moral y al Derecho. En España se agrava el problema porque la  marroquí es la principal colonia, con 300.000 nacionalizados que tienen gran influencia en Ceuta, Melilla y Cataluña. Obedecen al Sultán alauita y algunos se convierten en agentes suyos. Según la agencia Opina-360, dos de cada tres de ellos votan al PSOE y Sánchez está totalmente sometido a la voluntad de Mohamed VI, que no ha renunciado a sus reivindicaciones sobre territorios españoles. Es loable legalizar la situación de inmigrantes con arraigo en España, pero no lo es que se haga para facilitar la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña, ni que  se realice de forma masiva e incondicional, y sin la aprobación del Congreso.