Lo malo de acostumbrarse a una situación de anormalidad es que seguimos avanzando poco a poco hacia el despeñadero sin que los gritos de alarma de algunos hagan reaccionar a los que se supone que tienen un poco de sentido común. España tiene planteados en la actualidad varios problemas gravísimos que la amenazan por todos los flancos. En todos ellos nos estamos acercando ya a una situación límite. La crisis sanitaria por la gestión del coronavirus está resultando la peor de toda Europa en todos los índices objetivos que uno quiera analizar. Las repercusiones económicas derivadas de esta pandemia son terribles, con una destrucción de empleo masiva y unos niveles de deuda pública que empiezan a ser inasumibles. 

Mientras tanto, nuestro Estado continúa engordando a base de ministros y altos cargos, cuya tarea fundamental es producir escritos llenos de eslóganes y palabras mágicas (“salimos más fuertes”, “sostenibilidad”, “resiliencia”, “género”) que pretenden amoldar a realidad a su ideología fantasmagórica. Pero lo único real que vemos de resultas de sus políticas son los casoplones y los sueldos públicos crecientes de una minoría y la riqueza menguante de los ciudadanos que pagan impuestos.

Tenemos en la actualidad un Gobierno en manos de personas acusadas de gravísimos delitos, ante la tibieza de muchos medios y cierta “desgana” por parte de la Fiscalía en investigar tantas irregularidades. No se trata ya de la vieja corrupción a la que nos tenían acostumbrados los partidos de siempre. Los comunistas han introducido de la manera más burda en la política española espionaje, nepotismo, denuncias falsas y cobros directos procedentes de ciertas potencias extranjeras cuyo fin confesado es destruir a España y a Occidente. En circunstancias normales estos escandalazos deberían producir un cataclismo político. 

Pero aquí tenemos a muchos “centristas” empeñados en reconstruir el bipartidismo PP y PSOE, con el que tan bien les iba a algunos. La historia ha demostrado infinitas veces que no se puede reconstruir lo que ya se ha desgarrado por varias costuras. La España de 2020, ya no es la de los años 80.  

En cambio, las prioridades del sector “moderado” del Gobierno siguen siendo introducir la perspectiva de género en los asuntos más peregrinos que se nos puedan ocurrir, tratar de que vengan a España cada vez más inmigrantes ilegales y mostrarse comprensivos con separatistas y ex-terroristas. No importa que estos lleven ya decenios empeñados en destruir la Nación y hoy crean, con razones objetivas, que tienen sus objetivos al alcance de la mano. Todo ello sin contar con los cada vez más evidentes lazos de los socialistas con dictaduras bananeras y homicidas. Ahí tampoco hay mucha voluntad de saber la verdad.

En España se han hecho mociones de censura por motivos infinitamente menores. El hecho de saber que no contaban con votos suficientes para que la misma prosperara no ha sido óbice alguno para su presentación. Muchas mociones que parecían condenadas al fracaso supusieron la primera piedra para alternancias que no tardaron en llegar, como la que presentó Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980. La última moción que hemos presenciado –y que fue exitosa– echó al Gobierno de Rajoy en 2018 por una corrupción real, pero infinitamente menos grave que aquella de la que se acusa ahora al Gabinete actual.

Es muy triste desempeñar el papel de Casandra, que predice desgracias reales aunque nadie las crea. Pero cuando empiecen a caer los cascotes de la ruina que se nos viene encima no cabrá decir que nadie nos advirtió. La “nueva normalidad” no puede significar que tengamos al frente del timón el peor Gobierno posible en el peor momento posible. Dar tregua para que se sigan consumando estos atracos al pueblo español es verdaderamente suicida.