El empeño del Gobierno en exhumar los restos del general Queipo de Llano, de la Basílica de la Macarena, admite más de un análisis, por más que pretendan reducirlo a una aplicación forzada de la Ley de Memoria Democrática, pues en realidad su ubicación no la infringe, al no favorecer actos públicos de exaltación o enaltecimiento, sino sólo las pisadas con mayor o menor intención de los visitantes de la Basílica. Al encontrarse su fosa dentro de suelo católico debería estar protegida por las normas de Derecho Canónico y los Acuerdos vigentes del Estado español con la Santa Sede.

Y el Hermano Mayor de la Macarena no debería responder tan solícitamente a las exigencias del Gobierno; sino atender en primer lugar a la defensa de la Hermandad y de sus Hermanos, incluyendo a los difuntos cuando sus restos descansan bajo su protección. La responsabilidad de lo que hiciera o dejara de hacer Queipo, solo a Dios le compete juzgar ya; pues aunque fueran ciertas las culpas que con tanta saña le imputan sus enemigos, no incumbe juzgar esto a la Hermandad, pues no se enterró ahí por ser un hombre intachable. ¿O acaso no se entierran en suelo católico a los pecadores?

Y lo que de nuevo resulta muy decepcionante, es la inhibición de la jerarquía eclesiástica en todo este asunto, cuyo silencio y falta de defensa de quienes tanto beneficiaron a la Iglesia, suena demasiado a una complaciente cobardía indigna de lo que representan.