Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que cuando a uno le ocurría una desgracia procuraba salir de ella. Ahora lo primero que hacemos es buscar al responsable de que nos haya ocurrido. Y, si puede ser, que pague.

Nos hemos convertido en una sociedad con airbag, casco, rodilleras, chaleco reflectante y teléfono de emergencias. Queremos vivir, pero con garantía. Viajar, pero que nos evacúen si se complica la cosa. Emprender, pero que nos subvencionen si sale mal. Comprar una casa, pero que nadie nos pueda subir la hipoteca. Trabajar, pero que la empresa nos pague hasta el café del camino. Tener hijos, pero que el colegio los eduque, la abuela los recoja y el Estado los entretenga durante agosto.

Y si llueve mucho, indemnización. Si no llueve, también. Si hace calor, alerta. Si hace frío, alerta. Si nieva, que venga alguien a sacarnos. Si hay un virus, que nos encierren. Si hay una guerra a seis mil kilómetros, que nos evacúen. Y si nos hemos ido de vacaciones precisamente al sitio donde recomendaban no ir, que mande el Gobierno un avión, a ser posible con catering.

No queremos seguridad: queremos invulnerabilidad. Que es distinto.

Hemos sustituido la vieja resignación —que tenía sus defectos— por una especie de derecho universal a que nada malo nos suceda. Y cuando sucede, porque la vida tiene esa fea costumbre, exigimos inmediatamente una administración, una aseguradora, una empresa, un padre o un cuñado que venga a arreglarlo.

La palabra resiliencia se utiliza hoy muchísimo, seguramente porque cada vez se practica menos. Resiliente era mi abuelo, que no sabía lo que significaba y tampoco tenía tiempo para buscarlo. Cuando venían mal dadas, apretaba los dientes y tiraba para adelante. Sin gabinete psicológico, protocolo de acompañamiento ni teléfono gratuito de atención al afectado.

Quizá hemos confundido progreso con ausencia de adversidad. Y no. El progreso consiste en tener mejores herramientas para enfrentarse a ella, no en pretender que alguien la elimine.

Porque llegará un día en que ocurra algo para lo que no exista cobertura, subvención, seguro ni protocolo. Y entonces tendremos que recurrir a una antigua prestación social prácticamente extinguida: nosotros mismos.