No procede adelantarse al pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca de la idoneidad de Dolores Delgado para el puesto que ocupa desde hace año y medio como Fiscal General del Estado, pero sí cabe pronosticar la que se le vendría encima a Pedro Sánchez y a nuestra democracia, reducida ya a un constante ejercicio de demoscopias en el que da lo mismo la legitimidad y la legalidad de las acciones, porque lo que les importa es si son capaces de vender motos que no arrancan o burras con más mataduras que Rocinante tras enfrentarse a los molinos de viento que encarecen el precio de la luz hasta límites insoportables.
Lo que apuntan los indicios, por ahora, es que el próximo 19 de octubre, las puñetas de la más alta magistratura judicial se decantarían por declarar impropio y no ajustado el nombramiento de Dolores Delgado para ese puesto, lo cual dejaría en el absurdo los dos primeros años de la presente legislatura socialcomunista y vendría a demostrar que la pifia de Sánchez en su día haciendo ver que la Fiscalía General depende del Gobierno contaminaba hasta un extremo insoportable a todo el sistema.
En manos de alguien como Sánchez, la Constitución del 78 y cualquier atisbo de reforma de la misma en un proceso constituyente supondría una locura y un peligro insoslayable para las autoridades de la UE, a quienes Sánchez les ha encendido todas las alarmas también con sus manejos en el lado oscuro del Estado para distribuir los fondos de recuperación, que amenazan con generar una hornada de multimillonarios prodigiosa y el mayor latrocinio desde el robo del oro del Banco de España y las joyas y los tesoros de las Cajas de Reparación y el asalto a los museos y catedrales de España, ejecutados en casi toda su extensión por ese partido de los 140 años de honradez inexistente.
Recuérdese al respecto el encargo realizado a un especialista bajo amenazas en septiembre de 1936 para desmontar la custodia de Arfe de la Catedral Primada de Toledo: «18 kilos del primer oro que vino de las Indias, 183 kilos de plata sobredorada, 5.600 piezas, 12.500 tornillos, 260 estatuillas, 2,5 metros de altura, casi 18 arrobas de peso, esmeraldas de Colombia, zafiros de Ceilán y un bosque prodigioso de filigranas, pináculos, columnas y doselillos para una de las grandes joyas de la Historia mundial de la orfebrería». Semanas antes fue preciso hacerse a punta de pistola con el manual de montaje y desmontaje elaborado por el propio Arfe, conservado por el arcediano y el tesorero de la Catedral, quienes fueron inmediatamente fusilados, apenas hicieron entrega de dicho manual de instrucciones.
Dicen que a Dolores Delgado no le llega la camisa al cuello, pero luego su caso podría ser revisado por el Tribunal Constitucional y hasta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, como así le sucedió al ex juez Baltasar Garzón, aunque nada de esto frenaría su destitución y así agotaría el mismo recorrido que la condena e inhabilitación de su pareja sentimental, quien alegó más tarde ante un comité de la ONU, carente de toda legitimidad en el ámbito judicial, que algunos jueces que le sentenciaron debieron ser apartados del proceso por conflicto de intereses y por no contar en nuestro país con una instancia superior para revisar su caso, a la vez que en el citado comité que pretende ahora su restitución figura como ponente un abogado chileno que se hinchó a presentar denuncias contra el dictador Augusto Pinochet en su moribundia, aprovechando las maniobras y reclamos emprendidos por el propio Garzón en aplicación del dudoso principio de Justicia Universal. «La famiglia, Toni, la famiglia…», susurraba la voz cavernosa de Don Corleone.
No es contradicción, sino el cinismo de quien cree que puede amparar todas sus tropelías, incluso la de vulnerar el secreto de defensa con escuchas dolosas e ilegales y la presunción de inocencia, gracias a una ideología de superioridad moral autorregalada.
A Garzón le tumbaron sus protestas las dos instancias superiores y pretende ahora ser restituido mediante una maragaña no judicial, tan acostumbrado como estaba él a hacer de su capa un sayo en la Audiencia Nacional y a emprender o a dejar de emprender acciones en función del interés político de sus decisiones, en lo que viene a coincidir también con Marlaska, quien al menos estéticamente no debería poder reintegrarse a la carrera judicial después de tan animosas y capciosas actuaciones a favor de parte y hasta «contra legem», como pudo verse en la destitución del coronel Pérez de los Cobos o antes, ambos dos, en el Caso Faisán del chivatazo sobre acciones terroristas mientras se negociaba con los dirigentes de la ETA. Por cierto, jamás un juez condenado por dolo ha sido restituido en su plaza en lo que se considera una doctrina difícilmente mudable, todo lo cual abunda en las sospechas sobre el interés que tienen en renovar a toda prisa la composición del CGPJ.
Lo que está en juego no son los meros intereses particulares de Delgado o de su novio, sino la credibilidad y la estabilidad misma del sistema, cosas que a Sánchez le importan tres puñetas si no es él quien se encuentra en la cúspide del mismo. A partir del día en que pase a la oposición, ya verán cómo el precio de la electricidad, la hecatombe económica y del empleo y las regalías electoralistas a los radicales se convierten en asuntos no minimizables y volverán las banderas sindicales a inundar las calles como en tiempos del «Novecento» de Bertolucci.
Sólo cabe añadir que en todo caso el pronunciamiento del Pleno se producirá a instancia, una vez más, de una diputada de las de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, Macarena Olona, portavoz de un partido de cuyo nombre no quieren ni acordarse.
He dicho.
