Cómo habría disfrutado Ramón María del Valle-Inclán con el esperpento que se escenificó el pasado 30 de octubre en el Congreso, con una mezcla de surrealismo daliniano y de sainete, bajo los acordes de una rumba catalana. La Ley de Amnistía -que tanto Pedro Sánchez como su fontanero mayor, Félix Bolaños, aseguraron que era perfecta, impecable y del todo constitucional- fue rechazada en el último lanzamiento de penaltis por los 7 diputados de JxC -principales beneficiados del engendro-, en un acto kamikaze de prepotencia, que puso en evidencia la real desnudez de su socio.

Blanqueamiento del terrorismo

Sánchez no hace caso a nadie salvo a los independentistas catalanes -de los que depende para mantenerse en el poder- y a la Unión Europea-por la cuenta que le trae-. La Comisión Europea le hizo llegar el mensaje de que la proposición de Ley sobre amnistía no debería cubrir el supuesto de malversación de los fondos europeos, ni incluir el “lawfare”. Los redactores de la ley atendieron a la primera demanda al excluir de la amnistía  los delitos que afectaren los intereses financieros de la Unión, y eludieron la segunda, al sacar la judicialización de la política del texto de la Ley y pasarla al Acuerdo político concluido entre el PSOE y JxC.

La proposición excluía de la amnistía los delitos de terrorismo, cuando sus perpetradores hubieran sido condenados por sentencia firme, con lo que quedarían amnistiados todos los imputados en los casos de los delitos de terrorismo cometidos por los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) o de “Tsunami Democratic”, dado que no ha habido tiempo para que se cierren las investigaciones y se celebren los juicios y ,en consecuencia, no se haya dictado ninguna sentencia firme.

La situación empezó a complicarse para Puigdemont y sus secuaces cuando el magistrado instructor del caso “Tsunami Democratic” (TD), Manuel García-Castellón, rechazó el 18 de enero el recurso del fiscal Miguel Ángel Carballo contra su decisión de elevar el caso al Tribunal Supremo (TS) -al constatar que eran aforados algunos de los imputados como Puigdemont-, negando el argumento de la Fiscalía de que no habían surgido elementos nuevos en el caso. Tras conocer los informes detallados de los Mossos d’Esquadra, de AENA y de ENAIRE,  había visto afianzado su tesis, ya que dicha información permitió “consolidar la hipótesis de calificación inicial apreciando la existencia de hechos delictivos que revisten carácter de delito de terrorismo”. 

En el bien planeado asalto al aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 se desactivó por completo el funcionamiento de una infraestructura crítica y se vio comprometido al tráfico en las rutas hacia Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros en vuelo con destino a Barcelona al bloquear los asaltantes el acceso de los controladores a la torre de control. Hubo fuertes enfrentamientos al utilizar los TD elementos pirotécnicos e instrumentos contundentes, que provocaron la lesión de 47 agentes y de otras 125 personas, y un ciudadano francés afectado por el bloqueo falleció de un infarto.

El instructor estimó que tales actos realizados por miembros de TD, “una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos, cuya intención esencial encajaba igualmente en las que permiten que un delito pueda calificarse de terrorista”, pretendían “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público, mediante la movilización social masiva”. Concluía que “las acciones cometidas por TD encajan en estas finalidades, tanto atendido el tenor literal del precepto penal conforme al Código Penal, como la definición de delito de terrorismo contenida en los tratados y acuerdos internacionales que España ha firmado” -especialmente el Convenio Europeo de 1977 para represión del terrorismo-.

Ante las acusaciones de García-Castellón contra Puigdemont, JxC forzó al PSOE a modificar el texto para suprimir la referencia a la existencia de sentencia firme y excluir de la amnistía los actos de terrorismo directamente intencionados que, de forma manifiesta, hubieran generado una violación de los derechos humanos. Con ello se acuñaba la disparatada teoría de la existencia de un “terrorismo bueno” que no afectaba a los derechos humanos. No era una tesis del todo nueva, pues ya en 1994 durante la Conferencia de Nápoles sobre delincuencia transnacional organizada, tuve que enfrentarme -en mi calidad del presidente de la delegación española- con las tesis de algunos países -como Alemania y Francia- que mantenían la existencia de un “terrorismo bueno” por sus motivaciones políticas. Mantuve entonces -y sigo manteniendo ahora- que solo hay un terrorismo, caracterizado por el uso de medios violentos, que no pueden ser justificados por su intencionalidad política. Hay diversas formas de terrorismo de intensidad diversa, pero todos ellos son contrarios a los derechos humanos. Cuando los periodistas preguntaron al ministro de Justicia si había algún terrorismo que los respetara, Bolaños se salió por la tangente y contestó: “Seamos serios ¿de verdad alguno cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas?.  Fue una cínica y maniquea respuesta, ya que nadie había comparado el terrorismo de ETA con el independentismo catalán, sino que, tras  varios años de instrucción, un juez había encontrado indicios razonables para creer que algunos miembros de TD o de los CDR habían realizado actos que podían ser calificados de terroristas. 

El diputado de Junts, Josep María Cervera, declaró cándidamente que el objetivo  de la enmienda era incluir a todos los encausados en los casos de TD. “Estos cambios responden a la necesidad de superar la inclinación de algunos magistrados que quieren incardinar algunos hechos en unos tipos penales que todos sabemos que de ninguna manera lo son”. No sé si García-Castellón se dio por aludido, pero dictó un nuevo auto, tras la personación de dos policías que sufrieron graves heridas el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona, por las que quedaron incapacitados de por vida. TD había convocado una huelga generala través de las redes sociales y afirmó: “Hoy bloqueamos el país para acordar una solución y ejercer nuestros derechos y libertades”. En una conversación de Puigdemont con uno de los investigados, éste “parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción para frenar esa posibilidad”. Describe lar agresión contra un policía al que arrojaron un adoquín a la cabeza, que a punto estuvo de trepanarle el cráneo. “El resultado de esta acción fueron lesiones muy graves, un resultado lesivo que la institución debe indagar si resulta objetivamente imputable a la acción de TD”, acción que era “incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los que eran partícipes los investigados”.

Ante esta nueva brecha abierta en la amnistía, JxC decidió que, para poca salud ninguna, y presentó una enmienda para eliminar cualquier mención al terrorismo, pero el PSOE -a diferencia de su socio Sumar- votó en contra por estimar que iría contra la Constitución y el Derecho europeo. Es más que probable que el consejero áulico de Sánchez, Cándido Conde-Pumpido, le hubiera advertido que semejante disposición difícilmente pasaría el filtro del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Carmen Morodo en ”La Razón”, atribuye a Conde la negativa de Sánchez a aceptar las enmiendas de JxC y, desde este partido, se pide a Sánchez que se libre de la presión de Conde y de ciertos círculos europeos. 

Intromisión tolerada de Rusia en los asuntos internos de Cataluña

Es público y notorio que Rusia se entrometió en los asuntos domésticos  catalanes en los momentos críticos de 2017, no porque tuviera un interés especial en defender la libre determinación de Cataluña -bien al contrario, pues tiene problemas similares en Chechenia o Daguestán-, sino para desestabilizar a la UE a través de España. Aunque esta injerencia -que preocupa más en Europa y Norteamérica que en la propia España-, el titular del Juzgado de instrucción n° 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, abrió en 2020 una investigación sobre los contactos de algunos altos cargos políticos de la Generalitat -incluido su presidente Puigdemont- con emisarios rusos, con miras a conseguir  el apoyo del Kremlin a la independencia de Cataluña.

Hay indicios más que sobrados de estos contactos antes, durante y después de la Declaración unilateral de independencia (DUI). El principal impulsor de estos contactos fue Victor Terradellas, responsable de relaciones internacionales de CiU -hoy JxC-, al que sustituyó Josep Lluis Alay, jefe del Gabinete de Puigdemont. El  29 de septiembre de 2017, el teniente general Denis Sergeyev – alto funcionario del GRU, Servicio de Inteligencia Militar, que había realizado durante ese año diversos viajes a Cataluña- se entrevistó en Barcelona con Terradellas. Durante los días anteriores y posteriores a la celebración del referéndum ilegal del 1-O, diversas televisiones, el periódico “Russia-Today” y las redes sociales rusas hicieron una labor de propaganda y agitación separatista, y difundieron noticias falsas sobre los acontecimientos. Tras la consulta, el “Washington Post” sacó un editorial titulado “Cataluña votó en referéndum: Rusia ganó”, y el “New York Times” reveló que intermediarios de Puigdemont habían estado en contacto con agentes dela inteligencia rusa, tanto antes como después del 1-O.

Entre el 20 y el 24 de octubre, Seegueyev y Tarradellas se reunieron con Elsa Artadi,  consejera de la Presidencia de la Generalitat, quien asistió a la reunión por encargo de Puigdemont. El 26 de octubre -un día antes de la DUI- éste recibió en su residencia oficial al enviado de Vladimir Putin, Nicolai Saduvnikov -ex diplomático y agente del FSB, encargado de la “agitprop” antioccidental-, en presencia de Artadi, Terradellas, Jordi Sardá y Sergei Motín. Los emisarios rusos ofrecieron al parecer ayuda económica (€500 millones) y militar (10.000 soldados), una vez que se declarara la independencia, a cambio de una legislación favorable para hacer el negocio con criptomonedas. Ese mismo día llegó a Barcelona Dimitri Modoev, ministro de Asuntos Exteriores de la seudo República de Osetia del Sur, dispuesto a abrir una Embajada en Cataluña.  Puigdemont se “acongojó” y no siguió adelante con la trama.

No obstante, en su autoinfligido exilio en Bélgica, volvió a reanudar los contactos con sus amistades peligrosas, a través de su hombre de confianza Alay, que viajó en varias ocasiones a Rusia, donde se entrevistó con personalidades rusas, como Evgeny Primakov -miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma-, altos funcionarios del FBS y notorios capos de la mafia, como Zakhar Kalashov, Vasili Kstoforov o Koba Shermazashvili. En anotaciones intervenidas a los investigados se encontraron referencias a “Putin-Financiación”. La Fiscalía ha obstaculizado las diligencias judiciales, alegando que carecían de motivación lógica.

En un auto de 29 de enero, el juez Aguirre ha listado los contactos que ha mantenido con Rusia el equipo de Puigdemont, y estimado que éste había sido su inspirador, por lo que ha decidido prolongar por 6 meses la instrucción del sumario. Aunque no se mencione expresamente, los hechos descritos por el instructor encajan como un guante en el artículo 592 del Código Penal, que establece que “serán castigados con pena de prisión de cuatro a ocho años los que con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras”. Teniendo en cuenta que el texto de la Ley excluye de la amnistía “los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional”, las alarmas han sonado en la Cofradía de Junts y, de ahí, la enmienda para suprimir esa disposición y su voto en contra de la Ley.

Pese a su voto a favor, no todos los miembros de ERC están satisfechos con la Ley, como prueba la fuga a  Suiza del secretario cuarto del Parlament, Rubén Wagensberg, investigado en el “caso TD”, por miedo a una detención arbitraria, lo que es comprensible para Montero. Según Luis Miguel Fuentes (”El Independiente”), parece que hemos pasado de la amnistía al tembleque y de la impunidad a la desbandada, no porque los indepes no confíen ya en la desvergüenza de Sánchez o en la fuerza de Puigdemont, sino porque “están viendo que hay cosas que Europa no va a permitir a los rebeldes de sopita de pollo, ni a Puigdemont, ni al propio Sánchez”. 

Nueva proposición de Ley de Amnistía

Tirios y troyanos han jurado por sus ancestros que no modificarán un ápice sus posturas, por lo que, salvo que se produzca uno de los habituales cambios de opinión del César -lo que no sería de extrañar dada la venalidad del personaje-, sus respectivos textos circularán en paralelo en la Comisión de Justicia -a donde han sido devueltos para su reconsideración- hasta el infinito. Para solucionar este insoluble problema matemático, me permito ofrecer una sugerencia en la forma de nueva proposición de ley simplificada que acomode los intereses de las dos partes, aunque incomode los del país.

Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política, social e identitaria en Cataluña, y reforma del Código Penal

“Teniendo en cuenta el acoso sistemático, continuo e ilegal de los jueces prevaricadores de España contra a los políticos patriotas catalanes, que solo aspiran a ejercer su sagrado derecho de libre determinación, a través de un referéndum, que les permita llevar a cabo la separación de Catalunya del pérfido de Estado español;

Considerando la necesidad imperiosa de concordia, diálogo y reconciliación en la nación de Catalunya, y la incitación a las discordia en el Estado español;

Estimando que las meritorias modificaciones del Código Penal introducidas por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez han resultado insuficientes, ya que aún figuran en él disposiciones contrarias a la convivencia en Cataluña, que han forzado al presidente legítimo de la Generalitat a refugiarse en Bélgica;

Las Cortes Generales aprueban la siguiente proposición de Ley:

-Artículo 1:Se concede una amnistía integral, total e inmediata a los catalanes que hayan cometido, o cometan en el futuro, acciones penadas en el Código Penal y, en especial, a las personas mencionadas en el Anejo a esta Ley, así como a cualquier otra persona que decidida la Generalitat de Cataluña.

–Artículo 2: Se tomarán las medidas necesarias para enjuiciar a los jueces prevaricadores, que deberán ser sancionados, tras las investigaciones que realicen las Comisiones Parlamentarias.

–Artículo 3: Las personas injustamente condenadas por los Tribunales españoles serán  rehabilitadas y recibirán la correspondiente indemnización.

–Disposición adicional primera: 

1.-Se suprime la sección 2 del capítulo VII del Código Penal (artículos 572 a 580), relativa a los delitos de terrorismo.

2.-El Gobierno promoverá el terrorismo bueno, que es compatible con los derechos humanos fundamentales.

–Disposición adicional segunda: Se suprime el artículo 592 del Código Penal, relativo a los delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado.

–Disposición final: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Anejo

Son amnistiados en especial Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsati, Lluis Puig, Marta Rovira, Elsa Artadi, Josep Lluis Alay, Víctor Terradellas, David Madí, Jaume Caboní, Josep Lluis Jové, Lluis Salvadó, Jordi Sardá, Xavier Vendrell, Josep Capmajó, Jesús Rodríguez-Oleguer, Nicola Flavio, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Gonzalo Boye, Laura Borrás, Jordi Pujol y su familia, miembros de los comandos del CDR, personas involucradas  en el “Caso  Tsunami Democratic” o en el “Caso Voloh”, y cualquier persona que designe la Generalitat”.

Perspectivas de futuro

El Gobierno ha explicado que su voto negativo se debía al riesgo que correría la Ley a la hora de ser convalidada por el TC y por el TJUE, y la presidenta de JxC Laura Borrás le ha contestado que a su partido le importaba un bledo que la Ley fuera constitucional o no, y que lo que pretendían era que Sánchez cumpliera su compromiso de concesión de una amnistía integral, total e inmediata. El PSOE cree que Junts acabará por aprobar el texto actual, porque -como ha señalado Leyre Iglesias- Puigdemont no puede presentarse a las elecciones catalanas como el hombre que pudo liberar de los jueces, la cárcel o la ansiedad a 1.500 héroes, y lo dejó escapar. Pere Aragonés ha afirmado que no se puede poner en riesgo la Ley porque la necesitamos para “acabar con el dolor qué sufren 1.200 personas en Cataluña”. En el ínterin, el Gobierno evita hacer reproches y hasta Montero se muestra comprensiva, al comentar que los acontecimientos de los últimos días habían dificultado la posición de Junts y eso hacía que las votaciones fueran complicadas.

Para calmar a Puigdemont, Sánchez ha afirmado solemnemente que todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas -lo cual es obvio, aunque también lo sea el que algunos de ellos lo son- y asegurado -en su auto concedida  calidad de nuevo jefe supremo del Poder Judicial- que los Tribunales así lo acordarán. Estima que una Ley tan impecable debe salir con la misma constitucionalidad con la que entre en la Comisión de Justicia. La clave estará en mantener la firmeza y la templanza para llegar a un acuerdo, porque ambos partidos persiguen el común objetivo de superar el funesto horizonte judicial que se produjo en 2017. Confía en que JxC  reflexione y acabe por aprobar la Ley en su versión actual. Turull le ha replicado que, si de verdad quiere amnistiar a todos los independientes, tiene que propiciar una Ley que lo haga posible, por lo que el PSOE deberá aceptar las enmiendas de JxC que así lo garantizan.

Jaume Asens -que se ha pasado con armas y bagajes a un Sumar totalmente entregado a Junts- ha propuesto , con la anuencia del Gobierno, que se apruebe la Ley en su actual redacción, para evitar que el PSOE tenga que realizar nuevas concesiones que dificulten que la norma pase el filtro del TC, e impulsar, en paralelo, una reforma del Código Penal para redefinir el delito del terrorismo y dificultar la labor de los jueces. “Estamos en una situación delicada y hay que buscar el punto intermedio”. Por ahí van los tiros y al final habrá cesiones por las dos partes, porque ambas se necesitan, aunque sí Puigdemont mantuviera su intransigente posición -porque le encanta humillar a Sánchez y cree tenerlo cogido por do más pecado ha-, será éste el que siga miciando con sangre hasta la última gota, porque ha quemado sus naves para conservar el poder..

A los problemas de fondo, se ha sumado otro fundamental de forma que ha sido apuntado por algunos letrados del Congreso. Armengol ha devuelto la proposición de Ley a la Comisión para un nuevo examen en base al artículo 131-2 del Reglamento del Congreso que establece que la aprobación de una proposición de ley orgánica requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en una votación final sobre el conjunto del texto. “Si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquélla no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión,, que deberá emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes”. El problema radica en que la propuesta no solo no ha conseguido la mayoría absoluta requerida, sino que ha sido rechazada por 179 votos a 171, por lo que ha decaído y no cabe aplicar el artículo y habrá que volver a partir de cero. En los dos precedentes que se citan sobre devolución  de las propuestas de enmienda a la LOPJ en 1997 y en 1999, las propuestas -a diferencia de lo ocurrido con la Ley de Amnistía-  fueron aprobadas por el Pleno del Congreso por mayoría simple, pero no absoluta. De ahí que fuera pertinente devolverla a la Comisión para que elaborara un nuevo texto que pudiera obtener la mayoría requerida. Como modesto jurista me parece correcta esta argumentación y la devolución decidida por Armengol no es conforme a derecho.  Por tanto, procede solicitar el correspondiente dictamen de los letrados del Congreso y no solo de su jefe, quien -al ser un testaferro del Gobierno- ya se sabe lo que diría.

Según David Jiménez Torres, resulta inadmisible que se haga descansar la legislatura sobre un prófugo que sigue sin exhibir una molécula de arrepentimiento por haber arrastrado al país a una crisis tan grave como perfectamente innecesario y, sobre todo, jamás debimos ver al Gobierno de una democracia europea suplicar a un sedicioso que le dejara amnistiarlo. “El problema no es que el PSOE y el prófugo discrepen en algunos detalles, sino que estén de acuerdo en lo nuclear”. Afortunadamente, aún nos queda Europa. La Comisión Europea le ha tomado la matrícula a España, ha abierto una investigación sobre la Ley de Amnistía, y se pronunciará sobre ella cuando finalmente se adopte, que se adoptará. A diferencia del Gobierno español, la UE se toma muy en serio la malversación, el terrorismo y las maniobras desestabilizadoras de Rusia. El problema, por tanto, no es solo español, sino también europeo  y, como tal, deberá resolverse.