Las manifestaciones que estos días se están produciendo en Ferraz denotan la doble moral de la izquierda, que abraza el Derecho Penal de autor que ha caracterizado a los peores regímenes totalitarios de la humanidad como el nazismo, ya que manifiestan una repugnante doble vara de medir atendiendo a la ideología, afinidad o animadversión hacia los manifestantes del momento.

Las terminales mediáticas del PSOE tratan de equiparar lo que hacía la izquierda en el pasado con lo que ahora hace la derecha en las calles. Si bien es cierto que las manifestaciones tienen como epicentro la sede del PSOE en Madrid, no es esta situación en absoluto homologable a la que vivió el PP con motivo del 11-M, donde el relato de la progresía nos ha tratado de vender en su insostenible versión oficial que un pueblo indignado se levantó espontáneamente contra el gobierno y cercaron las sedes del PP. Resulta curioso ese concepto de espontaneidad cuando portaban carteles idénticos y fueron citados por SMS, de hecho, uno de los teléfonos que los convocó era de una consejera del gobierno socialista de Extremadura, pero la gran diferencia radica en que, como dijo Rajoy (entonces candidato a la presidencia del gobierno) aquellas manifestaciones eran ilegales e ilegítimas al producirse en plena jornada de reflexión, cuando Rubalcaba (hoy elevado a la categoría de hombre de estado) no dudó en violar la Ley Electoral al hacer declaraciones políticas en las que manifestaba: “Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Se merecen un gobierno que les diga siempre la verdad”. 

La diferencia entre las protestas de 2004 y las de 2023 no está en el hecho de cercar una sede, que no tiene por qué ser ilegal, sino que el problema radica en el momento en el que se produjeron las protestas contra el PP: en plena jornada de reflexión y durante el día de las elecciones, lo que suponía coaccionar el sufragio libre y manipular la regla de la mayoría, que es la base de una votación democrática, lo mismo que ocurrió con la acampada del 15-M en la Puerta del Sol, cuya diferencia con este caso no radica en que se manifestasen sino que hicieran una acampada permanente, y además, violando de nuevo la jornada de reflexión. 

El mismo PSOE que ahora protesta airadamente porque se manifiesten ante sus sedes era el mismo que en 2013 por boca del sanchista Felipe Sicilia (hoy portavoz adjunto del PSOE en el Congreso) criticaba que el gobierno de Rajoy no permitiera que la manifestación de “Rodea el Congreso” llegase hasta las puertas de la cámara. Una manifestación que se saldó con 23 heridos, 14 de los cuales eran policías. 

En 2017, Susana Díaz criticaba que se rodease el Congreso, algo que no le impidió un año después fletar autobuses para rodear el Parlamento Andaluz durante la investidura de Moreno, algo de suma gravedad, pues la conducta defendida por Sicilia y alentada por Susana Díaz está tipificada como delito en el artículo 494 del Código Penal, que dice literalmente lo siguiente: 

“Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”. 

Además de lo anterior, cabe añadir que Podemos (socio de gobierno de Sánchez) alentaba y defendía los escraches en los domicilios particulares de los políticos del PP, y la PAH liderada por Colau iba con un megáfono diciendo “Alerta a los vecinos, en este barrio vive un asesino”, llegando incluso al portal de Esteban González Pons en el bloque de pisos en el que vivía. 

Se ha dicho en estos días que las manifestaciones ante Ferraz eran ilegales al no estar autorizadas, cuando el artículo 21 de la Constitución establece que el derecho de reunión no requiere autorización previa, bastando con que sean comunicadas a la autoridad pública, y por su repercusión pública, los poderes públicos eran conocedores, motivo por el que habían tomado medidas previas ante las concentraciones. 

Se ha tratado de vincular las protestas a la verdadera extrema-derecha, que no se parece en nada a la que señalan los medios progres, de modo que partidos y asociaciones como Democracia Nacional, España 2000, el antiguo Bastión Frontal, Hacer Nación, Facta, Suburbios Firm (escisión del Frente Atlético) y Skin Retiro se han hecho con la cabecera de las manifestaciones, destacando sus símbolos y su indumentaria, no hay más que recordar los encapuchados, brazos en alto, banderas del águila y banderas nacionales agujeradas sin el escudo (como símbolo en clave antisistema), una presencia que perjudica a una causa tan noble como es la lucha contra la quiebra del Estado de Derecho y que ha sido condenada por el resto de manifestantes. Un ejemplo de ellos es la imagen de la antigua líder de Bastión Frontal Isabel Peralta (conocida por decir que “el judío es culpable”) siendo abucheada tras subirse en la marquesina de un estanco a hacer el saludo nazi, e incluso el caso de Sevilla, cuando un manifestante con la bandera de Falange ha sido abucheado al grito de “Tú, hortera, quita esa bandera”. 

Estas entidades neofascistas y neonazis se han unido de manera coyuntural en aras de un objetivo común, que es monopolizar las protestas y atraer a los jóvenes a la radicalidad, utilizando las mismas técnicas de guerrilla urbana que son habituales en la extrema-izquierda en España como vestirse de negro para dificultar la identificación individual, además de cubrirse el rostro y llevar ropa cómoda para correr con facilidad, provocando a la Policía con insultos, lanzando objetos y traspasando el cordón de seguridad, conductas de un grupo de energúmenos que han sido condenadas explícitamente por PP y VOX, de modo que ninguno de los detenidos pertenece a cualquiera de estas dos formaciones parlamentarias sino a las residuales siglas ultras previamente mencionadas. 

Prueba de la diferencia entre VOX y estas entidades se encuentra en la heterogeneidad de los manifestantes, donde coexisten a duras penas desde monárquicos defensores de Felipe VI a antimonárquicos que tachan de “masón” al titular de la Corona (que han coreado consignas como “Los Borbones a los tiburones”), y de defensores del Estado de Israel a antisemitas en no pocos casos disfrazados de meros antisionistas. El primer grupo responde a los votantes de PP y VOX que están en consonancia con la línea oficial de sus respectivos partidos, y en el segundo caso obedece a unos extremistas tan residuales como peligrosos, y que en dos temas como los mencionados (su aversión a Israel y la monarquía) tienen muchas más semejanzas con la izquierda que con la derecha, pero las terminales mediáticas de la izquierda tratan de equiparar la parte con el todo, sobrerrepresentando a aquello que en imaginario colectivo se adecúa a la extrema-derecha, que, desde luego dista mucho de lo que VOX representa.