La animadversión del progresismo más duro hacia el mundo judicial, no sólo se manifiesta señalando y cuestionando la independencia de los jueces y fiscales que les resultan incómodos, sino también en la estrategia por socavar las competencias y credibilidad del Poder Judicial. Y para ello está resultando decisiva la colonización y judicialización del Tribunal Constitucional: un órgano de naturaleza mayoritariamente política, que ha ido adquiriendo un protagonismo más amplio del que se contemplaba en el texto constitucional, llegando a convertirse en una especie de tribunal suprajudicial y de última instancia, «legitimado» para entrar a conocer y enmendar cualquier resolución judicial, incluyendo las del Tribunal Supremo.

Si a esto añadimos la habitual inferioridad de los miembros no progresistas del TC, incapaces de imponerse a una interpretación bastante creativa de los preceptos constitucionales por parte de sus colegas progresistas, basada en un recurrente y expansivo concepto de realidad social que mengua y casi anula el sentido literal y el contexto de las normas, y hasta su espíritu y finalidad, comprenderemos mejor la preocupante deriva de la jurisprudencia constitucional en algunos trascendentales asuntos.

Y especialmente, la posibilidad de que el TC apruebe la constitucionalidad, no ya de una ley de amnistía con gravísimos efectos para el Poder Judicial y el Estado de Derecho, sino la de sucesivas leyes con efectos devastadores contra la subsistencia de España como nación indisoluble y fundamento de la propia Constitución.