Mi estancia en Sevilla me ha permitido asistir el pasado 7 de abril a la presentación de la plataforma cultural “NEOS”. Pregunté al promotor de la asociación, Jaime Mayor Oreja –ex–ministro del Interior, antiguo eurodiputado y presidente de la Fundación “Valores y Sociedad”- a qué obedecían las iniciales del acrónimo y me contesto que era una referencia a los cuatro puntos cardinales y tenía el símbolo de una brújula que permita recuperar el Norte a una sociedad en España y en Europa que ha renunciado a los valores básicos aportados por la civilización judeo-cristiana –cultura greco-romana y cristianismo-. 

Objetivos de NEOS

Como se indica en su folleto de presentación, dese la referencia de los cuatro puntos cardinales, NEOS pretende ser esa brújula necesaria frente a la desorientación que intencionadamente genera el relativismo. Su actividad se centra en siete ejes esenciales consistentes en la defensa de: 1) la vida, porque ésta es un don, un privilegio, al que ningún humano puede poner fin; 2) la verdad, porque existe, es incuestionable y no está sujeta al arbitrio de Gobiernos ni de mayorías; 3) la dignidad de la persona y de la familia, porque cuestionar el valor de la naturaleza humana sólo puede conducir al suicido de la sociedad; 4) la libertad de expresión, de educación y de religión, porque ningún Gobierno puede imponer su voluntad y ocupar espacios de decisión que corresponden sólo a las personas y a las familias; 5) España como Nación, porque ser español es un orgullo y, sin nación, no hay democracia, libertad, ni seguridad: 6) la Corona, porque la monarquía parlamentaria es la mejor garantía de estabilidad y de convivencia; y 7) la lucha contra las amenazas globales, porque estamos ante una crisis de civilización que trasciende el ámbito nacional.

 NEOS tiene como misión principal “ofrecer a la sociedad una propuesta antropológica y cultural basada en los valores cristianos y cimentada sobre los conceptos de persona y bien común, que se constituya en alternativa al relativismo”. Hay que construir en España una sociedad cohesionada, cuya convivencia se vertebre sobre la base de una propuesta cultural ligada a los fundamentos que han sido esencia de la historia, cultura y tradición de España y de Europa. Sus objetivos son ser un referente para la sociedad y para los medios de comunicación, influir en la actividad pública y en la acción política, servir de eje vertebrador de universidades, fundaciones y asociaciones afines a los valores que defiende, y servir de punto de encuentro de pensadores, intelectuales y comunicadores.

La sociedad está siendo atacada por un frente organizado que pretende destruir las convicciones y valores más esenciales mediante un proyecto cultural totalitario –expresión de un relativismo extremo, en el que las cosas son buenas o malas según interese a los partidos políticos-, en el que desaparecen los conceptos del bien y del mal, y  un proyecto global de ingeniería social basado en el silencio, la resignación y la incomparecencia cultural. Ya no hay margen para seguir  callados, porque mirar para otro lado sólo sirve para perder terreno. Frente a esta deriva, NEOS supone el esfuerzo de presentar a la sociedad una alternativa cultural coherente. No es, ni quiere ser un partido político, sino lo que se denomina –y hoy está de moda- un “influencer”. Mayor ha insistido en que NEOS no trata de hacer política, pero sí de influir sobre las que la hacen, ofreciéndoles unos principios y criterios orientadores de la actuación política. “Es absolutamente necesario presentar una alternativa cultural para el fortalecimiento de los fundamentos cristianos que hoy se pretenden destruir, y que aporte referencias permanentes a la sociedad.”. Es necesario construir una respuesta “sólida, inequívoca, desacomplejada y basada precisamente en esos fundamentos que están siendo atacados, y de cuyo debilitamiento proviene esta crisis. Una respuesta que sirva para desmontar los argumentos relativistas y plantear una verdadera alternativa”.

Aunque los impulsores procedan de sectores del centro-derecha, NEOS intenta ser una plataforma transversal que acoge a personas de distintas procedencias ideológicas cono María San Gil –antigua presidenta del PP del País Vasco, en la actualidad apartada del partido-, Alejo Vidal –Quadras -ex-vicepresidente del Parlamento Europeo, hoy en las filas de Vox-, o Francisco Vázquez –antiguo alcalde socialista de La Coruña y embajador ante la Santa Sede-.

Vivimos un falso progresismo que nos está llevando a un desorden social sin precedentes y, en esta tendencia que afecta a toda Europa, España se ha puesto en la vanguardia en los últimos años y adoptado una amplia batería de iniciativas políticas, sociales, culturales y éticas que ponen en riesgo los verdaderos cimientos de la sociedad. Esta tendencia afecta a los distintos ámbitos de la acción política pero incide especialmente en el de la educación, donde el Gobierno social-comunista que padecemos ha adoptado la enésima Ley de Educación que hace buenas las anteriores  leyes socialistas sobre la materia, a cual peor. Se ha abandonado la objetividad de la enseñanza, y la aportación de nociones, conceptos y datos a los alumnos -que se sustituyen por su interpretación subjetiva-, se menosprecia el esfuerzo y la excelencia tratando de igualar por abajo y permitiendo la concesión de títulos a alumnos que no hayan aprobado todas las asignaturas, se quita autoridad a los profesores, y se autoriza a las autoridades educativas de las Comunidades Autónomas a que hagan de su capa un sayo y enseñen lo que les plazca y cómo les plazca, rompiendo así la unidad y coherencia de la enseñanza en la nación.

Crítica de la LOMLOE

El profesor José Sánchez Tortella ha hecho una crítica demoledora de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), en un artículo sobre “La purga republicana de la Santa Pedagogía”, publicado en el diario “El Mundo”, con el que coincido plenamente  en su análisis y sus conclusiones. La Ley ha sembrado confusión y dispersión: confusión por la propagación de meras opiniones y medias verdades, y dispersión por la falta de un mínimo común para la organización escolar de la nación. Por la descentralización arbitraria de estructuras y contenidos, las regiones y los centros escolares habrán de concretar una ley que legisla en el vacío y testimonia la defunción de la institución, ya que se limita a levantar acta del cadáver de la escuela pública. El vaciado escolar recogido en sus artículos –especialmente en la desaparición de filtros para la titulación- no es decisión de la ley, sino realidad ya consumada que la ley eleva al rango de política oficial. Relegado el conocimiento y la tradición académica universal y nacional a lo extravagante por la sobresaturación de identidades locales o subjetivas, la base común del conocimiento queda reprimida y olvidada, y los estudiante privados de los tesoros del saber humano acumulado durante siglos.

Las asignaturas tienden a desaparecer y su lugar lo ocupan nebulosas expuestas a la infiltración de los dogmas de las inquisiciones de moda. La titulación con suspensos ya era efectiva ante la proscripción de la repetición, pero ahora se oficializa el poder  de los Departamentos de Orientación y de la Inspección Educativa sobre los siervos de la gleba pedagógica, despojados de su autoridad docente. El fracaso escolar desaparecerá mágicamente cuando el Ministerio de Educación ofrezca a la opinión pública cifras de titulación del 100%, pintoresco modo de curar la enfermedad por vía de dar de alta a todos los enfermos. Por lo que toca a la Historia, se desordena su estudio al imponer los nuevos catecismos en perjuicio del rigor secuencial. “Retos del mundo actual” y “Compromiso cívico” se etiquetan como saberes básicos en su estudio, pero ¿a qué disciplinas académicas y/o científicas competen? Eliminar el enfoque cronológico impide aprender Historia y facilita la confusión de efectos con causas, al servicio del dictamen moralizante del pasado según el anacronismo fetichista e iconoclasta del presente, confusión que podrá ser utilizada para el interés propio del Gobierno de turno. “Los parias de la escuela pública han sido despojados de una institución sin la cual no pueden ser más que narcisos mirándose al espejo del móvil, sometido a la condición de súbdito-consumidor pasivo, hipnotizado por la realidad virtual, en vez de prometeos al acecho de las armas del conocimiento”.

Crítica del Decreto sobre enseñanzas mínimas en el Bachillerato

Una nueva vuelta de tuerca ha dado el Gobierno con el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas en el Bachillerato, con el que pretende imponer a los alumnos su ideología e interpretación sectaria de la Historia de España. El principal objetivo de la enseñanza no es ya impartir conocimientos a los estudiantes, sino “consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico”, y “fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia, e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (apartados b) y c) del artículo 7).  

Los conocimientos y las actitudes se sitúan al mismo nivel, si bien anteponiendo éstas a aquéllos. En Historia de España –que sólo se enseñará a partir 1812, pasando por alto el reinado de los Reyes Católicos y la gestación de España como Estado, el descubrimiento y colonización de América o el Imperio español de los Austria-, los profesores tendrán que enseñar las “identidades nacionales”,  el “comportamiento ecosocial”, la “memoria democrática” y el “proceso reformista y democratizador de la II República”, pasando de puntillas por los hechos históricos acaecidos con anterioridad a esa fecha. Como ha observado Olga Sanmartín, los institutos –más que centros transmisores de conocimientos- se van a convertir en un espacio en el que se enseñe a los alumnos a comportarse conforme a los criterios del Gobierno. No se les facilitará información para que lleguen a sus propias conclusiones, sino que se les confecciona un código de valores elaborado por los partidos que forman el Gobierno social-comunista de coalición. La Real Academia de la Historia ha criticado el “sesgo presentista” de la disposición y una “sobrerrepresentación de contenidos políticos”, porque el Gobierno orienta la historia a una agenda política coyuntural y cambiante, introduce elementos distorsionantes de la visión histórica, y fomenta la idea de que el conocimiento histórico es modulable, relativo e inestable. La insistencia en las “identidades múltiples” no va acompañada de la mención de una identidad española común, y resulta imposible reconocer y valorar la diversidad de España si se comienza la Historia en 1812. Equipara la Historia objetiva con una memoria histórica que es una apreciación eminentemente subjetiva, parcial y cambiante. El compromiso cívico, la conciencia democrática, las identidades múltiples o el comportamiento ecosocial son conceptos filosóficos o sociológicos, pero no son Historia.

Como botón de muestra del lenguaje orwelliano utilizado en el Decreto, que –según Jaime Mayor- en muchos casos alcanza cotas surrealistas, baste reproducir uno de los párrafos explicativos de la Ley: ”El alumno regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje para gestionar los retos y los cambios y armonizarlos con sus propios objetivos”. ¿Sabrán los estudiantes -merced a este pedagógico texto- lo que las autoridades académicas esperan de ellos? Me recuerda el chiste de un predicador enviado a dar un sermón cuaresmal a un pueblo de la España profunda y vaciada, que – movido de espíritu místico- citó el poema de Santa Teresa de Ávila “vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero”. Un parroquiano, creyendo que se trataba de un acertijo, se levantó y dijo:”¡el huevo!”. Pues bien, el Decreto es el huevo que ha puesto el gallináceo Ministerio de Educación, sólo que en el presente caso, dadas las fechas, se trata de un huevo de Pascua.

En un editorial, “El Mundo ha señalado que “el nuevo bachillerato incurre en cuatro vicios de planteamiento: rebaja la exigencia en beneficio de un resultadismo estadístico que maquille las cifras de titulación a costa de la competitividad futura del país; aumenta la carga ideológica en detrimento del pensamiento crítico pues entrega al alumno los valores aceptados como si fueran dogmas; fomenta en enfoque subjetivo que sacraliza el bienestar emocional en perjuicio del esfuerzo, que educa más eficazmente que la permisividad; y abusa del criterio presentista por el que se juzga –y condena- el pasado con los ojos de hoy”.

Según Mayor, un estudiante podrá concluir su ciclo educativo y obtener el correspondiente título que le abra el camino de la universidad  sin saber lo que es la Filosofía, habiendo abordado las matemáticas con un enfoque socioafectivo –aunque, añado yo, sin saber lo que es la regla de tres o el teorema de Pitágoras-, y aprender algunos hechos de la Historia del siglo XIX de forma no cronológica, y de conformidad con una memoria histórica, ”sin memoria y sin historia”. Ha concluido que la nueva Ley confirma la regla de que la ignorancia no tiene límites. Se dice que el número de necios –incultos e indocumentados-es infinito, pero dicho número no sólo llegará al  infinito, sino que irá más allá una vez que se aplique estas progresistas disposiciones.

Pactos buenos y malos, según el criterio inapelable de la Izquierda

NEOS considera que ha llegado el momento de rearmarse ideológica y moralmente, y dar la batalla cultural.-especialmente en el ámbito de la educación-, para luchar contra el mantra de que la izquierda oficial ostenta el monopolio de la moralidad pública, y la derecha acepta resignada su inferioridad.  Así, si el PP pacta con Vox es considerado un atentado contra la democracia, pese a que el partido de Santiago Abascal –a pesar de sus excesos populistas y opiniones discordantes  en algunos temas- se haya mantenido hasta ahora dentro del marco constitucional. Y lo curioso es que el propio PP Europeo es de la misma opinión y ha llamado la atención al partido miembro que tiene más diputados en el Parlamento Europeo sobre los peligros de pactar con Vox.. 

En cambio, si el PSOE, no sólo pacta determinadas políticas con un partido  antisistema como Podemos, sino que forma un Gobierno con él –pese a que es contrario a la Constitución y a la monarquía, y mantiene en cuestiones, como en política exterior, posiciones en las antípodas del socio mayoritario y no las oculta-, entonces es alta política y un loable modelo de Gobierno. Aún más, si el PSOE pacta de forma continuada con los partidos separatistas que han dado un golpe de Estado contra el Gobierno de la Nación, tratado de separar Cataluña de España mediante una declaración unilateral de independencia, vulnerado la Constitución y las leyes, y censurado la monarquía y propugnado una república –hoy, sin ir más lejos, lo ha hecho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en una declaración institucional con motivo del aniversario de la proclamación de la República Catalana por Francesc Maciá-, ello es una muestra de cintura política y es normal y resulta aceptable que lo convierta en aliado institucional del Gobierno. Y todavía más. Si el PSOE pacta, blanquea a Bildu y lo considera aliado preferente del Gobierno -cuando se trata de un partido heredero de ETA, que no ha sido capaz de condenar el terrorismo etarra y hace homenajes a los asesinos que salen de la cárcel antes de tiempo por gentileza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al rechazar la “doctrina Poirot”, que defiende la independencia de Euskadi y que es contrario a la Constitución-, semejante decisión es una muestra de pragmatismo político y de espíritu democrático de conciliación. 

Injusticia de la exclusión por la Izquierda de Vox de la vida democrática

Esta doble vara de medir es éticamente reprobable y políticamente inaceptable. Vox ha apoyado Gobiernos del PP en Andalucía, Murcia y Madrid, pero desde fuera y sin formar parte de los mismos. Sin embargo, ahora los dos partidos ha pactado la formación de un Gobierno de coalición en Castilla y León, y la aplicación de este pacto será un piedra de toque para juzgar si es o no democrático y viable el desempeño de un Gobierno de coalición entre dichos partidos. El flamante vicepresidente del Gobierno, García Gallardo le ha dicho al presidente Fernández Mañueco que “puede Vd. conservar sus principios, que yo conservaré los míos, lo cual no nos impedirá llegar a acuerdos”. Abascal ha ido un paso más allá, al contemplar la posibilidad de forjar acuerdos de gobierno entre las dos formaciones a nivel nacional, pues no sólo  ha celebrado la nueva etapa abierta en Castilla y León, sino también la opción que desde este momento tiene la derecha de desbancar a Pedro Sánchez y llegar a la Moncloa. “Constituye una gran esperanza para millones de españoles que observan este Gobierno como posible alternativa para toda España”.

Semejante posibilidad aterroriza a la izquierda que –habiéndole visto los dientes al lobo- ha anatemizado desde su auto-inferida superioridad ético-política tan infame coyunda. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha denunciado que “la derecha española está aceptando a la extrema derecha y eso significa, por ejemplo, aceptar planteamientos que cuestionan la existencia de una lacra como la violencia de género”.

Había llegado el momento de encender las alarmas y de que el PP cambiara su rumbo aprovechando la llegada de Feijóo a su presidencia. Sin embargo, mientras en Europa la mayoría de las fuerzas democráticas había vetado a la extrema derecha y formado un cordón sanitario en torno a ella, en España el PP había cedido ante Vox y formado en Castilla y León un Gobierno de coalición. El portavoz socialista en el Congreso, Felipe Sicilia, ha afirmado de forma tremendista que “el PP de Feijóo capitula ante la extrema derecha, ante el estupor de sus socios europeos. Que el PP quiera tapar su corrupción, tiene un precio: dar paso a la extrema derecha y que nuestros derechos y libertades estén en peligro”.

Semejantes afirmaciones –amén de exageradas- son inexactas. En Europa, sólo tres países –Francia, Bélgica y Alemania- han establecidos cordones sanitarios contra los partidos de extrema derecha, sin demasiado éxito por cierto, En Austria, el FPÖ formo parte del Gobierno de Sebastián Kurz y la Liga está integrada en el Gobierno de Mario Draghi en Italia. Polonia y Hungría están gobernados por partido de derecha extrema y partidos de extrema derecha apoyan desde fuera los Gobierno de Países Bajos o de Dinamarca. Lo que es normal en Europa, no lo es tanto en España, aunque Vox no se identifique plenamente con ninguno de estos partidos, salvo quizás con el Fidesz de Viktor Orban.

Sánchez –que pacta sin pudor alguno con partidos antisistema, separatistas y filoterroristas, que le sostienen en el Gobierno- exige a Feijóo como “conditio sine qua non” para negociar pactos de Estado y establecer relaciones institucionales de colaboración, que marque distancias con Vox y se abstenga de pactar –y mucho menos gobernar- con él. La situación tiene plena relevancia ante las elecciones autonómicas andaluzas prevista para junio de este año. Los sondeos prevén una holgada victoria del PP, aunque sin mayoría absoluta, por lo que –ante el desplome de Ciudadanos- sólo le sería posible gobernar en el Palacio de San Telmo con el apoyo del Vox, bien desde fuera del Gobierno, bien dentro de él. Lo que sería una práctica normal en el juego parlamentario de las democracias europeas, se lo niega de forma rotunda el PSOE al PP y a Vox. Lo menos que se puede pedir a un partido de Gobierno es que sea coherente y no recurra arteramente a  los dobles estándares y a la  ley del embudo. Claro que eso sería mucho pedir a un presidente de Gobierno que se considera un jefe de Estado y se sitúa por encima de su Gobierno, de sus aliados, de la oposición y del mundo entero.