Tras la terrible muerte de la joven profesora Laura Luelmo, se difunde el manipulador mensaje de quienes incardinan este crimen como un nuevo caso de la denominada «violencia de género», una violencia que hasta ahora se ubicaba en un espacio afectivo más o menos doméstico, entre parejas y ex parejas, pero que ahora pretenderían extender a cualquier delito donde el autor sea un hombre y la víctima, una mujer. Aunque resulta sorprendente que, esos mismos y mismas que ven en cada hombre a un potencial violador y asesino, se opongan luego a la aplicación de duras penas para estos horribles casos.

Porque al margen de la interesada falacia de ampliar la bolsa de la mal llamada violencia de género, la realidad es que el clamor que suscitan estos delitos suele concretarse en la exigencia de una mayor dureza en su tratamiento penal; una demanda que es rechazada vivamente por el discurso «progrebuenista» de una parte considerable de políticos, así como de  influyentes creadores de opinión (incluyendo al grueso de relevantes feministas) y algunos que otros jueces; que no sólo se oponen a la aplicación de la pena de prisión permanente revisable para estos casos, sino que además suelen tachar de insensibles cavernícolas a quienes reclaman la «salvaje excentricidad» de un trato más favorable a la víctima, que al reo.

Por eso, y para poder alcanzar la altura ética y exquisita sensibilidad hacia los delincuentes que nuestros buenistas tanto predican, una medida práctica que resultaría muy convincente, sería la de establecer un plan de reinserción social en el que nuestros solidarios progresistas acogiesen directamente en sus entornos residenciales familiares, a todos esos criminales que arden en deseos de reinsertarse.

Que se reinserten, sí; pero junto a ellos.

Ellos que predican ese angelical buenismo universal desde sus blindadas urbanizaciones a prueba de desalmados.