En sus ansias por mantenerse como sea en el poder, Pedro Sánchez ha extendido su férreo control a todas las instituciones españolas: Fiscalía General, Abogacía del Estado,   Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Centro de Investigaciones Sociológicas y hasta Correos Tan sólo se le han resistido los organismos judiciales –pese a sus reiterados esfuerzos para domeñarlos- y el Banco de España. Ahora le ha llegado el turno a la Carrera Diplomática.

Incluso durante la época de Franco, la Carrera Diplomática española –pese a estar obviamente controlada por el Gobierno- mantuvo una cierta autonomía institucional y la mayoría de sus miembros –aunque conservadores- eran de talante liberal por su contacto con el exterior. Con los Gobiernos de la democracia -especialmente a partir del presidido por José Luis Rodríguez Zapatero- se ha ido politizando la carrera y este fenómeno se ha agudizado con el Gobierno de coalición socio-comunista de Sánchez. Han ido creciendo los nombramientos de socialistas en los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y en las embajadas conforme a un “spoil system” a la española, y esta desafortunada práctica se ha extendido a otro ámbitos de menor nivel como las presidencias de las Casas Internacionales, lo que provocó un comunicado crítico de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE). La última muestra de este nepotismo político ha sido la petición del placet para ser embajadora ante la Santa Sede a la ex-ministra de Educación, Isabel Celáa, una de las colaboradoras más nefastas de Sánchez y que se ha caracterizado por su sectarismo y animadversión contra los colegios regidos por religiosos o de ideario cristiano. No sería de extrañar que se repitiera el fiasco del nombramiento que impuso Felipe González del antiguo subsecretario de Asuntos Exteriores, Gonzalo Puente, pese a las reticencias de la Curia vaticana. Esta tendencia politizadora se ha visto reforzada con la reciente modificación del programa de las oposiciones de ingreso en la Carrera Diplomática.

Cambio del programa de las oposiciones de ingreso en la Carrera Diplomática

Cuando en 1981 fungía como jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, el ministro José Pedro Pérez-Llorca quiso actualizar el programa del temario para el examen oral en las oposiciones para el ingreso en la Escuela Diplomática y encomendó esta labor a Miguel Ángel Ochoa (parte histórica), a Federico Garayalde (parte económica) y a mí (parte jurídica). Entonces sólo había tres grupos y los opositores disponían de hora y media para exponer los tres temas que les tocara en suerte. Ahora la parte la parte jurídica se ha dividido en dos y los opositores disponen de sólo una hora para exponer los cuatro temas adjudicados, por lo que la media hora de antaño para la exposición de cada tema se ha reducido a la mitad. Por otra parte, ha disminuido el número de temas a 203: 50 para Derecho Internacional, 56 para Derecho Constitucional y Comunitario, 46 para Economía y 51 para Historia.

El temario de los dos grupos jurídicos es en líneas generales aceptable y sobre el económico no me pronuncio, por no ser especialista en loa materia. No cabe decir lo mismo del temario histórico, que deja bastante que desear. No creo que se haya pedido para su modificación la opinión del ilustre académico de la Historia y excelente escritor, embajador Ochoa. El tema 1 del nuevo programa dedicado a “España a comienzos de la Edad Moderna” cubre para una exposición de 15 minutos los Reyes Católicos, el proceso de la conquista de América, los reinados de Carlos V y Felipe II, y la Reforma y la Contrarreforma. Esta materia estaba cubierta en 1981 por 5 temas, con una exposición de dos horas y media. La Historia desde Felipe III a Alfonso XIII se despacha en 9 temas -dos horas y cuarto -, lo que resulta totalmente insuficiente. Al período comprendido entre la II República y nuestros días se le dedican 4 temas y, en el 44 -dedicado a la participación de España en la ONU y a la política española en materia de derechos humanos- se incluye un apartado sobre “La Alianza de Civilizaciones”, esa notable contribución de Rodríguez Zapatero y del demócrata presidente de Turquía Tayib Erdogan –en colaboración con otro paladín de los derechos humanos como Arabia Saudita- al progreso de la Humanidad. Como ha dicho con sorna el embajador Inocencio Arias, los nuevos diplomáticos españoles saldrán al extranjero sin saber exactamente lo que significaron los Reyes Católicos o la llegada de España a América, pero irán magníficamente pertrechados  conociendo la Alianza de Civilizaciones y las diferencias entre los cabrones del régimen de Franco y los ángeles democráticos del Frente Popular.

En efecto, lo más grave de las modificaciones introducidas en el temario ha sido la inclusión de un apartado sobre “La Memoria Democrática”. En el programa de 1975, el tema 53 versaba sobre “España desde 1985 hasta hoy: Aspectos políticos internos, transformaciones económicas y sociales, y política exterior”. En el muevo programa, el tema 34 se titula: ”La transición política y la consolidación de la democracia en España. El debate sobre el modelo territorial del Estado. La Memoria democrática”. La adición del último epígrafe es un auténtico pegote que desentona dramáticamente del resto, pues supone un contrapeso a la afirmación inicial de que la Transición contribuyó a la instauración y consolidación de la democracia en España. Podemos, el socio menor de Sánchez, ha arrastrado al PSOE  a renegar de su fundamental contribución al éxito de la Transición y a ponerla en tela de juicio y –para justificar este renuncio- se ha inventado una memoria –que calificó primero de histórica y luego de democrática- en la que se falsifican los hechos, se ensalza la II República de forma apologética, y se la considera el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Por esas virtudes cívicas, la República merecía haber ganado la guerra civil y, para lograrlo “a posteriori” se la presenta, sin el menor esbozo de autocrítica, como la vencedora moral de la misma, por lo que aún se está a tiempo de premiar a los buenos  y de castigar a los malos, aunque sea a base de moviola.

Ya la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero de 2007 fue un  auténtico bodrio que replanteaba parcialmente los hechos ocurridos entre 1936 y 1939, pero el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática esbozado por la ex-vicepresidenta Carmen Calvo, y el proyecto de Ley ultimado por la eminencia gris del nuevo Gobierno, Félix Bolaños, lo ha superado con creces. Se trata –según lo ha descrito “El Mundo”- de un texto pensado para prolongar la guerra civil entre los españoles, basado en una burda distorsión de los hechos para azuzar el revanchismo y exprimir la utilización maniquea del pasado, a fin de manipular el presente y ganar poder en el futuro.  Es un proyecto sectario que condena y excluye a la España no republicana e impone un pensamiento único para luchar contra el supuesto totalitarismo de la derecha. Pretende reparar la dignidad de las víctimas republicanas, que fueron perseguidas y dieron su vida por defender la democracia y la libertad, entre los que se encontraban los comunistas y los socialistas que asesinaron a inocentes en Paracuellos y los separatistas seguidores de Lluis Companys que mataron a mansalva a quienes no compartían sus ideas –el alcalde de Lérida, Joan Rovira y Roure, fue fusilado por organizar la cabalgata de los Reyes en contra del mandato de la Generalitat que prohibió en 1936 cualquier festejo relacionado con la Navidad-.

Como tuve ocasión de escribir a finales de 2020  cuando se hizo público el texto elaborado por la “Domina Cabra”, con esa ley se lanzaba un torpedo contra la línea de flotación  de la Transición, que reabría viejas heridas y `provocaba la división entre los españoles entre buenos y malos, decretando la exaltación de los primeros –los republicanos- y la condena de los segundos –los fascistas-. Derogaba implícitamente  la Ley de Amnistía de 1977 -que facilitó la llegada de la democracia- y rompió el consenso de la Transición –que ha sido lo mejor que le ocurrió a España en 300 años, en palabras del rey Felipe VI-.  Por si no fuera suficientemente perverso el proyecto de Ley, Podemos y el PSOE han presentado enmiendas para empeorarlo aun más, como las que prevén explícitamente la derogación de la citada Ley o las que establecen que todas las leyes se aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, según el cual, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el genocidio y la tortura son imprescriptibles y no amnistiables. Podemos ha manifestado que esas enmiendas abrirán las puertas para juzgar los crímenes del franquismo. 

Estos aprendices de Torquemada se ciscan en lo principios de legalidad y de retroactividad consagrados en la Constitución. Según el artículo 25-1, “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento”, y el artículo 9-3 garantiza “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. En su auto 20 2021 relativo a la querella presentada por Gerardo Iglesias contra la policía por los delitos de lesa humanidad,  tortura y lesiones, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso por la inexistencia de la vulneración denunciada, de conformidad con el priuncipio “nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, certa et stricta”. En el momento de producirse los hechos denunciados, no existía en el ordenamiento penal español la figura del delito de crímenes contra la humanidad y, con respecto a los delitos de tortura y lesiones, habían transcurrido más de cuarenta años desde su comisión y estaban ya prescritos. El propio Bolaños ha reconocido que, aunque se aceptaran las enmiendas, la Ley de Amnistía no se vería afectada, entre otras razones porque una ley ordinaria como la de la Memoria Democrática no podía derogar una ley orgánica.

Las enmiendas extienden el período investigable hasta 1982 –fecha en la que el PSOE accedió al Gobierno y a partir de la cual se inició la democracia en España-, ya que entre 1975 y 1982 persistieron en el país “inercias de dictadura”. El proyecto de Ley de Memoria Histórica es una chapuza histórica, una aberración jurídica, un grave error político y un dislate ético, y esta joya se pretende que sirva de inspiración a los futuros diplomáticos españoles, a los que no bastarán los principios básicos inspiradores de la política exterior española en función de sus intereses permanentes -magistralmente sintetizados por Francisco Fernández Ordóñez en la integración en Europa, la proyección iberoamericana, el vínculo atlántico y la solidaridad mediterránea-, sino que tendrán que añadir los de la promoción del feminismo y de la diversidad, con miras a llevar a cabo una política exterior feminista. Nadie ha sabido explicar en qué consiste ésta y -pese a llevar casi 60 años enseñando Derecho Diplomático- confieso humildemente que lo ignoro-. Según el Plan de Estrategia Exterior 2021/2024, España será un referente de política exterior feminista y de promoción de la diversidad, con vistas a incorporar el enfoque de género en todos los ámbitos de la política exterior, y liderará iniciativas en defensa y promoción de dicha diversidad, en particular los derechos de los LGTBI. Para preparar a los diplomáticos para que puedan conseguir tan altos designios, se ha incluido un tema sobre “Igualdad de género”, en el que se aborda la promoción de la mujer, la política contra la violencia de género y los derechos de las personas LGTBI.

El temario histórico contiene otras insuficiencias, aunque no tan graves como las anteriormente citadas. Así, el tema 29 trata del proceso de descolonización española –Guinea Ecuatorial, Ifni y “el conflicto del Sáhara”-, pero en ningún momento se ha hablado de la colonización española, por lo que el tratamiento de la cuestión queda cojo. En el tema 46 sobre “Política exterior española en el Mediterráneo” se mencionan específicamente las relaciones de España con Marruecos y Argelia, pero se omite mencionar la nefanda palaba “Sáhara Occidental”, que es la principal manzana de la discordia entre los tres Estados y que condiciona sus relaciones respectivas.

El tema 35 se dedica a China -de la que se indica que es “uno de los países de más larga historia”- y en él se analiza “del Imperio a la República Popular China”. No hace falta que los futuros diplomáticos sepan nada de la colonización de Hispania por Roma, de la organización del Estado durante el período visigodo, de la invasión árabe de la península y de su ocupación durante siglos, o de la Reconquista y del surgimiento de los distintos reinos españoles, pero si deberán conocer los avatares de las dinastías Song, Jin o Ming, de gran utilidad para el ejercicio de su profesión.

Por último, el tema 51 se refiere a “la importancia del español en el mundo” y –tras incluir apartados sobre la promoción internacional del español, la Real Academia Española de la Lengua, la Asociación de las Academias de Lengua Española o el Instituto Cervantes- se añade un apartado final sobre “proyección de las lenguas cooficiales”, que me ha dejado perplejo. ¿Qué se pretende con este equívoco enunciado? ¿Promocionar el monolingüismo y la inmersión de la enseñanza en catalán en Cataluña y en los “Países Catalanes”, y exaltar el valor universal del euskera o del bable? Cualquier interpretación es posible, dada la rendición incondicional de Sánchez a las exigencias lingüísticas de los separatistas catalanes y vascos.

El “caso González-Barba»

En paralelo a la modificación del programa de ingreso en la Escuela Diplomática, se ha producido la defenestración del secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, que ha dejado un mal sabor de boca en la Carrera diplomática española. González-Barba, que fue nombrado por Arancha González Laya, fue el único secretario de Estado confirmado por José Manuel Albares. Sus relaciones, sin embargo. se deterioraron –según la Agencia Europa Press- por la actitud absorbente del ministro, que le restó autonomía y asumió parte de sus funciones, como la de acompañar al presidente del Gobierno a las reuniones del Consejo Europeo. Ante la falta de entendimiento, el secretario de Estado presentó su dimisión y pidió al ministro que le diera una embajada europea o lo propusiera para el puesto de enviado especial de la ONU para Chipre –para lo que, al parecer, contaba con el apoyo de los interesados, Chipre, Grecia y Turquía-, pero Albares rechazó ambas propuestas.

La sección de UGT del Ministerio se valió abusivamente del correo “Todomae” para enviar a los funcionarios del mismo un mensaje en el que criticaba la actitud de González-Barba. Justificaba la pretensión de Albares de acompañar al presidente del Gobierno en las cumbres europeas, porque era el responsable de toda la política exterior española, hecho que no fue del gusto de González-Barba, que presentó su dimisión. El sindicato ha mantenido que se debía exigir a los altos cargos “el cumplimiento estricto de sus responsabilidades y ser leales al Gobierno que los nombró y, por supuesto, con el Ministro que los propuso, aceptando aquellas directrices que se le requiera y trabajando siempre en beneficio del país”, y señalado que “dimitir a un año de la presidencia europea de modo tan estentóreo no es la mejor muestra de cordura y sensatez, pero reconocemos que hay personas así, que en muchos casos abusan de la buena fe de los superiores que confiaron en ellos”.

La  ADE ha considerado necesario salir a la palestra para defender el buen nombre de un asociado, que ha sido injusta y públicamente criticado por UGT a través de una red oficial del Ministerio. La Asociación ha condenado el señalamiento público de un funcionario como González-Barba, miembro de la carrera diplomática desde hacía más de 30 años y que contaba con una trayectoria profesional impecable, marcada por su vocación de servicio público. Lo ha acusado meramente “sobre la base de informaciones publicadas por la prensa no constatadas atentando contra su nombre”. Semejantes acusaciones suponían “un señalamiento público que consideramos impropio de una entidad con el recorrido del sindicato que  las ha proferido, y que entendemos no puede tener cabida en la Administración General del Estado”. La ADE ha condenado asimismo el uso abusivo por UGT de una vía oficial que debería restringirse a comunicaciones que realmente tuvieran interés y utilidad para todos los empleados del Ministerio, y no para desprestigiar a un funcionario de prestigio.

No debería sorprenderse la Asociación de la actuación de UGT, que siempre ha aprovechado cualquier ocasión para atacar a los funcionarios diplomáticos y denostarlos por su inadecuación a las exigencias de la diplomacia moderna”. El sindicato propugna aplicar el artículo 18 del Estatuto de la Función Pública para fomentar la promoción interna en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores y permitir a funcionarios de otros cuerpos acceder a la Carrera diplomática por la puerta de atrás, sin necesidad de pasar por las horcas caudinas de la dura oposición, sistema que critica por considerarlo anticuado y corporativista. Mantiene que hay que renovar el sistema de ingreso en  la Carrera y propone la creación de un “cuarto turno” que permita el libre acceso de cualquier funcionario. En su afán de medrar,  pretende asimismo que representantes suyos formen parte de la Junta de la Carrera Diplomática, institución de carácter técnico  integrada por representantes elegidos democráticamente por los funcionarios diplomáticos y que tiene como misión asesorar al ministro en la provisión de los puestos diplomáticos y consulares que les están reservados, por lo que la pretensión de UGT carece de cualquier base jurídica o lógica.

Se ha producido una situación inusual en nuestros pagos administrativos poco democráticos, en que un alto funcionario ha presentado su dimisión por no estar de acuerdo con la interferencia de su jefe en cuestiones que consideraba de su competencia. Este acto responsable ha sido criticado por un sindicato –que se supone que debe defender los intereses de los trabajadores, y los diplomáticos también lo son- con la anuencia de la Superioridad ministerial. El ministro se ha negado a conceder a González-Barba una embajada europea, lo que me parece una mezquindad, aunque entre dentro de lo normal, ya que es plausible que no proponga como embajador a una persona en la que ha dejado de confiar. Ahora bien, negarle también la posibilidad de un puesto en la ONU entra ya en el ámbito de la “vendetta” siciliana.

El control total del ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los demás órganos de la Administración –salvo el judicial, que hasta ahora ha resistido la ofensiva sanchista- ha llegado también al órgano especialmente encargado de ejecutar la política exterior de España, con la politización de una Carrera que –por representar al Estado en el exterior- debería ser lo más aséptica posible en el ejercicio de sus funciones. Los diplomáticos han de obedecer obviamente las órdenes del Gobierno, pero éste debería tener sentido de Estado y no sacrificar los intereses permanentes de la Nación a sus veleidades ideológicas, como está haciendo con el engendro de la Ley de Memoria Democrática, que constituye una incitación a la confrontación guerracivistal entre españoles.