El País Vasco siempre ha sido tratado de forma privilegiada por parte de los Gobiernos de España a lo largo de la Historia. Buena prueba de ello ha sido el tratamiento preferente que recibió en la Constitución de 1978,

Constitución y Estatuto de Autonomía de Guernica

Pese a que los diputados del PNV apenas participaron en sus trabajos preparatorios y no participaron en la ponencia constitucional, se le concedió -junto a Navarra- el privilegio del reconocimiento de sus derechos históricos, que  -a excepción del caso de Álava- le fueron retirados por el Gobierno nacional tras la Guerra Civil. Así, en su disposición adicional primera, la carta Magna “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. 

También obtuvo parcial satisfacción a sus tradicionales anhelos de anexionar Navarra a Euskadi, al incluirse en el texto constitucional una disposición transitoria en la que se preveía que, a los efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico que lo sustituyera, la iniciativa para llevarla a cabo correspondía al órgano foral competente, cuya decisión debería ser ratificada por un referéndum expresamente convocado al afecto y aprobado por la mayoría de votos emitidos. A pesar de estas notables concesiones, el pueblo vasco no votó a favor de la Constitución. Sí apoyó un año más tarde el Estatuto de Autonomía adoptado `por Ley Orgánica de 18 de diciembre de 1979, inspirado en el texto constitucional, aunque arrimando el ascua a su sardina de Santurce, ya que interpretó sus disposiciones de forma harto extensiva. Valgan algunos ejemplos.

El País Vasco quedará integrado por las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la de Navarra –que tiene derecho a formar parte de la Comunidad-, en el supuesto de que ésta decidiera su incorporación al País Vasco (artículo 2). Para curarse en salud, el Estatuto incluye una disposición adicional conforme a la cual, la aceptación del régimen autonómico por parte del Gobierno de Euskadi no implica la renuncia del pueblo vasco a los derechos que, como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de su Historia.

El texto desarrolla la sucinta disposición constitucional y establece que las relaciones de orden tributario  entre el Estado español y el País Vasco serán reguladas mediante el sistema foral tradicional del Concierto Económico. La aportación vasca al Estado consistiría en un cupo global correspondiente a cada uno de sus territorios históricos, como contribución a las cargas del Estado que no asumiera la Comunidad Autónoma. El Cupo se establecería por ley tras acuerdo entre las dos partes, se actualizaría anualmente y estaría basado en el principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (artículo 41). Aunque el artículo 138 prevé que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades no implicarían, en ningún caso, privilegios económicos o sociales, el hecho es que el Cupo resulta favorable a Euskadi, que goza de una situación privilegiada con respecto a las demás Comunidades. Incluso en negociaciones adicionales, el Gobierno vasco consigue que el Gobierno central le haga rebajas de fin de temporada a cambio de su desinteresada colaboración a la gobernabilidad. Así, el Cupo para 2017 se fijó en €1.500 millones. El Gobierno vasco consiguió reducirlo con Cristóbal Montoro a €1.300 y últimamente, con María Jesús Montero, ha quedado en €1.240 millones  ¿Hay quién dé menos? Urkullu sigue haciendo caja en sus relaciones con el Gobierno de Sánchez.

De las 39 competencias exclusivas previstas en la Constitución para las Autonomías, el Estatuto pasa a 36 y amplía su ámbito. Así, afirma la competencia del Gobierno Vasco sobre ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y servicio meteorológico (artículo 11-22) , mientras que la Constitución sólo habla de “ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en el territorio de la Comunidad”, así como de puertos de refugio y puertos y aeropuertos deportivos, y los que no desarrollan actividades comerciales (párrafos 5 y 6 del artículo 148). Pese a que la Constitución considera como competencia exclusiva del Estado la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social (artículo 149-17), el Estatuto considera competencia de la Comunidad “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social” (artículo 18). La Comisión Mixta de Transferencias establecerá los convenios mediante los cuales la Comunidad asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad (disposición adicional sexta). 

El PNV, según Andoni Ortúzar

El Presidente del PNV hizo el 9 de marzo a “El Mundo” unas declaraciones sumamente significativas para entender lo que son el País Vasco y el PNV. Según Andoni Ortúzar, el ordenamiento jurídico ha reconocido que Euskadi es una nación, lo cual es falso puesto que  -conforme al artículo 1 del Estatuto- “el pueblo vasco o Euskal Herría, como expresión de su nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi  o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”.

Los padres de la Constitución hicieron encaje de bolillos para tratar de resolver el problema de la Comunidades históricas y encontró la fórmula -un tanto chapucera- del Estado de las Autonomías, que contemplaba dos vías diferentes de acceso a la autonomía y distinguía -en función del modo de acceso- entre “nacionalidades” y “regiones”. El hábil artilugio se fue al traste cuando el pueblo andaluz decidió, mediante un referéndum, que -no siendo menos que el vasco, el catalán o el gallego- accedería a la autonomía por la vía del artículo 143, reservada a las Comunidades históricas. Por otra parte, la Constitución rompió su esquema de federalismo vergonzante, al introducir un elemento confederal y concederles al País Vasco y a Navarra un régimen especial derivado del reconocimiento de sus derechos históricos. 

Euskadi encuentra su mejor expresión en el PNV, que –según Ortúzar- tiene como objetivo final la creación de un Estado soberano vasco, aunque “sin desconocer  la realidad social y el entorno de cada momento en el que nos movemos”. De ahí que Haya graduado sus reivindicaciones en función de las circunstancias. El PNV fue fundado en 1895 por Sabino Arana bajo el lema de “Dios y leyes viejas”. Era un partido nacionalista vasco, democristiano-liberal, xenófobo –casi racista- y anti-español. Se ha autodefinido en sus estatutos como “vasco, democrático, aconfesional, humanista y abierto al progreso y a todos los avances de la civilización que redunden en beneficio del ser humano”- Como afirmó en 2008 el Presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, “el futuro común de los vascos se ha de configurar en torno a un proyecto libre y democráticamente compartido”. Es una institución conservadora de centro-derecha, pero se considera de centro-izquierda. Según Iñaki Soto, el PNV  ha abandonado sus posturas cristianodemócratas y reaccionarias hacia perspectivas socialdemócratas y –para Iker Armentia- flirtea con la socialdemocracia, siguiendo las posiciones mayoritarias de la sociedad vasca en los últimos años. En sus inicios, estuvo integrado en la Internacional Demócrata Cristiana, de la que fue expulsado en el 2000 y actualmente forma parte del Partido Demócrata Europeo.

En el PNV coexisten dos almas: la radical de la ortodoxia “sabiniana” y la liberal del posibilismo, y -según prevalezca una u otra- queda condicionada su trayectoria política. Según Gorka Maneiro, el principal objetivo del PNV es mantenerse en el poder y, para ello, unas veces es independentista, otras autonomistas y otras  casi españolista. Es una maquinaria casi perfecta, que se mueve al unísono con la sociedad vasca. Supera todas las crisis y, cuando hay que pedir perdón, parece un cura. Le votan hombres y mujeres, jóvenes y viejos, gentes de derechas y de izquierdas, independentistas, autonomistas y españolistas. , y -elección tras elección- cada vez consigue más votos. Surge Podemos en el País Vasco y ni se despeina, aparecen Ciudadanos y Vox y no les quitan ni un voto, y siempre acaba por gobernar. Nadie le tose y encima tiene el dinero aportado por las Diputaciones, por lo que puede aplicar en Euskadi políticas sociales muy generosas. No es un partido, sino un movimiento. Dentro de 50 años, el lehendakari seguirá siendo del PNV.

En efecto, el PNV se confunde con el paisaje del País Vasco es el `partido más representativo de su sociedad. Gracias a su control de la bolsa de los ingresos del País Vasco, ha tenido oportunidad de distribuir privilegios y sinecuras entre sus simpatizantes y creado una agradecida y rentable red clientelar, similar a la cfreada por Convergencia en Cataluá y por el PSOE en Andalucía. Ha sabido, además, ganarse una no siempre justificada vitola de honradez y de eficacia  en la gestión gubernamental, como se ha puesto de manifiesto recientemente con el desastre del vertedero del Zaldíbar o con las condenas por corrupción del dirigentes del partido en Álava, Alfredo de Miguel. Según un twitter de “una persona de orden” publicado ayer en Internet, los principios del PNV están en la traición, que debe estar en su RH: traición a la República en la Guerra Civil, cesión de espacio político a ETA, traición a Mariano Rajoy siete días después de apoyar sus presupuestos…. Sin llegar a tales extremos, creo que son rasgos característicos del PNV la hipocresía, la prepotencia y el complejo de superioridad, que se pone de manifiesto en la historieta del vasco que comentaba: ”Mira si era humilde Nuestro Señor Jesucristo que, pudiendo haber nacido en Baracaldo, decidió hacerlo en Belén”.

Siempre ha puesto cara de niño bueno y condenado de palabra la violencia etarra, pero se ha aprovechado descaradamente de ella. Lo reconoció el propio Xavier Arzallús con su cándido cinismo jesuístico: “Unos mueven el árbol y otros recogen los frutos”. Mientras ETA asesinaba indiscriminadamente a quienes no compartían sus ideas y provocaba el éxodo de unas 200.000 personas, en un proceso de limpieza étnico-política comparable al producido en la antigua Yugoslavia. Como denunció Antonio Basagoiti, el PNV calló ante semejante injusticia y miró para otro lado, mientras ETA filtraba el censo vasco en su beneficio. Según el artículo 7 del Estatuto, los vascos residentes en el extranjero y sus descendientes gozarán de los mismos derechos políticos que los residentes en el País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en España. Así, el nieto de un exilado en Venezuela -que ni siquiera sabe dónde están Loyola o Guernica- e incluso un extranjero que participó con las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil,  podrán votar en las elecciones vascas, pero no podrán hacerlo los ciudadanos vascos que tuvieron que refugiarse en otros lugares de España para huir de los atentados y chantajes de ETA. Cuando el Gobierno del PP trató de subsanar esta omisión, el PNV se opuso escandalizado y Urkullu lo calificó de “error  histórico en forma de pucherazo electoral”, por lo que el Gobierno se achantó y dejó las cosas como estaban.

El PNV adoptó una postura ambigua sobre ETA pues, si bien condenaba sus atentados, no la perseguía e incluso daba cobertura a sus representantes políticos, como en los casos de Euskal Heritarrok, Herri Batasuna, Bildu o Sortu.  No había diferencias entre uno y otros partidos sobre los fines, sino sólo en cuanto los medios, dado que el PNV rechazaba el recurso a la violencia. En 1998, firmó -junto con Eusko Alkartasuna- un acuerdo secreto con ETA sobre un alto el fuego. Lo acordado se plasmó poco después en el Pacto de Estella, que firmaron Herri Batasuna, el sindicato abertzale LAB, Jarrai, las Gestoras pro Amnistía y la Asociación de Familiares de Presos de ETA. Por él se abría un proceso de diálogo y negociación para poner fin al terrorismo etarra. El PNV facilitó el recorrido hacia la legalidad de los partidos filo-etarras y presionó al Gobierno central y al Tribunal Constitucional para que los legalizara. 

El Gobierno vasco nunca abandonó su objetivo final de independencia. El lehendakari Juan José Ibarretxe presentó en 2003 un plan para un nuevo Estatuto, que fue aprobado por el Parlamento vasco, pero rechazado en 2005 en las Cortes por amplísima mayoría. El Plan reconocía el derecho a la libre determinación de los habitantes no sólo de Euskadi, sino también de Navarra y de Iparralde. Establecía un Estado confederal en el que el País Vasco se integraba como un Estado libre asociado. Tras este fiasco, el Gobierno vasco adoptó una política más pragmática y posibilista, y bajó el diapasón, tratando de modificar el Estatuto de 1979 y presionar sobre el Gobierno para que la transfiriera mayor número de competencias.

El PNV ha presidido los Gobiernos en el País Vasco desde 1980 hasta nuestros días, salvo el paréntesis entre 2009 y 20122 en que gobernó el socialista Pachi López con el apoyo desinteresado del PP. Aunque suele ser el partido más votado, nunca ha conseguido una mayoría absoluta –debido a la fragmentación del voto nacionalista, especialmente desde la escisión de EA en 1986-, por lo que siempre ha gobernado en coalición, especialmente con el Partido Socialista de Euskadi. En las elecciones autonómicas de 2016 obtuvo 298,168 votos -37.36% y 28 diputados- y, en 2109, consiguió en las elecciones municipales 403.874 votos -36.01%, 1.050 concejales y 130 alcaldes-, en las generales 379.002 votos -1.57%, 6 diputados y 9 senadores-, y en las europeas 380.577 votos -27.96% y un eurodiputado-. Asimismo, de los 51 escaños 1ue cuentan cada una de las Juntas Generales, dispone de 25 en Vizcaya, 20 en Guipúzcoa y 17 en Álava, lo que le permite presidir las tres diputaciones, disponer a su antojo de los recursos financieros de Euskadi y crear una red clientelar muy rentable.

Al margen de Euskadi, la filial del PNV en Navarra, Geroa Bai, obtuvo 3n 1025 9 escaños en el Parlamento navarro y, su líder, Uxue Barkos, presidió el Gobierno Foral entre 2015 y 2919, en coalición con EH Bildu, Podemos y Ezquerra. Barkos siguió una activa política de “euskaldunización” de Navarra e impuso la enseñanza del euskera en toda la Comunidad. En 2019, Geroa Bai volvió a obtener 9 diputados, pero –al bajar los resultados de su socios de coalición- no pudo renovar el Gobierno cuadripartito. No obstante, ha prestado su apoyo al Partido Socialista de Navarra y ha pasado a formar parte de un nuevo Gobierno cuadripartito presidido por la socialista María Chivite, en coalición con Podemos y Ezquerra, y con el apoyo exterior de Bildu, frente a Navarra Summa, el partido más votado con 20 escaños.. El Gobierno de coalición de Chivitesigue la misma orientación vasquista de su predecesor, en abierta contradicción con lo que defendía el PSN cuando estaba en la Oposición.

Nuevo Estatuto de Autonomía

El PNV llegó a un acuerdo con EH Bildu para elaborar un nuevo Estatuto que reconociera el derecho a decidir del pueblo vasco. Los dos partidos, con el apoyo del PSE, han redactado un proyecto de Estatuto que, en algunos aspectos, es peor que el Plan Ibarretxe. Reconoce el derecho de los ciudadanos vascos a decidir libre y democráticamente su futuro, “siendo su ejercicio pactado con el Estado”-principal contribución del PSE al texto-. Según Ortúzar, para la adopción del nuevo Estatuto no haría falta reformar la Constitución, dado que el Estatuto de Guernica ya reconoce que Euskadi es una nación. Como he dicho con anterioridad, ello  no es cierto y su aceptación iría contra la esencia de la Constitución, que sólo reconoce a la Nación española. Al ser Euskadi una nación, es natural que se distinga entre los “nacionales” –que tienen una identidad nacional- y los demás ciudadanos vasco y, al distinguir entre nacionales y ciudadanos, se rompe el concepto de soberanía nacional, ya que hace a los nacionales vascos sujetos políticos ajenos a l resto de los españoles. 

Aunque el PNV mantiene que se trata de un texto federal, es más bien confederal. Rompe además con el principio básico del federalismo de que todos los Estados federado son iguales y que en caso de conflicto, la norma federal prevalecerá sobre la federada. Asimismo invierte el principio de superioridad jerárquica del Estado federal, al conceder las competencias a la Junta del País Vasco con carácter general y al Estado español sólo con carácter residual. Establece, por otra parte, la prevalencia del derecho vasco sobre el español, que sólo tendría carácter supletorio. Según el artículo 21 del vigente Estatuto de Guernica, es aplicable con preferencia a cualquier otro el derecho emanado del País Vasco “en las materias de su competencia exclusiva”. 

Antes de modificar el nuevo Estatuto, el Gobierno vasco publicó el pasado año un Decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones y locales de Euskadi. Pese a lo que pudiera deducirse de su título, se trata de una norma destinada a blindar el uso del euskera en las distintas instituciones vascas y a darle prioridad sobre el castellano, pese a que el Estatuto de Guernica establece que “el euskera, lengua propia del País Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y a usar amblas lenguas”. El Decreto no contienen ni una sola disposición relativa al castellano y se guardan las formas al prever que, aunque tenga preferencia el euskera, se ofrecerán traducciones al castellano. Pese a que la fórmula que se utiliza es potestativa – los documentos y actuaciones “podrán” ser redactados, expresados. o desarrollados en euskera-, el carácter potestativo se convertirá en la práctica en imperativo, como ha ocurrido en Cataluña. El anteproyecto de Estatuto –que será aprobado por el Parlamento vasco- tiene más posibilidades de ser adoptado por las Cortes, dado que goza del apoyo del PSE y, en consecuencia, del PSOE.

Ortúzar se queja la falta de un sistema justo de garantías en los casos de conflictos de competencias y de que Euskadi se siente maltratada al no existir un órgano neutral,, porque el Tribunal Constitucional “siempre ha mirado hacia Madrid y no hacia las autonomías”. Mi impresión es más bien la contraria, pues creo que el Tribunal ha sido excesivamente complaciente con el País Vasco en la mayoría de los casos que se le han planteado, siguiendo el tenor de la Constitución de hacer concesiones a los territorios forales y mantener sus privilegios históricos, Así, fue muy generoso con la apertura por parte del Gobierno vasco de una delegación permanente ante la UE en Bruselas, precedente en el que se ha basado la Generalitat para establecer una nutrida red de delegaciones con pretensiones de auténticas embajadas. 

En 2011, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia del Tribunal Supremo que había negado la participación de Bildu –coalición formada por los partidos EA y Alternativa con antiguos miembros de la prohibida  Herri Batasuna- en las elecciones autonómica de ese año. El Presidente Urkullu declaró que el Constitucional había enmendado el intento del Supremo de condicionar el mapa público de Euskadi. Aunque no estoy de acuerdo con esta decisión, cabe señalar en descargo del Tribunal que dos de los partidos de la coalición de Bildu eran legales y no deberían, por tanto, ser privados de su derecho a participar en unas elecciones.

Un año más tarde, el Tribunal Constitucional casó otra sentencia del Supremo que había declarado ilegal la constitución del partido abertzale Sortu. El Constitucional incurrió, en mi opinión, en defectos tanto formales como sustantivos. Respecto a la forma, en vez de limitarse a examinar si el auto recurrido había vulnerado el derecho fundamental de los promotores de inscribir un partido político, el Constitucional entró a examinar el fondo del asunto, lo que excedía del ámbito de sus competencias jurisdiccionales. En cuanto al fondo, el Constitucional rechazó los bien fundados argumentos incriminatorios del Supremo sin apenas motivarlos y se basó en el examen del texto de los Estatutos de Sortu y no en la conducta de sus militantes para exonerarlos. La decisión fue bien recibida por el PNV, que estaba en vías de blanquear a los partidos filoetarras y a su jefe de filas, el “hombre de paz” Arnaldo Otegui.

Ventajas para el PNV

Al margen de lo que suceda con el proyecto de Estatuto, el PNV ha seguido con su táctica de ofrecer su apoyo al Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a cambio de una contrapartida sustancial en especie, mediante la transferencia de competencias propias del Estado. El partido mostró sin el menor pudor su doblez cuando -en el escaso margen de unos días- apoyó los presupuestos del Gobierno del PP, votó una moción de censura contra Mariano Rajoy y apoyó la investidura de Pedro Sánchez, con un programa político radicalmente contrario al de su predecesor. Por supuesto que a cambio de una sustancial tajada, que recibió de los Gobiernos de los dos partidos en contrapartida a su desinteresada actuación.

Urkullu ha seguido con su táctica chantajista de bajo perfil para recibir nuevas competencias a cambio del respaldo de los escasos pero productivos diputados peneuvistas a la segunda investidura de Sánchez. Entre ellas figuran las competencias en materia penitenciaria, en un momento en que ha aumentado la exigencia de acercar los presos etarras a las cárceles vascas y en el que se ha visto el juego que estas competencias proporcionan a las autoridades catalanas en relación con sus presos de lujo. También ha conseguido la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que podría acarrear el fraccionamiento de la Caja Única de las Pensiones.

Urkullu pretende jugar el papel de nacionalista bueno frente al nacionalista malo encarnado por Joaquim Torra, ya que –aunque ambos persigan los mismos objetivos soberanistas- el lehendakari sabe administrar los tiempos y guardar las formas, sin perder sus sonrisa satisfecha de estadista de bolsillo. Se le ha visto un poco el plumero con la recentísima crisis del coronavirus. Tras anunciar Sánchez que su Gobierno declararía el Estado de Alarma y filtrarse que el correspondiente decreto trasladaría temporalmente al Gobierno central las competencias en materia de sanidad y de seguridad, Urkullu y Torras presionaron al Consejo de Ministros que se estaba celebrando ayer para que no se menoscabaran sus competencias exclusivas en la materia. Tuvieron tiempo sobrado para hacerlo porque el Consejo -que debería haber concluido a las 15 horas- no terminó su sesión hasta las 21 horas, debido a las presiones internas de su socio podemita de gobierno, que  exigía la nacionalización de las industrias eléctricas, el control de la sanidad privada y de los medios de comunicación, mayor protección para los trabajadores en paro, exclusión de Cataluña y del País Vasco de las medidas del Plan de Alarma y presencia de alguien de Podemos en el equipo de dirección para su aplicación. La situación llegó a tal grado de tensión con Pablo Iglesias, que –según Isabel Acosta y Carmen Obregón de “elEconomista”- Nadia Calviño se plantó y dijo a un compungido Sánchez: ”O él dimite o nos vamos nosotros”. Por una vez, Sánchez no dio su brazo a torcer ante Iglesias y el Consejo aprobó la Declaración propuesta por los Ministros del PSOE. 

Se produjo de un espectáculo esperpéntico fruto de la constitución de un Gobierno imposible, ya que, por mucha voluntad que haya –y no  la hay- no se `pueden mezclar el agua y el aceite. Como ha señalado “El Mundo” en su editorial de hoy, la estructura ministerial de un Gobierno pensado para el eslogan, pero no para la gestión, dificulta la toma de decisiones. España sabrá sobreponerse  a los efectos del coronavirus, tanto en el ámbito sanitario como en el económico, pero “no lo hará gracias a un ejecutivo roto e inoperante, sino por la capacidad de superación y la unidad de una nación, que saca lo mejor de sí misma en las peores circunstancias”

Siempre discreto, Urkullu ha dejado al portavoz del PNV que exprese sus objeciones al Plan del Gobierno. Según Josu Erkoreka, tras su conversación telefónica con Sánchez, Urkullu había interpretado que aquél apostaría por la coordinación con el Gobierno vasco y no asumiría en exclusiva el control de la Erzaintza  o de los servicios sanitarios de Euskadi. Se trataría de una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución y “sería un sorpresa –concluía Erkoreka- que el Gobierno anulara las competencias autonómicas en materia de seguridad y salud, y que abocara para sí todas las atribuciones”. Torra declaró que, tanto él como Urkullu, no podían aceptar que se confiscaran las competencias en materia de salud, seguridad y transportes

Tras conocerse el texto de la Declaración del Estado de Alarma, Urkullu -auún mostrando su desacuerdo con algunos de sus puntos- se mostró cauto y declaró que, dada la gravedad de la situación, no haría una valoración de las decisiones adoptadas por el Gobierno español, a diferencia de Torra que se rasgó sus vestiduras cuadribarradas,, rechazó por completo el plan de acción y exigió el confinamiento de Cataluña y de la Comunidad se Madrid. Tanto el uno como el otro participaron por primera vez en la Reunión de los Presidentes de las Comunidades Autónomas con el Gobierno. La Conferencia acordó adoptar un  comunicado conjunto desde la unidad de acción, basado en los principios de “coordinación, colaboración y solidaridad”. Todos los Presidentes decidieron firmar el comunicado, salvo Torra, que declaró que tomaría las medidas que considerara oportunas aal margen del Gobierno. 

Ante esta actitud de insumisión, ya va siendo hora de que se aparte a Torra de la presidencia de la Generalitat, tras su inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de que el Tribunal Supremo confirme esta decisión. En cualquier caso, esta en vigor la Ley Orgánica de 1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sito, cuyo artículo 10 prevé que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad serán sancionados de conformidad con las leyes y que, si fueran cometidos por autoridades, las facultades de éstas que fueran necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en el ejercicio de la Declaración del estado de alarma, podrían ser asumidas por la Autoridad competente durante su vigencia.

Tras la rebeldía –una más- de Torra ante la ley, la Ministra de Defensa, Margarita Robles –la única que parece estar plenamente a la altura de las circunstancia en el equipo cuadripartito coordinador del Plan de acción- ha afirmado que, si hay algún responsable público que haga un planteamiento político de una situación de alarma sanitaria y se opone a trabajar conjuntamente, no merece ser llamado responsable político. “No concibo ese posicionamiento y, si se diera, ese alguien tiene que quedar al margen de la vida pública”. ¡Impecable aserto! Ahora, a ver si el Gobierno de Sánchez  no se achanta ante las provocaciones continuas del separatismo catalán y de su más cualificado representante y se atreve a remover de su puesto a un auténtico peligro para la seguridad nacional y para la salud de todos los españoles.

Pese a sus reticencias, por considerar el Plan  del Alarma como una invasión de las competencias de Euskadi, Urkullu –a diferencia de Torra-  sí ha apuesto su firma en el documento, señalando que no iba a contribuir a una “ceremonia de desacuerdo”. Es la diferencia entre el nacionalista bueno y el nacionalista malo, pero, aunque Urkullu se vista de seda, nacionalista se queda.