De confirmarse los resultados electorales del país andino (que aún siguen en el aire), Pedro Castillo se haría con el poder, lo cual supondrá una tragedia económica, social y política, pues todas las libertades correrán un grave riesgo en manos de una extrema-izquierda marxista homologable al Podemos más radical, que acometería un proceso de venezolanización del país, algo que es menester subrayar porque los mismos que decían que Venezuela no era Cuba, ahora nos dicen que Perú no es Venezuela. 

Castillo se ha presentado con un programa que en el plano económico pretende prohibir las importaciones, instaurando un sistema autárquico, que en España, de la mano de la Falange llevó a veinte años de penurias económicas en el primer Franquismo y que en la práctica no conducirá más que a encarecer las exportaciones al desencadenar guerras comerciales y encarecer los costes de producción de las empresas, del mismo modo que aspira a subir al 80 % los tipos impositivos que tendrían que pagar las multinacionales, algo que dará lugar a que ninguna empresa se instale en el país y a que las que ya operan en el mismo se marchen, del mismo modo que pretende eliminar el sistema de capitalización de pensiones (que sería sustituido por uno de reparto), así como expropiar y nacionalizar sectores enteros como la minería, el petróleo y el gas dentro de un modelo en el que el Estado planifique toda la economía, propio de los regímenes socialistas que desafortunadamente continúan tiranizando algunos países del mundo. 

En el plano político, el programa de Castillo no es menos inquietante, pues pretende indultar a todos los terroristas de Sendero Luminoso, que dejó un reguero de 25.000 muertos en el país y con los que el virtual presidente mantiene fuertes vínculos, ya que se hizo con el liderazgo del sindicato de maestros con el apoyo de ese grupo criminal por medio de la rama civil de los mismos (MOVADEF), creada por Abimael Guzmán (en su día, líder de la organización terrorista), por lo que no debe extrañar que los mismos que auparon a Castillo hicieran abiertamente apología del terrorismo. 

Muchos tratarán de contraponer a esos siniestros vínculos las sombras del mandato de Alberto Fujimori, que ha estado preso por crímenes de lesa humanidad, pero lo que sucedió en Barrios Altos y La Cantuta no fueron violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos sino excesos puntuales en la lucha antiterrorista que no distan mucho de aquella chapuza que fueron los GAL, que acabaron con la vida de muchos que no tenían relación con ETA, de modo que Fujimori fue encarcelado por los mismos hechos que cabría imputarse a la X de los GAL tras la que presuntamente se encontraba Felipe González, pues es de vital importancia aquello que en Derecho Penal se conoce como elemento subjetivo, y en este sentido, el gobierno fujimorista no tenía intención de matar civiles, lo cual no es óbice para que deba pagar con cárcel dichas muertes, pues de lo contrario, de equipararía a los inocentes con los terroristas. 

El programa de Keiko Fujimori era realizable y realista, de corte socioliberal, ya que pretende atraer inversión privada para financiar el gasto social y por consiguiente, crear riqueza y empleo, de modo que aquellos que dicen rechazar por igual a uno y a otro operan en favor de Castillo, de manera análoga al Movimiento No Alineado durante la Guerra Fría, que tácitamente era un movimiento en favor de la Unión Soviética que por complejos no se atrevía a reconocerlo abiertamente. 

No deja de ser revelador que un 10 % de antifujimoristas haya votado a Fuerza Popular para evitar el ascenso de Castillo, entre ellos, el que posiblemente sea el antifujimorista más destacado del mundo como es Vargas Llosa, lo que denota que el eje político en Perú no opera únicamente en torno a las categorías de izquierda-derecha sino en base a la postura que se adopta sobre la etapa comprendida entre 1990 y 2000, habiendo también antifujimoristas en el centro-derecha y la derecha. 

Un elemento que no debe pasarse por alto es que Pedro Castillo, en cuestiones morales es incluso más conservador que Fujimori, ya que se opone frontalmente al aborto, la ideología de género, la eutanasia, la legalización de las drogas, apoya la pena de muerte y respecto al matrimonio homosexual es más duro, ya que se opone a las uniones civiles que Fujimori apoya. En definitiva, está más a la derecha que VOX en algunos aspectos, ya que el partido de Abascal se opone a la pena de muerte y apoya las uniones civiles homosexuales. Bajo la misma lógica de los que tachan de ultraderecha a VOX, ¿lo es Castillo por defender esas posiciones? 

Cabe remitirse a un episodio que a modo de reveladora anécdota sucedió en la Transición (en concreto, durante el debate constitucional), cuando en representación de AP, Licinio de la Fuente propuso el actual artículo que permite a los trabajadores el acceso a la propiedad de los medios de producción en la empresa, algo que fue rechazado por el ala liberal de UCD, que lo tachó de “enmienda marxista” mientras que el ponente comunista Solé Tura (sin salir de su asombro), reconoció que ni él mismo se había atrevido a tanto, pero el representante aliancista señaló que únicamente se había basado en la Doctrina Social de la Iglesia y el pensamiento de José Antonio. En este sentido, tal y como señala Manuel Penella, había una derecha que había emergido tan cerca de la izquierda como para que el entendimiento fuese posible, pues al estar todos los partidos dentro del consenso socialdemócrata, el debate político giraba en torno a cuestiones morales, situación que cambia en la década de 1980 de la mano de Thatcher y Reagan, cuando se produce con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, lo que Francis Fukuyama llamaba “el fin de la Historia y el último hombre”, es decir, se acredita que el liberalismo es el último sistema económico viable ante el rotundo fracaso del socialismo. 

En línea con lo anterior, el debate político en Perú gira en torno al modelo económico e institucional, no así en torno al modelo de sociedad que se propugna, pues la única parte buena de la elección es que los dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta se oponen claramente a la agenda globalista, basada en la destrucción de los valores cristianos. 

Ante la tragedia que supone un gobierno de Castillo, muchos quieren creer que se moderará por pragmatismo, dejando de lado sus posturas maximalistas y sus excesos radicales como tiende a suceder una vez que se toma las riendas de un Ejecutivo, pero semejante aseveración supone desconocer la Historia de Perú, pues ese giro no está asegurado, ya que debe servir de referencia el caso de alguien mucho más moderado como el socialdemócrata Alan García, que durante su primer gobierno (1985-1990) decidió no pagar la deuda externa y el país fue expulsado del sistema financiero internacional, cortándole el FMI toda financiación, de modo que para cubrir el déficit, aumentó la emisión de dinero, llevando a una hiperinflación del 7600 %, unas cifras propias del África subsahariana o de la Alemania de la República de Weimar, donde el marco alemán servía más como combustible que como forma de pago, pero ante el desastre al que previsiblemente se enfrenta Perú en todos los órdenes, muchos han preferido aferrarse a una cómoda autoceguera.