Todos los políticos mienten en algún momento de su carrera, sobre todo durante las campañas electorales. Se trata de mentirijillas abstractas que entran en el guión y sus promesas raramente se concretan cuando acceden al Gobierno. Recurren a ellas  para justificar sus desafueros, aunque procuren hacerlo con discreción Hay, sin embargo, excepciones que confirman la regla, y la más destacada y cercana a nosotros es la de Pedro Sánchez y su Gobierno, en particular su portavoz, la ministra de Educación Pilar Alegría. El primero ha batido el récord Guinness absoluto de mentiras políticas y la segunda el récord relativo al número de trolas por minuto.

Para Emilia Landaluce, la mentira, el descaro, el desahogo y la falta de estética y decoro constituyen la impronta de Sánchez, que ha contaminado a todo su Gobierno, y -según Manuel Arias- el presidente se ha especializado en el uso de la mentira -su tesis doctoral, la urna preñada de votos detrás de una cortina, la moción de censura que le llevó al poder…-. Se revuelve contra los hechos incontrovertibles que acreditan el iliberalismo de su Gobierno y la corrupción de su entorno. Daniel Gascón ha afirmado que el Gobierno “es el primer factor de degradación democrática e institucional en nuestro país y el mayor difusor de bulos”. José Ignacio Benavides ha recordado que Sánchez llegó al poder prometiendo limpiar nuestra democracia de cualquier tipo de corrupción, lo que ha mostrado ser palabras falsas, mentirosas e indignas: mentiras, mentiras y mentiras. El fango de la podredumbre se extiende imparable. En opinión de Raúl del Pozo, de La Moncloa parte un insistente hedor de corrupción. La promesa de que el Gobierno iba a ser incompatible con la corrupción era un embuste, casi todo era falso, una forma de mentir, pero se ha ido cogiendo a Sánchez en todos sus engaños. El sanchismo ha sido un despliegue de mentiras, sectarismo, ineficiencia, pactos obscenos, abuso de poder y un albañal de corrupción. Las investigaciones de la OCU pasan a conectar tramas que salpican a la presidenta del Congreso, a siete Ministerios, a dos Comunidades Autónomas y a una treintena de altos cargos, pero -a juicio de Ignacio Camacho- el presidente ha conseguido normalizar el engaño sin pagar ningún coste por ello. ”¿Qué importancia puede tener un embuste más, cuando la opinión pública ya se ha acostumbrado a las falsedades como una característica del Gobierno?” . “ABC” ha destacado que el informe de la UCO describe un escenario de corrupción a gran escala que, con mayor o menor intensidad, señala y afecta a Sánchez…

No voy a hablar, sin embargo, de Sánchez, porque son de sobra conocidas sus innumerables mentiras, que a menudo son superiores a las verdades. Enumerarlas ocuparía todo espacio de que dispongo en este artículo. Me voy a centrar en las alegres mentiras de la educadora de la Nación, debidamente asesorada por el flamante jefe del Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, un cerebrito que escribió una tesis doctoral sobre “El engaño”, en la que afirma que “el engaño mediante la omisión de la verdad tiene muchas ventajas sobre la mentira”. Elemental, querido Rubio. No sé sí en su sesuda tesis ha llegado a proponer la sublimación de la fea palabra “mentira” y su sustitución por la más presentable de “cambio de opinión”. Según Camacho, Moncloa envió a una endeble portavoz para que se inmolara leyendo bochornosos argumentos, que no hay laboratorio de consignas capaz de dar abasto a tanta producción de relatos fuleros. Para Benavides, la surrealista rueda de prensa de Alegría el pasado día 7, tras el Consejo de Ministros, pasará a la Historia como la mentira más gorda, la desvergüenza más paleta y la falta más absoluta de respeto a la inteligencia. En el curso de su breve intervención, llegó a proferir ocho mentiras. Si calculamos que ésta duró una media hora, supone que soltó una trola cada cuatro minutos. ¡Nuevo récord Guinness! Mencionemos brevemente estos atentados a la verdad, relativas al fallo de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la imputación a Begoña Gómez, y al proyecto de ley que permitirá la reducción de estancia en prisión a los criminales más destacados de ETA.

Caso Begoña

1.-La Audiencia Provincial ha acogido favorablemente el recurso de Gómez. ¡Falso! La Audiencia se ha negado a sobreseer el caso y tan solo ha accedido a que, por el momento, se excluya de la investigación el rescate de ”Air Europa”, algo que ya había decidido con anterioridad el Tribunal, que ha autorizado al juez Juan Carlos Peinado a que continúe la investigación sobre las empresas de Juan Carlo Barrabés y los Masters que la esposa de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

2.-La Audiencia ha confirmado que la investigación de Peinado era “prospectiva, genérica e imprecisa” ¡Falso, pues ha dicho justamente lo contrario, que no es prospectiva, ni ha causado indefensión a Gómez. “Prospectiva es la investigación que se inicia de forma predeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, y con aquellas que, partiendo de una conducta racionalmente sospechosa, inicia una amplia investigación que permita conocer con detalle todas las circunstancias que puedan influir y determinar su calificación”. Gómez ha tenido conductas racionalmente sospechosas. La instrucción es un procedimiento vivo que no queda anclado en los hechos inicialmente denunciados. La condición de investigado se mantiene en toda la fase de la instrucción en la que se practican las diligencias que se consideren necesarias para poder esclarecer los hechos y conocer si existen indicios racionales de criminalidad, que permitan sostener que la persona que ha sido denunciada ha cometido el hecho incriminado, y que el mismo reviste carácter delictivo. Lo que sí consideró la Audiencia “genérica e imprecisa” fue la redacción de uno de los autos del magistrado, pero no la de toda la instrucción.

3.-La Audiencia ha acotado al mínimo el ámbito de actuación de Peinado. ¡Falso! Tan solo ha excluido de la investigación el caso del salvamento de “Air Europa”, y ha dejado abierta la puerta a reanudar la investigación si surgieran hechos realmente nuevos de signo incriminatorio. Ha mantenido la investigación relacionada con la intervención de Gómez en apoyo de las empresas de Barrabés por haber datos suficientes que legitiman la continuidad de la investigación. Asimismo ha mantenido la investigación sobre otras conductas relacionadas con empresas y entidades respecto a la “creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo” de la cátedra  de la UCM. “La llamativa variación cuantitativa y cualitativa que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la Administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y el despegue de los Masters es verdaderamente significativa”. La empresa TRANSFORMA TSC -de la que Gómez es socia única- coincide con el título del máster de la UCM, del que era codirectora, por lo que cabe apreciar “la existencia no solo de un interés profesional en el ámbito docente, sino también personal en el ámbito empresarial”.

4.-Validez de los informes de la UCO que mantienen que no hay nada irregular en la conducta de Gómez, por lo que se trata de una “no-causa”. ¡Falso! El informe de la UCO no dice nada de esto, y aunque lo dijera, no tendría ningún valor, porque la Unidad se limita a recoger elementos de prueba para entregar al juez, que es el que decidirá. Así ha hecho, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por Máximo Pradera contra el juez Peinad, por prevaricación, al considerar que no había indicios suficientes para abrir una investigación por un presunto delito de revelación de secretos, y no apreciar perjuicio para la investigación, ni para Gómez, quien, “dada la notoriedad de su condición  conyugal, debe soportar las consecuencias de ejercicio de la libertad de información”. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha informado en contra de la admisión de una querella similar presentada por la defensa de Gómez, mientras que sí ha apoyado la querella presentada por Sánchez contra el juez por haber osado citarlo a declarar de forma presencial.

5.-Alegría tiene la impresión de que se aproxima el archivo de lo que ha calificado de no-causa. !Erróneo! Aquí no cabe decir que su conclusión sea falsa, sino que se trata de lo que los ingleses califican de “pious wish” –deseo infundado-. De ilusión también se vive, ya que la Audiencia no ha acordado el sobreseimiento del proceso y ha autorizado al magistrado a  que prosiga la investigación .

Reducción del tiempo en prisión de los asesinos de ETA 

El Gobierno ha presentado por medio de Sumar una enmienda torticera, opaca y fraudulenta a la Ley 7/2014 para fomentar el cambio de información de antecedentes penales y consideración resoluciones penales en la UE, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que permitirá reducir la estancia en prisión de los etarras más sangrientos. Sobre esta cuestión, Alegría se marcó tres “bulerías”, de conformidad con la calificación dada por Carlos Herrera a la propagadora de bulos..

6.-La enmienda de Sumar es una transposición de la directiva de la  UE 2019/884. ¡Falso! La directiva ya fue transpuesta en 2014 por el Gobierno de Rajoy y la Comisión Europea la dio por buena ,ya que “la obligación de tener en cuenta las condenas extranjeras debe ejercerse de conformidad con el Derecho nacional”.

7.-El texto de la enmienda es idéntico al texto que aprobó el Consejo de Ministros en 2014. “Óiganme bien, es literal”. ¡Falso! El texto inicialmente aprobado por el Congreso era igual al presentado en la enmienda, pero fue modificado en el Senado, al añadirse una disposición transitoria, por la que se aplicaría la disposición de tomar en consideración los años de prisión cumplidos en otro país comunitario a partir de 2010, con lo que no se beneficiaron los asesinos más sanguinarios de ETA. La enmienda “sumarísima” aprobada en el Congreso suprimía esa disposición transitoria, por lo que  afirmar que los textos eran idénticos era una trola tan grande como la Sagrada Familia.

8.-El proyecto de ley contó con un informe favorable del Consejo de Estado, emitido el 16 de diciembre de 2023. ¡Falso! El informe al que se refería Alegría -que en realidad era de 2013- daba su aval al texto originario de la Ley, pero difícilmente podía cubrir el texto que suprimía su disposición transitoria, que fue posteriormente adoptado en 2024.

Según Carlos Granés, Alegría no ha tenido más remedio que huir hacia adelante y perpetrar el relato que mantiene la cohesión de su grupo político. “Se inicia con una mentirijilla del líder y se acaba vendiendo el alma, el prestigio y la reputación profesional. A los líderes les resulta más fácil forjar lealtades con la mentira, que apuntalar su liderazgo con la verdad”. ¿Dónde vas pobre Alegría, dónde vas triste de tí, tan lejos de la verdad y tan cerca del engaño y de la corrupción?

Inadmisibles concesiones de Sánchez a su fiel aliado Bildu

El precedente más significativo se remonta a 2021, cuando Arnaldo Otegui dijo a sus fieles que “tenemos a 200 presos en la cárcel y, si para sacarlos hay que votar a favor de los presupuestos, pues los votaremos”. Fue el inicio de una larga amistad como la que surgió entre Ricky y el capitán Renaud en la película “Casablanca”. Bildu no solo apoyó los presupuestos, sino que se ha convertido en el más fiel aliado del sanchismo, a cambio de la liberación de los presos etarras, labor asumida por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el mismo celo con el que antaño se protegía de quienes ahora son sus amigos.

El ministro ha ido haciendo concesiones a Bildu en un proceso ascendente, de acuerdo con sus exigencias: a) eliminación de la política acordada entre el PP y el PSOE de dispersión de los presos etarras; b) traslado de presos a las cárceles del País Vasco y de Navarra; c) transferencia de las competencias de prisiones al Gobierno vasco; d) cambio de la política penitenciaria en favor de los etarras, concediéndoles el tercer grado y permisos carcelarios sin justificación, al no cumplir los requisitos requeridos; e) vaciado gradual de presos etarras de las cárceles vascas; f) organización de homenajes –“ongi etorri”-a los presos liberados; g) inclusión en las listas electorales de terroristas condenados por delitos de sangre; h) integración de antiguos etarras -como Mertxe Aizpurua, David Pla o Elena Beloki- en la dirección de Bildu. Las dos últimas cacicadas del Gobierno han sido la encomienda a Bildu para que reescriba la Ley de protección de la seguridad ciudadana, y la modificación de la ley 7/2014 sobre cooperación penal, para reducir de forma sibilina el periodo de estancia en prisión de todos los presos, incluidos los asesinos más crueles.

Ya cuando estaba en la oposición, Sánchez prometió derogar  la Ley 4/2015, que la izquierda calificó de “Ley mordaza”, pero -pese a haber estado más de siete años en el poder- no lo ha hecho, y Marlaska la ha aplicado con fruición, especialmente en Ceuta y Melilla. Ahora se limita a modificar algunas de sus disposiciones y ha ofrecido a los herederos de ETA la posibilidad de dictar las normas básicas de la seguridad ciudadana, decisión increíble e infame que ha recordado al profesor José Torné-Dombidau la fábula de Samaniego de la zorra y las gallinas. Pilar Ruiz, madre del asesinado militante socialista Joseba Pagazaurtundua, advirtió a Pachi López que haría y diría muchas cosas que le helarían la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. “!Qué solo se han quedado nuestros muertos!”. Entre las muchas concesiones heladoras que ha hecho el PSOE figura la de permitir establecer las normas básicas de la seguridad ciudadana a un partido que ha arropado  a quienes violaron de forma sistemática dicha seguridad. Con gran descaro, Pachi ha acusado al PP de “estar empeñado en revitalizar a ETA, utilizando a las víctimas de manera repugnante”.

El principal objetivo de Bildu es rebajar la autoridad de las fuerzas de seguridad. Como ha observado ” El Mundo”, por su trayectoria, naturaleza y programa el partido abertzale impugna con ferocidad la autoridad de las fuerzas de seguridad que protegen el orden público en altercados que el partido alienta o respalda. Se trata de una organización dirigida por políticos violentos que incluyó en sus listas a 42 terroristas condenados por delitos de sangre, y que humilla a las víctimas al calificar a estos asesinos de “presos políticos”. Ha propuesto que se prohíba el uso de las pelotas de goma, que la desobediencia a los policías pase a ser una falta leve, y que las sanciones por faltas de respeto a los agentes queden sin efecto con una simple retractación.”Una de las obsesiones históricas de la izquierda abertzale -que durante años solo supo hacer política incendiando las calles, es forzar la salida del País Vasco y de Navarra de las fuerzas de seguridad del Estado, entorpecer su trabajo, restar autoridad a los agentes, poner en cuestión sus actuaciones y, a la vez,  favorecer la impunidad de los violentos”. Es inocultable que el Gobierno ha claudicado una vez más, ya que hace solo un año calificó tales exigencias de líneas rojas. Según Herrera, Sánchez ha pagado su impuesto revolucionario vía Otegui, para que Bildu apoye los presupuestos y pueda mantenerse al frente del Gobierno.

Reducción de la estancia en prisión de los etarras encarcelados

Es curioso que unos de los pocos compromisos que Sánchez ha respetado han sido los asumidos con Bildu. El último de ellos ha consistido en introducir de tapadillo -a través de su marca blanca de Sumar- una enmienda para reducir el tiempo de estancia en prisión delos etarras  más sanguinarios. Haciendo trampas -dado que raro es que las Cortes adopten una ley conforme a los procedimientos parlamentarios habituales-, el Gobierno ha presentado una enmienda a una ley que no tenía relación alguna con la misma, que ha cogido por sorpresa a la oposición, que creía que se trataba de la mera transcripción de una directiva de la UE y votó a favor de ella. Cuando  “El Confidencial” reveló las consecuencias de la citada enmienda, fue el llanto y crujir de dientes de la oposición por el terrible ridículo en que había incurrido. No presentó ninguna enmienda ni vetó la ley, y la aprobó por unanimidad en el Congreso. Al darse cuenta de su grave error, ha intentado aminorar ligeramente el patinazo, al conseguir que el Senado votara en contra del texto y considerara esta decisión como un veto, por lo que la cuestión tenía que volver al Congreso para que finalmente decidiera. La Mesa de éste -controlada por el PSOE y Sumar- ha mantenido que, al no haberse presentado ningún veto, la decisión del Senado carecía de efectividad y el proyecto de ley había sido definitivamente aprobado. Es un debate que tiene poco recorrido, pues -con independencia de quién lleve jurídicamente razón- en el mejor de los casos tan sólo se conseguiría aplazar unas semanas la entrada en vigor de la Ley, pues el Gobierno cuenta en este caso con la mayoría Frankenstein para su aprobación final en el Congreso.

Las críticas han llovido sobre el PP, como si fuera el único partido de la oposición, a la que le han metido un gol por la escuadra y no se puede culpar solo al cancerbero pepero. Las críticas están justificadas ante la incuria jurídica y política de los parlamentarios de la oposición, pero han sido exageradas, ya que -incluso si la oposición hubiera cumplido con su deber y presentado el correspondiente veto- las consecuencias habrían sido limitadas a un leve retraso de la entrada en vigor de la Ley. Cuando el dedo apunta a la luna, los ingenuos miran al dedo en vez de a la luna. El dedo es el error cometido por la oposición, cuyos representantes en la ponencia dejaron constancia por escrito de que habían “estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas” –pues menos mal que así lo hicieron- y la luna es la supresión de la disposición transitoria que excluía a los peores criminales de ETA de los beneficios de desquitarse de la condena que deberían cumplir en España los años de cárcel que cumplieron en Francia. Como ha señalado Jorge Azcón, no es comparable un error procesal con la mentira, el engaño y la mala fe mostrada por el Gobierno, y para Feijóo, no es lo mismo equivocarse que engañar a todos en provecho de los terroristas.

En este caso la mentira ha estado a cargo de Marlaska, que aseguró en una carta  enviada 2022 a las Asociaciones de víctimas del terrorismo que el Gobierno se limitaría a la correspondiente transposición de la directiva 2019/884 y de ningún modo rebajaría las penas a los condenados por terrorismo, que es lo que ha hecho “de facto”.  Marlaska ha jugado como un trilero con las palabras, porque efectivamente no se van a rebajar las penas -decisión que solo podrían tomar los jueces-, pero ha conseguido que se reduzca de forma considerable la estancia en prisión de los que soportan mayores condenas. Como consecuencia de esta perversa enmienda, 44 penados verán rebajadas en 6 años su estancia en prisión y 10 de ellos serán liberados de inmediato. Según ha comentado Jorge Bustos, Txapote -el asesino de Miguel Ángel Blanco- pasará las Navidades en su casa gracias a Pedro y éste las pasará en Moncloa gracias a Bildu. Por ello, no es de extrañar que a  Sánchez le vote Txapote.

Ese fino jurista que es Pachi López ha justificado la decisión en que así se evita que un delincuente pague dos veces por el mismo delito, cuando tal no sería el caso, ya que se trata de delitos diferentes cometidos en países distintos. Asimismo ha mantenido que, de esta manera, se homologaría de la legislación española con la normativa europea, lo que tampoco es cierto, porque ya está homologada. El Tribunal Supremo no ha desquitado a los etarras las penas cumplidas en Francia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en 2018 que la no acumulación de penas para rebajar las condenas no violaba los derechos humanos de los presos.

En un artículo en ”El País” sobre “Nos honrarán los límites penales”, Juan Antonio Lascurain, ha afirmado que los plazos que la Constitución impone a las condenas de prisión deben aplicarse incluso a los terroristas más sanguinarios. Los límites se imponen para que el castigo no devenga inhumano y no impida la resocialización del preso. Sin embargo, hay algo que falta, pues, para que sea produzca la reinserción del recluso, es indispensable que se arrepienta, pida perdón a las víctimas y colabore con la justicia, requisitos que los etarras irredentos se niegan a cumplir.

,Según Carlos Alsina, el Gobierno es “el primer distorsionador de la verdad”, como muestra que las 12 versiones que dio sobre la rocambolesca no-visita a España de ”la Delcy” -Montero dixit- eran falsas, pero este episodio merece un artículo aparte. Sánchez ha afirmado que el Gobierno ha actuado con contundencia, prontitud y transparencia contra la corrupción, sin que le creciera la nariz como Pinocho. No solamente no lo ha hecho, sino que ha protegido a los corruptos haciendo modificar las penas a los responsables de los ERE en Andalucía e indultando y amnistiando a los malversadores en Cataluña. Cabe concluir con las sabias reflexiones de la profesora de Ética Adela Cortina, que ha afirmado que mentiras ha habido siempre, pero que las de ahora tienen una intensidad impresionante, pero no importa que los políticos las digan, porque la gente sigue votándoles igual. “Contrarios a la verdad serían la mentira y el engaño, porque la mentira tiene que ver con decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Cuando uno miente, está manipulando la realidad para llegar a sus metas”. Si no importa que un político mienta o robe, porque no le penalizan los votos, la  democracia está en peligro inminente. Una ciudadanía madura no debería permitir que se les mintiera ”La democracia, en última instancia, descansa en los ciudadanos, que son los protagonistas y, si no hay confianza, no hay democracia”.