Lo que se trazó en la Constitución de 1978 fue un pacto de mínimos aceptable para la muy inmensa mayoría, salvo que, sin decirlo, para ejecutar los aspectos de mayor ambigüedad se precisaba un pacto de lealtades mutuas que no permitiría a las minorías soberanistas convertirse en fuerzas decisivas y decisorias sobre lo esencial.

No pocos fueron los agoreros (en uno y otro extremo de la cuerda) que avisaron de que esa lealtad, pasado el tiempo, se descompondría y que llegaría el momento en que algunos no se sentirían atados ni comprometidos por el pacto de España.

Gente como Blas Piñar o Gil Robles lanzaban entonces alocuciones que hoy resuenan como verdaderas profecías cumplidas con una precisión que asusta, aunque a casi todos los españoles de aquel tiempo nos parecieran ocurrencias nostálgicas y de mal agüero de quienes se resistían sin más a la democracia.

En el otro lado, Carrillo jugó al posibilismo, tal vez con la esperanza de ocupar la preponderancia que de inmediato le robó el PSOE mientras los nacionalismos seguirían en su pequeño enredo, condenados a penar en sus respectivos territorios pero con poco trascendente que decir en el conjunto del Estado, salvo servir de apoyos puntuales a cambio de pequeñas o medianas prebendas para consumo interno, aunque, a la postre, harían crecer a un monstruo ideológicamente incomestible.

Ocurre que por entonces existía un partido llamado UCD, llamado a ejercer de fiel de la balanza entre las dos fuerzas antagonistas a izquierda (PSOE, PCE y poco más) y derecha (AP y excrecencias insignificantes como FN).

Pero UCD desapareció y entonces un PSOE (el de Felipe y Guerra) se apropió del votante medio a base de moderación, al menos aparente, obligando a renunciar al marxismo a su partido, aunque lo primero que acometió fue una inaudita y aberrante expropiación como la de Rumasa, más propia del castrismo o del chavismo.

La refundación del PP llevada a cabo por Aznar fue la operación que permitió rehacer el equilibrio electoral e institucional en el que la democracia y el Estado de derecho, haciendo uso del bipartidismo consolidado en las grandes democracias, asentaría a partir de entonces su estabilidad.

En ese entendimiento de dos fuerzas alternantes, España habría podido encontrar lo mejor de sí misma, pero acontecimientos extraordinarios como los atentados de Atocha y posiciones viciadas por igual en los dos partidos terminaron por convencer a Zapatero de que podría ensayar un nuevo pacto, esta vez con las fuerzas periféricas más intragables, llamado del Tinell, para robarle para siempre la alternancia al otro actor.

Muchos españoles confundieron entonces su hartazgo y la corrupción interna en la política con el término bipartidismo y atomizaron su voto de tal forma que parecieron dispuestos a dinamitar la alternancia más o menos consolidada: repito, único sistema que ha garantizado cierto grado de estabilidad en las grandes democracias a lo largo de la Historia.

Pues aquí estamos, con un PSOE echado al monte y en manos de un corruptor de sus propias palabras al que lo de la lealtad constitucional le suena a chino y que prefirió ensayar alianzas con lo más granado de la anti democracia antes que avenirse a respetar primero la alternancia y luego la constitucionalidad misma de sus acciones.

Ya no hay quien lo frene en su alocada deriva hacia la elefantiásica eliminación de facto del sistema constitucional que conocemos, incluso saltándose los procedimientos, y cuyo único objetivo es mantenerse al frente de un régimen que obligatoria y necesariamente desembocará en la auto destrucción y el que venga detrás (si eso llega) que repare el desaguisado.

El próximo objetivo será pervertir (soy suave) las elecciones cuando se convoquen y veremos cosas alarmantes que serán pasadas por alto por unos nuevos órganos judiciales instrumentalizados hasta dar vergüenza ajena, como ocurre en tantas dictaduras recientes o antiguas.

No se asombren demasiado y prepárense para cuando llegue el día en que esa parodia denominada ‘voto’ electrónico entre en acción o sustituyan toda una Ley Orgánica como la de Régimen Electoral General por un remedo de control inexistente cuyas reclamaciones o denuncias serán tildadas de «pataletas contra las papeletas»… de voto, que para entonces ya no existirán.

¿Y el Rey? Para entonces ni siquiera será invitado a inaugurar un AVE.

He dicho.