«Si cada vez que el Gobierno necesita una mayoría parlamentaria puede negociar excepciones territoriales, España corre el riesgo de convertirse en un catálogo creciente de particularidades y de entendibles confrontaciones… a las que, por otra parte, nos está llevando este gobierno con su forma de discurrir”

Hay expresiones que desnudan mucho más a este gobierno que media docena de sentencias del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. La afirmación ayer en el Congreso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de que los diputados de Junts pueden estar tranquilos porque el nuevo decreto de vivienda “no afecta a Cataluña” es una de ellas. Además de mostrar sus vergüenzas, al tiempo desvelan la infamia y la vileza de su particular manera de gobernar.

Cierto es que la Constitución permite que las comunidades autónomas ejerzan determinadas competencias con arreglo a sus Estatutos. Aquí, sin embargo, el problema es otro: ¿qué queda del principio de igualdad ante la ley cuando un miembro del Gobierno de España presenta como argumento, únicamente para obtener votos: “¡tranquilos, catalanes!, que esto no os afecta”?

El artículo 14 de la Constitución proclama que “los españoles son iguales ante la ley”. Y el artículo 139.1 establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Naturalmente, eso no significa que todas las comunidades autónomas tengan que tener exactamente las mismas leyes. El propio sistema constitucional contempla diferencias competenciales y normativas.

Pero hay una diferencia esencial entre una desigualdad normativa derivada del reparto constitucional de competencias y una excepción territorial convertida en moneda de cambio parlamentaria. Y ahí es donde las palabras de la ministra resultan especialmente ofensivas e indecentes.

El nuevo real decreto-ley, que desde ayer es papel mojado, establece una regulación estatal sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, mientras que su propio texto respeta las competencias autonómicas existentes. Cataluña cuenta, además, con una regulación específica en esta materia. Jurídicamente, por tanto, existe una explicación para que el régimen no sea idéntico en Cataluña y en otras comunidades. Cuestión que ya había tenido en cuenta el gobierno en sus negociaciones para conseguir ese equilibrio de contentar a la extrema izquierda en toda España y a la extrema derecha independentista de los territorios forales.

Pero si esa fuera únicamente la explicación, ¿por qué convertirla en un vergonzoso argumento hecho desde la tribuna del Congreso dirigido específicamente a Junts? Porque una cosa es haber dicho: “Cataluña tiene determinadas competencias y esta norma estatal las respeta” y otra muy distinta es decir: “Serénense: esto no les afecta; esto solo va dirigido a la España de segunda división”.

Supongamos que un propietario de Sevilla o de Málaga que pretenda arrendar su segunda vivienda, con tan buena voluntad como desconocimiento de la legalidad, pregunta por qué tiene que someterse a una determinada regulación estatal mientras un propietario de Gerona queda sometido a otra regulación diferente.

El Gobierno podría responder legítimamente que existen competencias autonómicas y que la Constitución permite esa diversidad normativa. Perfecto. La explicación debe ser exactamente esa: competencia, Constitución y Estatuto de Autonomía. La que nunca debería ser es “Los gerundenses pueden estar tranquilos porque Cataluña queda fuera de esta infame decisión”.

Las palabras de la ministra dejaron bien clarito que la cuestión deja de ser exclusivamente jurídica y pasa a ser política, desfavoreciendo o beneficiando a una parte de la población según se vote. Y esa cuestión, más que política, resulta asquerosa. 

La pregunta, por tanto, resulta inevitable: ¿la diferencia existe porque la Constitución distribuye las competencias de esa manera o porque el Gobierno necesita los votos de un partido territorial? Si la respuesta es la primera, la ministra debería haber explicado la cuestión en esos términos a todos los españoles… aunque sea mejor que lo haya evitado, a la vista de sus dificultades lectoras puestas de manifiesto tras la finalización del Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos rechazados ayer. Si la respuesta política es la segunda, entonces el Gobierno está reconociendo sin pudor alguno un criterio extraordinariamente preocupante en la elaboración de las normas: que la aplicación territorial de la legislación puede formar parte de la negociación necesaria para conseguir una mayoría parlamentaria.

Si cada vez que el Gobierno necesita una mayoría parlamentaria puede negociar excepciones territoriales, España corre el riesgo de convertirse en un catálogo creciente de particularidades y de entendibles confrontaciones… a las que, por otra parte, nos está llevando este gobierno con su forma de discurrir. 

La Constitución permite la diversidad territorial. Lo que no debería convertirse en norma política es que la diversidad se transforme en un privilegio negociado a la carta para mantener en el sillón al gobierno con menos apoyo de la democracia.

Una comunidad obtiene una excepción porque sus diputados son decisivos. Otra reclama la suya. Una tercera exige una compensación distinta. Y poco a poco las leyes estatales dejan de percibirse como reglas generales para convertirse en el resultado de una subasta parlamentaria.

Ese proceso tiene una consecuencia especialmente dañina: erosiona la confianza de los ciudadanos en la igualdad de las reglas y deroga de facto, sin necesidad de reforma constitucional, el citado artículo 14.

Ya lo dijo Miarfonzo en relación con el ataque de este gobierno a nuestra máxima norma: “No es necesario modificar la Constitución -a la que comparó acertadamente con un chorizo- con arreglo al título X; basta con (re)cortarlo lonchita a lonchita, para dejarlo en un pellejito colgando de la guitita”.

Y todo ello a cambio de siete votos. ¡Sánchez, por siete votos tienes…!