En su libro de memorias, «Sin cambiar de bandera», cuenta el inmovilista malagueño José Utrera Molina, varias veces gobernador civil y varias veces también ministro de Franco, que cierto día le preguntó a Carrero Blanco por qué apuraba los bolígrafos Bic hasta dejarlos sin tinta y que el susodicho le respondió: «No lo olvide nunca, Utrera: cada duro del Estado es sagrado».

Frente a esto, chirrían como una vieja puerta oxidada del castillo de Drácula frases tales como «el dinero público no es de nadie», que anticipan con descaro y claridad lo que vendrá después de asumir este enunciado.

La ética, o la moral, es un conjunto compacto, poco troceable, aunque la aplicación de la Justicia obligue a desmenuzar las piezas por los hechos perpetrados, lo cual difícilmente nos permite juzgar a las personas en su conjunto.

Quiero decir con ello que no hay contradicción alguna entre que Gabriel Rufián catalogue a Junqueras de «persona cariñosa y buen padre» (sería una inanidad y un atrevimiento negar algo así sin conocerlo) y que a la vez resulte condenado por un delito grave de sedición contra el Estado.

Pero la cuestión a tal efecto no es poseer ideas u opiniones erradas o acertadas, porque lo que han de juzgar los tribunales son los hechos que se ejecutan, en nombre o no de las mismas. En esto consiste el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de opinión, que permanece sin una regulación más precisa desde la Constitución porque cualquier intento de generalización en las leyes constriñe y conduce de manera inequívoca a la muerte misma de esos derechos y al gulag.

Y también ahí radica en gran medida la diferencia entre la condena de los tribunales y la que emiten las personas o la sociedad fuera de aquellos. Es una auténtica desgracia, en ese sentido, que las valoraciones personales apliquen con tanto o más rigor y oprobio que las que se derivan de una sentencia en un Juzgado, arruinando reputaciones mediante etiquetas sin cuento o descalificaciones sectarias sumarísimas.

Aunque la cosa en nuestros días va por mal camino, en los últimos meses hemos comprobado cómo pierden fuelle por abuso y sobreabundamiento de la terminología etiquetas despectivas como las de facha o fascista, pero en cambio fungen como condenas temibles etiquetas casi siempre gratuitas como las de homófobo, racista, maltratador y etc., convirtiendo en un capricho sectario el otorgamiento de dichos escupitajos de manera arbitraria sin que los respalde ningún hecho.

Es en este clima en el que ha tomado cuerpo la consideración legal de los difusos delitos de odio que permiten a cualquier «ofendidito» acusar a otros de temibles males nunca perpetrados. De tal modo es absurdo que se diría que acreditan, incitan y ejemplifican mejor el odio quienes denuncian tales delitos que los propios acusados.

Pero el odio no es ningún delito, sino antes bien una condena, por más que le retuerzan el brazo a las leyes y a la moral social imperante. Puedes odiar la mantequilla y también a quien asesinó a toda tu familia a sangre fría y no cabe más reproche que los argumentos en contrario o apelaciones a un dudoso mejor criterio, pero no ningún juicio legal ni paralelo que condene a nadie por odiar la bandera de España o la de Cataluña independiente.

Otra cosa diferente serán los hechos que se perpetren en demostración de tan tristes emociones, pero amar u odiar no es ningún delito, sino más bien un derecho en la medida en que se trata de la propia libertad de pensamiento, que incluye, por supuesto, el componente emocional de nuestros razonamientos.

Me permito citar un caso de evidente nitidez como pudiera ser el de un tutsi que odiase a los hutus que asesinaron a los suyos, pues no pretenderán fácilmente que le encarcelen por delito de odio ni intentarán que amen a quienes le infligieron semejante daño.

Puedes odiar el nazismo, sus pompas, su estética y hasta sus obras sin recibir el más mínimo reproche, pero quienes odian el nazismo (odiadores por automatismo) no incurren en delito alguno. En cambio, si odias el comunismo, los odiados siempre encuentran alguna clase de dispensa, lo que equivale a decir que la moral oblicua y asimétrica de un izquierdista se otorga siempre disculpa a sí mismo porque no todos los comunistas perpetraron las probadas atrocidades que dicha ideología desarrolla desde hace más de un siglo y, en la última ratio, también proporcionó alguna clase de ventaja, argumento que no le dejan aplicar a otros en su propio beneficio.

Millones de españoles cargan a estas alturas con este tipo de penas de banquillo televisado y todos estamos a expensas de que cualquier mindundi o cualquier lobby del momento aproveche su tribuna para mandarte a un presidio de sospechas e iniquidades injustificables que los más cobardes asumen para evitar caer bajo esas mismas etiquetas caprichosas.

Ni siquiera perciben que con ello sólo logran retardar la condena que les caerá algún día ni tampoco que contribuyen decisivamente a que se implante tanta ignominia.

Lo tendré que explicar más claro para que ellos lo entiendan, aunque tal vez para entonces será demasiado tarde porque les pillará camino de esa misma cárcel que ahora aplican y exigen para otros.

He dicho.